En abril de 1931, cuando cayó la monarquía de Alfonso XIII, por las calles de las ciudades españolas se cantaban coplas alusivas a sus prácticas corruptas: “¡Alirón, alirón, Alfonsito es un ladrón!”. La imagen de aquel rey se vio salpicada por diversos escándalos, vinculados a sus negocios turbios con empresarios internacionales del juego y la hostelería; y a las concesiones de ferrocarriles y monopolios. Asuntos conectados con abusos de poder, sobre todo bajo la dictadura militar que el monarca había respaldado a partir de 1923. Esos escándalos fueron guerras de propaganda encabezadas por personajes que hicieron de antagonistas del soberano –Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Indalecio Prieto—y que construyeron un discurso imbatible: el del pueblo virtuoso, representado por los ideales republicanos, contra la monarquía, autoritaria y corrompida. Un antagonismo que marcó su caída.

 

Javier Moreno Luzón
Universidad Complutense de Madrid

 

 

un gran industrial catalán, en una entrevista con Llapicera,
fue interrogado por éste en los siguientes términos:
‘¿Es verdad que la gente dice que yo cobro?’, y (le contestó):
‘Señor, lo peor es que no sólo lo dicen, sino que lo creen.’[1]

 

El 14 de abril de 1931, mientras se proclamaba la Segunda República y Alfonso XIII partía de forma apresurada hacia el exilio, el gentío que desbordaba las calles de las ciudades españolas expresaba con rotundidad sus convicciones antimonárquicas. Se destruyeron placas, retratos y estatuas de reyes, se parodiaron entierros de la monarquía y algún imitador del soberano, maletas en ristre, huía jaleado por la multitud. Desaparecieron de comercios, hoteles y teatros las coronas y los rótulos con alusiones dinásticas. Nadie impidió que el auténtico monarca abandonase aquella noche el palacio real de Madrid, ni que su familia –protegida por guardias cívicos republicanos—lo hiciera a la mañana siguiente. Pero las coplas que coreaban los manifestantes no admitían dudas acerca de lo sucedido. Entre las más oídas en aquellos momentos, una proclamaba que “¡No se ha marchao, que le hemos echao!”; y otra aclaraba por qué: “¡Alirón, alirón, el Rey es un ladrón!, o “¡Alirón, alirón, Alfonsito es un ladrón![2].

Alfonso XIII llega a Fontainebleau tras salir de España en abril de 1931 (foto: Efe)

Esta afirmación, que tachaba de corrupto a don Alfonso, se repitió en los meses siguientes para justificar su destronamiento. Las caricaturas de la prensa satírica le presentaban arrastrando fichas con su cetro en el famoso casino de Deauville, o sentado en un trono hecho con sacos de dinero[3]. Una revista republicana le llamaba en abril, entre otras lindezas, “Chupóptero de los Monopolios” y “Accionista liberado de todas las malas Compañías”. Y el escritor Ramón María del Valle-Inclán remachaba en mayo la misma sentencia: “Ahora no se le arroja a Alfonso XIII por anticonstitucional, sino como ladrón. Venimos a alcanzar la dignidad de hombres de bien. España ha hecho la revolución de los hombres de bien contra los ladrones[4]. El Gobierno de la recién nacida República abrió investigaciones sobre su enriquecimiento ilícito y, algo más tarde, las Cortes constituyentes crearon una comisión de responsabilidades que incluyó entre sus imputaciones al monarca la de causar perjuicios al Estado “por los actos de inmoralidad administrativa, en los que fue notorio su influjo durante las dictaduras[5]. Al parecer, la imagen del rey se había degradado tanto que resultaba creíble, para buena parte de la ciudadanía, su implicación tanto en negocios turbios como en el vaciamiento de las arcas públicas.

Aquellas sospechas no se improvisaron entonces, sino que se habían decantado y extendido durante los últimos años de la monarquía constitucional y, sobre todo, bajo la dictadura del general Primo de Rivera –entre 1923 y 1930—y en la crisis final del reinado. Algunos sectores políticos, en especial los republicanos y socialistas, habían alimentado escándalos de corrupción que salpicaban a Alfonso XIII para socavar, en el terreno de la opinión, la legitimidad del trono y propiciar su caída. Nada extraño en la moderna política de masas, pues las acusaciones de comportamiento ilegal y ventajismo contra los gobernantes motivaban con frecuencia pugnas partidistas con élites encontradas y un gran relieve de los medios de comunicación. Y es que, aunque en teoría la corona española se hallaba por encima de los partidos, acumulaba un poder notable: su titular no desempeñaba tan sólo funciones representativas y simbólicas, sino que, primero en el marco de la Constitución de 1876 y luego durante la etapa dictatorial que la mantuvo parcialmente en suspenso, podía nombrar y despedir con libertad a sus ministros –como hizo con el propio dictador en 1930—y ejercía además como jefe supremo de las fuerzas armadas. Frente a un sistema tan personalizado como la monarquía, el objetivo principal de sus enemigos consistía en desprestigiar la figura del rey. Más aún cuando la sucesión, con un heredero enfermo de gravedad, resultaba incierta. Fueran o no veraces los delitos que se le atribuían, se trataba de conflictos propagandísticos en los cuales se jugaba la confianza pública en el régimen vigente.[6]

Caricatura de L’Esquella de la Torratxa sobre la marcha de Alfonso XIII al exilio

