Ricardo Robledo (*)
En la década de 1930 el mejor tiempo de las reformas había pasado ya; me refiero a la posguerra del primer conflicto mundial cuando tuvieron lugar las reformas distributivas en los países de centro y este de Europa y las ocupaciones de tierras en Italia. La situación internacional con Hitler en el poder desde enero de 1933 y el católico Dollfuss en Austria, tras un golpe de Estado en febrero del 34, no facilitaba la realización de proyectos reformistas sino los de Mussolini, ejemplo para la derecha, como proclamó Calvo Sotelo en las Cortes del Frente Popular. Al final, esa fue la senda que acabó con la reforma, una senda que pocos podían prever en 1931 cuando se proclamó la Republica y con ella la necesidad de resolver el problema agrario.
En efecto, tras la represión durante y después del “Trienio Bolchevique”, la llegada de la República significó una ventana de oportunidad para unir las expectativas del cambio político con las del reparto de tierras. Los objetivos de la reforma agraria no se reducían solo a eso. La gran complejidad sociopolítica y económica que exigía la solución del problema agrario se expone bien en la declaración que firmaban el Presidente provisional de la República junto con los ministros de Justicia, Fomento, Trabajo y Economía Nacional en mayo de 1931:
El Gobierno provisional (…) se decide a acometer en toda su vastedad la reforma agraria española seguro de que ahí radica el eje de la transformación social, política e industrial de España, porque ello ha de representar la modificación de las clases, la posibilidad de una democracia aldeana y la creación de una capacidad adquisitiva en los campesinos que inevitablemente ha de repercutir en la industria (Decreto de 21 de Mayo de 1931).
En pocos lugares se expresa mejor la ambición de una acción política que pretendía reducir la desigualdad, conseguir que la democracia política llegara a los campos y favorecer al mismo tiempo el desarrollo del mercado interior (el único al que podía acudir la industria española en una coyuntura depresiva y con medidas proteccionistas como las que hoy protagonizan algunos países). ¿Pecó de excesiva ambición la República por querer hacer demasiadas cosas en poco tiempo, como opinaba Malefakis? Más bien, al año y medio del cambio de régimen estaba extendida la idea de que “la República hoy (…) está montada en el aire”.[1] Valga otro testimonio cualificado, el de Martínez Gil, representante de la FNTT quien creía que solo una reforma que se aplicara “de una manera rápida” como el rescate de comunales “es lo que va a llevar a los pueblos la idea de que la República existe”. Es decir, año y medio después de su llegada, el régimen republicano permanecía inédito para muchos campesinos.
Pero no era una “república encantada”, expresión de Martin de Cellorigo en 1600. Durante el primer bienio se produjeron 262 víctimas por enfrentamientos violentos en la España rural debido a problemas relacionados con la organización del mercado de trabajo [2]. Tal conflictividad, no solo ésta, pues la mayoría de conflictos no se tradujo en victimas mortales, se está investigando desde diversos ángulos de vista. Si para la corriente revisionista en historia política, habría que apuntarla en el debe de la “patrimonialización” de la República por parte de la izquierda, la mirada de una parte de la historia económica ha ignorado o minusvalorado el factor económico de la conflictividad atribuyendo la causa principal del descontento social a la política intervencionista socialista del mercado laboral que alentó la acción de los sindicatos. La tesis es llamativa, casi de un determinismo monocausal, que se sostiene en una presunción arriesgada: la movilización de los trabajadores rurales mayoritariamente analfabetos requiere generalmente la intervención del estado.
