Luis Garrido-González[1]
Universidad de Jaén
Desde mediados de los años setenta del siglo XX, lleva investigando, entre otros temas, sobre el proceso colectivizador durante la Guerra Civil, cuya última publicación en 2016 es “La plasmación de los ideales revolucionarios en el mundo campesino durante la Guerra Civil. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (CSIC). (214), 253-285 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6161150.pdf).
INTRODUCCIÓN
Si hasta la última década del siglo XX los aspectos que más se destacaron de la Guerra Civil española fueron los cambios sociales y revolucionarios experimentados en la retaguardia republicana, actualmente se está haciendo más hincapié en cuestiones culturales, simbólicas y memorialistas sobre las víctimas y la represión. Pese a los indudables aspectos negativos relacionados con estas últimas cuestiones, para una parte no desdeñable de los trabajadores de la zona republicana aquellos momentos se vivieron como algo positivo, al darles el conflicto la oportunidad de poner en práctica las ideas difundidas sobre la colectivización o socialización de los medios de producción, y el principal de ellos era la tierra.[2]
Lo que ocurrió entre el campesinado de la zona republicana desde el comienzo mismo de la Guerra Civil resulta un buen ejemplo del devenir de los acontecimientos que se precipitaron tras la sublevación de una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República. Eso fue lo que les dio la oportunidad de poner en práctica sus ideales revolucionarios, tanto tiempo postergados. Su actuación respondió a distintos condicionantes políticos, sociales y económicos que explican un nuevo posicionamiento alternativo al modo de vida que llevaban.
En los casos de las zonas republicanas de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Levante (gráfico 1), donde se impuso un claro predominio de los sindicatos de clase (UGT y CNT) y de las organizaciones de los trabajadores en sentido amplio (PSOE, PCE, JSU, JJLL, SRI, Mujeres Antifascistas, Unión de Muchachas, Mujeres Libres) o de los partidos republicanos (IR y UR), la principal característica fue que, al menos inicialmente, el campesinado se hizo cargo de su propio destino. Es decir, que pasaron a controlar su principal medio de producción, que era la tierra, bien porque la trabajaban directamente en régimen individual con ayuda de su familia, o bien porque la trabajaban colectivamente. Así pues, la Guerra Civil provocó un transcendental cambio al abrir la posibilidad de beneficiarse de los derechos de propiedad de la tierra de manera colectiva.
Gráfico 1
Colectividades agrarias en la zona republicana (1936-39)[3]
Se concluye que la Guerra Civil fracturó socialmente al campesinado, fuertemente politizado y polarizado entre izquierdas y derechas.[4] Pero, desde las posiciones ideológicas de izquierdas, para muchos campesinos de la zona republicana fue una lucha de clases por las armas que les daba la oportunidad de llevar a la práctica sus ideales de comunismo libertario, colectivización o socialización.
EL PROCESO REVOLUCIONARIO DE LA COLECTIVIZACIÓN
En los últimos años se ha consolidado la visión de que la Guerra Civil fue la solución de continuidad de la conflictividad sociolaboral y política, y de la violencia colectiva desarrollada durante la Segunda República. Unos argumentos que ya fueron utilizados para justificar la sublevación de una parte del ejército, apoyada por abundantes elementos derechistas de la sociedad civil y que dieron lugar a los pocos meses a la Guerra Civil.[5] Es exactamente la misma explicación que utilizaron los franquistas a posteriori para justificar su “Alzamiento Nacional” y darle una legitimidad de partida que no tenía, para “salvar a España de sus enemigos” y de la “implantación del comunismo”.[6]
Por otro lado, la reciente historiografía sobre la Guerra Civil ha desmitificado los factores revolucionarios desencadenados por la rebelión militar y la resistencia popular desarrollada, que fue unida a los procesos de colectivización de amplios sectores productivos, desde la tierra a las fábricas y comercios, los transportes o los espectáculos públicos, en una oleada que se extendió por casi toda la retaguardia republicana. Posteriormente, se recondujo como se pudo desde mediados de 1937, tanto para conseguir una mayor eficacia productiva, como por razones políticas para cercenar el enorme poder que, de hecho, habían acumulado los sindicatos (UGT y CNT). Estos, por su parte, compitieron entre sí para ampliar sus respectivas influencias. Inevitablemente, el debate estaba servido entre colectivistas e individualistas y por extensión entre revolucionarios y moderados reformistas.[7]
Entre los partidarios de consolidar la revolución puesta en marcha se encontraban los sindicatos de la CNT y la UGT, sobre todo su federación de trabajadores de la tierra (FETT); pero también otros grupos minoritarios del PSOE en la órbita de Largo Caballero y del periódico Claridad o los comunistas del POUM, que consideraban compatibles la consolidación de las conquistas revolucionarias y la resistencia militar. Por otro lado, estaban las posiciones de los republicanos, simbolizados por personas como Azaña o socialistas como Negrín y los comunistas del PCE y las JSU, con influencia en organizaciones muy populares como el SRI o Mujeres Antifascistas, que se oponían al establecimiento de un régimen revolucionario, anteponiendo la defensa de una república democrática parlamentaria y reformista.