Desde 1902, fecha en que había llegado a la mayoría de edad y jurado la Constitución, la imagen de Alfonso XIII había sufrido altibajos, pero hasta por lo menos 1917 los había superado sin demasiados problemas. Tuvo unos comienzos prometedores, en los que el joven monarca se convirtió en emblema de la regeneración nacional tras el desastre de 1898, la derrota en la guerra ultramarina que acabó con el imperio español. Remontó incluso los efectos de la llamada Semana Trágica de 1909, cuando la dura represión de un motín en Barcelona recuperó en todo el mundo la memoria de la Inquisición, gracias a su apuesta por políticas liberales. Más adelante, la neutralidad española en la Gran Guerra, de 1914 a 1918, le permitió construir un perfil humanitario internacional, levantado sobre la oficina pro cautivos que instaló en palacio para ayudar a prisioneros de ambos bandos. Sin embargo, su injerencia constante en una vida política cada vez más inestable y sus estrechos vínculos con las catastróficas campañas de una nueva empresa colonial, la de Marruecos, además de su deriva antiliberal ante las posibles amenazas revolucionarias de postguerra, le alienaron a porciones crecientes de la opinión. Algo ya irreversible tras su apoyo entusiasta a la solución autoritaria en septiembre de 1923, que lo identificó con la derecha nacionalista, católica y militar.[7]

Así, los cargos de corrupción se plantearon en un contexto en el cual se atacaba al rey por tomar partido, y emplear sus decisivas atribuciones, en favor de posturas reaccionarias, centralistas y dictatoriales. Es decir, se le señalaba por aprovechar su posición para enriquecerse, a menudo a costa de los intereses del Estado, pero estas incriminaciones solían conectarse con otras más visibles, como las de intervencionismo, militarismo y autoritarismo. Se decía, por ejemplo, que había avalado la dictadura para evitar que se investigasen sus veleidades guerreras y también para ganar dinero sin fiscalizaciones de ningún tipo. En el fondo, su imagen corrupta se proyectaba con eficacia porque encabezaba sistemas políticos percibidos también como corruptos, fuera el clientelar de los años constitucionales, cuando se falseaban por sistema las elecciones parlamentarias; o el primorriverista, ya sin el contrapeso de la prensa libre. Los severos límites impuestos por el dictador a la libertad de expresión no redujeron, sino todo lo contrario, el alcance de las denuncias contra el monarca. Las de corrupción sólo podían entenderse en un marco más amplio, el del protagonismo político de la corona.

Alfonso XIII con Miguel Primo de Rivera y otros militares (foto: Bundesarchiv)

Lo llamativo de estos escándalos es que, por lo común, se articularon como choques cuasi-personales con Alfonso XIII de algunos personajes que se erigieron en fiscales en la causa contra la monarquía y desvelaron sus vergüenzas políticas, verdaderos antagonistas del soberano. Tres de ellos sobresalieron sobre los demás: el catedrático Miguel de Unamuno, uno de los intelectuales más respetados y escuchados del país, que hizo de su choque con la familia real una cruzada cívica contra la tiranía; el escritor de éxito y político republicano Vicente Blasco Ibáñez, con un talento insuperable para la propaganda global; y el dirigente socialista Indalecio Prieto, que supo transformar los rumores en un arma política capaz de apuntalar una alianza heterogénea que derrocase al monarca. A través de sus discursos, y de otros secundarios, acabó por hacerse verosímil y convincente en España la contraposición entre dos mundos que había cultivado el republicanismo desde sus orígenes: a un lado, la monarquía autoritaria y corrupta; al otro, la república democrática, comunidad virtuosa de ciudadanos libres. El pueblo frente al rey.

De Salamanca a Deauville, pasando por Annual

Algunas de las acusaciones más graves que se vertieron contra Alfonso XIII tenían su origen en un empeño individual de Miguel de Unamuno, el de mostrar los defectos perniciosos de aquella dinastía. No tanto del régimen monárquico como tal, sino más bien del concepto patrimonial, autoritario e imperialista de la realeza que poseían a su juicio los Austrias, atravesado por actitudes clericales y muy arraigado en España: lo que denominaba “el habsburgianismo jesuítico español”. Según el profesor, el rey había heredado ese concepto de su madre, la regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, y lo ponía en práctica con desenvoltura. Semejante animadversión, que le valió varias condenas judiciales y sus correspondientes indultos por parte del monarca, arrancó de su destitución como rector de la Universidad de Salamanca, en 1914, que achacó a la reina madre, y del silencio de palacio ante su exigencia de explicaciones. Poco a poco, Unamuno fijó los componentes básicos de una imagen estereotipada con mucho futuro: la del rey déspota y corrupto. En diversos artículos y cartas, también en conferencias, a partir de 1917 elevó el tono para acusar a don Alfonso de escoger tan sólo a gobernantes cortesanos, subordinados a sus deseos y al servicio de los intereses alemanes y austríacos durante la guerra continental. La autoridad de Unamuno lograba amplia audiencia en las zonas progresistas de la escena pública española, pues llegó a presidir grandes mítines aliadófilos, y solía volcarse en la revista España, portavoz de la nueva generación de intelectuales reformistas. Ya en 1920, en sus cartas particulares se hacía eco de habladurías sobre un monarca inconsciente, metido en especulaciones poco claras y amigo de empresarios del juego que le proporcionaban caballos y mujeres. Era el “rey del cabaret”, el “Káiser Codorníu”, epítome de un ambiente podrido[8].

