Luis Castro Berrojo

Historiador *

«Aunque haya tenido algunos deslices personales, su aportación ha sido decisiva para implantar la democracia en España. Hay que separar a la persona de la institución.»

Así se podría sintetizar la opinión de los partidos  del stablishment político (PP, PSOE y C’s)  y de sus tropas mediáticas y académicas acerca del evadido rey emérito. A riesgo de parecer frívolo, podría decirse que el asunto se reduciría a mera cuestión de armario ropero: con atuendo de play boy o de safari, Juan Carlos de Borbón se ha comportado como un tipo campechano y algo jaranero, que ha podido equivocarse en alguna ocasión, ¿y quién no?; pero cuando ha actuado vestido de rey, ya sea en versión civil o militar, ha experimentado una transubstanciación que le ha alejado de pasiones e intereses egoístas, llevando siempre los asuntos públicos hacia el norte de la democracia y de la justicia. Es más, en ese desempeño de sus funciones políticas, su gestión merece un «sobresaliente cum laude», como escribió Juan Luis Cebrián en El País a los pocos días de su abdicación, ocurrida el 2 de junio de 2014. Y para Javier Cercas, uno de los hermeneutas oficiales de la transición, «sin el rey no habría democracia», que comienza realmente el 23 de febrero de 1981, momento en que terminan a la vez la Guerra civil y el franquismo (artículo de opinión el El País de 2 de junio de 2014).

Aunque con algunas reservas, panegíricos semejantes se han publicado tras la huida del rey emérito a Emiratos Árabes, siendo el más notable el comunicado firmado por más de sesenta altos cargos, académicos, literatos y publicistas.  Según su opinión, por muchos excesos que haya podido cometer Juan Carlos de Borbón en su vida privada, es algo que no nos compete juzgar –y que no debería interesarnos– y, no habiendo mácula alguna en su ejecutoria como jefe del Estado, tampoco cabe ahí crítica ni reproche; ni a él como monarca ni, menos aún a la institución que representa. Como, de momento, no hay abierta causa judicial alguna contra él, no hay mucho más que decir, aunque quizá las generaciones futuras, con algo más de conocimiento de causa, tengan una opinión distinta[1].

Sin embargo, hay evidencias bastantes –y seguramente irán apareciendo más– que ponen en entredicho esa visión tópica, no tanto sobre la vida privada de Juan Carlos de Borbón, sino en cuanto a algunos momentos clave de su gestión institucional. En estos apuntes vamos a examinar algunos hechos de los años iniciales, desde la muerte de Franco en noviembre de 1975 hasta las primeras elecciones generales de la transición democrática (junio de 1977), poniendo algún reparo a su ejecutoria en dos aspectos importantes: su supuesto compromiso inicial con la instauración de un régimen democrático pleno y su implicación, junto a malas compañías, en turbios negocios con países del golfo Pérsico. (Por ser de sobra conocidos, no nos vamos a referir a dos pecadillos que también se refieren al origen mismo del reinado de Juan Carlos I: la relación directa de este con Franco y su dictadura y la usurpación de los derechos sucesorios de su padre, el conde de Barcelona, titular in pectore de la corona desde la muerte de Alfonso XIII)[2].

1959: el entonces príncipe Juan Carlos visita la prisión de José Antonio Primo de Rivera en Alicante (foto: agencia Cifra)
Mejor no commies

Entre las muchas metáforas que formalizan el papel de Juan Carlos I en la transición política española de la Dictadura a la democracia destaca la del “piloto”, que habría llevado con firmeza el timón de la nave del Estado en ese derrotero, la gorra de plato calada y el catalejo a mano para avistar con tiempo los peligros y escollos de la travesía[3]. Va ahí implícita la idea de que en estas maniobras el rey iría en cabeza del conjunto de fuerzas democráticas, señalando el camino que luego siguen los demás; la monarquía sería así la vanguardia que, como tal, es la primera en entrar en combate político con el enemigo: el búnker retardatario, defensor a ultranza de los principios del Movimiento y de las instituciones franquistas.

Pues bien, frente a esta imagen tópica de un Juan Carlos director del cambio democrático,  creemos que, al menos hasta principios de 1977, ya bastante avanzado el proceso, que tiene un punto de inflexión clave con la aprobación de la Ley de reforma política en diciembre de 1976, si bien la figura del rey es importante –no olvidemos que disponía de casi plenos poderes por las Leyes Fundamentales–, no lo es mucho más que la de otros agentes y, desde luego, no representa las posturas políticas más avanzadas ni más democráticas en ese periodo. Sin olvidar que en momentos históricos críticos, en los que se acelera el cambio histórico, tan determinante o más que la de los individuos aislados es la influencia de los grupos sociales y de las instituciones en la evolución de los hechos.

