El profesor de Historia Política de la Universidad Juan Carlos I Roberto Villa García acaba de publicar en la editorial Espasa un libro titulado «1917. El Estado catalán y el soviet español».  El objeto fundamental de la obra es demostrar que lo ocurrido en 1917 constituyó un intento de destruir la democracia. No voy a entrar en este asunto ya que otros colegas tendrán ocasión de hacerlo. Sin embargo, el capítulo 3 del libro versa sobre el período de La Restauración y se titula LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA. Para sintetizar su contenido, reproduciré lo que hace unos días Roberto Villa dijo en una entrevista concedida al diario El Mundo:

La historiografía ha sido, con notables excepciones, injusta con el sistema de la Constitución de 1876. No me importa repetir, cuantas veces haga falta que, frente a la imagen que se ofrece de la Restauración como oligarquía y caciquismo, su sistema político es una monarquía liberal perfectamente asimilable al modelo británico de gobierno parlamentario, también implantado en Bélgica, Noruega, Holanda o Italia por entonces. (…). Se estaba con aquella monarquía más cerca de la democracia liberal que con la Segunda República.

En septiembre de 2006, di la lección inaugural del curso académico de la Universidad de Alicante. El título fue “Sobre la Restauración” y escogí este tema porque se habían emitido valoraciones opuestas sobre ese período de nuestra Historia que podían interesar a quienes asistieron al acto. Más en concreto, valoraciones que revisaban lo que estudié en Valencia con los discípulos de Vicens Vives – huelga decir que el término  revisionista que utilicé en la lección no implica connotación peyorativa alguna-.

La lección fue luego editada junto con otra que antes había impartido mi colega Carlos Barciela en un libro agotado (*). Después de leer lo que Roberto Villa acaba de publicar, consulté con Ricardo Robledo la posibilidad de contestarle reproduciendo mi lección y le pareció oportuno porque en ella polemizo con las valoraciones revisionistas sobre La Restauración –la de Villa es especialmente radical ya que define el período como “La Democracia española”-  y también  porque de este modo acerco el debate a profesores de Enseñanza Media y personas interesadas en la Historia.

(*) Barciela, C. y Escudero, A. (2007): Dos lecciones de Historia de España. Publicaciones de la Universidad de Alicante.55 páginas

 

                                                           Antonio Escudero
Catedrático de Historia Económica
Universidad de Alicante

                                                                                    

          

Hace unos meses, la junta de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales me propuso para impartir la lección inaugural del curso 2006-2007. Acepté porque es un honor, pero he de reconocer que la propuesta me trajo quebraderos de cabeza. Les diré por qué. Una lección inaugural debe poseer rigor, pero entiendo que, además, es oportuno elegir un tema que pueda despertar el interés de un público culto, pero no especializado en la materia de la que es experto quien imparte la lección. Yo he investigado sobre minería, siderurgia, industrialización de Vizcaya, evolución del bienestar en España, colonización de Marruecos y grupos de presión y política económica durante la Restauración. Pensé que impartir una lección sobre la historia de nuestra minería, de nuestra siderurgia o sobre la industrialización de la ría de Bilbao podría atentar contra la paciencia de parte del auditorio. Más atractivos me parecían otros temas. Por ejemplo, los orígenes de la guerra del Rif o la evolución del bienestar en España utilizando como indicador el Índice de Desarrollo Humano y la estatura media de la población y no la renta por persona. Sin embargo, decidí hablarles sobre la Restauración por tres razones. La primera es que este tema general puede resultar más interesante que los otros, de carácter monográfico. La segunda es que se han emitido valoraciones opuestas sobre ese período de nuestra Historia y este polémico asunto también puede resultar atractivo. La tercera es que el tema entronca con mis investigaciones sobre grupos de presión y política económica.

Composición del gobierno y del nuevo Congreso de los diputados de 1881 según Eduardo Sojo «Demócrito» en la revista El Motín, 18 de septiembre de 1881.