El debate, de una u otra forma, se mantuvo en la historiografía sobre la Guerra Civil, aunque se cambiase el objeto de atención sobre otros aspectos de la vida cotidiana de la guerra, que evidentemente resultan poco revolucionarios. En última instancia, la gente lo que quería era sobrevivir, y la mayoría de las actitudes por muy revolucionarias que fueran al principio -en el sentido de intentar cambiar el sistema capitalista-, terminaron siendo del tipo de “vive y deja vivir”, sobre todo a partir de 1938 con la resistencia a toda costa propugnada por Negrín y el PCE. Las consecuencias, naturalmente, resultan poco heroicas y bastante prosaicas, bien sean desde posturas oportunistas, cínicas o de mera supervivencia que afectaron, no sólo a la población normal y corriente desideologizada o despolitizada, sino también a los militantes más comprometidos.[8]
El estudio del proceso colectivizador no está cerrado en absoluto, ni para los emblemáticos y bien conocidos casos de las colectivizaciones anarcosindicalistas de Cataluña y Aragón, ni para los menos difundidos de Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia, Levante o Andalucía. Todavía queda por delimitar mejor las diferencias teóricas y prácticas entre las colectivizaciones agrarias e industriales durante la Guerra Civil. Se ha abierto una discusión, con sólidos argumentos y fuentes de primera mano, sobre si realmente las colectiviyzaciones agrarias surgidas en Aragón fueron puestas en marcha principalmente por los anarcosindicalistas urbanos de Barcelona, que trasladaron a las zonas rurales sus esquemas colectivistas pensados para las industrias, pero no para el campo. ¿Qué hubo de cierto en esto? Posteriores investigaciones no han confirmado esa interpretación.[9]
La Guerra Civil provocó una nueva situación en el campo de toda la retaguardia republicana que prácticamente todos los investigadores califican de revolucionaria. En las colectividades agrarias fueron los líderes sindicales y los militantes anarcosindicalistas de la CNT y los socialistas de UGT y PSOE los que desplegaron su dominio. Los sindicatos alcanzaron en toda la zona republicana unos seis millones de afiliados a raíz de un decreto de agosto de 1936 disponiendo la sindicación obligatoria.[10] Pero los partidos obreros y republicanos quedaron en un segundo plano en los primeros meses de la guerra. El poder efectivo no lo tenían, aunque se atribuían la representación genuina de los trabajadores: el PSOE contaba con unos 80.000 afiliados y el PCE con 60.000, aunque este último alcanzó los 250.000 en marzo de 1937.[11]
El proceso colectivizador no fue un fenómeno dejado a la espontaneidad indeterminada de los trabajadores. No es habitual encontrar como integrantes de los comités directivos de las explotaciones agrarias, ni tampoco en las empresas industriales o del sector servicios, a trabajadores que no estuvieran previamente afiliados a los sindicatos.[12] La razón reside en que muchos de los nuevos colectivistas “que antes de la revolución eran jornaleros o pequeños propietarios, no estaban interesados o no entendían los ideales libertarios o socialistas”.[13] Es lógico que las organizaciones de los trabajadores procurasen, en general, que ningún afiliado reciente alcanzara posiciones de responsabilidad en la nueva organización de la producción; incluso en el caso de que los anteriores propietarios permaneciesen en las tierras o las empresas colectivizadas, se les asignaban tareas complementarias o meramente administrativas, no siendo infrecuente que llevasen la contabilidad de las empresas colectivizadas, ya que muchas veces eran los únicos capacitados para ello.[14] La organización de la producción tampoco fue resultado de la espontaneidad ni de la improvisación. Las organizaciones que dirigieron el proceso fueron los dos grandes sindicatos, CNT y UGT, y cada uno de ellos había elaborado su proyecto económico.[15]
Eso no quiere decir que no hubiera desde el primer momento grandes dificultades, y que no se diese un cierto grado de improvisación, sobre todo por parte de los anarcosindicalistas, como señalaba el dirigente de la CNT y de la Federación Regional de Campesinos de Andalucía (FRCA), Antonio Rosado, refiriéndose, casi exclusivamente, a la comarca de Úbeda y no a toda la provincia de Jaén,[16] donde reconoce que también hubo colectividades de la UGT:
“La CNT representaba una mayoría absoluta entre las fuerzas productoras de aquel término y de sus pueblos limítrofes, y la casi totalidad de las fincas agrícolas habían sido colectivizadas por dicha organización. Un número muy reducido de éstas lo habían sido por obreros de la UGT y de filiación republicana. La Federación Regional de Campesinos se veía ante un inmenso trabajo a realizar, sin pérdida de tiempo. Tenía que inspeccionar aquellas colectividades creadas en el fragor de la guerra, procurar de corregir los defectos propios de todo lo improvisado, coordinar sus esfuerzos y controlar su economía en forma eficiente, lo que no resultaba ni fácil, ni grato”.[17]
Según Rosado, también la colectivización socialista tuvo una serie de defectos, que igualmente atribuye a la improvisación. Sin duda alguna, olvidando o quizás ignorando la enorme propaganda realizada durante la Segunda República por la FETT,[18] incrementada desde que la dirigiera Ricardo Zabalza a partir de enero de 1934,[19] a favor de los arrendamientos colectivos y de la colectivización de la tierra.