Podemos hacernos una idea de las posturas del rey respecto del futuro político de España a través de los mensajes que emite hacia el gobierno norteamericano a lo largo de 1976. Está de más encarecer la especial significación que EE.UU. tiene para los gobernantes españoles del momento: a muchos años de distancia de la integración de España en el Mercado Común y en la OTAN y de la plena normalización diplomática con terceros países, la vinculación político-militar con EE.UU. seguía siendo el principal y casi único apoyo exterior de España, de modo que toda la clase política española, y muy especialmente el rey, debía cuidar mucho sus relaciones con los centros de poder político, militar y empresarial norteamericanos y dar un enfoque a los temas nacionales que no lesionara los intereses estratégicos de la gran potencia. Tanto era sí que cuando el primer gobierno de Arias Navarro retomó las conversaciones para renovar el Acuerdo España-EE.UU, se procuró no ir demasiado lejos en las exigencias y el mismo Arias recordó lo que dijo Franco a los negociadores en la ronda anterior: «Y en último término, si no consiguen ustedes lo que quieren, firmen lo que les pongan delante. El acuerdo lo necesitamos». (En Areilza, José Mª, Diario de un Ministro de la Monarquía, p. 45). En mayor o menor grado, este interés hacia EE.UU. siguió operante tanto para las fuerzas políticas herederas de la Dictadura como para las de la oposición democrática, por más que tanto unas como otras desearan redefinir -desde distintos enfoques- las relaciones España-EE.UU.

Pero el interés era mutuo,  pues el gobierno norteamericano, y más concretamente el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, estaba muy preocupado  por la situación política en el Mediterráneo, donde proliferaban unos conflictos detrás de los cuales solía ver la longa manu de Moscú (revolución de los claveles en Portugal, creciente influencia comunista en Francia e Italia, guerra e inestabilidad en el Próximo Oriente, conflicto entre Grecia y Turquía). Por otro lado, aún en plena Guerra fría, la situación estratégica de España le daba una importancia especial como lugar de estacionamiento de tropas y armamento y posible función de retaguardia en un eventual conflicto con los soviéticos en Europa. Así pues, muerto Franco, se trataba de influir en la evolución política de España de modo que cambiara lo menos posible el status quo de las relaciones existentes. En atención a este contexto internacional y sin duda como muestra de confianza hacia el rey de España y su gobierno, en junio de 1976 el Senado norteamericano, a instancias del gobierno, elevó a la categoría de Tratado el acuerdo previo que permitía la presencia de bases norteamericanas en la Península. El tratado vino acompañado de transferencias de material militar y créditos bancarios por valor de varios miles de millones de dólares[4], así como de un seguimiento muy estrecho a la evolución política en la Península, como veremos. Sin embargo, el tratado, solicitado desde los tiempos del ministro Castiella, seguía sin satisfacer las necesidades de seguridad y defensa de España, principalmente porque no suponía un compromiso de defensa mutuo (y menos aún en la zona de mayor interés para la seguridad de España: el norte de áfrica. En la Guerra de Ifni de 1957-58 EE.UU. vetó el uso de armamento americano por parte de España).. 

El entonces príncipe Juan Carlos con Richard Nixon en la Moncloa, 1970 (foto: Efe)

Con este telón de fondo, en el primer viaje oficial de los reyes de España a EE.UU. a primeros de junio de 1976 –para algunos, el más importante de cuantos hicieron en su reinado– el recién estrenado monarca habló ante el congreso y el senado norteamericanos evocando un futuro político para España “bajo los principios de la democracia (…), a la vez que se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente expresados”[5]. Un discurso muy aplaudido y que fue interpretado por la prensa, tanto dentro como fuera de España, como un compromiso con un sistema democrático pleno. (Al parecer, era la primera ocasión en que Juan Carlos I empleaba públicamente la palabra “democracia”). Aunque no hubo más detalles, en una reunión del rey y de Areilza con el presidente Ford y Henry Kissinger, secretario de Estado, en despacho oval de la Casa Blanca, el mismo día del discurso ante las cámaras, el rey dio alguna precisión más sobre las perspectivas políticas en España: habría elecciones generales a finales de año y municipales en la primavera siguiente[6]; ante los problemas económicos (inflación), los cambios deberían hacerse poco a poco; preocupa aún la situación en Portugal, pero se esperaba que Eanes recondujera el país y, en fin, se veía como un problema la infiltración comunista en los sindicatos españoles. En todo caso, tanto el rey como Areilza, ministro de Asuntos Exteriores, que le acompañaba, manifestaron su voluntad de acercamiento a la OTAN y al Mercado Común Europeo; y aunque se veía la integración española en esas instituciones como algo no cercano, la firma del Tratado de Amistad y Cooperación España-EE.UU. –que el Senado iba a ratificar ese mismo mes– se consideraba un paso importante en esa dirección[7].

No consta el contenido de la conversación que, a petición del rey, tuvieron a solas él y Kissinger dos días después pero, a la vista de la evolución posterior de los acontecimientos, no es difícil deducir que abordaron al menos dos cuestiones: la inmediata sustitución de Arias por Suárez en la presidencia del gobierno y el diseño de un escenario político en el que estuvieran fuera de juego los comunistas y sus organizaciones de masas. Como le había dicho el embajador de EE.UU. en España, Wells Stabler, al ministro Areilza, los EE.UU. «desean, sobre todo, que no vayamos por el camino de Portugal» (recogido en su citado «diario»). Curiosamente , poco después, la dimisión de Arias como presidente del gobierno fue consecuencia de unas declaraciones que el rey hizo en esa ocasión al semanario norteamericano Newsweek, en las que expresaba su disgusto por la gestión política de Arias.