Saben ustedes que conocemos como Restauración al período comprendido entre 1874, año en el que un golpe militar restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII, y 1923, fecha en la que Primo de Rivera instaura la dictadura. La visión que recibí sobre la Restauración durante mis años de estudiante en la Universidad de Valencia fue negativa. Simplificando, mis profesores – los discípulos de Vicens Vives – me explicaron que España fue mal[1] . Esa visión estaba sin duda influida por el pensamiento  regeneracionista y por el de intelectuales republicanos como Ortega, Cajal y Azaña, pero mis profesores manejaban pruebas. Citaré algunas. España fue un país atrasado económicamente ya que fracasó la Revolución Industrial. En España no hubo democracia porque el sufragio fue adulterado, de manera que el país estuvo gobernado por una oligarquía de políticos del partido conservador y del liberal que se turnó en el poder. Esta oligarquía legisló a favor de grupos de presión inmovilistas – los terratenientes, los grandes empresarios, el Ejército, la Iglesia…-. Pese a mostrarse partidarios de democratizar el sistema político, ni conservadores ni liberales acometieron el descuaje del caciquismo porque el “encasillado” les sirvió para impedir el acceso al parlamento de fuerzas políticas que representaban intereses e idearios de clases medias y obreras (el nacionalismo catalán y vasco, el republicanismo y el socialismo). También insistieron mis profesores en el escaso gasto del Estado en bienes preferentes (educación, sanidad e infraestructuras) y en el atraso científico y tecnológico del país, responsabilizando del mismo a una Iglesia Católica  anclada en el “Syllabus”, a unos empresarios poco innovadores porque habían logrado elevados aranceles y a unos poderes públicos que no fomentaron la formación de ingenieros y científicos. Así pues, concluían mis profesores, en 1923 – y  después de medio siglo de Restauración –, España no había resuelto sus viejos problemas ni tampoco los nuevos: el problema de la democratización del Estado, el agrario, el de las reformas sociales, el de la reforma fiscal, el de los nacionalismos vasco y catalán, el del Ejército, el religioso o el de “Que inventen ellos”. He de decir que también la historiografía marxista – muy en boga cuando yo era estudiante – ofreció una visión negativa de la Restauración, haciendo especial hincapié en que las oligarquías política y económica formaron un bloque de poder frente a las clases trabajadoras[2].  

Alfonso XIII visita Jerez de la Frontera en 1904 (foto: jerezdecine.wordpress.com)

La mala fama de la Restauración ha sido revisada desde fines de la década de 1970 por un grupo de colegas, unos moderados y otros más radicales[3]. Simplificando, los moderados sostienen que España fue razonablemente bien y los radicales que España fue bien. Que el revisionismo moderado surgiera durante la transición del franquismo a la democracia no me parece casual porque en la Restauración podían encontrarse valores que contribuían a legitimar la monarquía constitucional –la primacía del poder civil frente al militar, por ejemplo -. Tampoco me parece casual que el revisionismo radical haya proliferado al calor de los dos triunfos electorales del Partido Popular – entiéndanme, si España fue bien desde 1996 gobernada por un partido que se proclama liberal, lo mismo debió de ocurrir cuando se turnaban en el poder el Partido Liberal Conservador y el Liberal Fusionista -. Dejando de lado esos ambientes que, como digo, resultaron proclives al revisionismo, lo cierto es que los revisionistas han esgrimido pruebas que paso a citar.

La Restauración terminó con un largo y turbulento período de pronunciamientos militares e instauró un sistema político basado en el poder civil y en el pacto, creándose así un marco institucional estable que favoreció el crecimiento económico. En España no hubo, en efecto, democracia, pero esta situación no fue excepcional ya que también  Gran Bretaña, Francia y otros países avanzados atravesaron una fase de liberalismo oligárquico y de fraude electoral antes de convertirse en democracias. Admitiendo que los dos partidos dinásticos legislaron en ocasiones a favor de grupos de presión conservadores, los revisionistas moderados alegan que también acometieron reformas que beneficiaron a las clases trabajadoras y otras que disgustaron a terratenientes e industriales y a la Iglesia (entre las primeras, la reducción del impuesto de consumos, la supresión de la redención en metálico del servicio militar o la jornada laboral de ocho horas; entre las segundas, la creación del impuesto sobre utilidades o la Ley de El Candado). Los revisionistas radicales van más lejos en el asunto de los grupos de presión y afirman que los políticos legislaron según sus convicciones y no bajo la influencia de aquéllos. Moderados y radicales coinciden en negar que los dos partidos dinásticos fueran contrarios a descuajar el caciquismo. Prueba de que quisieron erradicarlo – cito a uno de mis colegas revisionistas – “es la fe democrática de Maura al proponer la frustrada Ley de Reforma de la Administración Local y al sacar adelante la Ley electoral de 1907”[4].  En cuanto al escaso gasto público en bienes preferentes y al atraso científico y tecnológico del país, otros revisionistas sostienen que los servicios prestados por el Estado aumentaron notablemente desde 1902 y que España no quedó al margen del progreso de la ciencia y de la tecnología.

Antonio Maura en un colegio electoral en 1917 (foto: Luis Ramón Marín/Fundación Telefónica)

Como explicaré después, algunas de las pruebas esgrimidas por los revisionistas obligan a matizar la visión negativa sobre la Restauración. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con dos de ellas. A mi juicio, los políticos del partido conservador y del liberal no quisieron democratizar el país y tampoco fueron independientes frente a los grupos de presión. Trataré de justificar ambas afirmaciones para concluir la lección proponiendo una solución al problema de saber si España fue mal o bien durante la Restauración.