“Aquel ensayo de colectivismo de inspiración marxista representaba una novedad en los medios rurales de nuestra península. No se debía a un proceso de madurez y capacitación de los hombres del agro, y sí de algo improvisado por las exigencias de la guerra, con las dificultades inherentes a un conflicto de tal magnitud”.[20]
Pero en el funcionamiento cotidiano de las colectividades agrarias las principales dificultades se plantearon con la movilización de los responsables, o el cansancio de los mismos ante la multitud de obstáculos que se presentaban en su gestión diaria. Por ejemplo, en Jaén se veían bloqueados por la escasez de transportes para trasladar el aceite y los cereales que se producían. La falta de depósitos hacía que la nueva cosecha no se pudiese recoger, fermentando la aceituna y aumentando la acidez del aceite y, por tanto, deteriorando su calidad.[21]
Más grave resulta la denuncia que hace Rosado respecto al egoísmo de algunas colectividades,[22] que terminaron cerrándose en una economía de autoabastecimiento con un alto grado de autarquía.[23] Se opusieron incluso a llevar la contabilidad para impedir que se fiscalizase su producción y disponer libremente de las cosechas.[24] El abastecimiento de alimentos básicos terminó siendo un grave problema. Inevitablemente, surgió una economía sumergida en la que participaban las colectividades, extendiéndose el estraperlo desde 1938 hasta el final de la guerra.[25] Pero en las colectividades agrarias andaluzas no se pasó hambre. Estaban bien abastecidas de garbanzos, trigo y aceite. Tenían intercambios con Valencia, Alicante y Ciudad Real.[26] Sin embargo, tuvieron a veces problemas con localidades cercanas. En la colectividad de Navas de San Juan sobraba aceite de oliva, pero se negaron a intercambiarlo por trigo con la colectividad de Sabiote. Los campesinos que no pertenecían a las colectividades, se dedicaron por su cuenta al estraperlo para abastecerse en el mercado clandestino de los productos que les faltaban. Cuando la colectividad de Navas de San Juan, una vez acabadas sus existencias de trigo, se dirigió a la de Sabiote, se encontraron con la sorpresa de que ya habían vendido sus excedentes de trigo en Levante y a otros naveros estraperlistas, y no pudieron abastecerles del trigo que necesitaban. En la fábrica de azúcar Hispania, colectivizada por CNT en Málaga, hubo un enfrentamiento con los transportistas de remolacha de Marbella, también de CNT, a los que no les pagaban por lo que los camioneros se encontraron sin poder abastecerse de combustible.[27] Es decir, el afán de lucro individual se mantuvo al margen de las colectividades anarcosindicalistas, socialistas o mixtas CNT-UGT.[28]
El uso del dinero tampoco desapareció, sino que se suplantó por otros medios de pago más flexibles a escala local, como eran los vales emitidos por colectividades o ayuntamientos. La economía de trueque era habitual, utilizándose en cada lugar aquel producto del que había más abundancia, como el trigo, el vino o el aceite.[29]
En las colectividades campesinas faltó sobre todo personal cualificado para que las dirigieran.[30] Las fincas y cortijos expropiados se trabajaban de forma independiente por los colectivistas que tenían asignados, aunque se administrasen y agrupasen todos en una sola colectividad. Gracias a la financiación del IRA, se anticiparon los sueldos del año agrícola de 1936-37, a razón de 5 pesetas por colectivista cabeza de familia, excluyéndose a los que no lo eran, hasta que se liquidó la venta de la cosecha en agosto de 1937. En aquel momento, en el caso de Sabiote, se pagó a cada colectivista 6,5 pesetas. Entonces fue cuando cobraron también los que no eran cabezas de familia.[31] En este sentido, parece fundamental la financiación del IRA a las colectividades, sin cuyos anticipos reintegrables no hubieran sobrevivido en el primer año. Esto es digno de destacarse, puesto que el Ministerio de Agricultura dirigido por el comunista Vicente Uribe, de quien dependía el presupuesto del IRA, estaba en contra de la colectivización que consideraba “forzosa”. Pero si no ayudaban a las colectividades se corría el peligro de que se perdiese una gran parte de las cosechas. El ingeniero jefe del IRA de la provincia de Jaén, Antonio Rueda, para incentivar el buen hacer de las colectividades, estableció unos premios que recibieron las mejores. El primer premio le correspondió en 1937 a la colectividad de Mancha Real, y el segundo a la de Sabiote.[32]