De izquierda a derecha: Ford, Areilza, Kissinger, Juan Carlos I y el embajador Wells Stabler (fotodel blog de Cristina Martín Jiménez)

Más o menos por esas fechas (pero estando aún Arias en el gobierno), el rey lanzó su primer intento de contacto con la dirección del PCE mediante intermediarios. En este caso fue Manuel Prado y Colón de Carvajal, a quien envió a tratar con Ceaucescu, el dictador rumano, con el que Carrillo tenía una especial relación de afinidad personal e ideológica. Años antes, siendo príncipe, Juan Carlos había dotado de pasaporte diplomático a Prado para hacer gestiones en su nombre por todo el mundo. Como vamos a ver, la confianza del rey en este individuo era tal que durante muchos años le confió la gestión de distintas misiones, tanto políticas como relacionadas con sus negocios particulares, donde Colón se presentaba como “administrador de los dineros privados de Su Majestad”[8].

 El mensaje enviado al PCE por el rey resultaba un tanto contradictorio: por un lado, decía que tenía en cuenta la existencia de los comunistas, pero, por otro, les pedía que “pacientaran” (sic) un par de años, ya que no sería posible antes su legalización. Mientras tanto, debían frenar su estrategia de presión política, que resultaba, según el rey, desestabilizadora y contraproducente, pues daba razones a los inmovilistas para mantenerse en sus posiciones. A lo cual Ceaucescu respondió que la normalización del PCE debía ser simultánea a la de los demás partidos si se quería que la democracia española tuviera credibilidad internacional. Una vez normalizada la situación, añadía, los comunistas españoles respetarían la legalidad y el resultado de las urnas[9].

Juan Carlos con Ceaucescu (foto: Getty Images)

A primeros de diciembre de 1976, Prado recibió una nueva misión real: entrevistarse con Henry Kissinger, secretario de estado con el Presidente Gerald Ford[10]. Sintetizo a continuación la entrevista, que tuvo lugar en la embajada de EE.UU. en México, siendo muy reveladora de las posturas políticas de Juan Carlos I -y de Kissinger- en ese momento. Se habla en ella sobre todo de la situación política española, la cual, según Prado, está “bajo control” yendo adelante “los programas y reformas que él [Juan Carlos] y usted el trataron cuando se reunieron”. (Prado aludía al encuentro que tuvieron a raíz de la visita oficial los reyes a EE.UU. en junio).

Según Prado, tras el referéndum sobre la Ley de reforma política, previsto para el 15 de diciembre, poco después de la entrevista, el nuevo sistema político iba para permitir que hubiera alguna oposición al futuro gobierno (dando por sentado que este seguiría en manos de los reformistas del Movimiento, tipo Suárez), pero no un libre juego de todas las fuerzas políticas. “Hemos dado permiso a los socialistas para tener su congreso –añade Prado– (pero) el rey me ha encargado que le diga que nunca daremos permiso a los comunistas para que participen abiertamente en el proceso político” (subrayado en el original); el ejército “se rebelaría si legalizáramos al partido comunista”. Kissinger, taimado donde los haya, responde a Prado:

Personalmente, no puedo derramar lágrimas por un partido que declara ilegales a todos los demás partidos. (…) Espero que el rey tenga en cuenta la lección de la historia. Sin una autoridad central muy desarrollada, España resultaría anárquica. España ha sido siempre fuerte sólo cuando su rey era fuerte.

Kissinger y Carrero Blanco (foto: sidi-ifni.com)

(Por si no estaba clara la idea, a continuación Kissinger se refiere elogiosamente a Franco: “él era realmente duro. No era un primo” (He was really tough. He was no patsy). Y añade una observación interesante referida a la conducta de Areilza durante esa visita oficial que, de paso, puede dar alguna luz sobre los motivos por los que Juan Carlos I prescindió de él cuando, poco después, hubo de sustituir a Arias Navarro: “el presidente Ford quedó muy sorprendido con el comportamiento del ministro de Exteriores y el modo en que trataba al rey. Cuando el presidente Ford hacía una pregunta, la respondía el ministro en vez del rey”.

Como vemos, de estas entrevistas se deduce una idea de la actitud política del rey no muy acorde con la imagen de demócrata convencido que circula por los libros de texto y entre los apologistas de la transición. Se ve que Juan Carlos I, tras casi un año de mandato como jefe de estado, estaba aún lejos de apoyar un sistema democrático pleno, al concebir un nuevo sistema político en el que quedara marginado, al menos en los primeros momentos (y, desde luego, en las primeras elecciones)  al entonces principal partido de la oposición antifranquista, de cuyas credenciales democráticas no cabía dudar, y se alineaba más bien con la opción neofranquista que en ese momento defendían los «liberales» Fraga o Areilza, más atractiva también para los halcones yanquis tipo Kissinger, para la OTAN y para sus aliados europeos conservadores e, incluso, para ciertos políticos socialistas o socialdemócratas. Que esto era algo más que una posición teórica lo prueba el hecho de que, como le indica Prado a Kissinger, el gobierno de Suárez estaba a punto de autorizar el XXVII congreso del PSOE en Madrid, que comenzó el 15 de diciembre, con el respaldo de la plana mayor de la Internacional socialista (Willy Brandt, recién elegido presidente de esta, Olof Palme, Mitterrand, Pietro Nenni), mientras que el PCE debió esperar cuatro meses más para su legalización y Santiago Carrillo fue detenido y encarcelado durante varios días a finales de ese mismo mes, a la vez que la ultraderecha le amenazaba de muerte[11]. Por lo demás, aunque el PSOE pedía la legalización de todos los partidos, dejó claro que se presentaría a las elecciones incluso en el caso de que no pudiera hacer lo mismo el PCE.

