Iñaki Iriarte Goñi

Catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza

 

 

En las sociedades actuales vivimos sumidos en una especie de esquizofrenia entre nuestra manera de vivir y las consecuencias que produce. Por una parte, somos cada vez más conscientes de que las formas de producir y de consumir, el uso de recursos que nuestro ritmo de vida impone y el grado de contaminación que genera, nos han sumido en una crisis ecológica sin precedentes que necesitamos afrontar de cara y con urgencia. Pero, paralelamente, cuando queremos combatir problemas económicos concretos como el paro, la pérdida de poder adquisitivo o, en general, cuando tratamos de mejorar los niveles de vida del conjunto de la sociedad, la única receta que sabemos aplicar es la del crecimiento de la economía, independientemente de sus efectos sobre el medioambiente.

El debate economía versus salud que algunos han querido poner sobre la mesa a raíz de la pandemia, puede trasladarse en una escala ampliada a la dicotomía crecimiento versus ecosistemas. Y caben pocas dudas de que llevamos muchísimo tiempo priorizando el primero en detrimento de los segundos, de tal forma que la apuesta sistemática por crecer a cualquier precio acaba repercutiendo negativamente sobre la salud del planeta, de la que depende en último término la salud de la propia humanidad.     

Una parte de este complejo problema reside en la manera en qué medimos los niveles de vida y de bienestar económico, utilizando como indicador, casi en exclusiva, el Producto Interior Bruto (PIB) y sus tasas de crecimiento, y asumiendo implícitamente que contar con más PIB por habitante hace siempre a una sociedad más rica. Pero ¿es eso realmente así? Como su propio nombre sugiere, el PIB mide, básicamente, lo que una economía produce, pero no está diseñado para medir los efectos que esa producción y su evolución en el tiempo tiene sobre los ecosistemas.  Si crecer implica destruir recursos naturales a un ritmo mayor al de su propia regeneración, el crecimiento nos puede estar haciendo en realidad más pobres, sólo que el sistema de medición que utilizamos no nos permite detectar el empobrecimiento real del que estamos siendo víctimas. Por eso, incorporar indicadores que sean capaces de medir los efectos ambientales para poder tenerlos en cuenta, debería ser una prioridad para las políticas económicas.

Recientemente, la revista Cuadernos Económicos de ICE (dependiente del Ministerio de Industria Comercio y Turismo) ha publicado un número monográfico sobre indicadores económicos ambientales (http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/779), que trata sobre este problema y que recoge toda una serie de propuestas de medición alternativa para el caso español que merecería la pena difundir.

Una forma básica de elaborar indicadores ambientales es la cuantificación de los recursos utilizados por una economía en términos físicos (toneladas). Algo que, si se combina con la teoría y la metodología adecuadas, puede ofrecen información muy interesante. Un ejemplo de ello es la aproximación al funcionamiento económico a través del denominado “metabolismo social”[1]. Un planteamiento teórico que analiza la economía de un territorio (país, región, ciudad…) como si fuera un ser vivo que ineludiblemente necesita ingerir materiales y energía para poder funcionar y que, a partir de ahí, como cualquier otro ser vivo, desarrolla diferentes procesos metabólicos internos de transformación y, posteriormente, expulsa lo no metabolizado en forma de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Analizar de manera ordenada y sistemática las cantidades y los tipos de materiales y de energía que entran a un sistema económico, los procesos internos de transformación que se van desarrollando en él y cómo de bien o de mal funcionan, y los residuos que el sistema genera, permite detectar diferentes regímenes metabólicos y su evolución a lo largo del tiempo.

Desde esta perspectiva hay procesos de cambio histórico que se pueden analizar claramente como cambios en el metabolismo social, y que analizados de esa forma pueden dar claves muy interesantes. Uno de esos procesos es el de la Revolución Industrial que se produjo en el mundo occidental a lo largo del siglo XIX, que representa uno de los principales cambios metabólicos en la historia de la humanidad. Por primera vez algunos sistemas socio económicos comenzaron a “ingerir” de forma masiva minerales tanto energéticos (carbón) como no energéticos (hierro, cobre, plomo, etc) acumulando cantidades ingentes de energía disponible, de nuevas infraestructuras y de nuevos medios de producción que transformaron de forma radical el metabolismo de las sociedades afectadas, incluyendo, claro está las relaciones sociales. Nunca antes en la historia de la humanidad se había conseguido incrementar tanto el producto de algunas economías en términos de PIB per cápita y nunca antes ese crecimiento se había mantenido de forma sistemática por encima del incremento de la población de los países afectados, rompiendo así la trampa malthusiana que había funcionado durante siglos. Habitualmente esa transformación se ha descrito exclusivamente en clave de éxito, y es obvio que lo fue en determinados aspectos. Pero los análisis del proceso han dejado en la sombra los efectos ambientales que acompañaron a la nueva forma de crecimiento, y la senda de deterioro ambiental que se fue derivando de la misma tanto en lo que se refiere al uso creciente de recursos no renovables como a la generación de residuos a una escala mucho mayor que el de las sociedades pre industriales.