Pero el principal objetivo que tenían los jornaleros y pequeños propietarios o arrendatarios colectivistas, era mejorar su situación económica. Por ello defendieron subidas salariales, o se negaron a trabajar más horas de las que les correspondían. Naturalmente, esto se ha interpretado como una falta de espíritu revolucionario; aunque mejor sería considerar cuál era su capacidad de sacrificio en unas circunstancias de guerra. A los colectivistas y a las mujeres que se integraron en ellas a partir de 1938 por falta de hombres, les interesaba más su situación personal y las de sus familias que las circunstancias de una guerra que apenas se notaba en los pueblos lejanos al frente. A no ser por los refugiados que contaban las atrocidades que cometían los sublevados contra las personas de izquierdas. En una de las pocas alusiones a la colectivización que aparece en la obra de clara propaganda franquista sobre la Guerra Civil de Arrarás, refiriéndose a Málaga se dice:
“La colectivización, tal como se la imagina el proletariado malagueño, no pasa tampoco de una inversión de las jerarquías en el mando de las industrias. En el campo es aun más sencillo: se suprime al propietario, y la tierra pasa a los Sindicatos, a los campesinos colectivizados, que no piensan ya más en siembras ni en cultivos. Esta anarquía, calificada de diversa manera, según sea el partido que la aprecie, no impide que los obreros presenten a los Sindicatos, a los Comités de Control o a quien en esta balumba le corresponda la dirección, nuevas peticiones de mejora, reclamaciones y reivindicaciones sin cuento ni tasa”.[33]
Esta versión claramente contrarrevolucionaria también aparece en las memorias del periodista conservador polaco Pruszynski, cuando escribía en 1937, sobre qué pensaría el campesinado almeriense al ver que después de quitar el poder a los ricos apenas habían cambiado las cosas:
“¿Por qué ni él ni los suyos se habían hecho más ricos, por qué nada había cambiado en su trabajo aparte de esa subida de sueldo de una peseta, con la correspondiente subida de precios en las tiendas? En efecto, nada había cambiado. El flujo de la riqueza de la tierra española se escapaba de las manos del campesino, que era su legítimo propietario”.[34]
Y esa misma impresión de que no había cambiado nada en Málaga, pese a estar en marcha una revolución en la retaguardia republicana, también la recoge la esposa de Gerald Brenan, la escritora norteamericana Gamel Woolsey, quien tenía serias dificultades para distinguir las diferencias ideológicas entre los anarquistas y los socialistas, aun admitiendo el alto grado de sindicalización alcanzado por el campesinado andaluz en los años treinta que, pese a su interpretación, reflejaba una fuerte politización, como ha quedado sobradamente demostrado.[35]
“Nuestro pueblo, grande en comparación con los pueblos ingleses, con más de dos mil habitantes, estuvo perfectamente tranquilo, seguro y en orden durante toda la guerra civil excepto en varias ocasiones en las que aparecieron bandas de Málaga. Y lo mismo debió ocurrir en cientos de pueblos de España. Lo gobernaba un comité sindicalista que no recibía ningún salario y que había sido elegido en asamblea por todo el pueblo.
“En nuestro pueblo todos eran anarcosindicalistas. Es decir, todos pertenecían a un sindicato porque había que ser sindicalista. Uno del pueblo que no era anarcosindicalista era conocido como «Antonio el de la UGT» porque trabajaba en una fábrica azucarera y pertenecía a la UGT, un sindicato socialista al que pertenecían muchos trabajadores de las azucareras. (…) Pero no creo que a nadie se le pasara por la cabeza que hubiera alguna diferencia ideológica. En realidad no había ninguna. La mayoría no tenía la más mínima orientación política, y los que la tenían eran anarquistas en el sentido más simple y vago de la palabra. Es decir, eran federalistas y creían en un poder central lo más pequeño posible (o ninguno) y en el pueblo como unidad de la vida política; creían en los derechos naturales y en la dignidad natural del hombre, incluso de los más pobres y miserables. Eran partidarios de un tipo de posesión comunal de la tierra (…)”.[36]
Pero es evidente que la revolución tenía un alto contenido ideológico de violencia anticlerical.[37] El que no se tengan en cuenta los aspectos ideológicos, sobre todo los religiosos y culturales, introduce una gran debilidad en los análisis basados en factores estructurales sociales, económicos o sólo políticos. Porque es necesario conocer lo que sentían o pensaban los participantes y protagonistas revolucionarios en la Guerra Civil, o saber por qué no se implicaron o comprometieron otros muchos.