El rey Juan Carlos con el primer gobierno de la monarquía

Para aquilatar debidamente la posición política del monarca en esos momentos críticos, quizá convenga recordar brevemente cuál era la situación española a finales de 1976, cuando el gobierno de Suárez, una vez defenestrado el inmovilista Arias Navarro, llevaba cinco meses funcionando y aún faltaban otros seis para las primeras elecciones generales democráticas. En síntesis, podrían resumirse en cuatro las grandes opciones para el futuro político de España presentes en ese momento: 1) la representada por el búnker franquista, que deseaba la continuidad de la Dictadura con un “franquismo sin Franco”, ahora bajo la jefatura del rey; 2) la de los partidarios de la ruptura democrática, que buscaban la formación de un gobierno provisional que abriera un proceso constituyente empujado por una amplia movilización político-social, y la de los franquistas reformistas, que a su vez tenía dos líneas divergentes: 3) la de Fraga, que diseñaba un sucedáneo democrático en el que los comunistas quedarían marginados y en el que el poder legislativo quedaría muy controlado por un senado de representación corporativa y, por otro lado, 4) la de Adolfo Suárez y sus adláteres más cercanos, como Osorio, Martín Villa, Lavilla o Abril Martorell. La operación política en este caso iba orientada a un sistema formalmente constitucional-democrático, con previo reconocimiento de (casi) todos los partidos y de las libertades políticas y sindicales y con cierta vocación reformista en todos los aspectos. Una línea política, que en todo caso mostró una gran capacidad de cambio táctico y de adaptación a las circunstancias en esos meses críticos. Algo sin duda propiciado por la heterogeneidad ideológica de sus integrantes (liberales, socialdemócratas, cristianodemócratas), que, a la larga, dio también lugar a divisiones internas).

Bien es cierto que ese esquema inicial de los reformistas, tendencialmente democrático, incluía algunas líneas rojas bien dibujadas, luego asumidas por la oposición mayoritaria y aún hoy operantes como lastres o límites del sistema político entonces diseñado: la permanencia de la monarquía instaurada por Franco, la unidad territorial de España, la no depuración del aparato del Estado y del Movimiento (razón por la que la amnistía exculpó también a los responsables de crímenes en el franquismo), la ausencia de una relación simbólica y memorial con la II República (que solo décadas más tarde la Cortes españolas reconocieron como principal y casi único antecedente de la democracia española actual) y un especial respeto a los intereses de la Iglesia católica. El futuro político, por lo demás, quedó “atado y bien atado” con una constitución prácticamente irreformable y un sistema electoral facilitador del bipartidismo y de la sobrerepresentación de las provincias conservadoras.

(Somos conscientes del reduccionismo de esta clasificación política, que deja de lado los matices y diferencias internas en cada una de las opciones, así como la presencia de partidos de matiz regionalista o nacionalista, por no hablar de los republicanos del interior y del exilio, muy escasos, que fueron marginados o se automarginaron en ese momento, salvo Esquerra Democràtica de Catalunya. En 1976 había registrados más de 150 grupos políticos en  España, lo que no debe inducir a pensar en un alto grado de compromiso político de los españoles o de implantación orgánica de los partidos en el país. Pues a  pesar del indudable vigor de las movilizaciones ciudadanas de todo tipo en los años finales de la Dictadura y de la primera transición [políticas, sindicales, estudiantiles, vecinales, autonomistas, profesionales] no hubo entonces una sólida estructuración territorial del sistema de partidos, siendo las dos organizaciones más poderosas las del PCE y la institucional del Movimiento).

Juan Carlos I saluda a Suárez, todavía secretario general del Movimiento, antes de un consejo de ministros en 1976 (foto: Efe)

Como decimos, la postura de Juan Carlos I, al menos durante el primer año de su mandato, estaba más cerca de la de un Fraga o un Areilza que de la de Suárez, aunque la fuerza de las circunstancias y un mínimo de sensatez política le llevaran a apoyar a este ya en 1977, cuando se plantea decididamente eliminar el Movimiento Nacional, establecer los derechos políticos y legalizar al PCE. (Aunque no duró mucho ese apoyo, pues luego fue la actitud del rey la que llevó a dimitir a Suárez en 1979, tras las segundas elecciones generales.)  En este punto, puede parecer contradictoria la elección de Suárez como jefe de gobierno en 1976 (lo mismo que la previa confirmación de Arias como primer presidente de la monarquía), probablemente por consejo de Fernández Miranda, pero tiene su razón de ser en que Suárez, un desconocido, lo mismo que su “gobierno de penenes”, era más susceptible de manejar que un Fraga con su personalidad autoritaria y un programa político ya detallado en la cabeza.