Los tres artículos por los que Unamuno fue condenado por injurias a Alfonso XIII (imagen: El País)

La mayor parte de la prensa, como ocurrió hasta el final del reinado, ofrecía un perfil positivo de Alfonso XIII, centrado en sus actividades institucionales o en un ocio con toques modernos[9]. Pero en estos años de crisis de la monarquía constitucional comenzó a abrirse paso un reflejo teñido de frivolidad, no sólo porque el rey cambiase sin cesar de ministros y porque de vez en cuando hiciera declaraciones inconvenientes, sino también porque, en mitad de una delicada situación política, gustaba de divertirse en los lugares de moda de la alta sociedad europea. Una imagen que se mezcló enseguida con la cuestión de las responsabilidades en los fracasos militares acaecidos en Marruecos, donde el ejército colonial español cosechó derrotas impactantes. Nadie dudada de la predilección del monarca por aquella empresa imperial, en la que disponía de hilo directo con los mandos y proyectaba su vocación de soldado y sus afanes nacionalistas. En el verano de 1921, el derrumbamiento de las líneas españolas en Annual, cerca de Melilla, provocó una inmensa masacre –unos diez mil muertos y cientos de prisioneros—e hizo correr rumores sobre las culpas de don Alfonso, que al parecer había animado a un general muy cercano a iniciar el imprudente avance que habia conducido a la debacle. El escándalo alcanzó al parlamento y se enlazó acto seguido con la vida alegre y la corrupción que se atribuían al rey[10].

Esa mezcla explosiva de militarismo irresponsable y despreocupación mundana persiguió a Alfonso XIII hasta la tumba. Si Annual simbolizaba el primero, la última se encarnaba en Deauville, un resort internacional en la costa francesa de Normandía, célebre por su casino y sus grandes hoteles: en el verano de 1922, cuando aún la derrota estaba cercana y no se había rescatado a los rehenes tomados en África, don Alfonso se permitía marcharse a alternar a aquella meca del entretenimiento cosmopolita. Una estancia de la que los medios españoles subrayaban la participación del monarca en los partidos de polo o su convivencia con aristócratas y miembros de otras casas reales, del rey de Rumanía al sha de Persia, sin olvidar sus declaraciones sobre las bellas proporciones de las mujeres francesas e italianas. Es decir, predominaban en ellos las crónicas de sociedad[11]. Pero unos pocos, como España, fueron más allá hasta airear, en tono de sorna, un supuesto contrato firmado por el roi “galantuomo” con el fundador y dueño de las atracciones de Deauville, Eugène Cornuché, para visitarlas y promocionarlas a cambio de 50.000 francos por temporada y un 1% de las ganancias en las apuestas. Así lo aseguraban la prensa francesa y los espectáculos musicales que ridiculizaban en París las andanzas borbónicas. Incluso hubo especulaciones sobre su interés en los centros de juego dentro del protectorado marroquí[12].

Alfonso XIII con un grupo de militares entre los que se encuentra el general Silvestre (foto: postal editada por Ed. Gregorio G. Galarza. San Sebastián)

La rendición de cuentas por el desastre africano animó la vida parlamentaria española, puesto que el Congreso de los Diputados dedicó intensos debates al asunto y abrió una comisión de investigación para, más allá de los errores militares establecidos en el informe oficial, exigir responsabilidades políticas. En aquellas sesiones sobresalió la palabra del diputado socialista Indalecio Prieto, que, pese a las interrupciones de la presidencia, apuntó directamente al rey como instigador de la desgraciada aventura. Más aún, cuando se conocieron las juergas en Deauville las añadió a su arsenal dialéctico. Así, en noviembre de 1922 afirmó en la tribuna que la regia responsabilidad sólo la podía substanciar con una revolución el pueblo, que por ahora toleraba “que ciertos actos vayan salpicándonos de chacota y desprestigio, como esa revista que, entre el regocijo del público parisién, se representa todas las noches en ‘Folies Marigny’”, con la realeza asociada “al reclamo de una playa de moda[13].

Sus argumentos coincidían con los de la misión cuasi-quijotesca asumida por Unamuno, que atribuía la debacle marroquí a la camarilla real y pidió que se juzgara a aquel que la Constitución hacía irresponsable. Desde luego, no se dejó arredrar ni por la recogida gubernativa de los periódicos donde aparecían sus textos ni por la audiencia que por fin le concedió el rey en 1922 y que aprovechó para soltarle su parecer cara a cara: un monarca constitucional no debía tomar iniciativa alguna. A ojos de Unamuno, despotismo y gusto por el dinero eran inseparables en aquel monarca que se había definido a sí mismo al afirmar que antes sería destronado que tronado (arruinado). No en vano se le motejaba, por su afición a los casinos, de Fernando Siete y media, apodo que combinaba el nombre de su antepasado Fernando VII, absolutista a machamartillo, con el de un popular juego de cartas. Al fin y al cabo, decía don Miguel, barajar no era sino un modo de batallar. En mayo de 1923 advirtió acerca de la deriva hacia la dictadura de las monarquías que, como la de Alfonso XIII, se veían acorraladas[14].

La gran campaña de Blasco Ibáñez

Las acusaciones de corrupción contra Alfonso XIII no dieron lugar a un verdadero escándalo nacional hasta que el monarca nombró presidente del Consejo de Ministros al general golpista Miguel Primo de Rivera y le permitió suspender la Constitución para instaurar un gobierno militar. Más aún, hubo que esperar a que el dictador intentara perpetuarse en el poder, sin respetar su promesa inicial de ejercer un mandato breve y purificador. Fue entonces, ya a finales de 1924, cuando otro escritor, Vicente Blasco Ibáñez, lanzó desde su exilio en París una bomba propagandística de efectos insólitos. Blasco era un conocido republicano, que había dominado durante años la escena política en la ciudad de Valencia, pero era sobre todo un novelista de fama mundial, el único español que había triunfado en Estados Unidos. Publicó un panfleto en varios idiomas, titulado en francés Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espagne, y en castellano Una nación secuestrada (el terror militarista en España). Emulaba de este modo a Émile Zola, que había inaugurado con su artículo “J’accuse” de 1899, durante el affaire Dreyfus, las funciones políticas del intelectual contemporáneo, agitador de conciencias: “Oui, moi Espagnol, je le déclare dès le début: par patriotisme, pour l’honneur national, j’accuse Alphonse XIII”[15].

