DOCUMENTAL “SALVAR AL REY”, dir. Santi Acosta. Canal HBO
Según la prensa estaríamos ante ”un documental dinamita”, “polémico”, “que arrasa” y que este verano ha llegado a disputar el primer puesto en la audiencia televisiva a la precuela de ”Juegos de tronos”.
Aunque casi todo lo que se narra en el documental era conocido y lo que no (cosas de alcoba, desnudos integrales) es más bien irrelevante, se trata de buen periodismo de investigación que, sobre la base de unos 50 testimonios de políticos, periodistas y espías jubilados, muestra la vinculación de la vida privada del ex rey con su gestión institucional, algo que se ha solido ignorar durante décadas. En Conversación sobre la historia hemos querido ir un poco más allá aportando otros elementos de juicio sobre algunos episodios políticos solo apuntados, como las gestiones de Manuel Pardo o el 23 F, los cuales arrojan otra luz sobre la Transición democrática.
Luis Castro
Madness in great ones must not unwatched go.
(Shakespeare, Hamlet 3, 1)
Vicios privados, públicas virtudes[1]
Está vigente, o al menos lo ha estado hasta hace poco, la idea de que, a pesar de todo, Juan Carlos I fue el principal factor en el tránsito de la dictadura a la democracia en España. Esta idea estaba ya implícita en su primer discurso en la apertura de las Cortes en julio de 1977: “La democracia ha comenzado. (…) Ahora hemos de tratar de consolidarla”. Pendientes aún la Constitución, la elección de ayuntamientos democráticos, las autonomías territoriales y otras cuestiones esenciales para la existencia de la democracia, se entendía sin embargo que lo principal ya estaba logrado: que el rey, pudiendo ser un rey absoluto según las leyes fundamentales del Movimiento aún vigentes (a las que había invocado en su toma de posesión en 1975), venía a ceder buena parte de su poder a los representantes de la nación tras avalar la ley para la reforma política de 1976. Desde este punto de vista, casi se podría decir que la transición ofrecía una democracia “otorgada”.
La noción del rey Juan Carlos I como “motor” o “piloto” de ese cambio político luego se ha repetido hasta la saciedad[2] e incluso se mantiene después del conocimiento público de los escándalos diversos que le llevaron a dimitir en 2014 y a huir a Emiratos Árabes en agosto de 2020. En ese sentido, fue llamativo el manifiesto publicado por una nómina ilustre de prohombres y mujeres “en defensa del Rey Juan Carlos I», que salió inicialmente con la rúbrica de 76 ex ministros y altos cargos de la transición y llegó a aglutinar 215 firmas personales, además de otras colectivas, como la Asociación de Militares Españoles. La valoración de fondo era que, a pesar de ciertos acontecimientos de su vida privada, en los que, como tales, no se podía ni debía entrar, “nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la nación” y en pro de un sistema político que es “un modelo admirado e imitado internacionalmente”[3]. La variedad del color político de los firmantes se muestra con la mera mención de los cinco primeros: Soledad Becerril, Juan José Laborda, Alfonso Guerra, Rodolfo Martín Villa y Esperanza Aguirre (de UCD, PSOE y PP).
A riesgo de parecer frívolo, según ese manifiesto podría decirse que el asunto se reducía a mera cuestión de atuendo: en su vida privada, yendo de play boy o de safari, Juan Carlos de Borbón se habría comportado como un tipo algo jaranero y mujeriego, que había podido equivocarse en alguna ocasión, ¿y quién no?; pero vestido de rey, en versión civil o militar, experimentaba una mutación que le alejaba de pasiones e intereses egoístas, para llevar los asuntos públicos siempre hacia el norte de la democracia y de la justicia. Y no era admisible que una cosa se relacionara con la otra.
Pero quizá la principal aportación del reportaje que vamos a comentar es que prueba la imposibilidad metafísica de separar los asuntos privados del rey Juan Carlos I y su gestión institucional, mostrando cómo más de una vez aquéllos interfirieron en el desempeño de las tareas de la corona y cómo esta se puso en juego para facilitar asuntos particulares del monarca. Se erosionó así el prestigio de la institución, involucrándola en actos indecorosos o ilícitos, lo que obligó a actuar al aparato del Estado –el CESID y el CNI fundamentalmente– para “salvar al rey” en momentos críticos, a veces con métodos opacos y dinero público, como se muestra en el reportaje.
La Fiscalía anticorrupción no abrió diligencias sobre el rey emérito en 2018 por ninguna cuestión de su vida estrictamente privada, ni por asuntos políticos, sino por ciertos negocios ilícitos en los que se prevalió de su cargo oficial, de modo que el manifiesto citado venía a ser una clara excusatio non petita. Pero no hubo condenas: la fiscalía del Tribunal supremo cerró la investigación, ya fuera porque los hechos habían prescrito (no porque no hubieran existido) o porque caían bajo el amparo del artículo 56.3 de la Constitución, que reza: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Algo que, como argumentó Bartolomé Clavero, era una interpretación abusiva e interesada de la Constitución, que solo se refiere a tal irresponsabilidad en aquellos asuntos de naturaleza política que han sido refrendados por otras autoridades del Estado (los ministros, los presidentes del Gobierno o del Congreso). (Bartolomé Clavero, «Impunidad de la monarquía: ¿Es la Constitución culpable?», El Diario.es,15 de julio de 2020).
Fue precisamente en el terreno de la valoración ética de la conducta del rey por parte de la opinión pública española, más allá de la opinión política concesiva o del dictamen judicial exculpante, donde acabó por fraguarse una actitud crítica que llevó a Juan Carlos I a la abdicación y a la huida de España. El documental aporta elementos de juicio suficientes al respecto, pero, tratándose de un trabajo periodístico que aborda varios episodios, apenas profundiza en ellos. Aquí pretendemos completar la información en algunos puntos y, partiendo de algunos hechos apuntados, sin ir mucho más allá del plano periodístico o de divulgación, llevar el juicio crítico a la gestión política del rey en su primer año como tal, así como a la indecente situación que nos impide aún hoy tener un conocimiento completo de su papel en el golpe del 23 F.
Salvar al rey
Podría pensarse que el documental que comentamos se explaya demasiado en asuntos relativos a la vida matrimonial de Juan Carlos I y a sus relaciones íntimas con mujeres más o menos peligrosas y con empresarios corruptos. Desde luego, si se los considera, como hace el propio interesado en la carta dirigida a su hijo Felipe con motivo de su abdicación, como meros “acontecimientos pasados de mi vida privada”, podría pensarse eso, en línea con lo expresado por sus apologetas: no solo sería impertinente la condena, o el simple juicio, de tales asuntos privados, sino incluso su publicación, quedando reducido el valor del reportaje a pasto para la prensa del corazón o canales de televisión basura.
Pero, como decimos, algunos asuntos privados del rey se salieron de madre. En este sentido, resulta significativa la referencia al general Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del rey entre 1990 y 1993 (antes había sido secretario general), quien se dedicó a filtrar información a ciertos medios sobre las actividades crapulosas del rey con el fin de que el escándalo público le indujera a corregir su conducta. En particular, la información se prodigó en medios entonces propiedad del banquero Mario Conde, como El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y la revista Tribuna de actualidad, dirigida por Julián Lago. A título de ejemplo, el reportaje reproduce una portada de Tribuna con los siguientes titulares: “Baja la popularidad de Don Juan Carlos. LOS ERRORES DEL REY. 1) Frecuentar ‘amistades peligrosas’; 2) no interrumpir sus vacaciones por la crisis del Golfo; 3) Consentir una corte paralela en Mallorca; 4) Transmitir una imagen demasiado ociosa”. (17 de septiembre de 1990). Y otro titular de El Mundo el 24 de junio de 1992 decía: “Según el BOE, el Rey firmó una ley en Madrid un día en que estaba de vacaciones en Suiza”. Subtítulo: “La fecha, el lugar o la firma que figuraban en la ley fueron falsificadas”[4].
Es verosímil que, enterado el propio rey de las maniobras de Sabino por boca de Conde, al que se presenta entonces como muy cercano al rey y a toda su familia, ello provocara su destitución[5]. Pero la estrategia de Sabino en ese caso fue excepcional: generalmente la Casa del rey y, sobre todo, el CESID o el CNI, han tratado más bien de cerrar bocas –sea con dádivas o con amenazas– o eliminar documentos y grabaciones comprometidos, gestiones a las que el documental dedica buena parte de su metraje, sobre todo a propósito de Bárbara Rey y de Corinna Larsen.
Conviene recordar otro momento delicado para la corona, a finales de 2011, cuando la real casa hubo de emplearse también para evitar las salpicaduras de otro affaire escandaloso: el caso Noos, vinculado a Iñaki Urdangarín, yerno del rey. Como es sabido, ello motivó el apartamiento de la infanta Cristina de la Casa real y su privación del título de duquesa de Palma (esto por iniciativa de su hermano Felipe VI). El reportaje aborda este asunto, pero ignora otra consecuencia del mismo. Para dar una imagen de transparencia y buen hacer, al entonces jefe de la Casa real, Rafael Spottorno, se le ocurrió la idea de informar detalladamente al pueblo español del presupuesto de esta, así como de su estructura administrativa, funciones, etc. Algo que no se había hecho desde 1978 y que se viene haciendo desde entonces, como se puede comprobar en la web oficial de la Casa. Concretamente, el presupuesto para 2012 ascendía a 8.432.280 euros, de los que 292.752 iban como emolumentos del rey, sujetos a imposición fiscal. En la plantilla de personal, que rondaba las 2.500 personas, llamaba la atención la presencia de cuatro generales y un coronel, amén de 300 guardias civiles y 1.700 guardias reales[6].
Manuel Prado y Colón de Carvajal: testaferro y diplomático al servicio de Su Majestad
Mariano Guindal se refiere a él de este modo: ”… sustituyó a la familia Gómez-Acebo como administrador del escaso patrimonio de la familia real española (…) que nunca tuvo una gran fortuna propia. Prado demostró pronto su habilidad para los grandes negocios, para la diplomacia y para organizar el tiempo de ocio y, además de convertirse en gestor del Príncipe y luego Rey, también fue su confidente«. (El declive de los dioses, p. 386). Pero el reportaje solo menciona algunas actividades empresariales irregulares de Prado, especialmente en relación con el multimillonario Javier de la Rosa, que llevaron a uno y otro a la cárcel por varios delitos de estafa, malversación y soborno de políticos (del PP y CiU)[7]. Sin duda se puede ampliar un poco más su cursus honorum al servicio de Juan Carlos de Borbón.
El reportaje se refiere a una de las primeras operaciones conjuntas del entonces príncipe de España con su amigo Prado: garantizar los contratos de abastecimiento de petróleo provenientes de Arabia y de los Emiratos durante la guerra del Yom Kipur de 1973, “obteniendo la comisión habitual para este tipo de transacciones, que venía a ser de dos centavos de dólar por barril” (el precio del barril Brent no superaba los tres dólares antes de la crisis.) El ministro de economía Barrera de Irimo había pedido al príncipe que mediara ante el entonces también príncipe Fahd de Arabia Saudita. Al año siguiente, el príncipe le designó como hombre de confianza ante Henry Ford II en los trámites para la ubicación de la filial automovilística en Almusafes (Valencia).
En la siguiente crisis petrolífera -esto queda ya fuera del reportaje-, provocada por la toma de rehenes norteamericanos en Teherán (1979), Prado siguió teniendo el monopolio de la mediación entre el gobierno español y Arabia, Kuwait y los Emiratos, puenteando al propio encargado del gobierno español en esas materias, Roberto Centeno, consejero delegado de CAMPSA. Mientras tanto, la mordida del comisionista había subido más o menos proporcionalmente a la del barril de crudo: si tras la crisis de 1979 el precio superaba los treinta dólares, la comisión oscilaba ahora entre uno y dos dólares por barril. (Roberto Centeno, “El disparate económico”, en El Confidencial, 16 de junio de 2014.) También se menciona como operación de gran calado la venta de armas a Egipto por parte de la empresa Alkántara, que era gestionada por el saudí Adnán Jashogy y por Manuel Prado, con participación pública española. El trato acabó con un impago de 110.000 millones de pesetas, que no fue incompatible con el cobro de comisiones por parte de los mencionados.
El rey, según periodistas del New York Times, había llegado al trono con “casi nada” y en el documental se muestran testimonios, incluso del propio monarca, de las dificultades económicas de la familia desde que estaba en Roma, sugiriendo, quizá un poco exageradamente, que llegaron a pasar hambre. Por ello Juan Carlos siempre tuvo el prurito de no pasar más dificultades y, por el contrario, trató de llevar un tren de vida lujoso sin escatimar gastos. Y así, con ese fin, entre unas cosas y otras había allegado un patrimonio de 2.300 millones de dólares hacia 2012, si bien sus adeptos creen que esta cifra está inflada al incluir propiedades del gobierno. En todo caso, es un patrimonio que se relaciona en buena medida con la gran proyección del monarca como favorecedor de contratos de alto nivel y embajador económico de su nación[8].
Pero la colaboración de Prado con su amigo real tenía otra vertiente no menos importante, a la que no se alude, en tanto que enviado plenipotenciario para la gestión de asuntos políticos delicados en el exterior[9]. Siendo aún príncipe, Juan Carlos había conseguido dotar de pasaporte diplomático a Prado para hacer gestiones en su nombre por todo el mundo, las cuales, de paso, son reveladoras de algunos entresijos de la transición. (Además, Prado ocupó la presidencia de Iberia entre 1976 y 1978 y luego fue senador por designación real).
Muy pronto hubo que echar mano de Prado. Tras varios infartos y complicadas negociaciones, Franco cedió sus poderes al entonces “príncipe de España”, Juan Carlos, que los asumió el 30 de octubre de 1975[10]. El problema más acuciante entonces era el Sáhara, reivindicado por Hassán II, quien amenazaba con la “Marcha Verde” para ocuparlo por las bravas. Fue entonces cuando, sin conocimiento del gobierno, Juan Carlos envió a Manuel Prado a Washington para solicitar la ayuda de Henry Kissinger, secretario de Estado con Gerald Ford. Prado le explicó que el orden y la transferencia de poderes en España quedaría en peligro si el Ejército tenía que empeñarse en una guerra colonial. La evocación de lo ocurrido recientemente en Portugal con los militares y la “revolución de los claveles” bastó para convencer a Kissinger de que intercediera ante Hassan II. Así pues, Kissinger habló con el rey de Marruecos, algunos dirigentes árabes y el presidente Giscard d’Estaing, de modo que al final la Marcha verde fue suspendida y se replegó al tercer día, como le indicó el propio Hassan II a Juan Carlos por teléfono[11]. Kissinger tenía buen concepto de Juan Carlos desde la visita de este a EE.UU. en 1971 y además deseaba satisfacerle en un momento en que las negociaciones para la renovación de los acuerdos bilaterales España-EE.UU. estaban siendo muy dificultosas.
(No deja de ser paradójica esa mediación de EEUU, que tenía fuerte influencia en Marruecos, y que tuviera ese resultado, toda vez que, según algunos autores, la «Marcha Verde» fue orquestada por el Departamento de Estado –esto es, Kissinger– y la CIA[12]. Pero no es extraño si se tiene en cuenta el desenlace del episodio con el acuerdo Tripartito, firmado poco después, que en la práctica consiguió lo que deseaban los norteamericanos y Hassán II y no lo que quería España, un Sahara independiente, que hubiera tenido buenas relaciones con Argelia. Así el territorio pasó a la órbita de Marruecos, ignorando la resolución de NN.UU., que pedía, y sigue pidiendo, un referéndum de autodeterminación).
Poco después, a instancias de Don Juan Carlos, Prado acudió a París a entrevistarse con el presidente Giscard D’Estaign para instarle a acudir a la ceremonia de coronación, en lo que tuvo éxito. A ella no asistieron los padres del rey (sí sus dos hermanas), pues seguían considerándole oficialmente un usurpador de la corona mientras viviera Don Juan y no renunciara a sus derechos. Fue muy visible la presencia de reyes y jeques árabes, así como la del general Pinochet en las ceremonias (funeral de Franco y coronación). De ahí el interés por que asistieran también personalidades de países democráticos, como los presidentes Walter Schell y Giscard, el vicepresidente de EEUU Nelson Rockefeller y el consorte de Isabel II, duque de Edimburgo[13].
En marzo de 1976 el ya rey Juan Carlos envió a Prado a tratar con Ceaucescu, el dictador rumano, con el que Carrillo, secretario del PCE, tenía una especial relación personal. El mensaje enviado al PCE por el rey a través de esta línea resultaba un tanto contradictorio: por un lado, decía que admitía la existencia de los comunistas, pero, por otro, les pedía que “pacientaran” (sic) un par de años, ya que antes no sería posible su legalización. Mientras tanto, debían frenar su estrategia de presión política, que resultaba, según el rey, desestabilizadora y contraproducente, pues daba razones a los inmovilistas para mantenerse en sus posiciones. A lo cual Ceaucescu respondió que la normalización del PCE debía ser simultánea a la de los demás partidos si se quería que la democracia española tuviera credibilidad internacional. Una vez normalizada la situación, añadía, los comunistas españoles respetarían la legalidad y el resultado de las urnas[14].
A primeros de diciembre de 1976, Prado recibió una nueva misión real: entrevistarse de nuevo con Henry Kissinger para tratar del futuro político de España según lo concebía el entorno del rey. El momento era especial, no sólo por la situación de España, aún cargada de incertidumbres en muchos aspectos, sino por las relaciones de esta con EE.UU., que se habían reforzado considerablemente con la visita de los reyes a EE.UU. en el verano y la firma del tratado bilateral en septiembre de ese mismo año. Este tratado, aunque seguía sin dar garantías de defensa mutua como pedía España desde los tiempos de Castiella, supuso un reforzamiento de los vínculos militares entre ambos países y se consideró un paso adelante en el acercamiento de España a la OTAN[15].
Sintetizo a continuación la entrevista entre Kissinger y Manuel Prado, que tuvo lugar en la embajada de EE.UU. en México y es muy reveladora, como veremos[16]. Se habla en ella sobre todo de la situación política española, la cual, según Prado, estaba “bajo control” yendo adelante “los programas y reformas que él [Juan Carlos] y usted trataron cuando se reunieron”. (Prado aludía al encuentro que tuvieron a raíz de la visita oficial los reyes a EE.UU. en junio de ese año). Según Prado, tras el referéndum sobre la Ley de reforma política, previsto para el 15 de diciembre, poco después de la entrevista, el nuevo sistema político iba para permitir alguna oposición al futuro gobierno, pero no un libre juego de todas las fuerzas políticas. “Hemos dado permiso a los socialistas para tener su congreso –añade Prado– (pero) el rey me ha encargado que le diga que nunca daremos permiso a los comunistas para que participen abiertamente en el proceso político” (subrayado en el original); el ejército, añadió Prado, “se rebelaría si legalizáramos al partido comunista”. Kissinger no podía estar más de acuerdo con estas perspectivas y recordó con elogio a Franco por su actitud anticomunista[17].
Finalmente, se sabe que Prado estaba en la Zarzuela la noche del 23-F y que colaboró con Juan Carlos I en las comunicaciones telefónicas que se realizaron entonces[18].
Los dudosos comienzos democráticos de la monarquía juancarlista
Conocer los detalles de esos primeros momentos de la Transición contribuyen al debate historiográfico y memorial en torno a ella, siempre sujeto a revisión. Hoy día parece ya fuera de lugar la imagen mítica de una transición modélica en la que Juan Carlos de Borbón hubiera apostado todo su capital político por una democracia prístina y en la que la conducta colectiva del pueblo español se hubiera visto libre de condicionantes a la hora de decidir su futuro político. (Jesús Movellán Haro, «Ni régimen del 78» ni «espíritu de la transición», en Historia actual on line, 55 (2)). En todo caso, la posición del rey y de sus dos primeros gobiernos (Arias y Suárez) no fue la de «pilotos» ni de «vanguardia» en el proceso democrático, sino de moderadores y condicionantes,comovamos a ver.
Como vemos, de las entrevistas de Prado con Ceaucescu y Kissinger se deduce más bien una actitud política del rey no muy acorde con la imagen de demócrata convencido que circula por los libros de texto y que le atribuyen los apologistas de la transición y de la monarquía desde el primer momento en que llegó al poder. Juan Carlos I, tras un año de mandato como jefe de estado, estaba aún lejos de apoyar un sistema democrático pleno, al concebir un sistema político en el que quedara marginado, al menos en los primeros momentos (y, desde luego, en las primeras elecciones), el entonces principal partido de la oposición antifranquista, incluyendo las organizaciones de masas de su influencia, de cuyas credenciales democráticas no cabía dudar.
Tal como se plantea la opinión del rey por boca de Prado, podría decirse que en ese momento su esquema de la reforma política en España se acercaba más al que tenían Fraga Iribarne o José Mª de Areilza, o al del proyecto de ley de reforma constitucional que se presentó en mayo de 1976, que al que se pondría en marcha pocos meses después. Aquél se había expuesto en la reunión que habían tenido en Madrid el 25 de enero de 1976 miembros del gobierno Arias (Fraga, Areilza y Marcelino Oreja) con otros del gobierno americano (Kissinger, el embajador Wells Stabler y dos consejeros de exteriores). Fraga presentaba una reforma pausada y pilotada por el Consejo del Reino y las Cortes franquistas. En ella habría, tras un referéndum, “una Cámara elegida por sufragio universal y luego una especie de Senado que representaría los intereses corporativos”. El rey conservaría amplios poderes y habría instituciones regionales, pero en ningún caso se admitiría a los comunistas, a los que Fraga asimilaba a los terroristas. El sistema de partidos quedaría reducido a cuatro opciones: “probablemente un partido de derecha –precisa Fraga– que represente a los viejos grupos franquistas. Luego debería haber uno para gente como el ministro de exteriores [Areilza] y yo, y luego un grupo cristianodemócrata en lugar de los cinco que tenemos ahora, y luego un Partido Socialista”[19]. Sobra decir que a los republicanos -que no se pudieron presentar a las elecciones de 1977- ni se les mencionaba.
Ciertamente, la Ley de reforma política (enero de 1977) rebasaría ese marco, disponiendo la celebración de elecciones legislativas, pero ni se les daba un carácter constituyente explícito ni se estipulaban las condiciones mínimas para que fueran democráticas: libertades políticas, legalización de partidos… ni se mencionaba al Movimiento y sus Leyes fundamentales, que seguían vigentes[20]. Y un decreto de 1 de abril de 1977 aún otorgaba al gobierno la potestad de secuestrar toda publicación que «contuviese noticias, comentarios o informaciones que fuesen contrarios a la unidad de España, constituyesen demérito o menoscabo de la Monarquía o que de cualquier forma atentase al prestigio institucional de las Fuerzas Armadas».
Los condicionantes del futuro juego político eran claros. Como le indica Prado de Carvajal a Kissinger en la citada entrevista, el gobierno de Suárez iba a autorizar el XXVII congreso del PSOE, que comenzaría el 15 de diciembre, con el respaldo de la plana mayor de la Internacional socialista (su presidente Willy Brandt, Olof Palme, Mitterrand, Pietro Nenni), mientras que el PCE debió esperar cuatro meses más para su legalización y no sin que antes Carrillo, unilateralmente, asegurase a Suárez el acatamiento de la monarquía[21]. Antes aún, el Servicio Central de Documentación (SECED) había ayudado a los líderes socialistas a acudir al Congreso de Suresnes (octubre de 1974), otorgándoles protección policial y pasaportes. Análogamente se autorizó la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid, en abril de 1976, mientras que Comisiones Obreras, sindicato ampliamente mayoritario en los centros de trabajo y en las movilizaciones (y entre los presos políticos, de los que casi ninguno era de la familia PSOE/UGT), debió esperar un año más para su legalización. Y mientras tanto, los ministros de gobernación (Fraga y luego Martín Villa), venían dando órdenes a los gobernadores civiles de prohibir las actividades de la oposición antifranquista de izquierdas en un ambiente de dura represión de las movilizaciones de todo tipo y de censura, secuestro y multas a determinadas publicaciones. (Aunque solo sea una anécdota,vale la pena recordarla: mientras que Felipe González se entrevistaba con jefes del SECED, tal como se dice en la web de la Fundación FG, Carrillo es arrestado durante varios días a finales de 1976, mientras la ultraderecha le amenazaba de muerte).
Sin duda, tanto esta gestión política como la posterior de Adolfo Suárez, jefe del gobierno desde julio de 1976, respondía a esa actitud recelosa de Juan Carlos I. Suárez aseguró que no legalizaría nunca al PCE en la reunión con altos mandos militares celebrada a primeros de septiembre de 1976. Se suele decir –y así lo repitieron luego los ultras del búnker– que Suárez mintió en esa ocasión, pero es por lo menos igual de verosímil pensar que no lo hizo y que cambió de opinión después forzado por las circunstancias, lo mismo que el rey. Pues si algo caracterizó su línea política en esos meses críticos fue su gran maniobrabilidad táctica y su ágil adaptación a las circunstancias, sin duda propiciadas por la heterogeneidad ideológica de los integrantes de UCD (liberales, socialdemócratas, cristianodemócratas)[22].
Varios factores influyen en la cautela de Juan Carlos y de Suárez en esa segunda mitad de 1976. A las presiones del búnker y el ruido de sables de los mandos militares se unió la influencia exterior sobre el proceso de transición española –sobre todo la proveniente de EE.UU. y la RFA– en un sentido parcialmente coincidente. Esa intervención se manifestó desde 1975 principalmente en el apoyo financiero y político al PSOE y a la UGT, como vía para frenar y sustituir la influencia de los comunistas, de los que se temía que provocaran una situación semejante a la que había en Portugal tras la caída de la dictadura salazarista. Así lo reconoció von Brauchitsch, representante de Friedrich K. Frick, ante una comisión del congreso español, cuando Carrillo le preguntó la razón por la que habían financiado al PSOE: “tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor situado era el PSOE”[23].
Pero la evolución histórica fue luego por otros derroteros, obligando a unos y otros a cambiar de perspectivas. En enero de 1977 accedía a la presidencia de EE.UU. el demócrata James Carter, más partidario de los derechos humanos y políticos, así como el también más flexible Cyrus Vance a la Secretaría de Estado; los acuerdos de Helsinki de 1976 empezaban a paliar la tensión de la Guerra fría y en España los acontecimientos –fundamentalmente las crecientes movilizaciones populares y sindicales, estimuladas por la grave crisis económica– hicieron inviable una democracia recortada, como pronto intuyó Adolfo Suárez, que se vio obligado a ampliar el escenario político y a legalizar al PCE, a la vez que abolía el Movimiento nacional y el sindicato vertical y establecía las libertades políticas y sindicales básicas. El protagonismo masivo de la ciudadanía impulsando una verdadera reforma política o incluso una ruptura, como pedía la Platajunta de fuerzas de la oposición, fue determinante en ese momento histórico crítico, invalidando el tópico de Juan Carlos I como “motor” o piloto del cambio. Tanto este como Suárez y los reformistas del Movimiento (y, cabe pensar, una mayoría de los mandos militares, colocados entre los minoritarios del búnker y los aún más minoritarios de la UMD) se hubieran sentido más a gusto en una democracia limitada, pero el dinamismo de la sociedad civil y los requerimientos derivados de la proyección internacional empujaron la evolución política más allá.
Aun así, la naciente democracia española debió pagar peajes al régimen anterior: la permanencia de la monarquía instaurada por Franco, la no depuración del aparato del Estado (razón por la que la amnistía exculpó también a los responsables de crímenes en el franquismo y por la que los funcionarios del Movimiento pasaron a la administración general del Estado), el trato de favor a la Iglesia católica y la ausencia de una relación simbólica y memorial con la II República –que hubiera asumido plenamente y sin tardar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo y la agenda de una memoria histórica democrática– son otros tantos lastres que aún hoy se dejan sentir en la vida política de la sociedad española. El futuro político, además, quedó “atado y bien atado” con una constitución prácticamente irreformable y un sistema electoral facilitador del bipartidismo y de la sobrerrepresentación de las provincias conservadoras[24].
Alguna observación sobre el 23-F, el CESID y el acceso a los archivos españoles
Un elemento clave en la visión laudatoria de Juan Carlos I a que hemos hecho referencia es su actuación durante el episodio del 23-F, en el que se le presenta como agente principal y determinante en el fracaso del golpe. Así se expresa en el mencionado manifiesto y así también lo afirma, por ejemplo, Victoria Prego en el documental que comentamos: “Don Juan Carlos nos salvó de un golpe de estado seguro”, al ponerse en contacto con los principales mandos militares para afirmar su autoridad y alejarles de los sublevados. Esta versión, con distintos matices, es la sustentada por la historiografía de curso más general (Javier Tusell, Santos Juliá, Paul Preston, Juan P. Fusi, Charles Powel) o por instituciones como la Fundación Transición española, plataforma de políticos jubilados de la transición.[25]
No vamos a entrar a fondo en esta cuestión, que ha sido y es aún tan debatida, entre otras cosas porque el reportaje “Salvar al rey” no aporta nada nuevo y se limita a mostrar las dos opiniones principales: la oficial, a la que hemos aludido, y la que mantiene la implicación de Juan Carlos I en el intento golpista. Así expresan esta tres intervinientes en el reportaje:
Manuel Rey (ex agente del CESID): Diego, tú viviste y sufriste el 23 F. El rey, ¿estuvo implicado en el 23 F?
Diego Camacho (ex agente del CESID): Totalmente. El rey, digamos, es el motor del golpe. Lo que pasa es que los reyes ni entran en los asaltos ni ejecutan nada. Él tiene una frase que lo refleja todo: ”a mi dádmelo todo hecho“.
Fernando José Muniesa (analista de seguridad y defensa): Cuando se dan cuenta de que todo ha sido un fracaso reconvierten una traición a la democracia y a los españoles en un reforzamiento de la legitimidad democrática de la corona española, que estaba muy mermada porque la corona venía de una designación personal del Caudillo, del Generalísimo. Y acreditan al rey como el gran salvador de la democracia española. Una operación magistral de inteligencia.
Conviene recordar que Diego Camacho, capitán del grupo de Operaciones Especiales del CESID cuando ocurrió el golpe, viene denunciando la implicación de este servicio secreto y del monarca en el golpe desde hace años, razón por la que fue expulsado del CESID en los años noventa junto con otros agentes. Otro militar que sostuvo tesis parecidas fue el coronel Martínez Inglés y más tarde siguieron esa pista, entre otros, los publicistas Jesús Palacios, Roberto Muñoz Bolaños y Pilar Urbano, si bien esta última después de defender inicialmente la inocencia del rey desde las páginas de ABC[26]. Según estas versiones, algunos altos cargos del CESID estaban implicados en el golpe, entre ellos el comandante José Luis Cortina, jefe de Operaciones especiales, y el teniente coronel Javier Calderón, secretario general del organismo. Siendo así se explica por qué este servicio secreto actuó con mucha lentitud en la investigación y más aún en dar cuenta al gobierno, y que descuidara la vigilancia de Tejero, a pesar de sus salidas de tono anteriores[27]. También es pertinente recordar que el CESID era sucesor e integrador de los distintos servicios de información y documentación franquistas, dependía del ministerio de Defensa y sus miembros eran mayoritariamente militares, por lo que no es descabellado suponer entre sus mandos ciertas tendencias involucionistas, como las tenía el coronel San Martín, ex jefe de los servicios de seguridad del último franquismo, y jefe del Estado mayor de la división acorazada Brunete.
La falta de testimonios solventes y la carencia de acceso a ciertos documentos oficiales generados en torno al 23-F hace que hoy, más de 40 años después, aún no podamos disponer de un conocimiento completo de lo sucedido y, por lo tanto, tampoco sea posible emitir un juicio consistente sobre el asunto. Como indica otro de los intervinientes en el documental “Salvar al rey”, la Ley de secretos oficiales lo cubre con tupido velo. De ahí que desde entonces hayan proliferado distintas versiones en los medios y en la historiografía. Es, pues, un ejemplo muy significativo de una problemática más general que estorba la investigación histórica y la debida transparencia de los asuntos públicos, síntomas, a su vez, de falta de calidad moral e intelectual en la democracia española[28].
Pero “cuando se ignora, se inventa”: así han aparecido cosas como el “ensayo de comprensión imaginativa” de Javier Cercas “Anatomía de un instante” (2009) o el programa de La Sexta TV «Operación Palace», dirigido por Jordi Évole y emitido el 30 de abril de 2014. En él se presentaba el 23-F como la escenificación de un simulacro de golpe orientado a impedir uno de verdad, que se veía en ciernes, y a fortalecer la democracia española y el prestigio de la monarquía. El programa hubiera sido un engaño, un hoax televisivo, a falta de su última parte, cuando los protagonistas desvelan la jugada y piden disculpas a los televidentes, no sin que alguno de ellos aluda insidiosamente a la «verdad de la mentira» o a una «versión falsa, pero no del todo» (Jorge Verstrynge).
¿Cómo podríamos salir de este impasse historiográfico? Lo mismo que en cualquier otra cuestión, a través de dos vías: los testimonios personales de los implicados en el suceso y el acceso a la documentación, escrita o de otro tipo. Poco camino se recorre con lo primero. Sabino Fernández Campo, entonces Jefe de la Casa Real, y Francisco Laína, director general de Seguridad y presidente del gobierno formado la noche del 23-F con los subsecretarios de los ministerios, sin duda hubieran podido aportar elementos de juicio esenciales, pero prefirieron mantener durante toda su vida un largo silencio, roto solo parcialmente y al cabo de mucho tiempo para desautorizar las versiones corrientes del golpe, sin aclararlo. Fernández Campo presentaba el suceso del 23-F como un puzzle del que faltaban varias piezas esenciales, sin las cuales era imposible ofrecer el cuadro entero con su cabal significación. Pero, eso sí, afirmaba la legitimidad y la pertinencia de las resoluciones tomadas por la Casa real en esa coyuntura. (Es decir, se justificaba). De hecho en el artículo apenas se hablaba de otra cosa, dejando lo demás en la penumbra. Y concluía sumiéndonos en la perplejidad, pues aconsejaba: “dejémoslo como está, quedémonos con las versiones, afortunadamente contradictorias, sobre el 23-F. (…) El que busca afanosamente la verdad corre el riesgo de encontrarla”[29]. Con esta apelación a la docta ignorancia, vagamente amenazadora, acababa el artículo. Y no hubo más.
Laína, por su parte, tampoco dio rienda suelta a su lengua, ni, menos aún, a la imaginación. Sabiendo lo que sabía, podía calificar con autoridad como “versiones fantasiosas, erróneas o deliberadamente falsas” las que circulaban sobre el 23-F, como lo hizo en una entrevista publicada en El País el 20 de febrero de 2011 (con José Luis Barbería), sin darse cuenta de que él era uno de los responsables, por omisión, de esas versiones. (Prometía escribir unas memorias que no llegaron a ver la luz, aunque hay rumores de que se han visto partes de ellas). Así que con sarcasmo se manifestaba Gregorio Morán –otro que también ha reflejado su versión del 23-F en sus biografías de Suárez– a este respecto: “cada día que pasa no sabemos más, sino menos, del 23-F (…) Apenas si hay nada escrito verosímil sobre la trama civil del golpe… y, cuando estábamos en estas, llegó el relato”. (El “relato” es una venenosa alusión al libro de Cercas).