Suárez toma posesión como presidente del Gobierno en presencia de Juan Carlos I y de Torcuato Fernández-Miranda (foto: El Perióódico)

En todo caso, la formación militar del rey, su educación en círculos clericales y académicos conservadores y su cercanía a la corte de El Pardo y al propio Franco explican de sobra esos resabios políticos derechistas[12]. Y quizá sea útil en este punto ver con un poco de detalle la citada opción autocalificada de “liberal” por sus promotores. Una vez más, echamos mano de un encuentro oficial, en este caso la reunión que tuvieron en Madrid el 25 de enero de 1976 representantes del gobierno Arias (Fraga, ministro de Gobernación, y Areilza, de Exteriores;  y Marcelino Oreja, subsecretario) con otros del gobierno americano (Kissinger, Wells Stabler, embajador en España, Sonnenfeldt y Hartman, consejeros de exteriores)[13]. Fraga –que lleva la voz cantante– presenta al “Amigo americano” una reforma pausada y sujeta al arbitrio del Consejo del Reino y de las Cortes. En ella habría, tras un referéndum constitucional, “una Cámara elegida por sufragio universal y luego una especie de Senado que representaría los intereses corporativos”. Se darían competencias a instituciones regionales, pero en ningún caso habría tratos con los comunistas, a los que asimila a los terroristas. (Más adelante Kissinger insiste en este punto, recordando que los comunistas eran ilegales en la RFA). El rey tendría un papel importante en el ámbito político, sobre todo para mantener la lealtad de los militares hacia el gobierno. La multitud de partidos existentes en España quedaría reducida a cuatro opciones principales, “probablemente un partido de derecha –precisa Fraga– que represente a los viejos grupos franquistas. Luego debería haber uno para gente como el ministro de exteriores [Areilza]  y yo, y luego un grupo cristianodemócrata en lugar de los cinco que tenemos ahora, y luego un Partido Socialista”.

Como vemos, el punto esencial en estos programas reformistas era la marginación del PCE y de las organizaciones de masas por él influidas con el fin de erosionar lo menos posible el statu quo en el Occidente liberal capitalista. El contexto de Guerra fría y la problemática situación política y económica internacional están detrás de todo ello, a lo que se añadía en España una especial incidencia de los problemas económicos (bajada del PIB, inflación, déficit público) y políticos (terrorismo de distinto signo, ruido de sables), junto a un muy notable incremento de las movilizaciones sociales de todo tipo. Por lo que a Juan Carlos se refiere, seguramente el factor más influyente en cuanto a su anticomunismo era su estrecha relación con la jefatura militar, desde la oficialidad hasta los generales, que en ese momento eran “los más franquistas de la historia de España”, pues habían ido escalando empleos desde la guerra y estaban empapados de la mentalidad del Movimiento, que luego habían transmitido a las promociones siguientes a través de las academias militares. Y algo semejante se podría decir de los mandos de la Guardia civil, donde estaban halcones tan característicos como Iniesta Cano o Campano López[14].

El rey Juan Carlos y el teniente general Milans del Bosch durante unas maniobras (foto: historiasdehispania.blogspot.com)

A la inercia de los militares y de los tardofalangistas del Movimiento se unió la influencia exterior sobre el proceso de transición española –sobre todo la proveniente de EE.UU. y la RFA– en un sentido parcialmente coincidente. Esa intervención se manifestó desde 1975 principalmente en el apoyo al PSOE y a la UGT como vía para frenar y sustituir la influencia de los comunistas. Así lo reconoció von Brauchitsch, representante de Friedrich K. Frick, ante una comisión del congreso español, cuando Carrillo le preguntó la razón por la que habían financiado el PSOE:

Tratábamos de cerrar el paso al comunismo. Y el partido mejor situado era el PSOE[15].

En este ámbito destacó la acción de la socialdemocracia alemana, que gobernaba en la RFA desde finales de los años sesenta y que desde su Congreso de Bad Godesberg (1959) había abandonado el marxismo para defender los valores humanistas y cristianos de la tradición europea, junto a la democracia formal y la economía de mercado, convenientemente limitada con leyes sociales y laborales. La fundación Ebert, de los sindicatos alemanes, se volcó en poner en pie un PSOE que hacia 1975 apenas tenía organización ni influencia en España (y que además se hallaba muy dividido en grupúsculos). Mediante asesoramiento y mucho dinero (unos 3.000 millones de pesetas entre 1975 y 1985) el “amigo alemán” consiguió extender la organización socialista, que pasó a tener presencia en casi todas las provincias a finales de 1976 (a comienzos de años solo la tenía en 27); crear y formar cuadros mediante seminarios (unos 2.000 entre 1975 y 1981); poner en pie una poderosa oficina de propaganda, dirigida por Julio Feo, Guerra y Félix Tezanos) y proyectar la imagen moderna del PSOE en el exterior organizando actos públicos y contactos con la prensa a Felipe González y otros líderes socialistas. Para ello, la Internacional socialista, dirigida por Willy Brandt -que pronto se mostró como amigo personal de González- pidió a los partidos socialistas que le invitaran a visitar sus países. Este tipo de actividades había empezado antes en Portugal, tras la “revolución de los claveles”, donde tuvo una incidencia esencial el PCP, y se dirigió también al fortalecimiento de la UGT con el fin de frenar la dinámica de CC.OO., preponderante en el terreno sindical desde los años sesenta[16].