En aquella publicación, Blasco establecía en esencia tres cargos contra el rey. Se basaba en la lista de Unamuno, que había llegado a París tras su destierro en las Islas Canarias y le ayudó, lo mismo que otros exiliados como Eduardo Ortega y Gasset, también republicano y hermano del filósofo José; y el ex-ministro liberal monárquico Santiago Alba, acusado de corrupción por el dictador y fuente de información para Blasco. La primera de las imputaciones, de gran eco en Francia, era la de germanofilia, según la cual don Alfonso, bajo su tapadera caritativa, había trabajado para Alemania y protegido a sus mortíferos submarinos durante la guerra. La segunda se resumía en su inagotable sed de poder, que había dividido a los partidos, se había fabricado un ejército a medida, lo había lanzado al desastre en Marruecos y, por fin, se había destapado con su respaldo al golpe de Primo de Rivera. Y la tercera subrayaba el lucro ilegítimo del soberano, muy relacionado con su manía africana, pues su entorno quería meter la mano en las minas del Rif; y con su saludo a la dictadura, porque “il est necessaire d’être le maître absolu pour pouvoir ramasser de l’argent”. En conjunto, Blasco reprochaba a la dinastía que hubiese acabado con el idealismo característico de los españoles para corromperlos y sumergirlos en una era materialista: tirando de estereotipos nacionales, lamentaba que el país de don Quijote se hubiera transformado en el de Sancho Panza. Por todo ello, prometía que una futura revolución procesaría y condenaría al soberano[16].

En la diatriba blasquista, el rey emergía como un individuo obsesionado con hacerse rico, que se creía pobre aunque disfrutara de una lista civil por encima de las posibilidades de España; y que nunca disponía de recursos suficientes para alimentar su lujoso tren de vida.Ya se conocían sus inversiones en algunas compañías, que se justificaban por su aportación al progreso social, como la del Metro de Madrid que llevaba su nombre, pero Blasco las atribuía al agiotismo regio. Según el escritor, el monarca había recibido acciones liberadas –gratuitas—de ciertas empresas que recurrían a sus favores; o se había asociado con negociantes dudosos que obtenían ventajas a través de sus recomendaciones. Blasco ponía varios ejemplos, como el francés Cornuché, el de las ruletas de Deauville; el belga Georges Marquet, que había construido en Madrid el Hotel Palace por sugerencia de don Alfonso y gestionaba también el Ritz, el casino de San Sebastián y el Palacio de Hielo de la capital, este último gracias a su importante amigo, y que en mutua correspondencia financiaba su cuadra de caballos; e Isidro Pedraza, un expresidiario y aventurero que ofrecía dinero al monarca por la concesión de monopolios en España. Poco antes, otro pasquín había detallado las maniobras de Pedraza, que había contactado con el rey en Deauville y le había hablado de obtener licencia para construir un ferrocarril de ancho europeo entre Hendaya y Algeciras, y de otros chanchullos, a cambio de una prima de un millón de libras esterlinas. Blasco añadía que, como el último gobierno liberal antes del golpe de 1923 no había concedido a Pedraza lo que solicitaba, el soberano tuvo un incentivo más para apoyar a Primo de Rivera. De todos modos, la operación había salido mal, ya que tampoco el dictador había consentido los manejos del recomendado de palacio[17].

Alfonso XIII con el kaiser durante su visita a Alemania en 1905 (foto: Caras y caretas, 376)

El impacto del panfleto de Blasco Ibáñez fue espectacular. Fuera de España, donde periódicos de Nueva York, Viena o Tokio recogieron sus tesis; y también dentro, pese a la censura y a la vigilancia policial. Se habló de decenas de miles de ejemplares pasados de contrabando[18]. Ante todo produjo el cierre de filas en los medios oficiales españoles, con discursos que, frente al patriotismo republicano, fundían corona y nación: quien difamaba al rey ofendía a España. El lenguaje de la patria y el honor caballeresco se empleaba en ambos bandos. Se movilizaron desde los diplomáticos que desmentían la germanofilia regia –también rechazada por el expresidente de Francia Raymond Poincaré—hasta los ingenieros del Metro. A Blasco le respondieron los medios afectos a la dictadura y numerosos libros y folletos, de primorriveristas pero también de monárquicos a secas o de hombres que se decían heridos en su españolidad por el novelista, a menudo inducidos desde palacio o desde las embajadas. En ellos se defendía al monarca popular, humanitario y –por encima de cualquier otra cosa—patriota y valiente, dispuesto –como escribía el palatino, y antiguo liberal, marqués de Grijalba—“a regar con su sangre el altar del martirio”. El periodista y político conservador Salvador Canals, que se encargó de responder con detalle en la prensa de París, no desmentía del todo las habladurías acerca de empresarios logreros, pues aseguraba que el rey había aceptado de forma patriótica las inversiones de Pedraza, respaldado en realidad por los políticos liberales[19].

