Juzgar al enemigo: amnistía

Introducción

En anteriores artículos publicados en este blog hemos visto que la amnistía ha sido recurso habitual en la política española en otras épocas, de modo que, por ejemplo, en poco más de un siglo, de 1832 a 1936 se promulgaron veintidós de ellas en contextos políticos muy distintos y con alcance más o menos amplio, pero siempre en la idea de “superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia”, por usar la expresión del anteproyecto de ley de amnistía hoy pendiente de tramitación en las Cortes españolas. Así pues, si se dice que la amnistía es una medida excepcional, es porque deja en suspenso la aplicación de la ley penal para ciertos casos justificados, no porque sea algo raro e inusual.

(Tampoco se puede argumentar que sea algo anticonstitucional porque la constitución vigente no la mencione expresamente. Sólo dos cartas magnas, la 1869 y la de 1931, estipulaban la amnistía y a su amparo se dictaron siete de ellas; las quince restantes lo fueron en los períodos de vigencia de la constituciones de 1834, 1837, 1845 y 1876, que no hacían referencia a ella. Parece absurdo pensar que está fuera de la ley todo cuanto no es admitido por ella expresamente).

En este escrito, extraído de “A sangre y fuego. De la Guerra civil europea, 1914-1945”, (PUV, 2009, pp. 127-132), Enzo Traverso muestra cómo tras la Segunda Guerra Mundial también los países de Europa Occidental aplicaron múltiples amnistías y pusieron en libertad a la mayoría de los presos que habían tenido cargos de responsabilidad en los regímenes nazi-fascistas y a los colaboracionistas. Bien es cierto que eso ocurrió después de una primera fase en la que se practicó un severo castigo, ya fuera mediante procesos formales como el de Núremberg, por iniciativa de las organizaciones de la resistencia o fruto de la mera violencia incontrolada de la población. Hubo también procesos de depuración institucional y laboral más o menos amplios, pero que en ningún caso fueron exhaustivos, de modo que con frecuencia altos cargos de los regímenes dictatoriales fueron más tarde restituidos a sus puestos. (Tony Judt recuerda que en 1969 62 de los 64 prefectos provinciales de Italia habían ejercido sus cargos con el fascismo, así como 135 jefes de policía). Pero todo ello se vio como el precio que había que pagar para fortalecer las nuevas democracias surgidas tras la guerra y superar los traumas de las guerras civiles pasadas. (Como argumenta Traverso, las guerras mundiales tuvieron ese componente, del mismo modo que la Guerra civil española fue también un conflicto internacional).

Traverso señala el caso español como una manifestación tardía de ese proceso de amnistía y perdón, también necesario en su momento para garantizar una transición democrática sin traumas. Aquí no hubo sin embargo justicia ni depuración alguna y ello tuvo costes evidentes: la amnesia colectiva, la desatención a las víctimas del franquismo y lo que Traverso llama “la erosión de la conciencia histórica». Seguramente no había otra alternativa, pero hoy vemos que fue un paso en falso, ya que, como él mismo indica, «si la amnistía y el olvido se instala antes de que la justicia haya actuado esta memoria resurgirá más tarde”. Así ha sido y ello explica que hoy, ya avanzado el siglo XXI, tenga que haber en España una Dirección General de Memoria Histórica y se sigan exhumando fosas comunes de la Guerra civil. En cambio, en un país como Portugal —al que no se suele hacer referencia en este tema, siendo el más próximo desde todos los puntos de vista y cuya transición democrática fue casi simultánea a la española — los asuntos de la memoria histórica estaban ya solventados en los años ochenta, precisamente porque allí sí hubo una drástica depuración del aparato del Estado en todos sus niveles y la élite política del salazarismo hubo de exiliarse como consecuencia de una ruptura política y de un auténtico proceso constituyente.

Esa erosión de la conciencia histórica en España y cierta inmadurez democrática explican en parte la desaforada reacción de la derecha y de la ultraderecha española ante el proyecto de amnistía, así como su indefendible actitud desde un punto de vista de la justicia histórica. Si las amnistías europeas de 1946 en adelante perdonaron las culpas de los cinco o seis años de la guerra, la amnistía española de 1977 «echó al olvido», —como gustaba decir Santos Juliá— los crímenes y desafueros de treinta y nueve años de dictadura. Pero, dado que benefició principalmente a los partidarios del Movimiento Nacional, a ella se podrían añadir los años de la amnistía de 1939, decretada por Franco para los delitos cometidos desde el 14 de abril de 1931 “contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión (…) por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional” (BOE de 30 de septiembre de 1939). Quiere decirse que los partidarios de las derechas y ultraderechas han gozado de 46 años de “punto final” en España, sin que tal impunidad persistente haya excluido los delitos más graves, desde hace mucho tipificados en el derecho internacional como crímenes de guerra y contra la humanidad.