Pero las cosas históricas fueron luego por otros derroteros, obligando a unos y otros a cambiar de perspectivas. En enero de 1977 accedía a la presidencia de EE.UU. el demócrata James Carter, más partidario de los derechos humanos y políticos, así como el también más flexible Cyrus Vance a la Secretaría de Estado;  los acuerdos de Helsinki de agosto de 1976 empezaban a distender la tensión de la Guerra fría y en España los acontecimientos –fundamentalmente las movilizaciones populares y sindicales, estimuladas por una grave crisis económica– hicieron inviable una democracia recortada, como pronto intuyó Adolfo Suárez, que se vio obligado a ampliar el escenario político y a legalizar al PCE. En todo caso, esta se retrasó todo lo posible, de modo que mientras tanto los socialistas pudieron estar mejor dotados para afrontar una campaña electoral que les colocó en el primer plano de las fuerzas de izquierda, algo que hubiera sido impensable uno o dos años antes.

Suárez, Carter y Juan Carlos (foto:royalticism.blogspot.com)
Los amigos del Golfo (Pérsico)

Que el último traspié de Juan Carlos de Borbón haya tenido que ver con la monarquía saudí recuerda viejos chanchullos que le involucraban en asuntos relativos a los países del golfo Pérsico a través de algún testaferro. Uno de ellos fue su amigo Manuel Prado, al que ya hemos visto tramitándole asuntos políticos. Antes aún, su  primera  gestión fue garantizar los contratos de abastecimiento de petróleo provenientes de Arabia y de los Emiratos durante la guerra del Yom Kipur de 1973, “obteniendo la comisión habitual para este tipo de transacciones, que venía a ser de dos centavos de dólar por barril[17]. El ministro de economía Barrera de Irimo había pedido al príncipe Juan Carlos que mediara ante el entonces también príncipe Fahd de Arabia saudita y para ello este confió a Prado tal misión oficial. Al año siguiente, el príncipe le designó como hombre de confianza ante Henry Ford II en los trámites para la ubicación de la filial automovilística en Almusafes (Valencia)[18]. Por este tipo de servicios Prado fue nombrado presidente de Iberia en 1976 y senador por designación real al año siguiente, lo que le dio aún mayor capacidad de acción internacional. Con tales antecedentes, no es de extrañar que en la siguiente crisis petrolífera, la provocada por la toma de rehenes norteamericanos en Teherán (1979), Prado siguiera teniendo el monopolio de la mediación entre el gobierno español y Arabia, Kuwait y los Emiratos, puenteando al propio encargado del gobierno español en esas materias, Roberto Centeno, consejero delegado de CAMPSA. Mientras tanto, la mordida del comisionista había subido más o menos proporcionalmente a la del barril de crudo: si tras la crisis de 1979 el precio superaba los treinta dólares, la comisión oscilaba ahora entre uno y dos dólares por barril[19]. (Más adelante Prado dio mucho juego en época socialista como asesor de la Sociedad Estatal del V centenario y otras iniciativas)[20].

Juan Carlos I y Henry Ford II durante la inauguración de la planta de Ford en Almussafes, 1976 (foto: Economía 3)

Y así, entre unas cosas y otras, el rey, que –según periodistas del New York Times– llegó al trono con “casi nada”, generó un patrimonio para la familia real de 2.300 millones de dólares, si bien sus adeptos creen que esta cifra está inflada al incluir propiedades del gobierno; en todo caso, es un patrimonio que se relaciona con la gran proyección del monarca como gestor de contratos de alto nivel y embajador económico de su nación[21]. Salvando las distancias –que no son excesivas– podríamos comparar ese enriquecimiento espectacular con el de la familia Franco[22].

En aras de la brevedad nos referiremos al último capítulo que relaciona al rey huido con malas compañías y con Arabia Saudí. La famosa cacería de elefantes en Botsuana en la que se rompió la cadera (2012), fue pagada por un amigo del monarca, el magnate sirio Mohamed Eyad Kayali, con cuyo apoyo consiguió para un consorcio de empresas españolas el contrato de construcción de una línea de tren A.V. en Arabia (trayecto de Medina a La Meca) por un monto de 9.900 millones de dólares.  El coste de la cacería fue de 750.000 euros, pero mayor aún fue el precio político para el rey Juan Carlos, ya que el escándalo –que desveló de paso sus relaciones con la empresaria Corinna Larsen– fue uno de los principales factores que le llevaron a la abdicación dos años después[23].

Juan Carlos of Spain, and King Abdullah of Saudi Arabia in 2008.Pierre-Philippe Marcou-France-Presse — Getty Images

En el ínterin, el episodio deja algún dato más bien propio de la prensa del corazón: en alguno de estos viajes en avión que llevaban al rey a Arabia se hallaba la tal Corinna en calidad de asesora empresarial. Entonces tuvo ocasión de valorar la personalidad de Juan Carlos I en los siguientes términos: “El rey es un tesoro nacional. Cuando entra en una habitación irradia calor y carisma y conecta con todo el mundo. Nadie se muestra insensible ante ello[24].