Abundaban asimismo las arremetidas contra Blasco, que le acusaban de traidor y cobarde y volvían en su contra el pecado de codicia. A veces, con un fondo antisemita, como en El novelista que vendió a su patria, de José María Carretero, El caballero audaz, quien despachaba así a su colega valenciano: “Levadura de israelitas, sórdidos y ambiciosos, se mezcla en sus venas…Tiene el instinto del mercader moderno que ama el reclamo y la rapacidad y la dureza de entrañas del judío dueño de una casa de préstamos…”. Aún más, detrás del republicano se adivinaba la conspiración de los revolucionarios bolcheviques, ansiosos por destruir España[20]. Hubo mítines y alguna manifestación de la sociedad civil más reaccionaria, en especial de los grupos católicos y mauristas –los antiguos partidarios del jefe conservador Antonio Maura—que ahora sustentaban al dictador. Al novelista se le abrieron procesos militares y civiles, incluso en Francia, donde el asunto se zanjó con el perdón real que el primer ministro Eduard Herriot anunció en el parlamento. El propio don Alfonso se mostró magnánimo en una carta donde deseaba que Blasco abandonara los libelos y volviera a la literatura[21].

Alfonso XIII en Deauville, en 1922 (foto: Gallica)

La importancia del escándalo, pugna en la esfera pública entre élites de distinto signo, quedó de manifiesto al ocasionar una de las mayores manifestaciones monárquicas celebradas en España, el día de la onomástica de Alfonso XIII en 1925. Todos los ayuntamientos del régimen nombraron a los reyes alcaldes honorarios y, junto a las diputaciones provinciales y a primorriveristas de diversa procedencia, participaron aquel 23 de enero en un homenaje nacional para desagraviar al rey. Aunque, como dijo el presidente de la diputación de Madrid, no se le pudiera ofender porque estaba demasiado alto. La capital presenció el pintoresco desfile de las comisiones que acudieron a palacio vistiendo trajes regionales y portando estandartes históricos de sus respectivas ciudades, como la senyera medieval valenciana o el de la batalla del Bruch, episodio catalán en la guerra antinapoleónica de 1808. Se trataba de exhibir unida a una vieja nación, cubierta de glorias y formada por la suma de sus provincias, en torno al soberano: en palabras del diario alfonsino Abc, España reiteraba así “su adhesión fervorosa al trono”. En los días siguientes se orquestaron en todo el territorio múltiples actos en la misma línea, españolistas y monárquicos a la vez[22]. A partir de ahí, el intercambio de reproches continuó unos meses, y los colaboradores de Blasco, de E. Ortega y Gasset a Unamuno, animaron publicaciones que entraban desde Francia, como España con honra. Pero, pasado el hervor coyuntural, la fuerza de la propaganda decayó y no tuvo mayores efectos políticos.

Prieto contra el rey

Conforme transcurría el periodo dictatorial, la estrecha asociación entre monarquía y dictadura hizo que engordaran las filas del republicanismo, pues la democracia—y hasta los principios liberales—parecían ya incompatibles con la corona, o al menos con Alfonso XIII. Al mismo tiempo se multiplicaron los rumores acerca de los corrompidos manejos del gobierno, anticipados en su día por Blasco Ibáñez y que salpicaron también al rey. Pese a su retórica regeneracionista, que acusaba de corrupción a la vieja política constitucional pero no terminó de probar sus inculpaciones, el régimen autoritario hizo florecer nuevas ocasiones de aprovechamiento privado de los recursos y contratos estatales. Contribuyeron a ello tanto la escasez de controles legales y la censura impuesta sobre la prensa como la mayor injerencia gubernamental en los asuntos económicos y sociales, el reparto de un presupuesto en ascenso y la concesión de negocios monopolistas a empresas privadas. Así, recayeron sospechas, por ejemplo, sobre las concesiones de ferrocarriles y la irregular adjudicación del monopolio de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España, un consorcio del que formaba parte la ITT (International Telephone & Telegraph Co.) norteamericana. En aquellos tratos se implicaba a Alfonso XIII[23].

Este clima fue recogido por otro antagonista –esta vez, más político que intelectual—de don Alfonso: el socialista Indalecio Prieto, quien se había ganado el puesto al señalar al monarca durante los debates parlamentarios sobre Annual y encabezaba el ala del socialismo contraria a colaborar con la dictadura y favorable, en cambio, a un acuerdo con los republicanos que acabase con la monarquía. Tras la caída del dictador, defenestrado por el rey en enero de 1930, progresó con rapidez la movilización política que desembocó quince meses después, tras unas elecciones municipales, en la llegada de la república. Un periodo plagado de discursos sensacionales en los que personajes conocidos se definían republicanos o al menos tomaban distancias respecto al trono. El 25 de abril de 1930, Prieto lo hizo en el Ateneo de Madrid, escenario también de las catilinarias unamunianas, con una conferencia titulada “El momento político”, pensada para ubicarse como portavoz principal de la causa antidinástica en el campo socialista. Ante un público entregado, su eficaz oratoria transmitía un juicio implacable acerca de Alfonso XIII: absolutista sin remedio, había patrocinado una “época de latrocinios” encarnada por los monopolios y adjudicaciones dictatoriales y se había lucrado con ellos. En favor, además, de intereses extranjeros, lo cual hería la españolidad del conferenciante. Otra vez, como en el episodio blasquista, los enemigos del rey competían por demostrar un patriotismo más auténtico[24].