Otro momento de clara transformación en el metabolismo social se produjo en las décadas centrales del siglo XX, en lo que algunos denominan como el episodio de “la gran aceleración” de los procesos de crecimiento. Fueron más de dos décadas de fuerte incremento del PIB per cápita que, en esta ocasión, comenzó a afectar también a economías ajenas al mundo occidental y que no fue ajeno además a la explosión demográfica que se produjo en ese momento a escala planetaria. Una de las bases de ese cambio metabólico estuvo en la generalización a escala global del uso del petróleo como fuente de energía esencial para cualquier sector económico, desde la industria al transporte pasando por la agricultura que surgió de la Revolución verde, y también como materia prima de la que obtener nuevos materiales sintéticos, especialmente los plásticos. Esta nueva ingesta de energía y materiales volvió a provocar cambios metabólicos de consideración que en esta ocasión afectaron a muchos más territorios en un proceso creciente de globalización y que volvieron a acelerar las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de otros residuos contaminantes en una nueva vuelta de tuerca hacia el agotamiento de los recursos y hacia el deterioro de los ecosistemas.

Estos son sólo dos ejemplos de cambios socio metabólicos, pero en general convendría mirar con más atención las diversas transiciones ecológicas que se produjeron en el pasado, ya que son las que nos han traído hasta la complicada situación ambiental actual[2]. Profundizar en la metodología del metabolismo social y de las transiciones ecológicas en perspectiva histórica ayuda a desentrañar los factores explicativos y los mecanismos concretos que las produjeron. Y entender cómo y por qué se desarrollaron esas transiciones ecológicas del pasado nos puede dar algunas pistas importantes para diseñar la transición ecológica que estamos obligados a llevar a cabo si queremos evitar desastres ambientales mayores. Una nueva transición que, en términos generales, no es otra cosa que un cambio de régimen metabólico en el que el “ser vivo economía” consiga funcionar de forma óptima ingiriendo menos energía y materiales, mejorando sustancialmente los procesos de producción, fomentando la reutilización y el reciclaje y, finalmente, reduciendo lo más posible las emisiones generadas.

Más allá de las mediciones físicas relacionadas con el metabolismo, otros indicadores tratan de medir los efectos ambientales en términos monetarios, es decir, valorando en dinero los recursos naturales que se utilizan y también el deterioro ambiental que se genera. Desde hace algún tiempo algunos organismos internacionales como Naciones Unidas y el Banco Mundial vienen promocionando nuevas formas de medición de la riqueza de una sociedad, tratando de valorar el “capital natural” y su evolución a lo largo del tiempo. Dentro de las diferentes propuestas teóricas que se han producido, la que está teniendo una mayor difusión es el Índice de Riqueza Inclusiva (IWI por sus siglas en inglés), que se viene calculando para la práctica totalidad de los países del mundo desde la década de los noventa[3].

En esa contabilización, el capital natural estaría compuesto, en principio, por el valor de los recursos tanto no renovables como renovables y también por el valor de los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas. Las discusiones sobre la metodología han sido y siguen siendo muy abundantes y resulta muy difícil encontrar un consenso ya que los resultados dependen de la tasa de descuento que apliquemos respecto al uso de recursos o respecto a la contaminación del futuro. Por ejemplo, para aplicar una tasa de descuento al valor actual de una tonelada de petróleo habría que conocer, por un lado, el stock real de ese recurso y, por otro, la demanda que las generaciones futuras pueden ejercer del mismo. Dado que esos datos son imposibles de determinar de manera objetiva, los supuestos elegidos pueden llevar a estimaciones muy diferentes que no siempre son ajenas a los intereses ideológicos de quienes realizan los cálculos.

En cualquier caso, los datos ofrecidos por el Banco Mundial, que en general tienden a utilizar supuestos bastante conservadores, muestran con claridad que, desde que se mide el Índice de Riqueza Inclusiva, el capital natural global ha tendido a disminuir debido al uso masivo de recursos no renovables y también al uso inadecuado de algunos recursos renovables. Ello quiere decir que al crecimiento de la riqueza que habitualmente nos muestra el PIB per cápita habría que restar esa disminución del capital natural perdido, o, dicho de otra manera, que las tasas de crecimiento que habitualmente damos por buenas tienen mucho de espejismo y son en realidad mucho más bajas, pudiendo llegar en algunos casos a cifras negativas. Las instituciones internacionales tratan de salvar los muebles ciñéndose al planteamiento de la denominada “sostenibilidad débil”, según la cual las diferentes formas de capital serían perfectamente sustituibles entre sí. Según este planteamiento, las evidentes pérdidas de capital natural podrían ser compensadas con las ganancias en capital producido por el hombre (infraestructuras y productos varios) o en capital humano, de tal forma que sí una economía mantiene o incrementa su disponibilidad total de capital, sería sostenible (en el sentido débil) independientemente del capital natural que haya dilapidado. Un sistema de contabilización discutible, que si se observa desde la perspectiva del deterioro ambiental, podría considerarse como una forma de que la humanidad se haga trampas al solitario.