Hoy la amnistía planteada para los independentistas parece justificada desde muchos puntos de vista. A los motivos políticos expuestos en el preámbulo del anteproyecto se podrían añadir los económicos, como indicaba recientemente Xavier Vidal-Folch en El País: Cataluña es uno de los principales motores de la economía española y no debe seguir gripado como consecuencia de la inestabilidad y el descontento social que se derivarían de continuar el proceso de judicialización del conflicto. Solo desde esa conciencia histórica erosionada y de la inmadurez cívica de amplias capas de la sociedad española se puede decir que no se entienden las razones de esta amnistía. Pero estamos convencidos de que en el futuro, cuando se acusen sus efectos, esta medida se verá con normalidad y como una más de las muchas que ya ha habido en la historia de España y de los países de su entorno. Es probable que no resuelva el problema planteado, como no lo hizo ninguna de las amnistías anteriores (la prueba es que los beneficiarios de ellas —fueran liberales, carlistas, republicanos, huelguistas, evasores de capitales—, hubieron de ser amnistiados en distintos momentos). Pero es casi seguro que pacificará y normalizará una situación de malestar colectivo.

Y no puede descartarse que los que ahora se rasgan las togas, vociferan, insultan y amenazan no tengan que ser amnistiados el día de mañana si continúan con los desórdenes públicos y las violencias, que de momento sólo son verbales. Al tiempo.

Luis Castro Berrojo

Enzo Traverso

En un artículo publicado anónimamente en 1949, Carl Schmitt, quien fue víctima de la depuración norteamericana, formulaba una solicitud de amnistía. Veía en esta reivindicación, en ese entonces ampliamente generalizada en Alemania, “la única forma de poner fin de manera humana a la guerra civil”[1]. Volvía después sobre la cuestión en una nota de su diario donde escribía que “una guerra civil no puede terminar con las condenas de una justicia política, sólo puede terminar con una amnistía”[2]. Sería sin duda más pertinente afirmar que aquélla termina por lo general, con ambas. Primero, con los castigos ejemplares y simbólicos de la justicia política; luego, una vez apaciguado el resentimiento popular y asegurada sobre bases sólidas la transición hacia un nuevo poder, cuando los vencidos han admitido su derrota y ya no se encuentran en condiciones de hacer daño, con una amnistía que apunta a la reconciliación. En Francia, la depuración legal fue seguida de varias oleadas de amnistías, entre 1947 y 1953, que redujeron el número de presos por cargos de colaboracionismo de setenta mil a sólo algunos cientos[3].

El caso más emblemático de una amnistía producida después de una amplia depuración “salvaje”, y que sustituyó de alguna manera a una justicia política endeble, sigue siendo el de Italia.  En junio de 1946, Palmiro Togliatti, ministro comunista de Justicia, promulga una amnistía que otorga la libertad a doscientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y un acusados, seguida por una medida de rebaja de penas (condono) que beneficia a tres mil fascistas culpables de crímenes graves[4]. La amnistía abarca a todos los crímenes perpetrados por razones políticas, pero deja afuera a los altos dirigentes de la política colaboracionista, a los autores de las masacres y de “sevicias particularmente atroces”, aunque numerosos torturadores también se verán beneficiados (suscitando a menudo la cólera popular). En el espíritu del ministro de Justicia, estas limitaciones del decreto apuntan a satisfacer “una exigencia no solamente jurídica y política, sino también moral, de justicia”, pues la impunidad de los responsables de la “traición nacional”, en vez de ayudar a la reconciliación, hubiera exacerbado el resentimiento[5].