Tampoco abundan los documentos escritos oficiales sobre el 23-F o, mejor dicho, no son accesibles. Ya el informe sobre los sucesos del 23-F que presentó el ministro de defensa Oliart en el Congreso el 17 de marzo de 1981 se presentó bajo el sello de «secreto» (aunque El País lo publicó al día siguiente gracias a las filtraciones de algunos diputados), marcando una pauta que se mantendría en lo sucesivo. Desde entonces han estado vetados a la consulta pública –en algún caso hasta hoy– casi todos los informes y fuentes documentales relativos al 23-F. Así, los secretarios del Congreso de entonces (José Bono y Soledad Becerril entre ellos) redactaron otro informe, que permaneció oculto hasta 2011, cuando lo dio a conocer Bono, y que no añadía gran cosa a lo sabido, salvo detalles sobre los desperfectos causados por las balas y el gasto hecho por los guardias en el bar del Congreso (que quedó pendiente de abonar). Ese mismo año se desclasificó el citado informe de Oliart, que está en el origen de lo que hemos llamado “versión oficial” del 23-F.
También de entonces (abril de 1981), es el “informe Jáudenes”, que era teniente coronel y alto cargo del CESID, encargado de calibrar el grado de responsabilidad de los miembros del CESID en el 23-F. Este documento permaneció secreto incluso para el tribunal del consejo de guerra, aunque sí lo leyó el general García Escudero, instructor de la causa, pero no lo pudo incluir en ella[30]. La opinión pública solo supo de su existencia 16 años después, pero no su contenido, que no debía de ir muy lejos a la vista de la sentencia. (Sólo un capitán del CESID fue condenado en el consejo de guerra. Cortina fue absuelto y Calderón ni siquiera fue procesado). Tras el escándalo que provocó el citado libro de Pilar Urbano en 2014 se pidió que el Centro Nacional de Inteligencia, sucesor del CESID, hiciera público el informe Jáudenes, pero, asombrosamente, el CNI declaró no tener expediente alguno relativo al golpe del 23-F[31].
Así pues, casi es ocioso preguntarse por la posible existencia de cintas con las grabaciones de las conversaciones telefónicas desde el Congreso, los despachos de La Zarzuela, las capitanías generales y demás altos organismos que intervinieron en el 23 F. Laína, que ordenó el control de las líneas del Congreso, afirmó que solo estaban registradas las conversaciones de Tejero con su esposa y con García Carrés, pero otras fuentes hablan de 26 cintas con muchos más implicados, incluyendo la conversación de Armada con el rey tras su entrevista con Tejero.
Por su parte, la autoridad judicial militar, aunque, como es preceptivo, hizo pública la sentencia, dejó aplazada hasta 2031 la consulta del expediente completo del consejo de guerra del 23-F, que consta de 12.854 folios, más varias piezas separadas y grabaciones. En 2021, con motivo del 40º aniversario del golpe, se permitió la consulta de esta documentación, mediante autorización previa, para fines de investigación periodística o académica, pero consta que algunos privilegiados pudieron acceder a ella años antes[32].
La Ley de Transparencia de 2013, confirmando el derecho constitucional a la información, vino a anunciar la buena nueva de ese acceso para todos los ciudadanos, así como el principio de “publicidad activa” como norma de las administraciones entendidas en un sentido amplio (se incluyen los partidos políticos, el poder judicial, las empresas participadas, etc.). Este principio se entiende como el deber de difundir la información “sin esperar a una solicitud concreta de los administrado Aunque el gobierno español no lo haya ratificado”. Creemos ver en esta ley el espíritu de la Convención sobre el acceso a los documentos públicos del Consejo de Europa de 2004. En ella se recoge también el principio de que todos los documentos de las administraciones son públicos y deben ser ofrecidos al conocimiento general de la ciudadanía, con las salvedades que exija la protección de otros derechos o intereses legítimos. La tramitación de una nueva ley de secretos oficiales (ahora denominada de materias reservadas) se ha hecho esperar demasiado. Sería bueno que no defraudara las aspiraciones ciudadanas.
Es este un cambio que está pidiendo a gritos la agenda de regeneración democrática hoy imprescindible en España. Una tarea colectiva pendiente, si se concibe ese acceso a los archivos públicos como elemento que estimula la eficacia y la responsabilidad de las autoridades, ayudándolas a afirmar su legitimidad; que hace posible la formación de criterio de la ciudadanía sobre los asuntos públicos; que, en su caso, garantiza la difusión de la memoria histórica democrática y el respeto a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Notas
[1] Canal HBO, dir. Santi Acosta, 2022. La serie tiene tres capítulos.
[2] La metáfora ya la usaron periódicos norteamericanos durante la visita del rey a EE.UU. en junio de 1976. Charles Powell habla en su biografía de El piloto del cambio. El Rey, la monarquía y la transición a la democracia, Barcelona, 2011. Para Paul Preston, Juan Carlos I fue “el eje central de la transición pacífica a la democracia” (en Juan Carlos. El rey de un pueblo, Barcelona, 2012, p. 440).
[3] El manifiesto puede verse en la web de la citada asociación: https://ame1.org.es/.
[4] Convenientemente se dijo: “cherchez la femme” y, en efecto, se informaba de que Don Juan Carlos estaba en la República helvética con una de sus amantes.
[5] El general Fernández Campo sucedió al general Alfonso Armada en la secretaría de la Casa real en 1977, y al general Nicolás Cotoner como jefe de la Casa del rey en 1990. Después de Fernández Campo el cargo ha sido ocupado por funcionarios civiles. Armada y el rey siguieron teniendo una relación muy estrecha.