Conclusión

Como hemos podido apreciar, durante los primeros tramos del postfranquismo había varias opciones políticas sobre la mesa, no todas ellas homologables con un sistema democrático pleno, y la evolución de los acontecimientos dependió fundamentalmente de la relación dialéctica entre las fuerzas de la oposición democrática y las del franquismo y del neofranquismo, dándose esa situación que Vázquez Montalbán definió como “un empate de debilidades”: ni aquellas pudieron imponer una ruptura democrática y un verdadero proceso constituyente, como demandaban al principio la Junta y la Plataforma democráticas, ni pudo prosperar la opción continuista o pseudodemocrática de Fraga y sus adláteres, ni, mucho menos, la de los continuistas del búnker. Al final se impuso una reforma pactada en la que intervinieron la mayoría de las organizaciones políticas en presencia, con los graves condicionantes de una situación económica y social muy conflictiva. (De ahí que haya que señalar también la ausencia de los sindicatos en las negociaciones, los cuales fueron en palabras de Marcelino Camacho, “los convidados de piedra” en la transición)[25]. En este juego de fuerzas parece realista contemplar la figura de Juan Carlos I como un agente más, dentro del campo conservador, que se hubiera decantado más gustosamente por opciones no plenamente democráticas, si las circunstancias no se lo hubieran impedido.

Kuwait, 16 de abril de 2014: Juan Carlos I saluda a empresarios españoles y kuwaitíes durante un encuentro empresarial en el palacio Bayan (foto: Efe)

Por otra parte, a la vista de los hechos referidos, resulta muy difícil o imposible hacer ese deslinde tajante entre vicios privados y públicas virtudes que algunos defienden en referencia a Juan Carlos I. Que haya echado manos de testaferros para hacer gestiones de todo tipo al margen del gobierno –y a veces de la legalidad– es impropio, no ya de un monarca constitucional, sino de una personalidad íntegra en lo moral y decente en lo político, y peor aún es que haya efectuado operaciones mercantiles personalmente prevaliéndose de su cargo. Estas conductas, junto con la tradicional opacidad de la Casa real (que solo ofreció información detallada sobre sus asignaciones, personal a su servicio, gastos de la Corte, etc., tras el escándalo del caso Noos en 2012), han ido alejando poco a poco a la monarquía del aprecio de la ciudadanía española  y deben propiciar un debate público acerca de la alternativa republicana.


[1] Sorprendentemente, o no tanto, esa fue también la conclusión que pudo sacar el espectador del especial informativo de TVE 1 la noche del pasado seis de agosto, con la participación de un magistrado, un académico de ciencias morales, una periodista y un historiador. El programa se completó con el documental Yo, Juan Carlos I, rey de España, de tono oficial y hagiográfico. Cf. en este blog Luis Castro, «El rey emérito, Martín Villa y sus peones».

[2] Desde un enfoque monárquico legitimista Juan Carlos I es un usurpador de la corona hasta el 14 de mayo de 1977, momento en que el conde de Barcelona, llamado Juan III por sus adeptos, renuncia a sus derechos a la corona en favor de su hijo “por España, siempre por España”. Por su parte, Juan Carlos debió jurar ante las Cortes «fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino», siendo investido como sucesor de Franco en la jefatura del Estado y con el título de «Príncipe de España», no de Asturias, como era tradición.

[3] Cierta historiografía áulica repite ese concepto, codificado por el historiador hispano-norteamericano Charles Powell en su obra El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia (1991). En el informativo citado en la nota uno se repitió no menos de tres veces este concepto. Otras imágenes son la de “bisagra entre el Estado y la sociedad civil” (Tuñón de Lara) o la de la “bisagra que facilitara el paso de la dictadura a la democracia” (Santiago Carrillo);  otra más musical le ve como director de orquesta en una sinfonía donde la partitura era obra de Fenández Miranda y Suárez y los músicos serían los ciudadanos españoles.

[4] Pereira Castañares, J.C.; Fernández Fernández-Cuesta, J.M., “La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia…. El primer viaje al exterior del rey de España, preparativos, desarrollo y consecuencias para la Transición española”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 38, 2011,  301-309; Powell, Charles T., «La dimensión exterior de la Transición política española», Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 18 (mayo-agosto de 1994)

[5] Pereira Castañares, J.C.; Fernández Fernández-Cuesta, J.M., Op. cit.

[6] Juan Carlos I añadió que su abuelo Alfonso XIII se equivocó en 1931 al convocar primero las elecciones locales, algo que provocó la instauración de la II República. Lo que nos lleva a pensar que quizá no se ha reflexionado bastante sobre el hecho de que las elecciones generales de junio de 1977 las controlaran los ayuntamientos aún franquistas y unos gobernadores civiles dependientes de un ministro como Martín Villa.

[7] Memorandum de la conversación en el repositorio de National Security Archive.

[8] Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Akal, 2016, pp. 287-293. La amistad entre el rey y Prado podía tener un lejano origen genético: si este se decía descendiente directo de Cristóbal Colón, aquél lo era de la reina Isabel I de Castilla, según dijo en el citado discurso ante el senado y el congreso norteamericanos en 1976.