Prieto bebió de diversas fuentes. Se valió de los materiales acumulados en el exilio por Blasco –fallecido en 1928—, Unamuno y Eduardo Ortega, y a estos últimos los homenajeó cuando regresaron a España. Volvió sobre el contrato leonino que el Estado había firmado con la Compañía Telefónica e insistió en iluminar los tejemanejes ferroviarios. En especial, utilizó de forma explícita las conclusiones de un prestigioso jurista, Quintiliano Saldaña, que había llevado tales asuntos a la Asamblea Nacional primorriverista y desveló en sus publicaciones –mediante alusiones indirectas pero transparentes—la corrupción regia. Con estos datos, el socialista analizaba el negocio del tramo Ontaneda-Catatayud, en la línea que había de comunicar Santander con el Mediterráneo, inútil y perceptor de grandes subvenciones públicas. En él estaban involucradas empresas británicas y personas tan próximas a palacio como un oficial de la mayordomía y un primo de la reina. A juicio de Prieto, estas y otras infamias exigían un movimiento revolucionario transversal y callejero que eliminara el gran obstáculo que impedía el ejercicio de la libertad ciudadana, el rey, dejando atrás el absolutismo y las humillaciones infligidas a los españoles: “Y yo digo que España, ¡mi España!, no puede tolerar que bávaros, ingleses y yanquis, con sangre real o sin ella, tomen a España por una colonia de negros[25].

Los ataques prietistas tuvieron una resonancia notable, pues manchaban de nuevo, y en una coyuntura política mucho más propicia para dañarla, la figura de Alfonso XIII: el conde de Romanones, un veterano jefe liberal que aún estaba dispuesto a servir a la corona, confesaba a su antiguo correligionario Santiago Alba que “El discurso de Prieto en el Ateneo ha producido verdadero estrago. La acusación contra el rey, de una violencia extrema, es de las que llegan. La Monarquía más firme no resistiría a una campaña prolongada de esta clase”. Dámaso Berenguer, general palatino y presidente del Consejo durante la llamada dictablanda –de enero de 1930 a febrero de 1931– escribió en sus memorias que, aunque el socialista no había dicho nada nuevo, su malevolencia obtuvo una gran repercusión. Ni la intervención del fiscal ni la supervivencia de los mecanismos censores impidieron la propagación de sus palabras, que se imprimieron en hojas clandestinas repartidas en los círculos de oposición[26]. Las escandalosas tachas de corrupción que habían caído sobre el monarca se recordaron en los meses que siguieron y durante la campaña para los comicios locales del 12 de abril de 1931, con pasquines que unían “Annual” o “Responsabilidades” con el “Ferrocarril Ontaneda-Calatayud”. Como mostraron los cánticos populares en la jornada del 14, arraigaron en la triunfante opinión republicana[27].

Alfonso XIII inaugura en 1919 la primera línea del metro de Madrid, en cuya empresa tenía una participación del 10 % (fotos real y retocada: madridiario)
El juicio de la República

El gobierno provisional republicano asumió la investigación de la fortuna del ex-rey como una de sus tareas iniciales. Para ello inmovilizó y nacionalizó sus propiedades y las de su familia, aunque el tiempo que dejó pasar hasta que adoptó estas medidas permitió que pusieran a salvo buena parte de su capital. En el decreto que incautaba los bienes de la corona se daba por supuesto el daño realizado: “el ex Rey de España, D. Alfonso de Borbón, mientras ejerció los poderes tiránicos que se arrogó en 1923 y aun antes de esa fecha se valió de las funciones de su cargo para aumentar ilegítimamente su caudal privado, de lo cual hay indicios bastantes en en la documentación hallada en el antiguo Palacio Real”. Esta norma creó asimismo una comisión para evaluar el patrimonio regio y el particular de la real familia, comisión que elaboró un informe sin afirmaciones concluyentes sobre ilegalidades pero con quejas sobre la falta de datos e inventarios detallados y críticas a la manera en que se llevaba la contabilidad en palacio, que no distinguía lo oficial de lo privado[28]. Entre tanto, las suposiciones de latrocinio alimentaban la propaganda contra el ex-rey, desatada en cuanto la prensa se sintió libre para hablar de la cuestión. Lo mismo se echaban de menos los tesoros artísticos custodiados en los reales sitios que se bromeaba sobre los 85 millones de pesetas que, por lo visto, había sacado del país don Alfonso[29].

Más aún, las Cortes Constituyentes alumbraron en el verano de 1931 una comisión de responsabilidades políticas con amplias competencias para entender de asuntos tan trascendentales y variados como Marruecos, la política social en Cataluña, el golpe de 1923, la gestión dictatorial y el proceso contra los republicanos sublevados. De ella salió un acta de acusación contra Alfonso de Borbón, obra de Eduardo Ortega, en la que, además de achacarle los delitos de lesa majestad –contra la violada soberanía del pueblo—y de rebelión militar, se citaban asimismo “los actos de inmoralidad administrativa”. En la sesión parlamentaria que la discutió en noviembre, sólo se levantó a defender al ex-rey Romanones, que rechazó la culpa del monarca en los hechos que se le atribuían y preguntó cuáles eran esos negocios inmorales y quién los había realizado, pues lo único que hacía el acta era difamarle sin aportar prueba alguna. Hubo quien destacó la gallardía de la defensa, pero también quien se rió a gusto cuando el ex-conde, de tacañería legendaria, mencionaba lo dolorosas que resultaban penas como la de confiscación de bienes. El anciano aristócrata representaba como nadie la política liberal y caciquil, y era también sospechoso de haberse lucrado con la guerra de Marruecos. Según Manuel Azaña, ya presidente del gobierno, el cínico noble y su señor eran tal para cual[30].