[6] El Patrimonio nacional, que administra los “reales sitios” y depende del Ministerio de la Presidencia, queda fuera de estas cuentas. Para 2013 se anunció que los gastos de la Casa real quedaban congelados, como muestra de austeridad.
[7] Paul Preston, Un pueblo traicionado, Barcelona, 2019, pp. 554-555. Guindal indica que Prado introdujo a De la Rosa en La Zarzuela, la que frecuentó un tiempo con su familia.
[8] Doreen Carvajal y Raphael Minder, “Chastened King Seeks Redemption for Spain and His Monarchy”, en New York Times de 28 de septiembre de 2012.
[9] Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Akal, 2016, pp. 287-293.
[10] Hasta entonces, los herederos de la corona española llevaban el título de “Príncipe de Asturias”, lo que se cambió para indicar que la monarquía creada por la Ley de sucesión franquista era “instaurada”, no “restaurada”.
[11] Paul Preston, Juan Carlos. El rey de un pueblo, pp. 350-351.
[12] Stanley G. Payne y Jesús Palacios, Jesús, Franco: una biografía personal y política, Barcelona, 2014, p. 609. Vernon Walters, que se encontraba en Marruecos, también presionó a Hassán II en esa ocasión.
[13] Paul Preston, Juan Carlos, p. 362.
[14] Joaquín Bardavío, “Las cortes franquistas se hacen el harakiri”, en El franquismo, año a año. 1976. El Mundo, 2006, pp. 10-12; Preston, Juan Carlos, pp. 3777-378; S. Carrillo, Memorias, pp. 617-618. Hemos dejado el galicismo “pacientar”, que está en el original de Carrillo y es típico de su lenguaje de exiliado.
[15] A. Sánchez Gijón, “”Ayer entró en vigor el tratado con Estados Unidos”, El País, 22 de septiembre de 1976.
[16] Memorandum: “Meeting with Unofficial Spanish Representative of King Juan Carlos”, 2 de diciembre de 1976. NARA. Los interlocutores se encontraron en la toma de posesión del presidente mexicano López Portillo.
[17] El partido comunista estaba prohibido, por supuesto, en el Portugal salazarista, pero también en Grecia y en la RFA entre 1956 y 1968. La política de contención de EE.UU. durante la Guerra fría trataba de impedir la influencia exterior de la URSS y el acceso de los partidos comunistas a las instituciones en los países occidentales.
[18] Preston, Juan Carlos, p. 519.
[19] Memorandum of Conversation, 25 de enero de 1976, Secretary of State, National Security Archives
[20] Hay también otro aspecto que se suele pasar por alto: fue decisión del rey la de celebrar las elecciones municipales después de las generales, no fuera a ser que se repitiera lo que había pasado el 12 de abril de 1931 en España. De este modo, las elecciones legislativas se celebraron con ayuntamientos aun franquistas y con Martín Villa en el Ministerio de Gobernación.
[21] Preston, Juan Carlos, p. 460. En el debate constitucional Carrillo defendió la monarquía, cambiando radicalmente sus opiniones previas. Según él, Juan Carlos había sido «la bisagra entre el aparato del Estado y las auténticas aspiraciones democráticas de la sociedad civil».
[22] Carmen Díaz de Rivera, jefa de gabinete de Suárez, anotó que Juan Carlos (del que, al decir de Preston, era “amiga íntima”), tras la elección de Suárez, se comportaba como “tremendamente conservador”, que “solo piensa en algunos retoques”. (cit. en J. Fontana, “La historia de la transición: una propuesta crítica”. En el blog Conversación sobre historia).
[23] S. Carrillo, Memorias, p. 608; Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán. El SPD y el PSOE, de la dictadura a la democracia, 2012, cap. 4. El multimillonario Frick entregó un millón de marcos a la Fundación Ebert, de la socialdemocracia alemana, para que financiara al PSOE. Esta ayuda y otras de la Internacional socialista permitieron al PSOE crear una infraestructura orgánica de la que antes carecía casi en absoluto.
[24] Desarrollamos estas ideas en “Los dudosos inicios del rey Emérito”, en el blog Conversación sobre historia, 18 de agosto de 2021.
[25] Santos Juliá, “Sociedad y política”, en Manuel Tuñón de Lara, Historia de España, X**. Transición y democracia, (Barcelona, Labor, 1991), pp. 123-127; Javier Tusell, “La política”, en Ramón Menéndez Pidal, Historia de España, tomo XLII, La transición a la democracia, Madrid, 2003, pp. 147-152; http://www.transicion.org/index.php.
[26] Jesús Palacios, 23-F, el Rey y su secreto, 2010; Roberto Muñoz Bolaños, El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición, 2021; Pilar Urbano, La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar, 2014.
[27] Preston, Juan Carlos, pp. 494-495.
[28] Luis Castro, “Tres versiones sobre el golpe del 23-f… o alguna más”, HISPANIA NOVA, nº 13, 2015.
[29] Sabino Fernández Campo, “El rompecabezas del 23 F”, ABC, 27 de octubre de 2009.
[30] Miguel González, “Los secretos del ‘informe Jáudenes”, El País, 23 de febrero de 1997.
[31] Se podría dar ahí una enrevesada situación: según las normas del CNI, su organización, actividades, documentos, etc., son secretos por naturaleza, de manera que, como ocurre con el informe Jáudenes, no se conoce ni su misma existencia.
[32] Nuria Lázaro, “El sumario del juicio del 23-F, junto al del 11-M en el depósito acorazado del Tribunal Supremo”, www.niusdiario.es/, 22 de febrero de 2021. Muñoz Bolaños consiguió la consulta por medio del abogado defensor del teniente coronel Tejero. (La Vanguardia, 20 de febrero de 2021). Al parecer, la documentación está digitalizada.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: Juan Carlos I poco después de su llegada a los Emiratos Árabes Unidos en2020 (foto: El Universal)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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