En la guerra siempre existió el interrogante, convertido en rumor por todos los pueblos de la retaguardia republicana, de para qué trabajar en las tierras de las fincas y cortijos colectivizados, si cuando todo acabase se los iban a devolver a sus propietarios.[38] Aunque hubo muchos voluntarios ilusionados por defender un mundo mejor, también hubo otros que sí pudieron librarse así lo hicieron.[39] La mayoría participaron forzados por las circunstancias del reclutamiento militar; pero ¿cuántos fueron voluntarios? ¿Cuántos ocuparon cargos en las colectividades para evitar ir al frente?[40]
En Medina Sidonia (Cádiz), ocupada casi inmediatamente por los militares sublevados, algunos se afiliaron a Falange para protegerse, a pesar de que antes habían sido socialistas o anarcosindicalistas “pero no estaban convencidos de nada”.[41] Lo que sucede es que una cosa era la visión de los militantes concienciados y otra la de las personas que no estaban ideologizadas. Juan Pinto, vecino de Casas Viejas, dejó constancia de su incapacidad para comprender la revolución colectivizadora anarcosindicalista:
“No entiendo estas cosas del socialismo o del comunismo porque no tengo educación. No voy a luchar por el comunismo libertario, porque no lo entiendo. Además, si llega el socialismo o el comunismo libertario, tengo que seguir haciendo lo mismo: trabajar. ¿Cómo puedo pretender saber algo si soy analfabeto?”[42]
Pero en Grazalema (Cádiz), según el antropólogo Pitt-Rivers, en las primeras semanas de la Guerra Civil hasta que cayó en poder de los sublevados, se implantó el comunismo libertario
“El dinero fue abolido, y en el pueblo fue establecida una oficina central de cambio, oficina que se encargaba de recoger todo el producto de las cosechas, efectuando luego su redistribución de acuerdo con una especie de sistema de racionamiento. Así, aunque era claro que la situación exigía medidas extraordinarias y este ejemplo no pueda ser considerado como concluyente, la toma del poder por los anarquistas puso al pueblo no sólo teóricamente, en manos de un solo grupo político, sino que le dio una organización económica «diferente». Existen indicios de que esta concepción del pueblo en la mente de los anarquistas de las pequeñas localidades creó una cierta tensión entre la jefatura regional y la comunidad local. Los jefes anarquistas de las grandes ciudades intentaron intervenir, en interés de la organización, en lo que los anarquistas de los pueblos consideraban como derechos autónomos del pueblo que ellos mismos representaban, por lo que a menudo ofrecieron resistencia”.[43]
Como se puede apreciar, son situaciones diametralmente opuestas a las defendidas para el caso de Aragón por Casanova, quien considera que los milicianos de la CNT procedentes de Barcelona trasladaron sus esquemas de valores urbanos y los impusieron por la fuerza de las armas a los campesinos. Otra interpretación distinta de los acontecimientos revolucionarios nos la aporta un militante activo que asume un liderazgo en algunas colectividades, bien preparado en temas de contabilidad y muy concienciado, como era el anarcosindicalista onubense Luciano Suero. Trabajó primero en la colectividad agraria de Daimiel (Ciudad Real) y después en la de Torreperogil (Jaén).[44]
“era el momento oportuno y exacto para comenzar la marcha y colectivizar el trabajo del campo, donde los propios trabajadores dieran los primeros pasos, poniendo en marcha un sistema hasta aquel momento desconocido y anhelado por los hambrientos de la tierra y de las fábricas abandonadas por los que se habían comprometido con la insurrección y el movimiento fascista”.[45]
En la provincia de Jaén, su labor fue la de reorganizar la colectividad agraria de Torreperogil, cuyas deficiencias eran evidentes cuando llegó en 1937. Procedió a normalizar la situación, legalizándola de acuerdo con las directrices promulgadas por el Ministerio de Agricultura en el decreto de 7 de octubre de 1937, y homologando el funcionamiento de la colectividad a la de una empresa agraria (actas de incautación, elección de un comité de administración por la Asamblea General, libros de contabilidad, de almacén, inventario). En contra de lo sostenido por muchos anarquistas, y de lo ocurrido en otras colectividades agrarias, no sólo no se suprimió el dinero, ni se pagaba un salario familiar -probablemente porque cuando llegó Suero en 1937 ya se había suprimido-, sino que se hacía según un listado de tipos de trabajo, donde estaba claramente establecido qué remuneración correspondía a cada colectivista por los mismos. Las listas de tareas eran confeccionadas por los delegados de cada grupo, que a su vez habían sido elegidos por los propios trabajadores. Este mismo procedimiento se había seguido en Daimiel. El comité de administración de acuerdo con la Asamblea General decidía sobre qué se producía y cómo se distribuía. Aunque en cada colectivo se administraba la finca con su propio comité. Como era habitual en el pasado, en Torreperogil -e igual sucedía en Sabiote y seguramente en el resto de las colectividades- los colectivistas masculinos residían en los cortijos y fincas que tenían asignados, donde permanecían semanas enteras sin sus familias, al autoabastecerse del pan -base fundamental de la dieta- en los hornos que había en cada uno. Volvían al pueblo cuando “consideraban oportuno darse a sí mismos un descanso”; normalmente, era cuando necesitaban cambiarse de ropa. Lo que llamaban ir a por la muda, aprovechando para ir al barbero coincidiendo con un sábado o domingo. Además, así veían a sus familias.