El conde de Romanones, solo, en un banco de la estación del Escorial, presencia la marcha del tren en que han salido de España la reina Victoria y sus hijos. (Ahora, 16/04/1931)

Finalmente, las Cortes, declaradas “Tribunal soberano de la nación”, condenaron a don Alfonso por alta traición y, aparte de confirmar las incautaciones, le degradaron y anunciaron su arresto si entraba en territorio español. La comisión de responsabilidades, no obstante, siguió trabajando y llegó a ocuparse de algunos casos concretos de corrupción en los que asomaba el nombre del ex-rey. Como el del emblemático ferrocarril Ontaneda-Catatayud, por el que se le procesó y declaró en rebeldía, junto a su cuñado el infante Fernando de Baviera y a otros sospechosos. También llegó a la comisión, y después a los juzgados, otra denuncia sobre una licencia concedida en 1930 para explotar en España las apuestas en carreras de galgos con liebre mecánica. En la concesionaria y sus redes de influencia, enriquecidas con un negocio que en teoría debía destinarse a fines deportivos, participaban al parecer varios ministros, un hijo de Romanones y el propio monarca. El juez lo llamó a declarar pero, como era previsible, no obtuvo fruto alguno. Hasta mediados de los años treinta, estas especulaciones nutrieron debates parlamentarios y expedientes judiciales[31].

Resulta difícil saber cuánto había de cierto en las acusaciones de corrupción que se vertieron contra Alfonso XIII; es decir, hasta qué punto el rey ganó dinero de forma torticera e ilegal, si recibió primas o presionó para que se otorgaran privilegios públicos a sus amigos. Sin embargo, parece claro que los escándalos a que dieron lugar estas denuncias –difundidas en panfletos, conferencias y rumores—alcanzaron a buena parte de la opinión pública española y restaron legitimidad a la monarquía. Con vaivenes que dependían sobre todo de la coyuntura política, las sospechas calaron y algunos testigos creyeron que, por lo menos en los momentos cruciales de 1931, en ellas se hallaba la clave de su pérdida de popularidad. Como Valle-Inclán o el intelectual monárquico Ramiro de Maeztu, que traía a colación tres años más tarde “las canciones que hubieron de escucharse en calles y paseos el día de la proclamación del nuevo régimen[32]. Pero estas imputaciones siempre fueron de la mano de otras de mayor calado, como las de autoritarismo y militarismo, desde los debates sobre Annual y Deauville hasta el acta de acusación de las Cortes republicanas. Se trataba de un juicio general a un monarca que, en vez de adoptar el papel simbólico y representativo de las cabezas coronadas que se adaptaron a la democracia parlamentaria en Europa, prefirió implicarse en las luchas políticas y fundirse hasta el perjurio con las opciones imperialistas, antiliberales y reaccionarias.

Cuñados y socios: los reyes Alfonso XIII y  Victoria Eugenia. Aparece a la izquierda el infante Fernando de Baviera y a la derecha de la foto  la infanta Isabel, tía del rey. La reina madre María Cristina, en el centro, entre Eduardo Vincenti, presidente del Centro Gallego, y Emilia Pardo Bazán. Exposición de Pintura Regional Gallega en el Centro Gallego de Madrid. Mayo de 1912 (Reproducción de Pro-Galicia, nº. 2, La Habana, septiembre, 1912, p. 23).

En los escándalos, duras pugnas propagandísticas entre élites, se emplearon a fondo unos cuantos protagonistas que el diario republicano La Libertad calificaba en 1931 de “hombres abnegados, cuyos nombres deben pasar a la historia como artífices de la democracia española, como los que supieron sacudir su conciencia y hacer vibrar sus nervios[33]. Unamuno, Blasco Ibáñez y Prieto, también Eduardo Ortega y otros en un plano secundario, moldearon ante el público una imagen negativa y perdurable del jefe de Estado, que había comenzado por ser frívolo y había acabado por llevarse millones de pesetas gracias a su influjo bastardo, un tipo sediento de poder y de riquezas, capaz de traicionar su juramento constitucional y de bendecir una dictadura para hacer y deshacer a su antojo. Estos estereotipos se vaciaron en enfrentamientos cuasi-personales, simbólicos duelos de honor en los que brillaban los antagonistas del rey como profetas airados que se erguían frente al corrupto. En ellos se empleaba el lenguaje nacionalista, pues los acusadores pujaban por exhibir un patriotismo superior al de la camarilla regia, y también el de la ciudadanía, que reclamaba derechos y, en nombre de la justicia, exigía responsabilidades. De acuerdo con los parámetros republicanos, la monarquía, pozo de podredumbre, se contraponía con el pueblo virtuoso y honrado, con la nación de ciudadanos. En definitiva, la temprana caricatura unamuniana de Fernando Siete y media pesó como una losa sobre un monarca que, al decir de sus críticos, había abrazado la tiranía como su bisabuelo Fernando VII y además había uncido el trono a una incorregible venalidad.

 

Bibliografía

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Notas

[1] “La veritat sobre la SEITE o el negoci dels tres millions”, pasquín de 1924 reproducido por Jordi CASASSAS (1983), pp. 226-228, cita en p. 228. Llapicera era uno de los apodos de Alfonso XIII.

[2] El ambiente, en El Sol, 15 de abril de 1931. Citas en Agustín de FOXÁ (1993), p. 80; y César GONZÁLEZ-RUANO (1951: 2004): p. 247.

[3] Apa, “Deauville 1931”, Mirador, 23 de abril de 1931. DEL RÍO, “El nuevo trono”, L’Esquella de la Torraxa, 8 de mayo de 1931.

[4] Citas en la portada de La Traca, 21 de abril de 1931; y “Banquete a Julio Álvarez del Vayo”, La Libertad, 21 de mayo de 1931.

[5] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española (DSC), Apéndice 9º al nº 73, 12 de noviembre de 1931, p. 4.