Fuertemente discutido, por su amplitud y su carácter extremadamente precoz, apenas un año después de la liberación del país, este acto jurídico tenía lugar después del referéndum que, unos días antes, había dado origen a la República y acompañado a las elecciones para una nueva Asamblea Constituyente. Italia había pasado página y el nuevo Estado deseaba, a través de este acto de clemencia, reconciliar a sus ciudadanos. En los hechos, sin embargo, la amnistía fue total. Casi todos los responsables de la colaboración -desde las cumbres del Estado, del Ejército y del Partido Fascista, hasta los pequeños torturadores del squadrismo de provincia, sin olvidarse de los arquitectos de las persecuciones antisemitas- fueron liberados.

Surgida como un acto de clemencia y de reconciliación, la amnistía se convirtió, antes incluso del estallido de la guerra fría, en la primera etapa de un proceso de restauración. Lo que había sido anunciado como la expresión de las virtudes de la democracia renaciente rápidamente comenzó a ser visto como un signo de su debilidad, y como una revancha del fascismo vencido. En 1947, el historiador, jurista y militante de la Resistencia, Cario Galante, constataba con amargura que “la magistratura de la nueva Italia [había] borrado todo, o casi todo, y recubierto todo de un velo indulgente de perdón y olvido. Todo, incluso las faltas más graves y las responsabilidades más grandes”[6]. A principios de los años cincuenta, cuando todos los criminales fascistas habían recobrado su libertad, se abría una nueva oleada de juicios que apuntaban contra los actos de violencia perpetrados por la Resistencia.

Aunque de manera menos abrupta y tajante, todos los países de Europa Occidental, con o sin amnistía, pusieron en libertad a la casi totalidad de los presos acusados de fascismo y de colaboracionismo, a menudo reintegrándolos en la Administración. En Italia, en 1960, sesenta y dos prefectos sobre un total de sesenta y cuatro habían sido funcionarios de alto rango bajo el régimen fascista[7]. En Francia, una gran cantidad de altos funcionarios del régimen de Vichy hicieron una carrera brillante durante la Cuarta y la Quinta República. En Alemania federal, donde la Constitución preveía la reintegración de los ex funcionarios del Reich hitleriano, uno de los redactores de las Leyes de Núremberg de 1935, Hans Globke, cumplió incluso una función de ministro bajo el Gobierno de Adenauer[8]. El lugar secundario que ocupa entonces la Shoah en la conciencia histórica es un testimonio de esta voluntad de pasar página necesario esperar hasta la década de los sesenta para que la noción de imprescriptibilidad ingrese gradualmente en las jurisprudencias de los diferentes países del continente, permitiendo así instruir procesos tardíos para juzgar crímenes que permanecían impunes.

Estos actos que, a partir de 1946, clausuraban la guerra civil en el plano jurídico se inscribían en una larga tradición histórica. Más o menos sumaria, más o menos precipitada según el caso, la amnistía, en todas las épocas, ha puesto fin a los conflictos y a las guerras civiles. En 1598, el Edicto de Nantes proclamaba la «memoria de todas las cosas pasadas de una parte y de otra, liquidada y dormida, como cosa no sucedida»[9]. En 1660, con la restauración  de la Monarquía en Inglaterra, Carlos II promulgaba una amnistía (a free and general pardon, indemnity and oblivion) que abarcaba toda la época de la revolución de Cromwell, incluyendo la ejecución de su predecesor[10]. Luis XVIII hizo de manera semejante, gracias a un olvido “ordenado a los tribunales y a los ciudadanos”, por el cual, con magnanimidad, deseaba “perdonar a los franceses extraviados”[11]. En 1865, el presidente Andrew Johnson finalizaba la guerra de Secesión con una ‘Proclamation of Pardon and Amnesty’ que apuntaba a reintegrar en la Unión a todos los antiguos Estados esclavistas que se habían enfrentado tan violentamente a ella.

El paradigma de estas amnistías concebidas y aplicadas como políticas de reconciliación nacional sigue siendo la democracia ateniense, en la Antigua Grecia. En el año 403 a. de C., cuando la democracia regresa a Atenas después de la sangrienta oligarquía de los Treinta, las nuevas autoridades dirigidas por Trasíbulo deciden promulgar una amnistía para pacificar la ciudad dividida. Esta amnistía procede a través de un pacto voluntario de olvido, no solamente anhelado, sino también grabado en la ley. Todos los ciudadanos son llamados a prestar juramento: “No guardaré recuerdo de los males”[12]. “Conteniendo la hostilidad que anula a través de su decir -subraya Nicole Loraux en La Cité divisée-, el juramento puede y debe al mismo tiempo enunciar a la memoria, pues la memoria de los males es la memoria del odio”[13]. Esta prohibición política del recuerdo, cuya transgresión es castigada, es indisociable del compromiso de defender la democracia. Ésta es la razón por la que los Treinta Tiranos quedan excluidos de esta negación de la memoria. Permanecen como los únicos responsables de la stasis que ha desgarrado la ciudad y su condena permite a la comunidad reencontrar su unidad después de una guerra fratricida. La prohibición política del recuerdo cobra entonces un carácter fundacional. Es un pacto que sella la reconciliación e impide la venganza. En otras palabras, la política nace del olvido, del esfuerzo voluntario por sobrepasar el pasado con sus conflictos y sus divisiones.