Como sucedía en Sabiote con la colectividad de UGT, en la de CNT de Torreperogil se entregaba parte de la producción a un Comité de Abastos, que atendía las necesidades del frente de Jaén-Córdoba en el sector de Andújar. A diferencia de Sabiote, donde sólo se producía trigo, desde Torreperogil se enviaban productos como aceite, cereales, leguminosas, ganado y madera. Curiosamente, Suero no hace alusión al vino, porque debían consumirlo in situ y no había excedentes comercializables. Lamentaba, eso sí, la falta de riego para las olivas y otros cultivos (viñedo), aprovechando las aguas del Guadalquivir. En lo que fue un adelantado para su época, reflejando un espíritu innovador y emprendedor.
Según Luciano Suero, la importancia económica de la colectividad de la CNT en Torreperogil era menor que las de Ciudad Real, y sobre todo la de Daimiel, en cuya administración había tenido cargos de responsabilidad y participado directamente, como posteriormente lo hizo en la jiennense. Pero llama la atención la preocupación por mejorar la calidad de lo producido, con la instalación de sistemas de regadío mediante pozos, selección de especies de ganado, y la lucha contra enfermedades que afectaban al viñedo, a la patata o a otras semillas, “cambiándolas y renovándolas”. Se esforzaron por mejorar las instalaciones con la construcción de abrevaderos para el ganado y cochiqueras para los cerdos. Mejoraron el cuidado de olivas abandonadas desde hacía tiempo por sus dueños. Ganaron terreno al bosque y a los cotos de caza para dedicarlos al cultivo, con lo cual “se incrementó la producción de todas las variantes de los cereales, así como de las frutas”. Es decir, los resultados económicos obtenidos parece que fueron bastante positivos:
“En aquellos años, en la provincia de Jaén, el aceite era abundantísimo y las colectividades pusieron a disposición de la oficina del aceite la producción sobrante después del intercambio con otras colectividades que carecían de este dorado producto. Es más y lo decimos claro para que nadie lo lea entre líneas que cuando acabó la guerra civil, el 29 de marzo de 1939, en la provincia de Jaén, había aceite para media Europa. Las bodegas llenas de vino hasta rebosar; los graneros repletos; las ganaderías incrementadas en un 85% sobre lo que habían dejado sus antiguos dueños”.[46]
Colectivizar no equivalía, pues, a iniciar un proceso de incierto resultado que dependiera de decisiones de asambleas obreras espontáneamente reunidas. Colectivizar era sindicalizar una parte de la economía y de la producción; convertir a los sindicalistas en responsables y dirigentes del proceso productivo. De hecho, las colectividades se definían por el sindicato que estaba a su frente: unas eran colectividades de la CNT, otras de la UGT y otras mixtas CNT-UGT. Pero hubo muy pocas colectividades que no fueran dirigidas por las organizaciones de los trabajadores, consecuencia lógica de haber sido precisamente los sindicatos los agentes de la colectivización. De hecho, en algunos casos aparecieron, nominalmente, colectividades de algún partido republicano (Izquierda Republicana o Unión Republicana) e incluso del PCE, que estaba en contra de la colectivización forzosa; pero eran en realidad cooperativas. También hubo algunas municipalizaciones de servicios que no pueden considerarse verdaderas colectivizaciones, aunque las dirigiesen los trabajadores anarcosindicalistas o ugetistas.[47]
En la mayor parte de los casos, las fincas colectivizadas habían sido ocupadas o incautadas por comités sindicales inmediatamente después del golpe militar, cuyos propietarios habían huido o estaban muertos. Eran esos mismos comités los que convocaban las asambleas de jornaleros y pequeños campesinos y los que normalmente resultaban elegidos por votación a mano alzada -si es que realmente había elección y no una mera ratificación de los comités sindicales- para dirigir la nueva forma de organización de la producción. Este hecho explica, ante todo, que los cambios en el sistema económico inducidos por la colectivización agraria, nunca tuvieran una pauta uniforme y sólo afectaron a una parte de la actividad económica. La colectivización no fue decisión de un poder central revolucionario con capacidad para organizar toda la economía y la producción según un mismo modelo. Fue decisión de las organizaciones sindicales de cada localidad rural, empresa industrial o de servicios, y se realizó sólo allí donde los sindicatos locales tenían fuerza, o donde los refugiados huidos de la zona franquista las organizaron. En Cataluña, por ejemplo, donde la CNT tuvo que competir con los sindicatos agrícolas bien coordinados, adheridos o no a la Unió de Rabassaires y con ERC, hubo menos colectividades agrarias,[48] mientras que la industria de Barcelona se colectivizó casi por completo.[49] En Aragón, la CNT impuso la colectivización de abajo arriba, como ha demostrado Alejandro Díez Torre de manera concluyente, en contra de la interpretación tradicional sobre que fue el nuevo poder surgido de las milicias anarcosindicalistas el que impuso la colectivización. Una interpretación por cierto que arranca de las memorias de Enrique Lister[50] y de la historia oficial del PCE sobre la Guerra Civil.[51] Sin embargo, en otras ocasiones fue precisamente el poder político el que evitó la colectivización, como ocurrió en el País Vasco, pese a tener los antecedentes de las cooperativas de consumo en la comarca del Gran Bilbao o la cooperativa industrial Eibarresa Alfa de inspiración socialista. La moderación de los socialistas y la debilidad de los sindicatos -con apenas unos 46.000 afiliados a UGT y unos 37.000 al sindicato nacionalista ELA/STV- junto a la hegemonía del PNV, impidió que se abriera un proceso de cambio revolucionario,[52] similar al que tuvo lugar en el resto de la retaguardia republicana.