La frustrada Ley de Ayuntamientos que Maura llevó al Congreso en 1907 contemplaba la representación corporativa de concejales y el nombramiento de alcaldes por parte del gobierno en ciudades de más de 20.000 habitantes. El artículo 24 de la Ley Electoral de 1907 establecía serias trabas para que los partidos no dinásticos pudieran presentar candidatos, sobre todo en los numerosos y pequeños distritos rurales uninominales con sistema mayoritario de donde salía el grueso de los diputados. A continuación, el artículo 29 obligaba a no celebrar elecciones allí donde hubiera el mismo número de candidatos que de escaños. Estas medidas no eran democráticas y es razonable mantener la hipótesis de que no buscaban descuajar el caciquismo, sino reforzarlo para contrarrestar el avance de los partidos no dinásticos en las ciudades y en algunos distritos rurales[5]. No se entiende de otro modo que, entre 1914 y 1923 –período de intensa politización por los efectos negativos que el “gap” inflacionista provocado por la Primera Guerra Mundial tuvo sobre el bienestar-, se celebraran seis elecciones en las que conservadores y liberales continuaron obteniendo los mismos resultados de siempre: 80 – 85% de los escaños, correspondiendo cerca del 40% a distritos rurales donde no se había votado en aplicación del artículo 29.

La aplicación del artículo 29 de la ley electoral según Tovar en El Imparcial, 6 de abril de 1916

En el fondo, se trata de que, salvo excepciones, la elite política de la Restauración nunca creyó en el sufragio universal, de manera que, si lo aceptó en 1890, fue porque Cánovas y Sagasta sabían que podían adulterarlo y porque era el único modo de integrar en el Partido Liberal Fusionista y en el turno político a las fuerzas que apoyaron el derrocamiento de Isabel II. Escuchen estos textos: “El sufragio universal es incompatible con todo ordenado régimen político (…) es incompatible con la propiedad privada y con la desigualdad natural entre los hombres  y también lo es con todo lo que no sea socialismo o anarquía (…) Sin embargo, yo no temo al sufragio universal (…) porque la experiencia me ha enseñado a conocer que en España, mientras haya gobernadores civiles y alcaldes a disposición de los gobiernos, la moralidad en las elecciones será siempre un mito”[6]. Estas palabras son de Antonio Cánovas del Castillo, el líder del partido conservador que diseñó la Restauración. Oigamos ahora a Antonio Maura, el político también conservador que según mis colegas revisionistas quiso construir la democracia. En su testamento político, redactado poco antes de fallecer en 1923, escribió: “Por no osar la abolición del supersticioso culto (al sufragio universal), hubo que inventar los más ingeniosos y sutiles artificios enderezados a destilar el turbio brebaje que en las urnas venía depositando lo que se había venido en venerar como sufragio universal”[7]. Miren ustedes, yo no puedo admitir que deseara construir la democracia quien calificó el sufragio universal como turbio brebaje salido de las urnas. Tampoco el partido liberal, excepción hecha de algunos de sus miembros, creía en el sufragio universal. Escuchen este texto de Segismundo Moret: “El sufragio universal supone un daño evidente porque se conceden valores iguales a elementos heterogéneos por las diferencias de riqueza, de cultura, de experiencia, de interés por la cosa pública. Por ello es preciso corregir un desequilibrio que podría conducir al gobierno de los más incultos, de los que menos tienen que perder, o sea, al socialismo”[8].

He dicho que algunos miembros del partido liberal creían en el sufragio universal. Se trata de una minoría de políticos del ala liberal democrática o independientes: Gasset, Alba, Villanueva, Argente o Alcalá Zamora. En 1919, ellos, los republicanos e Indalecio Prieto presentaron en Cortes un proyecto de ley que hubiera constituido un paso para transformar el sistema liberal – oligárquico en una democracia:  una reforma electoral con tres pilares, grandes circunscripciones plurinominales, sistema proporcional e introducción del voto femenino, eso sí, con la salvedad de que las mujeres no podían ser elegidas. Pues bien, ese proyecto ni siquiera fue dictaminado.

Reportaje sobre una jornada electoral de 1920 en el que aparecen Dato (1), Maura (2), Romanones (3), García Prieto (4) y Juan de la Cierva (5)(fotos de Duque, Portela y Larreola en Blanco y Negro)

Tampoco estoy de acuerdo con lo que los revisionistas radicales han escrito sobre la independencia de los políticos frente a los grupos de presión. Estos colegas se inspiran en una Nueva Historia Política que defiende la autonomía de lo político frente a lo económico. Partiendo de esa doctrina y utilizando como prueba las actas de las sesiones del parlamento, se han lanzado a la crítica de la que llaman historiografía progresista de los años 60 y 70, acusándola de economicismo. Les leo tres breves textos escritos por los revisionistas: “La acción de los intereses organizados no fue ningún camino de rosas, porque tuvieron que lidiar con unos responsables públicos que, antes que nada, fueron profesionales de la política y que mantuvieron un notable grado de independencia con respecto a los grupos de presión”[9]. (…) Muchos (diputados) (…) poseían propiedades agrarias o eran activos industriales. Otros muchos estaban en los consejos de administración de importantes empresas, pero (…) esta adscripción no implicaba que su acción política dependiera de sus  intereses económicos”[10].(…)“Resulta difícil imaginar a personajes de la talla de Sagasta, Maura, Silvela, Moret, Dato, Canalejas o Villaverde haciendo de títeres al servicio de los intereses espurios de los poderes económicos”[11]. Antes de continuar, les ruego que retengan en la memoria  los nombres de Segismundo Moret y Eduardo Dato, que, entre otros altos cargos, fueron presidentes de gobierno.  

