Con Bartolomé –“Pipo”– Clavero se nos ha marchado un referente ético e intelectual, el autor de una decisiva obra historiográfica que logra lo que raramente se encuentra al alcance: cambiar el modo global de concebir el pasado, liberándolo de hipotecas ideológicas para comprenderlo de una manera más próxima a lo que nos es común a los humanos, nuestra dignidad. Las líneas que siguen, forma modesta de rendir tributo a quien tanto significó para quien las suscribe, no tienen más pretensión que la de esbozar algunas de las líneas maestras que definieron su inabarcable trayectoria intelectual y profesional. Querrían también honrar la memoria de un hombre machadianamente bueno, todo un ejemplo de entrega vocacional, humanidad y liberalidad para quienes tuvimos la fortuna de aprender con su presencia
Sebastián Martín
Universidad de Sevilla
Mi trabajo político es mi trabajo intelectual y de enseñanza universitaria. Nunca ha sido una enseñanza militante, ni antes ni ahora. No ha sido de imponer ideas a nadie, pero sí de dar datos y explicaciones que a los alumnos les ponga en una situación de ejercer la crítica por ellos mismos o de adoptar sus propias ideas o decisiones[1].
El pasado viernes nos dejaba el autor de esta reflexión, Bartolomé Clavero, Pipo para los muchos familiares, amigos, colegas y discípulos que nos quedamos desolados sin su presencia. Se marcha con él una voz única e inconfundible, que iluminaba todo aquello en lo que fijaba su atención, protagonista de una trayectoria humana y profesional verdaderamente singular, excepcional si tenemos presente que buena parte de ella se desplegó en el por lo general anodino campo académico.
Su cuñado y amigo, el laboralista y magistrado constitucional Miguel Rodríguez-Piñero, lo distinguió con una sola palabra: “Pipo fue, ante todo, un rebelde”. Y así es: fue alguien refractario a toda convención, por entender que lo genuinamente humano radica en la construcción adversativa de la propia y autónoma individualidad, en negarse a la asimilación por lo heterónomo a través del ejercicio vigilante de la crítica.
1. Contracultura, resistencia e investigación
En un primer y decisivo acto de rebeldía, hacia 1967, Pipo rompe con el mundo nacional-católico en que había crecido. Empieza entonces a “tomar conciencia no solo sobre la situación de la dictadura sino sobre su entorno social”, al que él mismo pertenecía. Con apenas 20 años, eclosiona de un modo desbordante, proyectando su extraordinaria energía intelectual sobre el mundo de la cultura, la política y la investigación.
En amistosa colaboración con otros sujetos excepcionales como Gonzalo García Pelayo o Camilo Tejera, se convierte en activo promotor de la cultura underground sevillana de finales de los 1960 y principios de los 1970[2]. Junto al propio García Pelayo, ejerce de letrista de la banda de rock Smash, confesando veladamente en una letra emblemática que “habían venido a destrozar ese tiempo” de coacción y jerarquía. Ayudado por Tejera, administran con impericia las abundantes cajas del club Dom Gonzalo, donde pinchan música procedente de las bases americanas, inauditas en la Sevilla tardofranquista. Gana alguna edición del Certamen de Poetas Universitarios Andaluces, en el que también ejerce de jurado, dirige con éxito la estratégica colonización aperturista del club de cine del SEU, organizando ciclos concurridos que dejaron huella, y participa en iniciativas teatrales de corte brechtiano, que le cuestan ficha policial por reconocer a viva voz ante el auditorio la expresa “intencionalidad política” de la obra que representan.
Su actividad cultural fue, como se ve, inseparable de su militancia política como resistente contra la dictadura[3]. Representante estudiantil electo, toma parte en protestas que persiguen la democratización de la universidad. Improvisa, junto a Tejera, exitosos actos públicos en los que se da lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su XX aniversario. En relación ya con cuadros del PCE, ayuda a organizar reuniones clandestinas, a defender a compañeros detenidos. Su actividad de opositor le cuesta amonestaciones públicas, y algún procesamiento con pronta libertad condicional. Ya como profesor adjunto, protagoniza debates académicos de relevancia política, firma (con seudónimo) artículos críticos con el régimen, e imparte seminarios sobre marxismo a los militantes más jóvenes.
Vitalmente entregado a la cultura y la política, sigue completando sus estudios en la Facultad Hispalense de Jurisprudencia. Desde el tercer curso, en ese mismo año 66/67, pasa a matricularse como alumno libre en derecho, y solo seguirá, como oficial, las asignaturas comunes de Filosofía y Letras. Nada le seduce una carrera impartida por profesores aún anclados a la (in)cultura oficial franquista, o sencillamente inertes para la ciencia. Muy pocos se libran a sus ojos de esa inutilidad para la cultura democrática y la reflexión científica: Jaime García Añoveros, el propio Miguel Rodríguez-Piñero y el constitucionalista oral, hoy olvidado por los más jóvenes, Manolo Romero Gómez.