[6] Sobre las implicaciones políticas y sociales de la corrupción, Fernando JIMÉNEZ SÁNCHEZ (1995). Los poderes constitucionales de Alfonso XIII, en Mercedes CABRERA (2003).

[7] Morgan HALL (2003a) y (2003b). Javier MORENO LUZÓN (2013).

[8] Colette y Jean-Claude RABATÉ (2009), pp. 420 y ss., citas en pp. 423 y 424. Véanse también, por ejemplo, Miguel de UNAMUNO, “Los pretendidos hombre de Estado de España” o “¡Yo sí que soy político!”, España, 23 de enero y 13 de febrero de 1919.

[9] Julio MONTERO DÍAZ, María Antonia PAZ y José J. SÁNCHEZ ARANDA (2001).

[10] El alcance de Annual, en Pablo LA PORTE (2001).

[11] “El Rey en Deauville”, El Globo, 14 de agosto de 1922; “La estancia del Monarca en Deauville”, La Correspondencia de España, 15 de agosto de 1922; “La ‘saison’ en Deauville”, Nuevo Mundo, 18 de agosto de 1922; “El Rey de España y la Moda”, La Unión Ilustrada, 1 de octubre de 1922.

[12] André DAHL, “Alfonso XIII y el ingenio galo”, España, 9 de septiembre de 1922, pp. 4-5. Morgan HALL (2003b), p. 78.

[13] Cita en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (DSC), 22 de noviembre de 1922, p. 4233.

[14] Miguel de UNAMUNO, “El gran mentidero”, “Batalla y baraja” y “El dilema”, España, 22 de abril y 11 de noviembre de 1922 y 19 de mayo de 1923.

[15] Javier VARELA (2015), pp. 828 y ss. Cita en Vicente BLASCO-IBÁÑEZ (1924), p. 10.

[16] Cita en Vicente BLASCO-IBÁÑEZ (1924), p. 40.

[17] Jordi CASASSAS (1983), pp. 226-229: folleto en catalán y publicado en Leipzig en 1924.

[18] Javier VARELA (2015), pp. 858-878.

[19] Cita en Alfonso R. DE GRIJALBA (1925), p. 42. El año político, 1 de diciembre de 1924 y 23 de enero de 1925.

[20] Cita en CABALLERO AUDAZ (1924), p. 23.

[21] Javier VARELA (2015), pp. 878-901.

[22] El año político, 23 de enero de 1925. Cita en Abc, 24 de enero de 1925.

[23] Quintiliano SALDAÑA (1930).

[24] Sobre Prieto, véase Octavio CABEZAS (2005), pp. 153 y ss. El discurso, en Indalecio PRIETO (1990), 2, pp. 155-177.

[25] Quintiliano SALDAÑA (1930). Cita en Indalecio PRIETO (1990), p. 168. Eduardo ORTEGA Y GASSET (1925) p. 300, hablaba ya del ferrocarril Ontaneda-Catatayud.

[26] Carta de Romanones a Santiago Alba, 27 de abril de 1930, citada en Maximiano GARCÍA VENERO (1963), p. 283. Dámaso BERENGUER (1946: 1975), p. 119.

[27] La Libertad, 7 de abril de 1931.

[28] Cita en Decreto 13 de mayo de 1931. Guillermo GORTÁZAR (1986), pp. 178 y ss; el informe de la comisión, de 7 de diciembre de 1932, en pp. 272-286.

[29] “Los despojos del señor Borbón en Aranjuez”, La Tierra, 21 de abril de 1931; Augusto VIVERO, “De una ‘ex’ con trampas a un ‘Ex’ con millones”, Heraldo de Madrid, 22 de mayo de 1931.

[30] Ley 26 de agosto de 1931. Acta de acusación, en DSC, Ap. 9º al nº 73, 12 de noviembre de 1931, cita en p. 4. Romanones, en DSC, 19 de noviembre de 1931, sobre todo pp. 2509-2510. Manuel AZAÑA (1931: 2007), pp. 825-829. Véase también Guillermo GORTÁZAR (1986).

[31] El Imparcial, 20 de noviembre de 1931. DSC, 31 de marzo de 1933, pp. 12224-12227; y 12 de enero de 1934, pp. 455-456. Heraldo de Madrid, 9 de abril de 1932. ZAVALA (2010).

[32] Ramiro de Maeztu, “Juicio de un reinado”, Abc, 17 de mayo de 1934.

[33] “Para la historia de un reinado”, La Libertad, 29 de abril de 1931.

Fuente:  Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján (eds.), La corrupción en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Historia, 2018, pp. 259-277.

Portada: El rey Alfonso XIII contempla Madrid desde la terraza del nuevo edifico de Telefónica en octubre de 1927 (foto: archivo Fundación Telefónica)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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1 Comentario

  1. Este país nuestro no tiene remedio. Por mucho que nos empeñemos, no estaremos nunca conforme ni con nuestro presente y mucho menos con nuestro pasado. Desde que se acabó la reconquista hasta hoy, hemos pasado de todo.
    Pero lo que no es perdonable es que después de más de quinientos años no hayamos sido capaces de adquirir una identidad como el resto de las naciones europeas más cercanas. Algunos pensarán que porqué lo digo. Bien aquí se abomina de los símbolos nacionales, de todo lo que suena a rancio, a orden y a los pueblos que nos han colonizado y por la misma razón a los que también hemos nosotros colonizado. Grandes hombres de las letras y de las artes han sabido plasmar esto que comentó en sus obras, Goya, Unamuno, Machado,Lorca, Ortega y Gasset y pare ud de contar. Somos un pueblo sin remedio

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