Maura y Sánchez Guerra obligan a Fernández Villaverde a pasar por el aro (caricatura de Xaudaró en Gedeón, 11 de marzo de 1904)

Déjenme que confronte ahora la tesis revisionista con la documentación que he encontrado en dos archivos, el del Círculo Minero de Bilbao y el del Crédit Lyonnais de París. El Círculo se fundó en 1886 y de él formaban parte los grandes mineros vascos y las empresas extranjeras que explotaban minas de hierro en Bilbao. En sus estatutos se decía que su principal objetivo era “gestionar todo lo que interesa a los mineros en la formación y modificación de leyes relacionadas con la minería”.  Se trataba, pues, de un grupo de presión que, además  -y como veremos a continuación-, creó “lobby” en el parlamento. Les hablaré brevemente de la estrategia utilizada por el Círculo[12].

La estrategia arrancaba de la información que diputados a sueldo enviaban a Bilbao cuando un proyecto de ley lesionaba los intereses de las empresas mineras. Enterado el Círculo, desplegaba una campaña de oposición extraparlamentaria y parlamentaria. El primer paso consistía en pagar a periodistas para que redactaran artículos advirtiendo de los nocivos efectos del proyecto (menores exportaciones de mineral, cierre de empresas, desempleo y déficit de la balanza comercial). Se convocaba luego en Madrid una asamblea de mineros de toda España para que el problema apareciera en la primera página de los periódicos y se visitaba después al ministro para transmitirle las quejas e incluso amenazar con medidas extremas como el “lock-out”. La campaña extraparlamentaria buscaba, pues, crear un clima de alarma social que debilitara al gobierno haciéndole temer por la pérdida de la confianza de la Corona.

Constitucion de la Confederacion Patronal Española (foto: Mundo Gráfico, 30 de enero de 1918)

Acto seguido, comenzaba la acción parlamentaria. Los diputados a sueldo del Círculo debían “acomodar” (sic) a diputados “afines” (sic) y a otros a los que prometían intercambio de votos y a quienes también advertían de que una crisis de gobierno podía ser perjudicial para todos. La finalidad del “acomodo” era, por descontado, conseguir en comisión el suficiente número de votos para detener el proyecto o, en su defecto, reformarlo. Ésta es la relación de los diputados que actuaron en defensa de los mineros. Como agentes a sueldo – el término agente no es de mi cosecha, sino tomado de la propia documentación -, Francisco de la Iglesia, Antonio Comyn, José Luis de Torre y Federico Zabala. De la Iglesia, Comín y Zabala cobraban 3.000 pesetas anuales más gratificaciones y Zabala 1.500. Los diputados que aparecen en la documentación como “afines” son treinta, gran parte de ellos propietarios de empresas mineras o accionistas de las mismas. La documentación del archivo del Círculo también rinde cuenta de más de 25 diputados “no afines” (sic) que, sin embargo, fueron “acomodados”en algún momento. La estrategia que he descrito cosechó dos éxitos importantes: modificar la reforma fiscal de Villaverde en 1899 y paralizar primero (1913) y reformar después (1916) un proyecto de Código Minero que pretendía nacionalizar la minería[13].

Leer aquí y ahora la documentación que avala todo lo que he dicho desbordaría los límites razonables de esta lección, por lo que me limitaré a citar parte de la correspondencia de la campaña contra Villaverde[14]. En 1899, la regente encargó a Silvela la formación de un gobierno que acometiera una reforma fiscal ya que, a los problemas estructurales de la Hacienda española, se habían sumado los voluminosos gastos de la guerra de Cuba. Silvela nombró a Villaverde ministro de Hacienda, quien, entre otras medidas, decidió crear dos impuestos mineros, uno sobre beneficios y otro sobre exportación. Los grupos de presión nacionalistas –siderúrgicos vascos y asturianos, industriales catalanes, empresas metalúrgicas– apoyaron la decisión de Villaverde porque venían demandando un gravamen que hiciera disminuir las exportaciones de hierro, plomo y piritas para favorecer su consumo por la industria española.