Su desvinculación con la carrera regular le permite, sin embargo, en elocuente paradoja, entregarse al estudio intensivo del derecho. Por utilizar sus propias expresiones, ante “el desastre de facultad”, “huye” de ella, pero para recluirse en su biblioteca, donde devora sin descanso lo más actualizado disponible en ciencias humanas, sociales y jurídicas.
Hacia el final de su licenciatura, con acentuada vocación teórica, e inclinación inicial por la teoría del derecho, encuentra, sin embargo, en la historia del derecho, más que en cualquier otra materia filosófica, la oportunidad para colmar su curiosidad intelectual y su compromiso humanista. Ante el acartonamiento e incluso el fundamentalismo nacionalcatólico de quienes ocupan las cátedras filosóficas[4], esta disciplina le permite desarrollar la convicción ético-política historicista de la que participa, fundadora del propio imaginario resistente: que son los hombres y mujeres los llamados colectivamente a hacer su propia historia, que no existen “principios fundamentales” inconmovibles en lo que hace a las instituciones que los individuos se otorgan para organizar su convivencia, según pretendía la dictadura.
Con este convencimiento como divisa inspiradora de su temperamento científico, abre Pipo el periodo de especialización doctoral, no sin antes sufrir el preceptivo “secuestro por parte del Estado” para realizar un dilatado servicio militar. Durante la mili, por trabar amistad con los superiores, logra dedicar horas y horas a leer los libros que porta atados al cinto, ya relacionados con su asunto de tesis. A su regreso, realiza una estancia decisiva en Roma, donde, a las lecturas histórico-jurídicas realizadas por la mañana en la universidad, agrega por las tardes otras muchas de historia social en el Instituto Gramsci. Se adentra así en un universo literario, procedente en buena parte de la Europa del Este y traducido al francés[5], que, sobre la base de una ardua labor de archivo, muestra la mendacidad del relato histórico convencional según el cual el Estado nació con el Renacimiento. Toda la mal llamada “edad moderna” sería más bien premoderna, por presentar la reacomodación de una sociedad estamental gobernada por élites aristocráticas, sin ruptura drástica alguna con el pasado medieval.
Su tema de tesis, la propiedad nobiliaria en Castilla, le permite reconstruir ese contexto de continuidad del feudalismo hasta comienzos del siglo XIX. Pipo se separa aquí de lo que resultaba habitual para las tesis histórico-jurídicas, volcadas por entonces –por imposición del método “dogmático”– en reconstruir el itinerario de las instituciones desde la “España prerromana” hasta la edad contemporánea, con la pretensión tácita de demostrar su inamovilidad y consiguiente intangibilidad. Él se dedica a reconstruir la genealogía de las vinculaciones señoriales, una práctica generalizada a causa de una coyuntura específica –la guerra civil castellana del siglo XIV– y liquidada por reforma legal a principios del siglo XIX como peldaño para instaurar el Estado liberal. Ocupado en concreto del mayorazgo o regla sucesoria de la primogenitura, su trabajo de doctorado logra ofrecer así, por el contexto sociopolítico que reconstruye, una visión alternativa del antiguo régimen castellano, así como de la “revolución burguesa” que le puso fin[6]. 
2. Un nuevo, antiguo régimen, y una historia del derecho renovada
En 1980, con 33 años[7], gana su cátedra de historia del derecho con nula simpatía por parte de quien ejerce de cacique supremo de la materia, el franquista Alfonso García Gallo, inventor y defensor de ese método “dogmático” que asigna a la historiografía jurídica la misión de naturalizar los institutos jurídicos propios del dominio liberal-burgués. El apoyo central y manifiesto de Francisco Tomás y Valiente, su auténtico maestro, el respaldo también de su director de tesis, José Martínez Gijón, y el sustento de catedráticos respetados como Ramón Carande permiten vencer las resistencias que contra cualquier apertura cultural aún se plantaban en nuestra universidad.
Llega Pipo a su cátedra de la Universidad de Cádiz, en Jerez, con una experiencia investigadora acumulada que le había permitido participar en debates académicos de resonancia política directa. Algunos historiadores comunistas defendían la pervivencia del feudalismo en España prácticamente hasta el final de la dictadura, lo que, según la secuencia materialista de modos de producción, haría necesario transitar primero por una revolución burguesa –la que suponía la propia transición de 1978– antes de saltar al socialismo. Frente a ellos, Pipo sostenía la efectiva consumación de dicha ruptura, a la que llama revolución iusliberal mejor que “burguesa”, con su consecuencia de instauración del Estado, justo a través de las medidas que privatizaron la propiedad y liberaron el mercado, pero, ante todo, con su capacidad para refundar a los hombres y reestratificar la sociedad[8].
Decisiva desde el punto de vista académico resulta su comprensión a contracorriente del orden institucional premoderno. A través de sus estudios sobre el mayorazgo castellano, la behetría o las prácticas agrarias tradicionales[9], se había adentrado en los entresijos del sistema feudocorporativo, detectando hasta qué punto su exposición ortodoxa lo tergiversaba por superponerle un patrón interpretativo de cuño estatalista. En lugar de descifrar las claves constitutivas de la sociedad y del derecho de antiguo régimen mediante el esquema conceptual propio del Estado-nación decimonónico, su apuesta consiste en esclarecerlas a través de las categorías forjadas por la cultura jurídica coetánea, lo que, para ese largo intervalo que le ocupa, del siglo xii al xviii, significa, ante todo, la cultura del derecho común europeo.
Pipo procede a la demolición del Estado y abre paso a la jurisprudencia para una más rigurosa intelección del antiguo régimen[10]. De 1977 data la primera edición de su obra Derecho común[11], exposición todavía insuperada de la mentalidad que impregnó al cuerpo de juristas operativo en tribunales y palacios desde la baja edad media hasta las mismas vísperas revolucionarias. De ella resulta todo un giro disciplinar: hasta entonces –y aún muchas veces hoy– se había enseñado la historia del derecho buscando en el pasado un conjunto de “normas coactivas” aprobadas e impuestas por la autoridad sobre sus súbditos. La trascendencia normativa del ius comune, un sistema de principios doctrinales flexibles sujetos siempre a interpretación por una pluralidad de poderes territoriales tendencialmente colocados en pie de igualdad, mostraba que el derecho en la historia había podido ser algo radicalmente diverso al derecho estatal configurado ya en el siglo XIX. Del mismo modo, pues, podría el derecho del futuro ser algo distinto.
Si Pipo llega a la cátedra con un planteamiento singular del antiguo régimen, que aún –como veremos– encontraría sucesivos desarrollos hasta bien entrados los 1990, también lo hizo con un proyecto de actualización de la historia del derecho inseparable de su compromiso ético-cívico. Frente a la historia jurídica de cariz “dogmático”, con las prestaciones conservadoras ya mencionadas, practica él una historiografía jurídica en la que se entremezclan sugerencias procedentes de la historia social y de la historia cultural[12]. Si ambas corrientes –la “dogmática” y la que Pipo introduce– sitúan por igual la praxis histórico-jurídica en el presente, la primera lo hace con el propósito de custodiar y preservar la tradición institucional, mientras que la impulsada por él hace que esa vinculación se enderece a promover las transformaciones adecuadas para lograr un futuro de libertades. Por eso el modo en que cultiva nuestra materia durante la democratización del país mira justo a potenciarla[13]. Y lo hace al menos de dos maneras.
La primera de ellas, en consonancia con su reconstrucción del antiguo régimen, persigue resaltar el pluralismo cultural, la plurinacionalidad constitutiva de la monarquía hispana durante todo su periplo premoderno[14]. Frente a lecturas retrospectivas de sesgo españolista, realza la variedad jurídica e institucional que había signado nuestra experiencia histórica; nada debía escandalizar, por tanto, que estos fenómenos de autonomía jurídica con largo arrastre, conformadores ellos mismos de la auténtica anatomía del país, fueran expresamente reconocidos en nuestra norma fundamental[15].
Durante buena parte de los 1980, dedicaría aún algunos estudios al encaje vasco y catalán en la Monarquía, primero, y en el Estado, después, y lo haría ubicándose en una perspectiva tan certera como infrecuentada entre nosotros[16]: libre de –y opuesto a– toda veleidad nacionalista, fuese de parte españolista o vasco-catalana, pero igualmente emancipado de la actitud despectiva de quienes, auto-designados como legatarios de los valores ilustrados y racionalistas, rechazan como simplemente irracional toda manifestación simbólica de identidad colectiva. Practica así Pipo un enfoque respetuoso con las instituciones históricas que identifican a una colectividad, pero sin ceder en el rigor historiográfico ni incurrir por ello en falseados relatos legitimadores.
El segundo de esos flancos consiste en una temprana elaboración de una historia constitucional española inspirada ya en los valores democráticos[17]. Desde ese ángulo, salta a la vista que la construcción del Estado –ya sí moderno– en España desde comienzos de los 1830 se verificó de un modo por completo ajeno a la lógica constituyente revolucionaria. Organizado e impuesto en un contexto de intensa represión, con nulas garantías y sin apenas participación ciudadana, la criatura institucional resultante no podía sino presentar una marcada propensión autoritaria. Contemplada así nuestra historia constitucional con una sensibilidad atenta al respeto e integridad de los derechos, se hacía evidente que la regla entre nosotros había sido la de su conculcación sistémica. Y no es que no hubieran existido tentativas y proyectos para superar esas inercias, pero siempre habían resultado derrotados. Por eso a Pipo –como acontecía con la mala suerte del jurado[18], o con la buena que en otras latitudes, pero no aquí, había tenido la justicia como garante de libertades[19]– le interesaba rescatarlos del olvido para inspirar nuestro presente de constitucionalización del Estado.
A mediados de los 1980, arranca, pues, una dedicación a la historia constitucional española puesta en provecho de la democratización en marcha. Y sus elementos centrales son la defensa del pluralismo nacional e institucional constitutivo de España, y la comprensión de la propia norma fundamental, y de los poderes que esta instituye, como instrumento de garantía de los derechos de libertad. Por eso se muestra pronto reacio a las tempranas y exitosas tentativas de monopolizar la interpretación de la constitución por altas magistraturas elitistas. Como conquista y patrimonio de la ciudadanía, su actualización debería obedecer a procedimientos más plurales y participados. Es de los pocos que se anticipa entonces a ciertos males que hoy padecemos. 
3. Antropología premoderna, derechos de los pueblos indígenas e historia constitucional comparada poscolonial
Pipo continúa con su particular empresa de comprensión del antiguo régimen a través de sus propias categorías, elaboradas principalmente por la teología moral y el derecho. Esta fecunda línea de investigación cuenta con cada vez mayor eco internacional, se halla en plena sintonía con los trabajos de António Hespanha[20], y lo sitúa en diálogo –que devendrá permanente– con la escuela florentina fundada por su segundo gran maestro, Paolo Grossi. Sobre todo, le permite, en trabajos ya posteriores, redondear su replanteamiento de la organización social premoderna, marcada por señas que pasaban desapercibidas o resultaban despreciadas por la perspectiva estatalista tradicional.
Destaca entre ellas la centralidad estructural –constitucional, diríamos hoy– que tenía entonces la “casa” como espacio en el que se proyectaba el poder doméstico del cabeza de familia, un poder de naturaleza privada, tendencialmente desprovisto de límites jurídicos, ejercido sobre esposa, hijos e hijas no emancipados, esclavos y sirvientes, y comprensivo, en sus manifestaciones más severas, de la facultad del castigo corporal e incluso del ajusticiamiento capital. Propio entonces de aquel régimen era articularse como severa sociedad patriarcal en la que la mayor parte de la población, considerada a efectos jurídicos menor de edad, vivía sujeta y dependiente de una autoridad absoluta como la del pater[21].
Señala además la trascendencia normativa del discurso religioso no solo para orientar el ejercicio del poder doméstico, sino también para regir las propias relaciones sociales. La teología moral cristiana, con sus condenas de la usura y su promoción de la liberalidad, habría bloqueado durante largo tiempo el arraigo de la lógica capitalista de la ganancia[22]. En alternativa a ella, sustentó una “economía del don”, que, promocionando una espiral de favores mutuos, de donaciones gratuitas devueltas con la gratitud de la obediencia, funcionaría como argamasa con la que cohesionar el jerárquico y discriminatorio orden de los estatus[23].
Y enfatiza, en fin, justo eso, la comprensión diferenciada del sujeto de derecho, irreductible a la simplicidad monista y uniforme del individualismo moderno, que, en aparente universalismo, tiende a atribuir a todos los individuos un mismo conjunto de derechos y deberes. Los procesos de subjetivación premodernos, muchos más complejos y variados, vinculaban el estatus a diferencias presuntamente naturales (discriminando aquí entre hombres y mujeres) y a la posición social respectiva, esto es, a la inserción del individuo en los cuerpos y estados que conformaban la sociedad política. La propia noción de individuo –como categoría universal– sería, pues, extraña al mundo del derecho, a la misma comprensión de la comunidad, funcionando más bien la idea de “persona” como la capacidad jurídica de los hombres, cambiante en función de su pertenencia a un estamento o corporación determinados[24].
Consecuencia de esta comprensión del antiguo régimen atenta a la jerarquía de los estatus, como ahora se dirá, es que permite explorar los inicios del constitucionalismo detectando su continuidad. Conocedor del carácter constitutivo que tuvieron las sumisiones domésticas y las discriminaciones de estatus, Pipo va a encarar bien pronto una historia constitucional comparada que revelará su persistencia en los sistemas dichos liberales.
Antes de adentrarnos en esta cuestión, conviene recordar que otra de las líneas desenvueltas por Pipo, congruente con su disposición epistemológica antiestatalista y crítica, fue la de los derechos de los pueblos indígenas, que cultivaría con entrega desde principios los años 1990. Ya significan para él una llamada de atención los fastos de la Exposición Universal de 1992; figura entre los pocos que no se suman para festejar con euforia y derroche el colonialismo y sus masacres. Reputado experto en la continuidad y encaje constitucional de institucionalidades históricas de pueblos sin Estado, como había mostrado con sus investigaciones sobre el derecho foral, asiste en Guatemala a un encuentro de expertos para inspirar una posible, inminente renovación política del país. Puede contemplar allí cómo a los pueblos indígenas implicados se les cede asistencia, pero sin prestarles audiencia, aunque la reforma les afecte de lleno.
Colocado así ante la desprotección manifiesta de los derechos de las comunidades indígenas, Pipo amplia al terreno comparado, principalmente americano, sus estudios de historia constitucional, sensibles ahora a la continuidad de las prácticas de colonización en los tiempos ya constitucionales. Y concentrándose los esfuerzos para rectificar esa desprotección en el ámbito del derecho internacional, llega a trabajar como vocal –e incluso como vicepresidente– en el Foro correspondiente de las Naciones Unidas en múltiples misiones de observación.
La forzada posición subalterna a que fueron reducidos los pueblos originarios americanos le da la clave para introducir una lectura poscolonial de la historia constitucional. Los orígenes del constitucionalismo por aquellas latitudes son obra inequívoca del colonialismo. Las viejas sumisiones domésticas operativas en la Europa cristiana resultan proyectadas al espacio colonizado para reducir a situación de minoridad a las comunidades aborígenes, y ejercer sobre ellos un poder económico-privado desprovisto de límites jurídicos, lo que permite su criminal subyugación[25].
Si el Pipo de los 1980 y primeros 1990 había reproducido sin demasiado distanciamiento el lenguaje de libertades del momento revolucionario norteamericano[26], ya lo asocia, no a una estrategia de emancipación, sino de consolidación del domino de una minoría, la formada por el sujeto constitucional por antonomasia, el varón blanco europeo, cabeza de familia, cristiano y propietario[27].
Su visión crítica de la historia constitucional le permite así conectar con las luchas pasadas y presentes por el reconocimiento libradas por afrodescendientes, mujeres, indígenas y trabajadores. Con su reconstrucción histórica, se visibiliza el hecho de que estas mayorías populares se habían encontrado recluidas en el espacio privado bajo autoridad patriarcal, incluso tras la cesura revolucionaria que invoca al individuo universal como sujeto de reconocimiento de sus derechos y libertades. La democracia constitucional, con su generalización más o menos efectiva de tales derechos, no resulta la desembocadura evolutiva, natural y espontánea, del primer liberalismo; es más bien el resultado de procesos de lucha por los derechos que confrontaron con él, denunciando las discriminaciones sobre las que aún se asentaba. La emancipación de tales mayorías subalternas consiste en su común elevación a la condición de ciudadanos iguales con plenos derechos, y eso no acontece hasta tiempos bien recientes, si es que ya ha comenzado a suceder. Lo que la mitología liberal cuenta como el arranque de la historia de la libertad sería entonces un estadio dentro de su prehistoria, no pudiendo decirse que aquélla propiamente comienza hasta que no se tome conciencia completa de las sujeciones atentatorias contra la dignidad que no solo conservaron, sino que afianzaron los primeros revolucionarios.
Y esa toma de conciencia debe comenzar por uno mismo: una de las cosas que sorprenden a un estudiante de los 1990 cuando escucha por vez primera a Pipo es el modo en que tiene plenamente incorporado el uso inclusivo del lenguaje, la manera en que tiene situada socialmente su perspectiva, en renuncia a todo universalismo impostado, aplicándose a sí mismo unos logros y pasos adelante que solo han comenzado a tener cierta visibilidad social dos décadas después.
4. Memoria histórica, crítica disciplinar y colaboración intergeneracional
Atento siempre al juego de exclusiones activo en los momentos fundacionales de los Estados, repara en el desprecio hacia las víctimas de la dictadura con que el nuestro se constitucionalizó en 1978. Su inagotable energía intelectual se abre aquí a la cuestión de la memoria histórica en un doble plano: de un lado, a modo de descargo personal, reconstruye su propio pasado familiar, consciente de su plena integración en la dictadura[28], y de otro, a modo de ejercicio de historia constitucional, revela las secuelas presentes del olvido en que se basó la transición[29].
En la primera de las líneas, adopta la valiente posición de reconocer que determinadas posiciones familiares solo resultan comprensibles introduciendo en la ecuación el juego criminal de usurpaciones y desposesiones que puso en marcha la sublevación. Si una de las consecuencias básicas del golpe y la dictadura a la que dio lugar fue la alteración sustantiva del proceso de estratificación social en España, imponiendo la diferenciación entre vencedores y vencidos, Pipo narrará aquí la memoria de una familia vencedora desde una sincera y honesta solidaridad con la posición de los vencidos.
Y en el segundo de los planos, defiende la incompatibilidad de la ley de punto y final incluida en nuestra Ley de Amnistía con nuestra constitución, y el consiguiente deber de los jueces de inaplicarla para investigar los crímenes del franquismo al tratarse de una norma preconstitucional. Solo operando de este modo, puede nuestra praxis institucional reconciliarse con el derecho internacional de los derechos humanos y dejar, con ello, de dar la espalda a la propia norma fundamental. Algunas de las previsiones incluidas en la flamante ley de memoria democrática, comenzando por la urgente precisión de denominar a la mal llamada “guerra civil” “Guerra de España”, resultan solo comprensibles a la luz de sus aportaciones en este particular.
Como derivación llamativa de este desempeño memorialista debe citarse aún su revisión del pasado de la propia historia del derecho[30]. Asignatura arrasada por la sublevación, y reconfigurada casi enteramente por la dictadura, tuvo siempre un sesgo conservador y autoritario que la democracia no supo corregir. Misión entonces de los nuevos profesores sería justo una “desfranquistización” de la mirada iushistórica aún pendiente de generalizar.
Es justo esta compenetración intergeneracional la que más estrechó nuestra relación profesional y de amistad. Sensible a las protestas del 15M, empieza a colaborar con círculos de juristas críticos en la denuncia del desmantelamiento del Estado constitucional que comienza a producirse. Desde el blog de actualidad publicado por eldiario.es, titulado Contrapoder, se multiplican sus intervenciones críticas de las estrategias que adopta dicho desmontaje[31]. En contraste con posiciones rupturistas apresuradas, le preocupa la contextualización efectiva de la norma fundamental de 1978, cargada en sus comienzos de promesas democratizadoras incumplidas. El problema no vendría de la propia constitución, sino de su vaciamiento –y conservadurización– paulatinos, que provocan a la postre todo un panorama de mutación constitucional. Sensibles a la advertencia, tal sería, de hecho, la conclusión transversal y espontánea resultante de una modesta, pero significativa contracelebración de los 40 años de nuestra Constitución en la que participa[32]. Siendo, como siempre, sus energías intelectuales considerablemente superiores a la media, su vigilante labor de denuncia de la deconstitucionalización de nuestro Estado abre nuevos caudales interpretativos y se fija en decenas de flancos desatendidos. En los trabajos que entonces le ocupan pone con detalle de manifiesto que, desde bien al comienzo, el vaciamiento de nuestra norma fundamental es cosa, principalmente, de la “jurisimprudencia” emanada de la trinidad jurisdiccional compuesta por Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, justo aquellos en principio llamados de forma más directa a su salvaguarda[33].
Si traigo a colación esta colaboración con juristas que lo tomamos como guía y referencia no es solo porque abrió para nosotros un espacio de interlocución permanente. Es también, y sobre todo, porque revela uno de sus atributos más valiosos. Cuando la historia irrumpe, la cultura pública comienza transformarse y se abren periodos de transición, lo habitual es que la pereza cunda entre los mayores. Replegados y nostálgicos, tienden a denostar los cambios y a añorar los viejos, buenos tiempos. Se vuelven, en suma, reaccionarios, o, como a Pipo gustaba decir, siguiendo aquí el certero hallazgo de su estimado Ignacio Sánchez Cuenca, “enfurruñados”. Pipo estaba en las antípodas de estos protagonistas del 78 instalados en el arrogante denuesto, se encontraba entre los pocos sensibles e inteligentes que procuran mantener su legado político entrando en conexión con las mejores aportaciones de la generación pujante.
5. Pipo, generoso humanista, autodidacta ejemplar
Pipo fue para nosotros, sus colegas de materia, sus compañeros de profesión, sus camaradas en los momentos de intervención, todo un ejemplo. Su plena consagración profesional nos resultaba excepcional y modélica. Asistía a todas y cada una de las iniciativas académicas que caían en su órbita de interés –la historia jurídica, el derecho constitucional–, participaba sin descanso en todas ellas, aportando siempre un dato desconocido, una conclusión esclarecedora, una perspectiva inédita.
Que encarnase un ejemplo no quiere decir que fuese asequible de seguir. Por el contrario, pronto se llegaba a la conclusión de que era inimitable, por no decir insuperable. Tan solo cabía la admiración, la disposición al aprendizaje, y la modesta voluntad de recorrer caminos por él abiertos. Y es que lograba además en su trabajo algo excepcional, bien raro de conseguir: la originalidad, objetivo ya inalcanzable dadas las nuevas condiciones de producción del discurso científico-social, que premia como nunca la acumulación reiterativa. Tenía la virtud benjaminiana –compartida en nuestra materia por unas pocas inteligencias: Carlos Petit, Jesús Vallejo, Antonio Serrano– de localizar cuestiones de relevancia general en objetos particulares colocados en los márgenes, desapercibidos, por lo general, para el resto de colegas. Convencido de que el método y la pauta de análisis la otorga el asunto de estudio, acudía en primer término a descifrarlo con su propio, potente entendimiento, acudiendo después a la bibliografía que había tratado sobre el particular. Alumbraba con ello los temas liberado del lugar común, con una genuina, comprometida y penetrante fuerza analítica, abriendo por lo general horizontes interpretativos e incluso campos enteros de indagación. Rebelde por aspirar a construir su individualidad frente a cualquier modo de imposición, su obra no podía sino plasmar también esa singularidad reacia a asimilarse a toda convención. Desde muy pronto fue por eso voz independiente, o, como le gustaba decir, autodidacta.
Pero un autodidacta inscrito en una noble tradición, en la imperecedera corriente de la filosofía crítica de la historia. Me refiero a aquella dirección que pone énfasis en la discontinuidad entre tiempos y culturas, y convierte la comprensión de la diferencia, del otro, en el principal desafío historiográfico. A eso se refería Pipo cuando llamaba a convertir la historiografía jurídica en antropología, no solo por competerle el estudio de los hombres viviendo en sociedad, sino también por corresponderle hacerse cargo, con respeto, de la otredad. Pero la filosofía crítica de la historia es también aquella que, junto a las fallas históricas, destaca la continuidad de ciertas constantes en el devenir humano, la presencia de un hilo rojo permanente que podría identificarse con la aspiración por preservar la dignidad humana frente a su reiterada humillación. Tan regulares resultarían en la historia los gestos colectivos de reivindicación y conquista de libertades, como los mecanismos de dominación que procuran instrumentalizar a las personas en beneficio particular. De ahí que corresponda también a la historiografía crítica desenmascarar esos dispositivos de dominio como restituir la memoria de los humillados.
Autor de una obra marcada por un precioso humanismo, la humanidad y la liberalidad caracterizaron asimismo su trato personal. En primerísimo lugar, con su compañera de vida Mercedes Rodríguez-Piñero, Merche. También aquí me parecía envidiablemente modélico, pues tenía la fortuna de haber alcanzado lo que rara vez se consigue, la plena compenetración afectiva que recorre toda una vida. De su humanidad y su generosidad también fuimos beneficiarios sus colegas y discípulos; lo tuvimos como modelo de dedicación profesional, como investigador del que aprender, como amigo con el que poder contar. Y algunos, entre los que tuve la impagable fortuna de encontrarme, tuvimos la oportunidad de mantener con él un diálogo frecuente, incluso de recibir su amor paternal en las situaciones más difíciles. Imposible de olvidar.
Notas
[1] Es manifestación expresada en una entrevista que le realicé en 2018 en Antidora, su casa de Cazalla, próxima a publicarse en el Libro del V Centenario de la Facultad de Derecho, de la que tomaré en lo sucesivo referencias convenientemente entrecomilladas. Carlos Ruiz de la Rosa, alumno suyo en Jerez en 1984, en un espontáneo texto de reconocimiento que tuvo la amabilidad de pasarme, reconoce que su poder como docente se encontraba “determinado al servicio de nuestro despertar como pensadores conscientes”.
[2] Aparte de la entrevista citada, me sirvo para las siguientes noticias de Fran G. Matute, Esta vez venimos a golpear. Vanguardismos, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural (1965-1968), Madrid, Sílex, 2022.
[3] De nuevo, junto a la entrevista de 2018, y aparte ahora también de testimonios de mi propio padre, que asistió a alguno de sus seminarios, tomo referencias de Alberto Carrillo, Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977), Sevilla, Fundación del Centro de Estudios Andaluces, 2008.
[4] Recuérdese que el titular de la cátedra iusfilosófica sevillana, que le tenía especial inquina al Pipo estudiante, era Francisco Elías de Tejada, de cuya trayectoria da buena cuenta la voz que Jesús Vallejo le dedica en el Diccionario de catedráticos españoles de derecho, disponible on-line.
[5] Pipo recordaba, por ejemplo, a Boris Porshnev, Los levantamientos populares en Francia en el siglo xvii, traducido al castellano por Siglo XXI en 1972.
[6] Esencial para la resonancia pública de su investigación fue, como él mismo indicaba, que, por mediación de Ramón Carande, se publicase en una pujante editorial independiente como Siglo XXI: Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836: mayorazgo, Madrid, Siglo XXI, 1974.
[7] Ingresa por orden de 19 de noviembre de 1980 a la par que José Luis Bermejo, Fernando de Arvizu y Gregorio Monreal. Agradezco a Carlos Petit que me haya pasado la noticia documental del particular.
[8] B. Clavero, “Para un concepto de revolución burguesa”, Sistema, 13 (1976), 35-54. Y, para el contexto, Bartolomé Clavero Salvador, Francisco José Hernández Montalbán, Pedro Ruiz Torres, Estudios sobre la revolución burguesa en España, Madrid, Siglo XXI, 1979.
[9] B. Clavero, “Behetría, 1255-1356: crisis de una institución de señorío y la formación de un derecho regional en Castilla”, Anuario de Historia del Derecho español, 44 (1974), 201-342.