CONCLUSIONES
Cuando estalla la Guerra Civil la actitud del movimiento jornalero español, independientemente de su adscripción socialista o anarquista, puede calificarse como revolucionaria, manifestando un fuerte rechazo a la distribución de la propiedad imperante y anhelando un cambio radical en el estado de cosas, que debía concretarse en el acceso a la tierra. Este comportamiento de los jornaleros era común a otras zonas del sur de Europa en determinadas fases de los movimientos de trabajadores rurales, que llegan a su culminación en la década de 1930 coincidiendo con el desmoronamiento del mundo rural tradicional al imponerse definitivamente las prácticas correspondientes a la economía de mercado. Esto hizo que los jornaleros fuesen más receptivos a las ideologías revolucionarias, ya fueran “científicas”, “utópicas” o “milenaristas”, teniendo en cuenta que, desde su punto de vista, no solo del campesinado en general, sino de los afiliados y simpatizantes más motivados y movilizados las diferencias entre ellas eran borrosas. La “utopía revolucionaria” más lógica en la zona republicana fue la contestación al predominio de la economía de mercado. Una respuesta racional ante las condiciones laborales en las que se desenvolvían los trabajadores de la tierra.
La colectivización agraria representó la puesta en práctica tanto de una primera experiencia de economía social como de una “utopía revolucionaria”: la reivindicación de un mundo de austeridad y no de riqueza, de un orden moral presidido por el igualitarismo y la solidaridad, por el derecho a la subsistencia, por el derecho a la tierra para los que la trabajaban.[53] Las posturas más ideologizadas de los anarquistas arraigaron entre los jornaleros y pequeños agricultores pobres, especialmente los considerados “obreros conscientes”: vegetarianismo, naturismo, abstinencia de alcohol y otras actitudes ascéticas, simbolizadas en el imaginario colectivo en la supresión del dinero.
La alternativa colectivizadora de los sindicatos socialistas y anarquistas a los problemas que se les estaban planteando a las clases trabajadoras españolas, se configuró durante la Guerra Civil en un orden contrario a la ostentación y al disfrute de las riquezas, presidido por el igualitarismo y la solidaridad de clase basado en el trabajo de las tierras colectivizadas que habían pasado a sus manos. Por tanto, al estar interesados en conservarlas y cuidarlas con un mayor esmero, indirectamente, contribuían a sostener su equilibrio ecológico, para que no se agotasen y que les permitiesen vivir dignamente en sus lugares de origen sin necesidad de verse obligados a emigrar, como así sucedió en el franquismo cuando se vio que no había ninguna esperanza de mantenerse en los pueblos por falta de trabajo. No se trataba en las colectividades agrarias de perpetuar el mismo método de explotación practicado por los propietarios privados anteriores, cuyo fin era obtener el máximo beneficio, con la consiguiente sobrexplotación y agotamiento de los recursos disponibles, sino de conseguir un crecimiento sostenible a largo plazo manteniendo la agricultura orgánica avanzada. Los sindicatos rurales creían que los procesos agrícolas elementales se podían disponer de forma ininterrumpida en línea secuencial. El problema es que, como destaca Nicholas Georgescu-Roegen, sencillamente no resulta posible porque dependen de la Naturaleza. Las colectividades agrarias no podían impedir que la Naturaleza siguiese imponiendo el momento en que debía iniciarse el proceso agrícola elemental, si se quería obtener una buena cosecha. En realidad, este hecho ha constituido un obstáculo invencible en la lucha de la población por alimentarse, independientemente de que el sistema económico fuese capitalista o socialista.[54] Esto imposibilitaba, por lo general, la utilización del sistema fabril en la agricultura, aunque posiblemente como indica Seidman, “los campesinos deseaban las ventajas y alegrías que los trabajadores industriales urbanos habían logrado”.[55]
La colectivización agraria no solo se proponía mejorar el sistema productivo y extender la economía social, sino que también aspiraban a conseguir un mayor bienestar para los colectivistas y suprimir “la explotación del hombre por el hombre”. En este sentido, representaban una alternativa integral frente al modelo de desarrollo económico basado en la economía de mercado y el sistema capitalista, ya que desde la óptica sindical de los años treinta la innovación tecnológica y la expansión económica no eran unos fines en sí mismos, sino unos medios para conseguir mejorar su calidad y nivel de vida. Llevados hasta sus últimas consecuencias estos argumentos, cabría interpretarse que, en tanto las colectividades rurales garantizaban el sostenimiento de la actividad agraria y la permanencia de la población en sus pueblos, hubiera resultado menos atractiva la emigración a las ciudades y zonas industriales. También se hubiera conseguido proteger mejor el medio ambiente, porque la agricultura explota más eficazmente y redistribuye la energía, fundamentalmente, con el flujo de baja entropía que llega a la tierra por la irradiación del sol.[56]
Las colectividades se constituyeron principalmente en las tierras ocupadas e incautadas a los grandes y medianos propietarios; pero, sin duda, muchos pequeños propietarios o arrendatarios, se vieron perjudicados en sus intereses económicos de forma directa o indirecta por la colectivización agraria. El caso andaluz es muy parecido a los de Castilla y Extremadura; pero el perjuicio sufrido por algunos de los pequeños campesinos en los casos de Levante y Cataluña, parece que estuvo más relacionado con la escasa superficie asignada al cultivo familiar, que con la colectivización forzosa. Dentro de estos condicionantes, las cada vez mejor conocidas colectividades agrarias catalanas y aragonesas demuestran, en contra de la interpretación tradicional, que la colectivización agraria fue casi siempre una decisión personal y libre.
