Introducción: 150 años de «The Nation»

En abril de 2015, la revista norteamericana The Nation celebró su 150º aniversario con un número especial de acceso libre en la red: The Nation, 150th Aniversary (1865-2015).AQUÍ La importancia de esta publicación trasciende lo periodístico ya que, por tratarse de la revista más antigua existente en EE.UU. y por su enfoque progresista, muy apegado a la realidad social de ese país y del mundo, ofrece un indudable interés historiográfico (además de literario y artístico). “Conversación sobre la historia” considera por ello conveniente rescatar alguno de sus artículos y comienza la labor con una pieza de Noam Chomsky, muy característica tanto del autor como de la propia revista. Creemos que el fondo de The Nation  puede constituir un buen recurso para la docencia.

Quizá convenga también contextualizar un poco en aras de la información.  Lo que llamaba la “justicia racial” fue el compromiso fundacional de La Nación en 1865. Sus impulsores (los abolicionistas Frederic Law Olmstead, Edwin Lawrence Godkin y Wendell Philips Garrison) pretendían hacer realidad las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª de la constitución, que consagraban principios de igualdad civil, justicia social y educación para las masas de trabajadores afroamericanos de los estados del Sur tras la Guerra de Secesión (1859-1865). Los años siguientes –la llamada “Era de la Reconstrucción”–  fue una época de rápidos y profundos cambios en EE.UU.: vieron el despegue del Gran capital (Big Business), asociado a las empresas del ferrocarril, del petróleo y del maquinismo en la Segunda Revolución industrial. La economía norteamericana se coloca a la cabeza del mundo hacia 1900: es entonces el mayor productor agrícola y siderúrgico, dispone de la mayor red de ferrocarriles, paga los mayores salarios, introduce la producción en serie, etc. Para atender tal aparato productivo EE.UU. absorbió oleadas crecientes de inmigrantes, que algún año pasaron del millón de personas, siendo así válvula de escape para la presión demográfica de la vieja Europa y de otros continentes. Ese es también el momento del inicio de la expansión colonial exterior, una vez dominado y ocupado el medio y lejano Oeste. El “espíritu de frontera”, tras moverse en el hinterland del continente norteamericano durante todo el siglo anterior, se dirigía ahora a los archipiélagos del Pacífico y hacia Latinoamérica.

Como apunta N. Chomsky en el trabajo que presentamos, no fueron años propicios para la población de color (como tampoco para las comunidades indígenas o los inmigrantes no “blancos, anglosajones y protestantes” [WASP]). Su situación de libertad formal no supuso mejora material perceptible para la mayoría de ellos, ni, menos aún, equiparación en derechos. La aparición de un racismo polimorfo (leyes “Jim Crow”, Ku-Kus-Klan, segregacionismo) dio el tono en muchas localidades del “Sur profundo” durante décadas hasta muy avanzado el siglo XX, y, como vemos reiteradamente, aún hoy tiene recidivas.

Paradójicamente, a partir de 1870, La Nación –ahora controlada por E. L. Godkin– se fue derechizando, de modo que acabó dando la espalda a la población negra, a la que consideraba ya redimida, y siendo portavoz de los elementos más reaccionarios del establishment político. Durante un tiempo Godkin defendió los principios de un liberalismo manchesteriano, oponiéndose a la jornada laboral de ocho horas y a la prohibición del trabajo infantil y, en general, al intervencionismo de un Estado que “pudiera terminar diciéndonos qué comer, beber, evitar, esperar, temer y creer». Pero en 1881 el periodista y magnate de los ferrocarriles Henry Villard adquirió la revista, que fue recuperando poco a poco sus anteriores señas de identidad.(1) The Nation ligó entonces su activismo mediático con otras reivindicaciones propias de la época, como el feminismo, la denuncia de la corrupción, el pacifismo y el anticolonialismo (calificó de “muy repugnante” la anexión de las Hawaii y de “gran matanza” la ocupación de Filipinas). Ya en el siglo XX la revista fue un oponente temprano de los fascismos y un enemigo decidido del macartismo. Como dice su actual editora,  Katrina Vanden Heuvel, “hemos defendido repetidamente propuestas originalmente etiquetadas como heréticas, solo para verlas aceptadas como sentido común una generación más tarde. Por ejemplo, The Nation argumentó que llegar a una solución negociada en Vietnam era una mejor estrategia que la intervención militar en 1954” (Editorial).