Sin duda la polarización de clases durante el periodo republicano tiene una importante dimensión agrarista. Aunque las líneas de fuerza que fragmentaron el espacio republicano venían de raíces diversas -algunas tan importantes como la cuestión religiosa que se mezclaba a menudo con la cuestión agraria- la incompatibilidad entre latifundismo y liberalismo resultó fundamental para acentuar la “guerra social” y pensar en soluciones violentas. Esa incompatibilidad con el liberalismo no provino -escribió Martínez Alier en 1978- de que los latifundistas fueran aristócratas del «antiguo régimen» sino, precisamente, de que eran propietarios burgueses amenazados donde más les dolía: en su derecho de propiedad. Recordemos que la explicación del latifundio no se puede reducir a la geografía y a los precios de los factores como pretende más de un análisis económico. La finca grande, explotada extensivamente (a veces, deficientemente) era también, la base de un poder político desproporcionado. No siempre suelen considerarse a la vez ambos aspectos ni cómo lo económico condiciona lo político, y esto en mi opinión puede haber conducido a una cierta naturalización del latifundio. La situación creada en la Segunda República, especialmente durante el Frente Popular, era inédita: el latifundista (o su administrador o arrendatario) perdía no solo rentas económicas, debido a la legislación de revisión de arrendamientos, sino, y sobre todo, rentas políticas. Como advirtió Bardhan (2001) «los terratenientes también se oponen a las reformas agrarias porque los efectos de nivelación reducen su poder político y social, así como su capacidad de controlar y dominar hasta las transacciones no relacionadas con la tierra».
Este declive contrastaba con el ascenso de quienes por primera vez disponían de «voz». Como es sabido, Hirschman, quien era alguien más que un economista, razonó las tres opciones que se pueden adoptar ante una situación de insatisfacción: salida (abandonar, emigrar…), lealtad (seguir con el statu quo) y la voz, que en 1931 sería, por ejemplo, votar e involucrarse en la gestión de las instituciones locales. La reforma agraria republicana, en caso de haber tenido el éxito que le hurtó la guerra civil, habría ido en esta dirección democratizadora de la vida rural, al debilitar gravemente al sistema latifundista, es decir, un orden social respaldado por la Guardia Civil, que amparaba relaciones de dependencia, y llevaba aparejados bajos niveles de consumo y otras carencias; el desarrollo cultural, la generación de empleo, la estabilidad de las instituciones y otros indicadores sociales tienen que tenerse en cuenta para no quedarnos en una visión reduccionista de la gran explotación agraria en la historia de España. Tal es en mi opinión el punto débil de recientes visiones de la reforma agraria que consideran que España era un “país demasiado rico” para que fuera objeto de una reforma agraria clásica (Simpson, Carmona, 2017:27).
El escenario de expectativas inversas, la de las élites agrarias, con pérdida de rentas políticas, y la de los trabajadores dispuestos a aprovechar las posibilidades abiertas por el triunfo del Frente Popular, debió de percibirse como un panorama de “caos”, imposible de rectificar de forma pacífica. El agotamiento de la vía parlamentaria era la manifestación de impotencia política para las derechas más “animosas” de Acción Popular o de Falange “que acabaron por convencerse de que la postura legal que venían defendiendo era completamente ineficaz para lo que demandaban las circunstancias (…), [y]solo quedaba un camino: el de la violencia mediante la sublevación armada” [3]. En este contexto –que no era otro que el de un golpe de estado en ciernes desde el mes de marzo de 1936-, cobra sentido el caos inducido por diversos mecanismos que crearan el estado de necesidad expuestos recientemente en el libro de Viñas (2019).
Esta apreciación se demuestra ‘institucionalmente’ en la tantas veces citada instrucción de Mola del 1 de julio de 1936, con esa inquietante expresión de “proceder”:
Se ha intentado provocar una situación violenta entre dos sectores políticos opuestos para apoyados en ello proceder, pero es el caso que hasta el momento -no obstante la asistencia prestada por algunos políticos- no ha podido producirse, porque aún hay insensatos que creen que es posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatiza el Frente Popular .
