Juan Sisinio Pérez Garzón

Catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha *

El debate Monarquia vs. República en España tiene prácticamente dos siglos de altibajos más o menos intensos. Es fruto de la libertad de ideas implantada desde la revolución liberal. Se hizo ya patente durante la regencia de Espartero (1840-1843) y fue motivo de debate constitucional en las Cortes constituyentes de 1854 y sobre todo en las de 1869. Con este artículo se trata de exigir rigor analítico para no caer en comparaciones historicas superficiales y fuera de contexto y, por tanto, para lanzar una pregunta política rotunda: ¿es la institución monárquica, tal y como está establecida en la Constitucion de 1978, un obstáculo para desarrollar políticas progresistas y/o de izquierdas? En consecuencia, cabria añadir otra pregunta igualmente necesaria: ¿con la gravedad de la actual crisis, ayuda al consenso necesario situar este debate en el primer punto de la agenda social?

 

Se abusa del calificativo de “hecho histórico”. Que el rey emérito deje la residencia oficial de la que disfrutaba como anterior Jefe de Estado es una buena anécdota para comprobar la fortaleza de la democracia española. No tiene por qué haber un antes y un después, aunque es cierto que este hecho, debido a comportamientos nada ejemplares, parece, del anterior rey, permite a ciertas voces pretendidamente progresistas extrapolar la coyuntura para cambiar (¿o acaso dinamitar?) el actual sistema constitucional.

Quizás convenga aportar tres precisiones históricas:

1. El papel de los individuos en la historia

Es amplio el debate sobre el peso que cada individuo tiene en los procesos históricos. En este caso es justo subrayar que en la transición de la dictadura de Franco a nuestra actual democracia no hubo un piloto clarividente que supiera el rumbo preciso y seguro en cada momento entre 1975 y 1982. Santos Julià, maestro de historiadores, nos ha enseñado la complejidad de tal proceso en su, por desgracia, último libro.

Ahora bien, en ese entramado de fuerzas sociales y cambios económicos y culturales que dieron paso a una sociedad democrática, son muy importantes las decisiones de los individuos que tienen poderes para frenar o arropar unas u otras exigencias politicas. Y en este caso hay datos suficientes para defender que Juan Carlos I supo captar y subirse a lomos de las demandas democráticas que existían entre la mayoría de los españoles en esos años.

27 de diciembre de 1978: Juan Carlos I firma la Constitución en presencia del entonces príncipe Felipe (foto: Efe)
2. La Constitución de 1978 cumplió el programa republicano

El republicanismo de los siglos XIX y XX nunca se redujo a quitar reyes. Bebió de la tríada conceptual de “libertad, igualdad y fraternidad” que se enarboló en las revoluciones liberales norteamericana y francesa y que en España tuvo un largo camino entre las Cortes de Cadiz (1810-1813) y el sexenio democrático (1868-1874) con la experiencia de la Primera República. En esos años se fraguó el republicanismo como un programa de reformas políticas, socioeconómicas y culturales que podríamos catalogar como el embrión y avance de lo que hoy llamamos “Estado democrático y social de derecho”.

Es cierto que para alcanzar esas metas chocaron con el papel que los liberales conservadores asignaron a la Corona como poder imbricado claramente con los intereses y corrupciones de las oligarquías. De ahí el protagonismo político que tuvieron las decisiones tanto de Isabel II como de Alfonso XIII. Las Constituciones de 1845 y 1876 se lo permitían.

Por eso el programa republicano chocaba con el muro de La Corona. Por eso también se produjo el derrocamiento de Isabel II y luego se tuvo que exiliar Alfonso XIII. Nada que ver ni en contextos ni en fuerzas políticas con la situación de 2020. Las comparaciones en historia deben hacerse con mucha precaución para subrayar diferencias y no caer en trampantojos que falseen la realidad.

Ahora bien, con las experiencias amasadas durante la Segunda República (1931-1939), la trágica Guerra civil y la dolorosa dictadura de Franco, se puede concluir que en la Constitución de 1978 se recogieron los derechos y aspiraciones que desde hacía un siglo habían sido bandera de un amplio abanico de fuerzas progresistas.

Más aún: con la Constitución de 1978 se puede afirmar que ganaron la partida los vencidos en la Guerra civil, por más que quedasen asuntos que posteriormente se han considerado insoslayables. En este sentido, el republicanismo como fuerza política perdió su sustento histórico y vio cumplidos sus objetivos sociales.

Los reyes Juan Carlos y Sofía saludan a Dolores Rivas Cherif, viuda del presidente Azaña, en México, 1978 (foto: ABC)
3. Y, sin embargo, ¿se nos desquician las prioridades?

Si los observatorios más serios incluyen la democracia española entre las más avanzadas del mundo, y en la que, por primera vez en nuestra historia, sí, por primera vez, los corruptos han sido juzgados y condenados (presidente de la patronal, políticos de todo signo y de alto copete, miembros de la familia real…) ¿por qué queremos convertir en hecho decisivo e histórico para toda la sociedad el comportamiento de un rey que, por más que haya noticias e indicios nada ejemplares, ni ha sido incriminado ni juzgado por ninguna instancia judicial?

¿Por qué un torbellino de chismes y tuits tan expandido por los medios de comunicación y redes sociales, con prédicas de moralina legítimas, aunque mucha veces incoherentes en boca de quienes las pronuncian, sustituye a los jueces y al derecho a un juicio justo?

En un año en el que la sociedad española está sufriendo la crisis socioeconómica  más grave desde la Guerra civil, la razón democrática puede aportar argumentos suficientes para aparcar el cambio que ciertas voces plantean en las prioridades políticas.

¿Se incrementaría con esa obsesión antimonárquica la calidad y solidez de nuestra democracia y se facilitaría el consenso para recuperar la prosperidad económica y las ventajas sociales de las clases y sectores más perjudicados por la crisis?

¿O sería una querella supuestamente de izquierdas para ocultar la incapacidad de lanzar metas que atiendan las necesidades del mayor número posible de ciudadanos?

Se puede cuestionar la Monarquía, por supuesto, pero también cabe defender que, desde 1978 hasta hoy, esta institución no ha sido obstáculo para políticas democráticas, progresistas y/o de izquierdas.

En este sentido, frente al uso histérico de hechos históricos, convendría recordar que un gobierno democrático, además de atender a sus aliados, también debería fraguar puentes con una oposición que representa a la otra mitad de ciudadanos, igualmente parte del Estado.

*De sus más recientes publicaciones cabe destacar  «Contra el poder. Conflictos y movimientos sociales en la historia de España: De la Prehistoria al Tiempo presente»  (Comares, 2015);  «Historia del feminismo» (La Catarata, 2018, 3ª edic.) ; y con Eduardo Manzano: «La gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder»,
(Crítica, 2000)

Fuente: The Conversation 4 de agosto de 2020 y resumen para Conversación sobre la Historia

Portada: Juan Carlos I  recibe el 27 de octubre de 1982 a los líderes de los partidos parlamentarios en la jornada de reflexión de las elecciones legislativas: Xabier Arzalluz, Manuel Fraga, Landelino Lavilla, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo (al que el Rey entrega un cenicero), Miquel Roca y Leopoldo Calvo Sotelo (en sentido contrario a las agujas del reloj)(foto: Marisa Flórez/El País)

Ilustraciones: Conversación sobre la Historia

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4 Comentarios

  1. Salud, Sisinio. Me pregunto cómo es tan difícil entre profesionales que, respecto al 78, comencemos a hacer historiografía y dejemos de hacer mitología, esa mitología alimentada de décadas tanto por la derecha tipo Tussell y Powell como por la izquierda tipo Juliá y Preston. El sucesor de Franco a título de rey ciertamente que realizó aportaciones a la Constitución: la forma de promulgarla que situó a la monarquía por encima de ella, de la Constitución; el poder moderador, aunque se evitara el sustantivo; el mando militar en relación directa con el ejército; la exención de control para la llamada Casa Civil y su presupuesto… Seguir repitiendo que esto es una monarquía constitucionalmente homologable y hasta con un contenido de república no es más que engañarse y engañar. Y tales características peculiares, además de encubrir la corrupción, han permitido al menos un par de golpes monárquicos contrarios al espíritu, por así decirle, de la Constitución; el primero, la defenestración de Suárez; el segundo, el giro palaciego del 24-F, el día después. Este fue el acontecimiento que, contando con la plena complicidad de todos los partidos centrales parlamentarios de entonces, entronizó definitivamente, hasta hoy, la mitología. Y la abdicación se ha hecho de forma que mantuviera vivas todas esas características. Añadir ahora la ocurrencia de que el sucesor de Franco ha sido un gran monarca sólo corrompido, si acaso, en este último lustro es empeñarse en la ceguera. Repetir que sólo es responsable por lo hecho al corromperse tras la abdicación no se sostiene ni con la Constitución en la mano por mucho que estén asegurando otra cosa constitucionalistas de orden. En fin, lo más llamativo en la situación actual es que los acontecimientos que ponen en evidencia esa mitología no conduzca a revisarla pese a quien pese y caiga quien caiga. Ser historiador de uno mismo, de lo que uno ha vivido, no garantiza mucho. Salvo mejor opinión, pues me incluyo naturalmente.

  2. Gracias por tus precisiones jurídico-políticas, siempre son necesarias porque abren más perspectivas a un debate que quizás deba considerar ante todo si existe una correlación de fuerzas y de capacidad de consenso suficiente para abrir el proceso constituyente que deduzco de tu análisis. Ese es el dilema práctico (¿o quizás pragmático?) que, a mi entender, también nos concierne cuando planteamos análisis de los que se extraen conclusiones bien concretas para la convivencia cívica en el presente.

  3. gracias, Sisinio, por la respuesta. No he hablado de abrir un proceso constituyente porque me parece que, en las circunstancias actuales, no conseguiríamos una Constitución mejor que la que tenemos. Lo que vengo defendiendo es la recuperación de la Constitución de 1978, hoy pervertida por la deriva de la jurisprudencia constitucional y por los largos años de turno bipartidista en el gobierno central. Respecto a la monarquía, lo que entiendo que entretanto cabe hacer es abaratarla, controlar sus cuentas y neutralizarla, a lo que evidentemente se resiste su actual titular. No sería tan difícil si gobierno y una mayoría del parlamento estuvieran por la labor.

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