Desde la corriente teórica de la Economía Ecológica se defiende un concepto diferente de sostenibilidad, la “sostenibilidad fuerte”, que pone la naturaleza mucho más en el centro de la cuestión, considerando no sólo los recursos naturales individualizados sino tratando de calibrar los efectos económicos sobre los ecosistemas en su conjunto. Esta perspectiva niega la perfecta sustituibilidad de diferentes formas de capital y, por tanto, considera que el deterioro ambiental es un problema en sí mismo, que muchas veces puede tener efectos irreversibles, y que en consecuencia hay que tratar estableciendo unos umbrales en el uso de los ecosistemas que no deberían traspasarse de ninguna manera. Desde esta corriente se viene promocionando también un indicador macroeconómico que comenzó denominándose Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW por sus siglas en inglés), aunque posteriormente se renombró como Índice de Progreso Genuino (GPI)[4].

Una de las principales diferencias de este indicador es que no sólo integra estimaciones del deterioro ambiental, sino que introduce también otras consideraciones de carácter socioeconómico. Así, partiendo de una medición del consumo, introduce un ajuste en función de la desigualdad en la distribución de la riqueza, considerando que la misma resta bienestar. Además de eso, contabiliza también como positivo el valor del trabajo que no pasa por el mercado (el trabajo doméstico o las labores de voluntariado) y como negativo el valor de los costes sociales que pueden restar bienestar general a la sociedad (por ejemplo, el coste de los accidentes de tráfico). Al igual que ocurre con otros macro indicadores el cálculo del GPI requiere de información que no siempre está disponible, y también en este caso hay que utilizar supuestos subjetivos que pueden ser muy problemáticos.

Todos los indicadores que intentan integrar las cuestiones ambientales en la contabilización tienen problemas y deben seguir depurándose y refinándose para acercarse a la realidad de la manera más fidedigna posible. Pero que estos indicadores sean imperfectos no debería llevar a rechazarlos, ya que cada uno a su manera aporta información que puede alertarnos sobre problemas importantes que los indicadores estándar como el PIB no están diseñados para detectar. Ya en 2009, en un informe elaborado por la Comisión para la Medición del Comportamiento Económico y el Progreso Social en la que participaban entre otros los premios Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen, se decía literalmente: “Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Y si nuestras medidas son deficientes, podemos tomar decisiones equivocadas[5]. Es muy obvio que las mediciones económicas que se vienen realizando habitualmente son deficientes en tanto que no toman en consideración los efectos ambientales. Incorporar indicadores que lo hagan no va a solucionar por si sólo el deterioro ambiental generado por una economía diseñada principalmente para crecer a cualquier precio, pero permite al menos detectarlo, y es, por tanto, una condición necesaria, aunque no suficiente para empezar a actuar.    

 

[1] El primero en medir parte del metabolismo social parta el caso español fue Óscar Carpintero, (2005), El metabolismo de la economía española, Fundación César Manrique. los libros de Enric Tello (2005) La historia Cuenta. Del crecimiento económico al desarrollo humano sostenible, El viejo topo; y el libro de Manuel González de Molina y Víctor Toledo (2011) Metabolismos, naturaleza e historia hacia una teoría de las transformaciones socio ecológicas, Icaria, ofrecen un completo análisis sobre este concepto y sus posibilidades para el análisis histórico.

[2] Krausmann es el autor que más ha trabajado sobre el concepto de transición ecológica en perspectiva histórica. Véase, Krausmann, F. (ed.) 2011, The Socio-Metabolic Transitions. Long Term historical trends and patterns in global material and energy uses, Social Ecology Working Paper, 131

[3] Puede verse al respecto el trabajo de Lange, G. M., Wodon, Q., & Carey, K. (2018). The Changing Wealth of Nations. Building a Sustainable Future, World Bank.

[4] Puede verse el trabajo de Kubiszewski, I., Costanza, R., Franco, C., Lawn, P., Talberth, J., Jackson,T., & Aylmer, C. (2013), Beyond  GDP: measuring  and  achieving  global  genuine  progress. Ecological Economics 93, 57-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.019

[5] Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.

https://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/090914mesure_perf_eco_progres_social/synthese_ang.pdf

Fuente: una versión resumida de este artículo («Las medidas del crecimiento) fue publicada en eldiario.es el 30 de junio de 2021

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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