Todo esto hace pensar que la guerra no sería el desenlace sino el instrumento, porque, como apunta otra de las instrucciones de Mola, “el ideal no estaba arraigado y el entusiasmo demostrado era ficticio”. Por eso se proclamará el estado de guerra en el mayor número de plazas posible, conscientes de la resistencia que se van a encontrar. La sensación de debilidad potenciaba el terror (Fernández Prieto, Míguez, 2019: 27). Tres semanas después de las instrucciones de Mola, el primer informe extenso del consejero de la Embajada alemana dirigido a Hitler se refirió a la «estrecha unión de monarquía y fascismo, [que] junto a la ausencia de un auténtico caudillo y de un programa social que abarque amplios sectores de la población, no ha permitido [al alzamiento nacional] convertirse en movimiento popular» (Bernecker, 1992). Estos testimonios darían razón a Jackson en el ‘debate’ con Malefakis en 1973: el movimiento popular antirrepublicano no estaba tan extendido y arraigado como para que el golpe del 18 de julio fuera un paseo militar generalizado.
La cita anterior de Mola da pie para introducir el tema del golpe de estado que no excluía la guerra civil. Hasta no hace mucho tiempo, dominaba la idea de que la guerra civil era casi un accidente. Para explicarla, se decía, no hacía falta ir más allá de la sublevación de julio de 1936. Sin esa sublevación, no habría habido una guerra civil en España. La reciente publicación del libro de Viñas (2019) –su mismo título de “Quién quiso la guerra civil”- cuestiona el tópico. La guerra pudo no haberse buscado intencionadamente al principio, pero no se excluyó luego con tal de conseguir lo que no se había logrado electoralmente. Y esto no solo en la primavera de 1936 sino bastante antes como demuestra la conspiración de la trama civil monárquica que estuvo en activo desde el 14 de abril de 1931 pidiendo armas al gobierno de Mussolini para acabar con la República. En esa trama destaca Goicoechea quien en el otoño de 1935 había confesado a las autoridades italianas: No toleraremos un gobierno de izquierdas.
A modo de epílogo
“La lucha por la democracia es paralela a la lucha por el dominio de la tierra”, escribió en 1930 José Cascón (1934), el ingeniero que mejor supo aunar cambio técnico y reforma social en la cuestión agraria. En junio de 1936, con la reforma agraria realmente en marcha, el ministro de Agricultura Ruiz-Funes pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, afirmó: “la definitiva consolidación en España de una República democrática [es] la obra fundamental de la Reforma Agraria” . En el intervalo de esos seis años, que va de la República como esperanza a la República amenazada, tiene lugar el principal, si no el único, periodo de la historia contemporánea en el que se intentó la democratización económica y social del campo, con todas las reservas que pongamos al término de democracia en los años 30. Cuando hace cuarenta años se restauró la democracia, ya no había campesinos, o, para ser exactos, la cuestión agraria tenía otras variantes que no siempre supieron captar los partidos de izquierda. La estrecha relación entre política distributiva y democracia es una hipótesis bien contrastada desde A. Smith[4] a los teóricos del desarrollo que han correlacionado positivamente desigualdad y decrecimiento económico .
Es un lugar común incluir la cuestión agraria en los antecedentes de la guerra civil, sobre todo si se la reduce tendenciosamente a la «anarquía» que reinaba en los campos desde la llegada de la República y muy especialmente en los meses del Frente Popular (la argumentación de Carr-Malefakis) y nos olvidamos de la anarquía provocada. A diferencia de las ocupaciones de fábricas que se desarrollaron en otros países, las invasiones de fincas suelen percibirse, quizás, con un mayor grado de fractura social y de violencia simbólica. Si prescindimos de la coartada que ofrece esta visión más o menos catastrofista para la historia conservadora, resulta improcedente relacionar causalmente conflictividad social agraria y guerra civil, no solo por la falacia del post hoc ergo propter hoc, que hace dos siglos y medio cuestionó David Hume, sino por su correlación con una guerra que fue más bien fruto de una persistente conspiración que derivó en un frustrado golpe militar. La desproporción salta a la vista mucho más si reparamos en que la reforma agraria, en cuanto reparto de tierras, no tuvo relevancia hasta marzo de 1936 con las grandes ocupaciones de tierras en Extremadura, luego legalizadas. No dejaría de ser una imputación paradójica hacer responsable del estallido de la guerra civil a la reforma agraria republicana si se acepta al mismo tiempo que fue un fracaso y defraudó expectativas de obreros y campesinos.[5]
La visión estructuralista o historicista sobre las-causas- de- la- guerra-civil ha dominado la historiografía y sigue vertiendo ríos y ríos de tinta. [6] La reforma o la no-reforma agraria suele aparecer como una de las “causas” recurrentes que se han utilizado en comparaciones internacionales, incluyendo alguna vez el caso español. El primer autor que ofreció una respuesta a largo plazo de las causas de la guerra fue Brenan y su obra seminal El laberinto español (1943), que lleva el subtítulo de “Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil”. Mientras muchos escritores seguían considerando la guerra civil como una batalla entre el comunismo y el fascismo, Brenan entendió que era necesario explorar las raíces agrarias del problema con un horizonte de quinientos años, cuando todavía no existía el condicionante del Congress for Cultural Freedom que modularía sus escritos posteriores en el contexto de la guerra fría (Preston, 2019)]. Malefakis siguió sus pasos en la perspectiva del largo plazo del problema agrario; su libro en inglés se subtituló “Origins of the Civil War”, frase que no se recogió en la traducción castellana.
Agrarian Reform, pese a mi ojo crítico, sigue siendo de obligada lectura para indagar en el trasfondo económico y social previo a la guerra civil. Esa fue la razón inicial de su éxito: el primer estudio sistemático sobre la propiedad de la tierra a través del Catastro de la Riqueza Rústica, y el análisis por primera vez del Registro de la propiedad expropiable del IRA…y del libro de Los latifundios de Pascual Carrión (1932), entre otras fuentes.
Le ayudó mucho el contexto intelectual dispuesto a aceptar mayoritariamente que el control de los medios de producción, expresión común entonces, suponía disponer de la llave para entender una gran parte de los comportamientos sociales, de los resultados económicos y, también, para establecer estudios comparativos del crecimiento económico dentro y fuera de España. A diferencia de lo que ocurrió a partir de 1989, la centralidad la ocupaban los problemas de la distribución (desigualdad social) como determinantes de la demanda y no se cuestionaban como hoy restricciones ambientales en la oferta.
Pero es mucho más prescindible, e incluso resulta una autoridad confusa, para explicar los orígenes de la guerra civil, especialmente cuando entra en el brumoso reino de las responsabilidades morales (el “absentismo moral” del terrateniente, por ejemplo) o cuando pone el listón de la democracia de Lipset-Linz para medir la conflictividad o la reforma agraria.
(*) Catedrático jubilado de Historia Económica, Investigador visitante de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Este artículo forma parte de otro más amplio, en curso de publicación, titulado “Medio siglo del libro de Malefakis: en torno al origen de la guerra civil española». A él me remito para completar referencias.
[1] Intervención de Balbontín, quien ligaba la suerte de la República a la de la reforma agraria, Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (DSSC), 8 de septiembre de 1932, p. 8667.
[2] González Calleja, 2015.
3] La Federación de Labradores acabó por confesar “que eran estériles los métodos de la lucha en el terreno legal”, Arrarás (1939: tomo 25, 121). Para más información sobre este testimonio de Jaén, Preston (2011:188). Imposible dar cuenta de la bibliografía sobre el tema de la violencia política; deben citarse al menos Ledesma (2013) y González Calleja et al. (2015). Para comprender la violencia de las pequeñas ciudades y núcleos pequeños, Prada, Julio (2006). Una breve obra de conjunto del periodo republicano, López Villaverde (20192 ).
[4] “Allí donde hay grandes propiedades, hay grandes desigualdades. Por un hombre muy rico debe haber, al menos, quinientos pobres (Smith,1988, II:744).
[5] Para el tema de las ocupaciones de tierras y desarrollo de la reforma agraria se cuenta con una abundante literatura que no ha dejado de crecer en los últimos años. Un estado de la cuestión y selección bibliográfica en Robledo (2017). Para Extremadura, donde se concentraron las ocupaciones, véase Riesco (2006), Espinosa (2007).
[6] Con toda la relatividad de estas estimaciones, las referencias que aparecen en Google sobre “Causas de la guerra civil española” están entre 173.000-190.000 (marzo y agosto de 2019).
Referencias citadas
Arrarás, Joaquín (1939): Historia de la Cruzada Española, Madrid: Ediciones Españolas.
Bardhan, Pranab (2001): Institucionalidad, reformas y desempeño de la agricultura, FAO. http://www.fao.org/3/X9808s/X9808s05.pdf
Bernecker, Walter (1992): “La intervención alemana en la guerra civil española”. Espacio, Tiempo y Forma, tomo V, pp. 77-104.
Espinosa Maestre, F. (2007): La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (marzo-julio de 1936), Barcelona: Crítica.
Fernández Prieto y Míguez Macho, Antonio (eds) (2019): Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo: Galaxia.
González Calleja, Eduardo. Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936), Comares, Granada, 2015
González Calleja, Eduardo; Cobo, Francisco; Martínez Rus, Ana y Sánchez Pérez, Francisco (2015): La Segunda República Española, Barcelona: Pasado y Presente,
Hirschman, Albert O., (1970): Salida, voz y lealtad, México, FCE.
Ledesma, Jose Luis (2013): “La ‘primavera trágica’ de 1936”, en Sánchez (Coord). Los mitos del 18 de julio pp. 313-341.
López Villaverde, Ángel (2019): La Segunda República (1931-1936). Prólogo de Ángel Viñas, Madrid: Silex. 2ª edición.
Malefakis, Edward (1971): Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Barcelona: Ariel (ed. inglesa, 1970).
Martínez Alier, Juan (1978): “La actualidad de la reforma agraria”, Agricultura y Sociedad, (7), pp. 223-243.
Prada, Julio (2006): De la agitación republicana a la represión franquista. Ourense 1934-1939. Barcelona: Ariel. Una breve obra de conjunto del periodo republicano.
Preston, P. ( 2011) El Holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona: Debate
Preston, Paul (2019): “Series Editor’s Preface”. Burrowes, Darryl, Historians at War Cold War: Influences on Anglo-American Representations of the Spanish Civil War . Eastbourne: The Canada Blanch / Sussex Academic Studies on Contemporary Spain
Riesco, Sergio (2006): La lucha por la tierra. Reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia de Cáceres, 1907-1940, Madrid: Biblioteca Nueva.
Robledo, R. (2017): “La reforma agraria de la Segunda República. Un comentario bibliográfico (1996-2016)”, en F. Comín, R. Hernández y J. Moreno (eds), Instituciones políticas, comportamientos sociales y atraso económico en España (1580-2000). Homenaje a A. García Sanz, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 373-397.
Simpson, J., Carmona, J. (2017): “Too many workers or not enough land? The experience of land reform in Spain during the 1930s”. Historia Agraria (72), 37-67.
Smith, Adam ([1776] 1988): Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones, Vilasar de Mar, Barcelona: Oikos Tau.
Viñas, Ángel (2019): ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica.
Imagen de portada: Fondo del Ministerio de Agricultura
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Desde luego que desde un punto de vista no ya político sino sencillamente técnico-económico, la obsolescencia de los latifundios en España eran yá a comienzos de la década de 1930, algo innegable, que se encontraba a contrapelo, de cualquier idéa de progreso. Pero a mi juicio, o mejor dicho a mi modesto entender, la existencia y persistencia ya adentrado el Siglo XX de esta aberración en materia de explotación agropecuaria, encontraba sus orígenes en siglos de explotacíon del campesinado, explotación que se encontraba «naturalizada» como si esta degradación y este sometimiento servíl de los trabajadores agropecuarios obedeciera a un «mandato divino».-
La lectura del texto y la cita de Martínez Alier no sustentan esa opinión. No todos los latifundios tenían una expltación irracional o aberrante. Al contrario. La historia académica no afirma eso