[9] Joaquín Bardavío, Las cortes franquistas se hacen el harakiri, en El franquismo, año a año. 1976. El Mundo, 2006, pp. 10-12; S. Carrilo, Memorias, pp. 617-618. Hemos dejado el galicismo “pacientar”, que está en el original de Carrillo y es típico

[10] El memorándum de la conversación en el repositorio del National Security Archive. Aparece como “secreto”, si bien fue desclasificado posteriormente. Los interlocutores se hallaban presentes en la toma de posesión del presidente mexicano López Portillo.

[11] Santiago Carrillo, Memorias, Planeta, 1993, pp.613-636. Aunque parezca mentira, la situación dio lugar a episodios chuscos. En una de las pintadas, los ultras amenazaban: “Vamos a matar al cerdo de Carrillo” y luego otros le advertían: “Ojo, Carrillo, te quieren matar al cerdo”.

[12] Luis Castro, “Por qué Juan Carlos de Borbón no estudió en Salamanca”, en Salamanca rtv al día, 20 de septiembre de 2018. Carmen Díaz de Rivera anotó que Juan Carlos, tras la elección de Suárez,  se comportaba como “tremendamente conservador”, que “solo piensa en algunos retoques”, incluso después de elegir a Suárez. “Así no vamos a ningún sitio”, concluye. (cit. en J. Fontana, “La historia de la transición: una propuesta crítica”. En blog Conversación sobre historia).

[13] Memorándum de la reunión en National Security Archive. No deja de ser vergonzoso que, a estas alturas, aún debamos recurrir a documentos de archivos extranjeros para estudiar cuestiones de historia de España, sobre todo referentes a relaciones exteriores.

[14] Gabriel Cardona, Franco y sus generales. La manicura del tigre, Temas de hoy, 2001, pp. 213-214.

[15] S. Carrillo, Memorias, p. 608.

[16] Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán. El SPD y el PSOE, de la dictadura a la democracia, RBA, 2012, cap. 4: “La fundación Ebert y la reconstrucción del PSOE en España (noviembre de 1975-junio de 1977)”. La acción de la CIA fue también notable, especialmente en el caso de Portugal, pues el Pentágono llegó a temer la pérdida de sus bases militares en las Azores.

[17] Mariano Guindal, El declive de los dioses, Booket, 2011, p. 387. La comisión puede parecer exigua si no se tiene en cuenta que el precio del barril de Brent no superaba los tres dólares antes de la crisis.

[18] Rebeca Quintans, Op. cit., pp. 287.

[19] Roberto Centeno, “El disparate económico”, en El Confidencial, 16 de junio de 2014. Prado tuvo luego varios tropiezos judiciales, relacionados con prácticas dudosas o corruptas con el Banco de Descuento, el Gran Tibidabo o el grupo Torras, filial española de KIO –holding financiero de la casa real kuwaití–, que le llevaron a la cárcel en alguna ocasión.   

[20] Entonces entró en relación con Javier de la Rosa, que a su vez le relacionó con el grupo KIO, de la familia real kuwaití. Ambos incurrieron en delitos y Prado llegó a estar en la cárcel en 2008 debido a una dudosa transferencia de 2.000 millones de pesetas. (Mariano Guindal, El ocaso de los dioses, p. 389).

[21] Doreen Carvajal y Raphael Minder, “Chastened King Seeks Redemption for Spain and His Monarchy”, en New York Times de 28 de septiembre de 2012.

[22] Luis Castro, “La gran corrupción: Puerto Franco, de José Luis de Vilallonga”, en Conversaciones sobre historia.

[23] En la abdicación de Juan Carlos I también influyó la implicación de su yerno Iñaki Urdangarín en el caso Noos, revelada el mismo 2012, que así se convirtió en annus horribilis para la corona española.

[24] Doreen Carvajal y Raphael Minder, artº. cit. Ver otras operaciones intermediadas por Juan Carlos en el extranjero en Rebeca Quintans, Juan Carlos I, la biografía sin silencios. Akal, 2016, pp. 289-291.

[25] Las palabras de Camacho se referían a los Pactos de la Moncloa, pero estimamos que pueden generalizarse un poco más.

*Historiador. Investigador e impulsor del movimiento memorialista. De sus obras destacan: “Burgos. La capital de la Cruzada” (Crítica, 2006) . “Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España Contemporánea” (Catarata, 2008).“La bomba española. La energía nuclear en la Transición” (2015)

Portada: el entonces príncipe Juan Carlos junto a Franco, Carrero Blanco y Torcuato Fernández Miranda en Cuelgamuros, 1972 (foto: Efe)

Ilustraciones: Conversación sobre la Historia

Artículos relacionados

REY EMÉRITO (IV). Monarquía, privilegio y poder

REY EMÉRITO (III). La historia sin histerias: a propósito del rey emérito y sus avatares

La historia de la transición : una propuesta crítica

La gran corrupción: «Puerto Franco», de José Luis de Vilallonga (y II)

1 COMENTARIO

  1. Excelente puesta a punto. Permitidme un desahogo. Menudo contraste con la entrevista concedida esta mañana a la SER por el ínclito político y finísimo analista Alfonso Guerra en calidad de portavoz del reciente manifiesto de viejas glorias agradecidas apoyando al supuesto Emérito. Se ha abierto de capa (perdón por el símil taurino) asegurando que el interfecto heredó “todos los poderes de Franco” renunciando sobre la marcha a ellos para que se pudiera implantarse la democracia.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí