Julián Casanova
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y
visiting professor de la Central European University, en Viena
La retirada o destrucción de monumentos dedicados a personajes relevantes que ahora nos parecen moralmente rechazables ha suscitado acaloradas discusiones, más que debates, entre políticos y activistas en varios países del mundo.
Cuando comenzó el siglo XX, Europa estaba dominada por vastos imperios territoriales, gobernados, excepto en el caso de Francia, por monarquías hereditarias. La Gran Guerra de 1914-1918 destruyó los más importantes del continente —el austrohúngaro, el alemán y el turco-otomano—, por el camino se llevó al ruso y provocó también la conquista bolchevique del poder, el cambio revolucionario más súbito y amenazante que conoció la historia del siglo XX. Y con esas monarquías desapareció además un amplio ejército de oficiales, soldados, burócratas y terratenientes que las habían sustentado.
La mayoría de los reyes y emperadores, antes de 1914, no supieron ni quisieron encauzar los intereses de las clases sociales salidas de la industrialización, la modernización y el crecimiento urbano. Lo último que deseaban era dejar el trono. Y actuaban con una frivolidad y falta de responsabilidad bastante sorprendentes en pleno siglo XX, disfrutando de una vida privilegiada y exquisita, envuelta en el lujo de yates, grandes automóviles, caza de corzos, amantes y carreras de caballos.
Alfonso XIII, que cayó un poco más tarde, en abril de 1931, siguió al pie de la letra ese camino. Y además intervino en política, tratando de manejar a su gusto la división interna de liberales y conservadores, con facciones, clientelas y caciques enfrentados por el reparto del poder, y apoyó el golpe militar de Primo de Rivera, convertido en dictadura, en el momento en que todo ese manejo ya no servía. Cuando se marchó de España, creía que la República sería “una tormenta que pasará rápidamente”. No fue así y la República sufrió cinco años después un golpe de Estado que provocó una guerra, a la que siguió una dictadura de casi 40 años.
Desde la muerte de Franco y, sobre todo, a partir del fallido golpe de Estado de febrero de 1981, a muchos les dio por presumir de rey, protegerlo frente a las críticas y el debate público, para preservar lo conseguido y cambiar el pobre bagaje democrático que la historia de la monarquía borbónica podía exhibir antes de 1931. Para ello se ocultó, rompiéndolo, el cordón umbilical que unía a Juan Carlos con la dictadura de Franco, de donde procedía en ese momento su única legitimidad, y se estigmatizó a la República, ya liquidada por las armas y la represión, como la causante de todos los conflictos y enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil. No puede negarse el éxito de esa operación de lavado del pasado, capaz de sobrevivir, sin grandes cambios, incluso en los libros de texto, durante más de tres décadas de democracia.
Las abdicaciones reales en la historia contemporánea de España, como en muchos otros países del continente europeo, no fueron nada naturales y se resolvieron en medio de sonados conflictos y de luchas entre monárquicos y republicanos. No es casualidad carente de significado que Carlos IV, Isabel II y Alfonso XIII murieran lejos de quienes fueron sus súbditos.
Algunos pensaron que el abandono de Juan Carlos I en 2014 era un asunto, por fin, natural, muy en la línea de las cercanas abdicaciones de monarcas de países tan civilizados como Bélgica u Holanda. Pero sabíamos que se produjo en medio de una crisis de la política institucional, de escándalos en torno a la Casa Real, graves para la salud del sistema democrático, y de falta de transparencia y de respuestas ante ellos, que socavaron la figura de Juan Carlos ante amplios sectores de la población.
Ahora es muy fácil decirlo y situarse en primera línea de la pureza moral, pero cuando, consolidada ya la democracia, la política y la sociedad española estaban llenas de oligarcas y corruptos, casi todo el mundo que tenía poder —político, económico o mediático— mantenía a Juan Carlos I y a la Monarquía al margen de eso. El yate Fortuna costó 3.500 millones de pesetas [21 millones de euros] en el año 2000, aportados por el Gobierno balear y empresarios que recolectaron dinero para un lujoso objeto de recreo, pero no para financiar investigación, desarrollo y educación.
¿Recuerdan los tiempos en que se presumía de rey, cuando muchos decían “yo no soy monárquico sino juancarlista”? Algunos han emprendido la misma senda con Felipe VI. No se trata de sacralizar a la Monarquía sino de democratizar a las instituciones y evitar los excesos del poder. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la democracia, sea monárquica o republicana. La historia rima, aunque sea incómoda.
Fuente: El País, 4 de agosto de 2020
Portada: retirada del retrato de Juan Carlos I de la sala de gobierno del Parlamento de Navarra, el 15 de junio de 2020 (foto: Europa Press)
Ilustraciones: Conversación sobre la Historia
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