Francisco de la Iglesia y Antonio Comyn, diputados y agentes del Círculo Minero

En mayo de 1899, varios socios del Círculo Minero viajaron a Madrid para –cito-: “designar a una persona que, junto a Antonio Comyn, ejerza el cargo de agente en el congreso”. Unos días más tarde, el presidente del Círculo comunicaba por carta a los socios que –cito –“consultado don Francisco de la Iglesia, ha manifestado que ocupará el cargo de agente con mucho gusto”.  Los comisionados del Círculo eligieron bien puesto que de la Iglesia había sido nombrado presidente de la comisión de presupuestos que debía dictaminar el proyecto de Villaverde. Además, designó como secretario de la comisión a Comyn, el otro agente del Círculo. Les leo parte de la correspondencia que de la Iglesia y el Círculo mantuvieron entre junio de 1899 y mayo de 1900. De la Iglesia al Círculo: “Les comunico que sus intereses se hallan amenazados por los nuevos impuestos que el ministro ha preparado”. “Sería muy conveniente que estudiaran el asunto y me sugirieran los pasos a seguir”. El Círculo a de la Iglesia: “La reforma es consecuencia de los apuros del Tesoro y de la influencia que los catalanes y otros industriales tienen sobre el ministro (…) Aceptamos un aumento de los impuestos dada la necesidad de contribuir a mayor escala en un momento en el que el Estado atraviesa por críticas circunstancias, pero le pedimos que la reforma se efectúe con moderación”. De la Iglesia al Círculo: “He acomodado a los diputados afines de la comisión a fin de que influyan para que los recargos no sean onerosos” (…) También trato de acomodar a otros no afines explicándoles que negarse a reformar la propuesta del ministro podría desembocar en sensibles movimientos de protesta con paralización del trabajo de las minas, lo que crearía serias dificultades al gabinete (…) De la Iglesia al Círculo unas semanas después: “El clima de agitación general que se ha creado en el país – se refiere al movimiento de protesta de las Cámaras de Comercio contra el impuesto de utilidades – y también las razones que he ido aduciendo a favor de la minería ante los miembros de la comisión y el propio ministro me hacen ser optimista. Los impuestos se reformarán con un amplio sentido de conciliación”. Finalizo. Carta de El Círculo a de la Iglesia: “La reforma de los impuestos mineros propuesta por la comisión de presupuestos satisface nuestros intereses, por lo que hemos decidido girarle 5.000 pesetas en concepto de honorarios por servicios extraordinarios como agente de este Círculo”.

Horacio Echevarrieta con Alfonso XIII (foto de la colección de Amaia Núñez/El Correo)

¿Tomaba el parlamento decisiones de política económica conforme se desprende de la documentación del archivo de El Círculo Minero? Pablo Díaz ha descubierto en el archivo de Horacio Echevarrieta que este gran empresario vasco tuvo cuatro diputados a sueldo (Mariano Tejero, Manuel Rodríguez Piñero, Luis Capdevila y José Buylla), pagando también 1.000 pesetas mensuales a José Sánchez Guerra, que fue ministro y jefe de gobierno[15]. En el mismo sentido abunda un documento que he encontrado en el archivo del Crédit Lyonnais de París y que saco hoy a la luz por primera vez. El documento está firmado en 1901 por los agentes del banco en España y se titula –traduzco al castellano -:“Sobre la posibilidad de crear en España un grupo de presión que se oponga a la depreciación de la peseta”[16].  Les pongo en antecedentes. El Estado financió la guerra de Cuba endeudándose con el Banco de España que, a su vez, aumentó la oferta monetaria provocando una inflación que depreció la peseta. Esto perjudicó a los numerosos accionistas franceses de empresas españolas y de ahí el interés del Crédit Lyonnais en que la peseta se apreciara. Sintetizo el documento para leer luego algunos de sus párrafos. Comienza explicando qué grupos empresariales españoles se beneficiaban de la depreciación y cuáles salían perjudicados para proponer luego la formación de un grupo de presión integrado por 1) grupos empresariales perjudicados (importadores y compañías ferroviarias ya que debían de pagar en francos los intereses de los créditos contraídos con la banca francesa); 2) políticos influyentes de los que se podía obtener apoyo a cambio de dinero; 3) políticos influyentes dispuestos a colaborar por ambición o por estar de acuerdo con la necesidad de que la peseta se apreciara; 4) periodistas a los que también se debía de pagar. Finalmente – y para neutralizar a los grupos empresariales que se beneficiaban del tipo de cambio y a los accionistas del Banco de España-, se recomendaba que presionaran sobre ellos el “lobby” de los políticos y estas instituciones francesas: la casa Rotschild, la casa Pereire, la Banque de Paris et de Pays Bas y el propio Crédit Lyonnais.  Les leo un párrafo del documento:

Es preciso lograr el apoyo de políticos influyentes y de la prensa. Entre los políticos existen dos grupos. El primero es el de aquellos de los que podemos conseguir apoyo a cambio de remuneraciones. Los principales de estos políticos influyentes serían: en la primera línea, don Segismundo Moret, presidente del Congreso de los Diputados, antiguo ministro liberal, muy influyente entre los medios liberales, susceptible de rendir un gran servicio, inteligente, manipulable y capaz de servir a quien le pague bien. Después, don Eduardo Dato, antiguo ministro conservador, muy influyente en los medios conservadores y con relaciones muy estrechas con la casa Rocthschild. Finalmente, Fernando Merino, yerno del señor Sagasta, hombre de negocios ambicioso de dinero y de poder. A estas tres personalidades, podemos añadir diputados de segundo orden (sigue una lista de quince nombres). (…) Continúo: ”Un segundo grupo es el de políticos influyentes que estarían dispuestos a colaborar por ambición o por considerarlo útil para España, y, entre ellos, vemos a dos principalmente: Raimundo Fernández Villaverde, cuya opinión sobre el exceso de billetes en circulación es conocida, y Francisco Silvela, líder del partido conservador, inteligente, amante de su país y también abogado de las compañías de ferrocarriles, que podrían influir sobre él. (…) También habría que entrar en contacto con los redactores de los principales periódicos, El Imparcial, el Liberal, El Heraldo, El País etc., que, por sumas mínimas, sostendrían las tesis que les proporcionáramos.