[10] El juego de palabras es cosa suya, en entrevista que sostuvo con António M. Hespanha, publicada en la revista Penélope, 1988, 102-109.
[11] B. Clavero, Temas de Historia del derecho: Derecho común, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977, reeditado en 1979, y rescatado, con varias reimpresiones, por la Universidad de Salamanca en 1994.
[12] B. Clavero, “La historia del derecho ante la historia social”, Historia. Instituciones. Documentos, 1 (1974), 239-262.
[13] Esta historiografía jurídica con la vista puesta en el futuro constitucional que comenzaba a abrirse se puede contemplar, en su fundamentación teórica, entre las líneas de su memoria de cátedra: B. Clavero, “Historia, ciencia, política del derecho”, Quaderni Fiorentini, 8 (1979), 5-58.
[14] Resulta de recomendable lectura a este respecto, su síntesis panorámica final titulada “Anatomía de España: derechos hispanos y derecho español entre fueros y códigos”, en AA.VV., Hispania entre derechos propios y derechos nacionales, Milano, Giuffrè, 1990, 47-86.
[15] Bartolomé Clavero, El código y el fuero: de la cuestión regional en la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1982; Fueros vascos: historia en tiempo de Constitución, Barcelona, Ariel, 1985.
[16] Se hace visible en su diálogo con Elliott, Vilar o García Cárcel: “Cataluña en España: el Derecho en la historia”, Anuario de Historia del Derecho español, 57 (1987), 805-850.
[17] Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España, Madrid, Alianza, 1989, y previamente, detenido más en la doctrina constitucional, su Evolución histórica del constitucionalismo español, Madrid, Tecnos, 1984.
[18] Bartolomé Clavero, “La gran innovación: Justicia de Estado y Derecho de Constitución”, en Johannes-Michael Scholz, El tercer poder: hacia una comprensión de la justicia contemporánea en España, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1992, 169-188.
[19] Bartolomé Clavero, Los derechos y los jueces, Madrid, Civitas, 1988.
[20] De quien, por afinidad de planteamientos y contenidos, entre otros muchos textos, debe recordarse su Vísperas de Leviatán: instituciones y poder político (Portugal, siglo xvii), Madrid, Taurus, 1989.
[21] Sobre este asunto, véase su “Beati dictum: Derecho de linaje, economía de familia y cultura de orden”, Anuario de Historia del Derecho español, 63-64 (1993-1994), 7-148.
[22] B. Clavero, Usura: del uso económico de la religión en la historia, Madrid, Tecnos, 1985.
[23] Y a ello dedica, de nuevo en sintonía con planteamientos de A. Hespanha, su Antidora: antropología católica de la economía moderna, Milano, Giuffrè, 1991.
[24] Sobre el particular incidían primeramente los trabajos recogidos en B. Clavero, Tantas personas como estados: por una antropología política de la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986, y ha sido línea que le ha ocupado hasta tiempos bien recientes: Sujeto de derecho entre estado, género y cultura, Santiago de Chile, Olejnik, 2017.
[25] B. Clavero, Constitucionalismo colonial: Oeconomía de Europa, Constitución de Cádiz y más acá, ed. Julio Pardos, Universidad Autónoma de Madrid, 2016.
[26] Algo visible en Los derechos y los jueces, e incluso en el apartado correspondiente de la sucinta exposición escolar Institución histórica del derecho, Madrid, Marcial Pons, 1992.
[27] Sensibilidad bien visible en B. Clavero, El orden de los poderes: historias constituyentes de la trinidad constitucional, Madrid, Trotta, 2007, que comprende el contenido de sus enseñanzas de historia constitucional impartidas en el Máster de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
[28] B. Clavero, El árbol y la raíz: memoria histórica familiar, Barcelona, Crítica, 2013.
[29] B. Clavero, España, 1978: la amnesia constituyente, Madrid, Marcial Pons, 2015.
[30] Puede verse a este respecto B. Clavero, “Francisco Tomás y Valiente y la historia del derecho como profesión”, en María Paz Alonso Romero (ed.), Francisco Tomás y Valiente: memoria y legado de un maestro, Universidad de Salamanca, 2016, 15-48.
[31] Véase como muestra su contribución a Gonzalo Boye, Isabel Elbal, Sebastián Martín y Rafael Escudero (eds.), Contrreapoder. ¡Desmontando el régimen!, Barcelona, Roca, 2015.
[32] Me refiero a Rafael Escudero, Sebastián Martín (eds.), Fraude o esperanza: 40 años de la Constitución, Madrid, Akal, 2018.
[33] B. Clavero, Constitución a la deriva: imprudencia de la justicia y otros desafueros, Barcelona, Pasado & Presente, 2019.
Fuente: Conversación sobre la historia
Una versión abreviada se publicó en CTXT Un autodidacta ejemplar
Portada: Bartolomé Clavero (foto: Andina/Servindi)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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