 En el número extra que comentamos se ofrecen extractos de artículos de archivo agrupados por décadas y orientados a los sucesos históricos más importantes. Intercalados entre ellos hay tres secciones de material nuevo. En la primera, «The Nation y la nación», se explora la gran influencia de la revista en otros ámbitos, desde la poesía hasta el feminismo, desde el radicalismo hasta el conservadurismo de derecha, Cuba y la crítica artística. En «Urgencias extremas», los autores consideran algunos temas que son tan apremiantes hoy como en cualquier momento de los últimos 150 años, como la política del miedo, desde el anticomunismo en la década de 1950 hasta la islamofobia actual, y la relación de la izquierda con el poder, con los movimientos sociales y con el gobierno. Finalmente, en «Futuros radicales», los escritores trazan nuevas ideas y estrategias para radicales, progresistas y liberales que busquen expandir los términos de la discusión pública y mirar más allá del momento presente. A lo largo de la publicación se presenta una selección de la poesía y el arte más notable que ha aparecido en sus páginas, así como nuevos trabajos de algunos de los artistas actuales más interesantes

Sólo a título de ejemplo mencionaremos algunas de las plumas que han colaborado en The Nation a lo largo de su historia: Langston Huges, A. Einstein, Emma Goldmann, J. Dos Passos, J. P. Sartre, Dalton Trumbo, Martin Luther King, E. P. Thompson, Toni Morrison, Naomi Klein, Edward Said… Como se ve por la variedad de perfiles, The Nation mantiene su planteamiento inicial como “Revista semanal de Política, Literatura, Ciencia y Arte”.

El artículo que presentamos aquí aborda un tema polémico desde el momento en que el biólogo Garrett Hardin publicara su famoso artículo The Tragedy of the Commons en la revista Science en diciembre de 1968. El subtítulo es significativo: “el problema de la población no tiene solución técnica; requiere una ampliación fundamental en la moralidad”. Quizá no es desfigurar mucho su contenido decir que viene a ser una puesta al día de las teorías de T. R. Malthus, criticables desde un doble punto de vista: por su inexactitud en el análisis de la evolución de la demografía y de la producción económica y, por otro lado, por su desconsideración de la justicia social. Salvando las distancias, el enfoque viene a ser parecido: existe superpoblación en el mundo, los recursos van escaseando cada vez más… pero es un problema que afecta exclusivamente a los pobres, que deberán controlar velis nolis el tamaño de su prole. Hay algo más en las tesis de Hardin que la historia agraria ha desmontado: ni los comunes eran de acceso universal ni sus derechos eran inciertos favoreciendo el mal uso. Había reglas para prevenir la explotación, algo que no ha cnseguido la eficiencia asociada con la propiedad privada. Chomsky, tratándose de un artículo de prensa, no profundiza demasiado en la polémica, pero muestra una vez más su estilo ágil y su habilidad a la hora de relacionar cosas antiguas con problemas actuales, así como temas de distinto carácter. 

(1) Eso no impidió que en 1887 una editorial defendiera el ahorcamiento, en vez de la cadena perpetua, de los anarquistas

Conversación sobre la historia


 

Salvar los Comunes

Noam Chomsky

Un documento olvidado de hace ocho siglos contiene un mensaje urgente sobre cómo detener la destrucción ambiental

Dentro de unos meses estaremos conmemorando el 800 aniversario de la aprobación de la Carta Magna. Conmemorando, pero no celebrando; más bien, llorando los golpes que ha sufrido.

La primera edición académica autorizada de la Carta Magna fue publicada por el eminente jurista William Blackstone en 1759. No fue una tarea fácil. Como escribió, «el cuerpo de la carta por desgracia ha sido roído por las ratas«, un comentario que nos deja un simbolismo sombrío para hoy día, cuando nos dedicamos a terminar la tarea que las ratas dejaron inconclusa.

La edición de Blackstone en realidad incluye dos cartas: la Carta Magna y la Carta del Bosque (Charter of the Forest). La primera es generalmente considerada como el fundamento de la ley anglo-americana—; en palabras de Winston Churchill, refiriéndose a su reafirmación por el Parlamento en 1628, es «la ley de todo hombre que se autorespete  en cualquier momento y en cualquier país«. El artículo 39 de la Carta Magna sostenía que «Ningún hombre libre será arrestado o encarcelado«, o castigado de cualquier manera, «excepto mediante un juicio legítimo de sus iguales y de acuerdo con la ley del país«, siendo el sentido esencial de la doctrina de la «presunción de inocencia». Desde luego, el alcance de la carta era limitado. Sin embargo, como observa Eric Kasper en un estudio académico, «lo que comenzó como un control relativamente pequeño sobre el poder arbitrario del rey Juan finalmente llevó a las siguientes generaciones a encontrar cada vez más derechos en la Carta Magna y en el artículo 39. En este sentido, la Carta Magna es punto clave en el largo desarrollo de la protección de los derechos frente al poder ejecutivo arbitrario«. Cruzando el Atlántico, la Carta Magna fue consagrada en la Constitución de los Estados Unidos como el compromiso de que «ninguna persona… será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal» y que «en todos los procesos penales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público por un jurado imparcial«.

La redacción parece comprensiva, pero eso es engañoso. Fueron excluidas las «no gentes» (unpeople) –por tomar prestado el útil concepto de Orwell–, entre ellos los nativos americanos, los esclavos y las mujeres, las cuales, según la ley común (common law) británica adoptada por los Fundadores, eran propiedad de sus padres y entregadas a los maridos. De hecho, solo en 1975 las mujeres obtuvieron el derecho a formar parte de jurados en los cincuenta estados.

La Decimocuarta enmienda extendió las disposiciones del «debido proceso» a los estados. La intención era incluir a los esclavos liberados en la categoría de personas, pero el resultado fue diferente. En pocos años, los esclavos que habían sido técnicamente liberados fueron entregados a un régimen de criminalización de la vida negra que equivalía a «una esclavitud con otro nombre«, por citar el título del evocador relato de Douglas Blackmon sobre este delito, que todavía hoy tiene vigencia. En cambio, casi todos los casos judiciales que invocaban la Decimocuarta enmienda tenían que ver con los derechos de las grandes empresas. Hoy en día, estas ficciones legales—creadas y sostenidas por el poder del Estado—tienen muchos más derechos que las personas de carne y hueso, no solo en virtud de su riqueza, inmortalidad y responsabilidad limitada, sino también gracias a los mal llamados acuerdos de «libre comercio», que les otorgan derechos sin precedentes no disponibles para los humanos.

El abogado constitucionalista de la Casa Blanca ha introducido nuevas modificaciones. El Departamento de Justicia ha explicado que el «debido proceso legal»  –al menos en lo que se refiere a los «delitos de terrorismo»–, se satisface con las deliberaciones internas dentro del poder ejecutivo. El rey Juan habría movido la cabeza en señal de aprobación. El término «culpable» también ha recibido una interpretación refinada: ahora significa «blanco de asesinato por parte de la Casa Blanca». Además, la carga de la prueba se ha trasladado a los ya asesinados por capricho del ejecutivo. Como informó The New York Times, «el Sr. Obama adoptó un discutible método para contar las bajas civiles [que] considera como combatientes a todos los hombres en edad militar en una zona de ataque… a menos que haya inteligencia explícita que demuestre póstumamente su inocencia«.

Los principios rectores son claros: la fuerza es el poder supremo; la «ley» y la «justicia» y otras frivolidades pueden dejarse en manos de los sentimentalistas. Sin embargo, surgen problemas cuando una persona está en el punto de mira. La cuestión surgió tras el asesinato de Anwar al-Awlaki, que fue acusado de incitar a la yihad de palabra y con escritos, así como mediante acciones no especificadas. Un titular del New York Times captó la reacción general de la élite cuando fue asesinado: «Mientras Occidente celebra la muerte de un clérigo, el Medio Oriente se encoge de hombros«. Algunos levantaron las cejas porque Awlaki era un ciudadano estadounidense. Pero incluso estas dudas se disiparon rápidamente.

Dejemos ahora a un lado las tristes reliquias de la Carta Magna y pasemos a la compañera de la Carta Magna, la Carta del Bosque, que se publicó en 1217. Su importancia es quizás aún mayor hoy en día. Como explica Peter Linebaugh en su muy documentada y estimulante historia de la Carta Magna, la Carta del Bosque pedía la protección de los bienes comunes frente a poderes exteriores. Los bienes comunes eran fuente de sustento para la población en general: alimentos, combustible, materiales de construcción y otros bienes que fueran esenciales para la vida.

En la Inglaterra del siglo XIII, el bosque no era un desierto primitivo. Había sido cuidadosamente cuidado por sus usuarios a lo largo de generaciones, estando sus riquezas al alcance de todos. El gran historiador social británico R.H. Tawney escribió que los bienes comunes eran utilizados por la gente del campo que carecía de tierra cultivable. El mantenimiento de este «sistema de campo abierto de la agricultura… estaba basado en una costumbre y tradición comunes, no en registros documentales de formulación precisa. Sus límites eran a menudo más bien una cuestión del grado de convicción con el que los antiguos habitantes podían ser inducidos a afirmarlos, que algo visible a simple vista», característica de las sociedades tradicionales de todo el mundo hasta nuestros días.

En el siglo XVIII, la carta decayó, víctima del surgimiento de la economía de mercado y de la práctica y la cultura moral del capitalismo. Como dice Linebaugh, «La Carta del Bosque fue olvidada o relegada al pasado gótico«. Con los bienes comunes ya no protegidos para el cuidado y el uso cooperativo, los derechos de la gente común se limitaron a lo que no se podía privatizar, una categoría que continúa reduciéndose hasta la invisibilidad virtual.

The deserted village, ilustración para los poemas de Goldsmith y Parnell que muestra el éxodo rural debido a los cercamientos en el siglo XVIII (foto: Mary Evans Picture Library/Alamy)

El desarrollo capitalista trajo consigo una revisión radical no sólo de cómo se trata a los bienes comunes, sino también de cómo se conciben. La opinión predominante hoy en día se expresa en el influyente argumento de Garrett Hardin, según el cual «La libertad en un bien común trae la ruina a todos«. Esta es la famosa «tragedia de los bienes comunes»: lo que no es propiedad privada será destruido por la avaricia individual. Una formulación más técnica se da en la conclusión del economista Mancur Olson: «a menos que el número de individuos sea bastante pequeño, o a menos que haya coerción o algún otro dispositivo especial para hacer que los individuos actúen en su interés común, los individuos racionales e interesados en sí mismos no actuarán para lograr sus intereses comunes o grupales«. En consecuencia, a menos que los bienes comunes sean entregados a la propiedad privada, se debe invocar un poder estatal brutal para salvarlos de la destrucción. Esta conclusión es plausible, si entendemos que la «racionalidad» implica una dedicación fanática a la maximización individual de la ganancia material a corto plazo.

Estos vaticinios han tenido cierta crítica. La difunta Elinor Ostrom ganó el Premio Nobel de economía en 2009 por su trabajo que muestra la superioridad de la gestión de los usuarios en cuanto a las poblaciones de peces, pastos, bosques, lagos y aguas subterráneas. El análisis histórico de su obra, Gobernando los Comunes, ignora la Carta del Bosque y la práctica secular de cuidado de los bienes comunes, pero Ostrom concluyó que las historias de éxito que había investigado podrían al menos «romper las convicciones de muchos analistas políticos de que la única manera de resolver los problemas [de los recursos comunes] es que autoridades externas impongan derechos de propiedad totales o una regulación centralizada«.

Como ahora entendemos muy bien, es la propiedad privada, no lo que se tiene en común, lo que se enfrenta a la destrucción por la avaricia, arrastrándonos al resto de nosotros. Apenas pasa un día sin más información sobre este hecho. Mientras cientos de miles de personas marchaban en las calles de Manhattan el 21 de septiembre para advertir de la grave amenaza de la actual destrucción ecológica de los bienes comunes, The New York Times informó que «las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron un 2,3 por ciento en 2013 a niveles récord«, mientras que en Estados Unidos, las emisiones aumentaron un 2,9 por ciento, revirtiendo un descenso anterior. Agosto de 2014 fue el más caliente registrado nunca, y el Diario de Asociación de Médicos Americanos (JAMA) predijo que el número de días con más de noventa grados [Fahrenheit = 32,2º C] en Nueva York podría triplicarse en tres décadas, con efectos mucho más severos en climas más cálidos.

Es bien sabido que la mayoría de las reservas mundiales de combustibles fósiles deben permanecer en el suelo si se quiere evitar un desastre ambiental para la humanidad, pero bajo la lógica de las instituciones capitalistas apoyadas por el Estado, los propietarios privados de esas reservas están corriendo para explotarlas al máximo. Chevron abandonó un pequeño programa de energía renovable porque sus ganancias son mucho mayores con los combustibles fósiles. Y como informa Bloomberg Businessweek, ExxonMobil anunció «que su enfoque similar al láser en los combustibles fósiles es una estrategia sólida, independientemente del cambio climático«. Todo esto está de acuerdo con la doctrina capitalista de la «racionalidad».

Una pequeña parte de los bienes comunes restantes son tierras federales. A pesar de las quejas de los lobbies energéticos, la cantidad de crudo producido en tierras federales en 2013 fue la más alta en más de una década, según el Ministerio del Interior, y se ha expandido constantemente bajo la administración Obama. Las páginas de negocios de periódicos como The New York Times y The Washington Post están exultantes por «el auge en la producción de energía estadounidense«, que no muestra «signos de desaceleración, manteniendo el mercado lleno de precios bajos del crudo y de la gasolina«. Las predicciones son que Estados Unidos «agregará un millón más de barriles de petróleo en la producción diaria durante el próximo año«, al tiempo que «aumentará sus exportaciones de productos refinados como la gasolina y el diesel«. Sin embargo, se percibe una nube oscura: maximizar la producción «podría tener un efecto catastrófico» con «la creación de un importante exceso de oferta«. Y con el negacionista del cambio climático James Inhofe ahora presidiendo el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, y otros como él en posiciones de poder, podemos esperar noticias aún más maravillosas para nuestros nietos.

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en Bolivia, 2010 (foto: Picture Alliance//DPA)

A pesar de estos grandes absurdos, los participantes en la Marcha popular por el clima no están solos. No hay ni una ligera duda en el hecho de que sus principales aliados en todo el mundo son las comunidades indígenas sobrevivientes que han mantenido sus propias versiones de la Carta del bosque. En Canadá, la Primera Nación Gitxaala está presentando una demanda contra un oleoducto de arenas bituminosas que pasa por su territorio, basándose en recientes fallos de los tribunales superiores sobre los derechos de los indígenas. En Ecuador, la gran comunidad indígena ha jugado un papel esencial en la oferta del gobierno de mantener parte de su petróleo en el suelo, donde debería estar, si los países ricos compensaran a Ecuador con una fracción de la ganancia perdida. (La oferta fue rechazada.) El único país gobernado por una mayoría indígena, Bolivia, celebró una Conferencia Mundial de los Pueblos en 2010, con 35.000 participantes de 140 países. Allí se aprobó un Acuerdo de los Pueblos que pedía reducciones drásticas de las emisiones, así como una Convención Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra. Estas son demandas clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.

 Así que, al conmemorar las dos cartas después de 800 años, todo esto nos da una amplia razón para una seria reflexión y para una acción decidida.

Fuente: The Nation 6 de abril de 2015

Traducción: Luis Castro

Portada: fragmento de la Charter of the Forest

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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