La documentación de El Círculo Minero y del Crédit Lyonnais arroja dos conclusiones. La primera es que, contra la opinión de los revisionistas radicales, la corrupción estuvo muy generalizada. Hubo corrupción en la base del sistema – el voto al candidato “encasillado” a cambio de favores o dinero, la coacción, el “pucherazo”-, y también la hubo en la cúspide por los sobornos a diputados y altos cargos de la Administración. La razón es sencilla. Como evidencian numerosos estudios de historiadores, sociólogos y politólogos, el nivel de corrupción es inversamente proporcional al de democracia.  

La segunda conclusión es que la política económica de la Restauración no debe explicarse desde la Nueva Historia Política, sino desde la teoría de la Elección Pública. Aplicada a un mercado de decisiones de política económica, esta teoría predice que los grupos de presión demandarán a los políticos medidas que les permitan maximizar beneficios, mientras que los políticos ofertarán las que les hagan maximizar votos y no violenten radicalmente la ideología de su partido. Esta teoría puede explicar el caso que nos ocupa a condición de ajustarla en un sentido: los políticos de la Restauración no maximizaban votos porque el poder no se obtenía mediante el sufragio, sino el sufragio mediante el poder. Así pues, ajustado, el modelo sería éste. Durante la Restauración, los grupos de presión demandaron medidas de política económica con las que maximizar beneficios y los políticos ofertaron las que les hacían maximizar renta y/o poder. Renta y poder en el caso de los diputados a sueldo y en el de los que eran propietarios agrarios y empresarios, y poder en el de quienes intercambiaban votos para dar estabilidad al gobierno y no exponerse al cese que conllevaba el turno pacífico. Creo que, partiendo de este sencillo modelo, puede explicarse por qué  triunfó una política económica basada en aranceles elevados, bajísimos impuestos directos y fomento de la industria vía incremento del gasto público. Estas medidas no chocaban con el ideario del partido conservador ni con el del liberal; fueron demandadas por poderosos grupos de presión de grandes propietarios agrícolas y de industriales y, además, proporcionaban estabilidad a los gobiernos y renta y poder a los políticos.  

Notables del Partido_Conservador en 1913. De izquierda a derecha, Alejandro Pidal, Eduardo Dato, José Sánchez Guerra, Marcelo Azcárraga, Juan de la Cierva y Luis Pidal (foto: Wikimedia Commons)

Como dije al iniciar la lección, algunas de las pruebas esgrimidas por los revisionistas obligan a matizar la visión negativa sobre la Restauración. Es cierto, por ejemplo, que entre 1874 y 1923 hubo crecimiento económico; que los poderes públicos arbitraron reformas sociales; que desde 1902 el Estado incrementó el gasto en bienes preferentes o que aumentó el número de ingenieros, surgiendo asimismo alguna revista científica en el país. También es cierto que Gran Bretaña, Francia y otros países avanzados atravesaron una etapa de liberalismo oligárquico y fraude electoral antes de convertirse en democracias. Parte de razón tienen por lo tanto los revisionistas cuando dicen que mis profesores resaltaron lo malo de la Restauración, aunque ellos hacen lo mismo –resaltar lo bueno-.

Yo creo que es posible resolver de modo neutral el problema de saber si España fue bien o mal durante la Restauración. La solución es un ejercicio de historia comparada. Parto de la base – hoy en día poco discutible – de que Ortega no se equivocó cuando acuñó el lema “La solución, Europa”. Se trata, pues, de elaborar un índice de europeización de España entre 1874 y 1923 compuesto, por ejemplo, de estas seis variables: crecimiento económico; cambio estructural; distribución de la renta; gasto público en bienes preferentes toda vez que contribuyen a una mayor eficiencia y equidad; nivel de democratización y progreso científico y tecnológico. Gracias a los trabajos de algunos de mis colegas españoles y a la ayuda que me han prestado un colega francés, otro inglés y un profesor de Historia de la Ciencia, he realizado un análisis estadístico de convergencia de cinco de esas variables entre España y dos países de la Europa avanzada de entonces, Gran Bretaña y Francia. El análisis debería abarcar otras naciones, pero todavía no he dispuesto de tiempo para ello, aunque no creo que los resultados variaran sustancialmente.

Habitantes de las Hurdes durante la visita de Alfonso XIII en junio de 1922 (foto de José Demaría Vázquez “Campúa”)

Como no quiero incurrir en tecnicismos, les daré los resultados en lenguaje verbal y no estadístico. 1) Durante la Restauración, la renta por persona española creció poco, mientras que las de Gran Bretaña y Francia lo hicieron notablemente. Por consiguiente, España experimentó divergencia en términos de bienestar. 2) Estimando el cambio estructural mediante el número de empleados en el sector primario, España también experimentó divergencia porque, todavía en 1920, cerca del 59% de su población activa trabajaba en ese sector. 3)  Desgraciadamente, no disponemos de datos sobre la distribución personal y funcional de la renta durante la Restauración, pero sí sobre su distribución espacial. Éstos muestran un proceso de divergencia entre las regiones españolas, sobre todo entre un bloque próspero (País Vasco – Cataluña – Madrid – Valencia) y otro muy pobre donde se asentaba el grueso de la atrasada agricultura española (las dos Castillas, Extremadura y Andalucía). Por el contrario, las regiones británicas y francesas experimentaron un proceso de convergencia de renta por persona. 4) El porcentaje sobre el PIB del gasto público español en educación, sanidad e infraestructuras creció menos que el francés y el inglés, de manera que hubo divergencia en la provisión de bienes preferentes, lo que, entre otras cosas, explica que, en 1920, un 40% de los españoles fueran analfabetos, mientras que todos los británicos y franceses sabían leer y escribir. 5) Tomando como indicador del progreso científico y tecnológico la evolución media de tres variables (registro de patentes, ingenieros egresados y artículos científicos publicados), España experimentó un claro proceso de divergencia con respecto a Francia y Gran Bretaña.

Resta por considerar el último indicador de convergencia, el índice de democratización. Podría estimarse mediante “proxies” como el porcentaje de escaños impugnados durante los procesos electorales o la evolución del número de diputados socialistas – en 1923, España tenía 7 (un 2% del Congreso), mientras que en Gran Bretaña eran 192 (un 33% de la Cámara baja) y en Francia 145 (un 25% de la Asamblea Nacional)-. Sin embargo, no creo que sea necesario construir ningún indicador para sostener que España experimentó divergencia política con respecto a la Europa avanzada porque los gobiernos de la Restauración no acometieron las reformas electorales que transformaron en democracias a la Gran Bretaña de Eduardo VII, a la Francia de la III República, a la Italia de Giolitti o a la Bélgica de Alberto I.

Daniel Anguiano, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro y Andrés Saborit, en el penal de Cartagena tras su condena a cadena perpetua por su participación en la huelga general de 1917 (foto: Campúa)

Termino la lección. Es cierto que España progresó durante la Restauración, pero lo hizo tan poco que se alejó de Europa. Así pues, y si me permiten una solución cromática al problema de saber si España fue bien o mal, les diré que el panorama negro que dibujaron mis profesores es inadecuado, pero mucho más lo son el gris claro de los revisionistas moderados y el blanco de los radicales. Como he tratado de argumentar, la solución pasa por un gris de tono oscuro.

Gracias por la atención que me han prestado.

 

Bibliografía citada

– ARTOLA, M. (1985): “El sistema político de la Restauración”. En ARTOLA, M., TORTELLA, G., BERNAL, A.M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J.C. y otros: La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura. I Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. TUÑÓN DE LARA. Madrid.

– CABRERA, M. (dir.) (1998): Con luz y taquígrafos. Madrid.

– CABRERA, M. y DEL REY, F. (2002): El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000). Madrid.  

– (2003): “De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración”, en SUÁREZ CORTINA, M. (ed): Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1950. Madrid.

– CARNERO, T. (1997): “Democratización limitada y deterioro político en España, 1874-1930”, en FORNER, S. (coord.): Democracia, elecciones y modernización en Europa, siglos XIX y XX. Madrid.

– DE RIQUER I PERMANYER, B. (1999): “Consideraciones sobre historia política de la Restauración”, en DE LA GRANJA, J.L., REIG TAPIA, A. y MIRALLES, R. (eds): Tuñón de Lara y la historiografía española. Madrid.

– DÍAZ MORLAN, P. (1999): Horacio Echevarrieta (1870-1973): el capitalista republicano. Madrid.

– ESCUDERO, A. (1990): “El «lobby» minero vizcaíno”. Revista de Historia Social, número 6.

–     (1993): “Leyes mineras y grupos de presión. El coste de oportunidad de la política fiscal en la minería española”. Revista de Economía Aplicada, número 3.

–     (1999): “La reforma de Villaverde: los impuestos mineros”. Hacienda Pública Española. Monografías: Villaverde en Hacienda, cien años después.

– FORNER, S. (1997a): “La crisis del liberalismo en Europa y en España: Callejas en la encrucijada de la Restauración”, en SUÁREZ CORTINA (ed): La Restauración, entre el liberalismo y la democracia. Madrid.

–     (1997b): “Introducción”, en  FORNER, S. (coord.): Democracia, elecciones y modernización en Europa. Madrid.

– FUSI, J.P. y PALAFOX, J. (1997): España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid.

–  FUSI, J.P. (1997): (2000): Un siglo de España. La cultura. Madrid.

– JOVER, J.A. (1967): “Edad Contemporánea”, en UBIETO, A., REGLÁ, J., JOVER, J.M. y SECO, C. (1967): Introducción a la Historia de España. Barcelona.

–     (1981): “La época de la Restauración: panorama político – social, 1875-1902”. En TUÑÓN DE LARA, M. (ed): Historia de España, tomo 8. Barcelona. 

– GÓMEZ NAVARRO, J.L., MORENO LUZÁN, J. y DEL REY, F. (1998): “La Elite parlamentaria entre 1914 y 1923”, en CABRERA, M. (dir.): Con luz y taquígrafos. Madrid.

– LINZ, J.J. (1979): El sistema de partidos en España. Madrid.

– MARTÍNEZ CUADRADO, M. (1969): Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1931. 2 volúmenes. Madrid.

–     (1973): “La burguesía conservadora (1874-1931)”. En Artola, M. (ed): Historia de España de Alfaguara, tomo 6. Madrid.

– MARTORELL, M. y DEL REY, F. (2006): “El parlamentarismo liberal y sus impugnadores”. Ayer, 63

– NADAL, J. (1975): El fracaso de la Revolución Industrial en España. Barcelona.

– RAMOS OLIVEIRA, A. (1952): Historia de España, tres volúmenes. México.

– ROMERO MAURA, J. (1981): Revolución y Restauración (1868-1931). Madrid.

– RUIZ, D. (1981): “España, 1902-1923: vida política, social y cultural”. En TUÑÓN DE LARA, M. (ed): Historia de España, tomo 8. Barcelona

– SECO, C. (1979): Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid.

–      ( 1990): “Alfonso XIII. El Estado y la política”, tomo XXXVIII de la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal. Madrid.

–     (2002): La España de Alfonso XIII. Madrid.

– SUÁREZ CORTINA. M. (1997): “La Restauración (1875-1900) y el fin del imperio colonial. Un balance historiográfico”, en SUÁREZ CORTINA, M. (ed): La Restauración, entre el liberalismo y la democracia. Madrid. 

– TUNÓN DE LARA, M. (1967): Historia y realidad del poder (el poder y las elites en el primer tercio del siglo XX). Madrid.

–      (1971): Estudios sobre el siglo XIX español. Madrid.

– TUSELL, J. (1976): Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923). Barcelona.

      (1997):Los intentos reformistas de la vida política durante el reinado de Alfonso XIII»,  en FORNER, S. (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX, Madrid.

 –  TUSELL, J. (ed) (1998): Antonio Cánovas y el sistema político  de la Restauración. Madrid.

 TUSELL, J. y otros (1978):   Política y sociedad en la España del siglo XX., Madrid,

– VARELA ORTEGA, J. (1977): Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración(1875-1900). Madrid.

–      (1994): “Sobre la naturaleza del sistema político de la Restauración”, en CORTÁZAR, G. (coord.): Nación y Estado en la España liberal. Madrid.

–     ( 1997): “De los orígenes de la democracia en España,1845-1923”. En Forner, S. (coord.): Democracia, elecciones y modernización en Europa. Madrid.

– VICENS VIVES, J. (1952): Aproximación a la historia de España. Barcelona.

– (1959): Manual de Historia Económica de España. Barcelona.


Notas

[1] Ese punto de vista ya estaba presente en la obra de Vicens Vives (1952,1959) y fue el que me trasmitieron en mis cursos de Historia Contemporánea de España Joan Reglá y Emili Giralt. Entre otra bibliografía, esa visión de la Restauración puede encontrarse en Jover (1976), Martínez Cuadrado (1969,1973), Nadal (1975), Jover (1981), Ruiz (1981) y Artola (1985).   

[2] Por ejemplo, Ramos Oliveira (1952) y Tuñón de Lara (1967,1971).

[3] Entre otros, Tusell (1976,1978,1997,1998), Varela Ortega (1977, 1994,1997), Linz (1979), Romero Maura (1981), Fusi y Palafox (1997), Fusi (2000), Forner ( 1997a,1997b), Seco (1979,1990,2002), Cabrera (1998),Cabrera y del Rey (2002,2003), Martorell y del Rey (2006). Balances historiográficos sobre la Restauración en Suárez Cortina (1997) y Borja de Riquer (1999).

[4] Seco (2002), p. 127.

[5] Véase en este sentido Carnero (1997).

[6] El texto de Cánovas en Carnero (1997)

[7] El texto de Maura en Carnero (1997).

[8] El texto de Moret en Carnero (1997).

[9] Cabrera y del Rey (2002), pp. 100 -101.

[10] Gómez Navarro, Moreno Luzán y del Rey (1998), pp. 116 – 117.

[11] Cabrera y del Río (2002), p. 101.

[12] Sobre esa estrategia, Escudero (1990,1993,1999).

[13] Véase Escudero (1990,1993, 1999).

[14] Esa correspondencia se halla en el Archivo del Círculo Minero de Bilbao y la he reproducido en Escudero (1999).

[15] Díaz Morlan (1999).

[16] Archivo Histórico del Crédit Lyonnais (París). Caja 22.126. Legajo 12.

Portada: Maura recibe a los reyes en el palacio del Senado antes de la ceremonia de apertura de la Cortes en 1919 (pintuta de Asterio Mañanós Martínez, Wikimedia Commons) 

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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