En todas las zonas se dieron grandes similitudes en el funcionamiento interno de las colectividades agrarias, tanto por lo que se refiere al salario familiar mientras se mantuvo, como a la tipología colectivista. En Aragón, Granada o Málaga el proceso colectivista llegó a ser más integral con la abolición del dinero, la utilización de vales o la implantación de la cartilla de consumo familiar. Pero no aparecen diferencias provinciales importantes entre las colectividades agrarias autogestionadas por los campesinos anarcosindicalistas o socialistas, las secciones de trabajo colectivo administradas por los consejos municipales, o las cooperativas de base múltiple, puestas en marcha por comunistas y socialistas. Todas ellas se correspondían con el control sindical o municipal, dependiendo uno u otro de la correlación de fuerzas políticas locales.
Las colectividades agrarias fueron organizadas por los afiliados de los sindicatos, pero su consolidación fue obra del trabajo y la propaganda de las centrales sindicales. Éstas compitieron frecuentemente entre ellas, por el logro de sus objetivos y por ampliar su influencia. En Castilla-La Mancha y Andalucía la mayoría de las colectividades agrarias siguieron los principios socialistas, en vez de los anarcosindicalistas como sí ocurrió en Aragón y Cataluña. Pero eso no impidió que ambas organizaciones colaborasen en las colectividades mixtas CNT-UGT, que fueron especialmente importantes en Levante.
Pese a la precariedad de la experiencia y las circunstancias bélicas en las que se desenvolvieron, para muchas de las mujeres y hombres que participaron voluntaria y entusiásticamente en las colectivizaciones, ante todo supusieron la puesta en práctica de una alternativa social y económica para sacar adelante a sus familias. Para los que se sublevaron contra la República eso era peligrosamente revolucionario.
Abreviaturas
AIT: Asociación Internacional de Trabajadores.
CNT: Confederación Nacional del Trabajo.
ELA/STV: Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos.
FAI: Federación Anarquista Ibérica.
FETT: Federación Española de Trabajadores de la Tierra-UGT.
FIJL: Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra-UGT.
FRCA: Federación Regional de Campesinos de Andalucía-CNT.
FRCL: Federación Regional de Campesinos de Levante-CNT.
IISH: International Institute of Social History.
IR: Izquierda Republicana.
IRA: Instituto de Reforma Agraria.
JJLL: Juventudes Libertarias.
JSU: Juventudes Socialistas Unificadas.
PCE: Partido Comunista de España.
PNV: Partido Nacionalista Vasco.
POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
SRI: Socorro Rojo Internacional.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UR: Unión Republicana.
[1] http://orcid.org/0000-0002-3238-1755
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[18] El Obrero de la Tierra (1932-1936). ESPINOSA (2007).
[19] Sustituyó al zapatero madrileño Lucio Martínez Gil, quien habían dirigido la FNTT con criterios reformistas y más moderados desde su fundación en 1930.
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[22] ROSADO (1979: 152).
[23] VILCHES (1982). SEIDMAN (2003: 255-258).
[24] ROSADO (1979: 153).
[25] VILCHES (1982). SEIDMAN (2003: 203, 260).
[26] Confirmado en ROSADO (1979: 186-192, 197-205) y en VILCHES (1982).
[27] Y así lo denunciaron ante el gobernador civil, Lucía PRIETO y Encarnación BARRANQUERO (2007). Población y Guerra Civil en Málaga: caída, éxodo y refugio (pp. 49, 63). Málaga: CEDMA. Las decisiones del alcalde socialista de Torre Alháquime (Cádiz) para garantizar los suministros, fueron interpretadas por falangistas en la Causa General como una implantación del “comunismo libertario”, Fernando ROMERO (2009). Socialistas de Torre Alháquine (p. 67). Granada: Tréveris.
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[29] Confirmado para otras zonas como Lérida, Huesca y Barcelona en SEIDMAN (2003: 152, 199, 259-260).
[30] ROSADO (1979: 178-179). VILCHES (1982).
[31] VILCHES (1982).
[32] Ibid.
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