Al principio de la Tercera República, apenas algunos años después de la amnistía tardía que ponía fin a la persecución de los partidarios de la Comuna, Emest Renan retoma esta visión del olvido como pacto fundacional de la nación. El olvido es, a sus ojos, uno de los ingredientes esenciales del “plebiscito de todos los días” que permite a una nación, más allá de su pasado, vivir en el presente como comunidad de destino. Siguiendo con una reflexión de la que la Comuna de París, es decir, la guerra civil, constituye el horizonte implícito, el filólogo agrega a su elogio del olvido un corolario importante: la desconfianza respecto de la historia. “El olvido e incluso diría el error histórico -escribe- son un factor esencial para la creación de una nación”[14], y por ello el progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro para la nacionalidad.

La investigación histórica, en efecto, saca a la luz los hechos de violencia que acompañan el origen de todas las formaciones políticas, incluso aquellos cuyas consecuencias han sido más beneficiosas».64 En otras palabras, las naciones nacen de la violencia y de las masacres, de las guerras de religión y las guerras civiles, pero, para construirse, deben aprender a olvidar. «Para todos -concluye Renan-, es bueno saber olvidar»[15].

Esta dialéctica de la amnistía y del olvido caracteriza a menudo la salida de la guerra. Puede en ocasiones conocer manifestaciones tardías, como en España, en 1975, en el momento de la muerte de Franco y de la transición a la democracia. Aquí también las fuerzas políticas sellan un pacto de olvido. No se trata de un pacto oficial, como el de Atenas en el 403 a. de C.; se trata de un pacto tácito, subterráneo, simbólico, pero igualmente constrictivo. Evidentemente, no existe ninguna prohibición oficial del recuerdo y es en esta época cuando comienza a tomar forma en España una nueva historiografía de la guerra civil que supera los clichés de la propaganda franquista y quiebra el aislamiento de la historiografía antifascista en el exilio. Pero el temor a recaer en la guerra civil y la voluntad de reconciliación sustentan la reivindicación de una amnistía (que concierne a la vez a los exiliados antifascistas y a los responsables de los crímenes del franquismo) que no puede sino conducir hacia una amnesia colectiva.

Según el historiador Ismael Saz Campos, este pacto de olvido que surgía de una demanda social era legítimo puesto que era concebido como un medio para enterrar el franquismo y permitir la transición democrática. Será necesario esperar un cuarto de siglo para que la sociedad española exprese una demanda de memoria, a menudo impulsada por una nueva generación[16]. Esta demanda se traduce hoy, más allá de la profundización de la investigación histórica, en una campaña a favor del reconocimiento de las víctimas del franquismo, la creación de lugares de la memoria republicana dentro del espacio público y el cuestionamiento o, al menos, la redefinición de la dimensión simbólica de los monumentos y de los vestigios del régimen del Caudillo[17], Lo que Renan y Nicole Loraux pasan por alto, en su análisis de la dialéctica que liga la amnistía al olvido, es la parte de erosión de la conciencia histórica que aquélla conlleva inevitablemente, con la consecuencia, a veces, de la negación de la memoria de las víctimas, abandonadas al sentimiento de una injusticia perpetuada y para siempre privadas de un reconocimiento público. Aunque ambos sean considerados a menudo como sinónimos, la amnistía no es equivalente al perdón. Este supone el recuerdo del crimen y de la injusticia, que inscribe dentro de una memoria aplacada, liberada de la tentación de venganza.

La amnistía, en cambio, prescribe un olvido que consiste en borrar las huellas del crimen, pues obliga a actuar como si nada hubiera sucedido[18]. Si se desea establecer distinciones más rigurosas, haría falta añadir que, al anular el carácter delictivo de los hechos discutidos, la amnistía no debe ser confundida ni con el indulto, que no borra la condena sino que se limita a dispensar de la aplicación de la pena, ni con la prescripción, que suspende la pena al término de un plazo determinado[19]. La amnistía puede revelarse sumamente eficaz en lo inmediato como política de reconciliación, pero anestesia la memoria creando las condiciones de su resurgimiento posterior, con la expresión de un sufrimiento largamente ahogado y de una justicia incumplida.

En pocas palabras, si la dialéctica de la amnistía y del olvido se instala antes de que la justicia haya actuado, esta memoria resurgirá más tarde, a menudo cargada de resentimiento. El resentimiento que nace de una memoria herida puede traducirse en odio o engendrar una nueva explosión de violencia, como lo ha mostrado la guerra en la ex Yugoslavia, el último episodio de la guerra civil europea. Las virtudes de una amnistía no amnésica, de una reconciliación preocupada por una búsqueda de la verdad y de administración de la justicia, han sido experimentadas en Suráfrica, en los años noventa. Tal vez no sea errado pensar que es de esta forma, reflexionando sobre los malos usos de la memoria exhibidos en Europa a lo largo del siglo XX, como los herederos del apartheid descubrieron las virtudes políticas de una justicia reparadora, ni olvidadiza ni vengativa.

[1] Carl Schmitt, «Amnestie, Urform des Rechts», Staat, Grossraum, Nomos, Duncker &

Humblot, Berlin, 1995.

[2] 52 Carl Schmitt, Glossarium, 1991, p. 257.

[3] Cf. Henry Rousso, «L’épuration en France», en Vichy, l ’événement, la mémoire, l’histoire, p. 245.

[4] Cf. Mariuccia Salvati, «Amnistia e amnesia nell’Italia del 1946», en Marcello Flores

(ed.), Storia, verità, giustizia, pp. 141-161.

[5] Cf. el discurso de Togliatti del 22 de junio de 1946 en Mimmo Fanzinelli, L ’amnistía

Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui crimini fa scisti, Mondadori, Milán, 2006,

309-312.

[6] Ibid., p. 136.

[7] Cf. Paul Ginsborg, A History o f Contemporary Italy. Society and Politics 1943-1988,

Penguin Books, Londres, 1990, p. 92.

[8] Cf. Enzo Traverso, Les Juifs et l ’Allemagne, La Découverte, Paris, 1992, p. 179.

[9] Cf. Stéphane Gacon, L’Amnistie. De la Commune à la guerre d’Algérie, Seuil, Paris,

2002, p. 25.

[10] Cf. Helmut Quaritch, «Über Bürgerkriegs und Feind-Amnestien», Der Staat, t. 32,

3, 1992, p.411.

[11] Ibid., pp. 414-415, y Stéphane Gacon, L ’Amnistie, op. cit., p. 31.

[12] Nicole Loraux, La Cité divisée. L ’oubli dans la mémoire d ’Athènes, Payot/Rivages,

Paris, 2005, p. 145.

[13] Ibid., pp. 145-146.

[14] Ernest Renan, Qu ’est-ce qu ‘une nation?, Pocket, París, 1992, p. 41.

[15] Ibid., p. 49.

[16] Cf. Ismael Saz Campos, «El pasado que aún no puede pasar», Fascismo y franquismo, PUV, Valencia, 2004, p. 277-291. Acerca de la memoria del franquismo, cf. sobre todo Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra civil española, Alianza, Madrid, 1996.

[17] N. del T.: en español en el original.

[18] Peter Krapp, «Amnesty: Between an Ethics o f Forgiveness and the Politics o f Forgetting », German Law Journal, vol. 6, 1, 2005, pp. 191-192.

[19]  Para una distinción rigurosa entre amnistía, indulto y prescripción, cf. Louis Joinet, «L’amnistie. Le droit à la mémoire entre pardon et oubli», Communications, 49, 1989, p. 124.

Fuente: páginas 127-132 del libro de Enzo Traverso, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945), PUV, 2009. Conversación sobre la historia

Portada: Bruselas, 27 de mayo de 1920: 15,000 ex militares y viudas de guerra se manifiestan contra la amnistía a los belgas condenados por ayudar al enemigo durante la ocupación alemana en la primera guerra mundial (foto: Smith Archive)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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