Presentación

Conversación sobre la historia

No nos hemos atrevido a ser en la plaza pública la voz que clama en el desierto… hemos preferido encerrarnos en la quietud temerosa de nuestros talleres… De la mayor parte de nosotros se podrá decir que hemos sido unos buenos operarios. Pero, ¿hemos sido también buenos ciudadanos?   MARC BLOCH (1940)

 

Todavía tenemos en mente el caso de Antonio Luis Baena Tocón, el alférez franquista que participó en el consejo de guerra que condenó a muerte –pena luego conmutada– al poeta Miguel Hernández. Se recordará que su hijo José L. Baena intentó que se borraran los rastros documentales de esta actuación “judicial” y otras en los archivos digitales de la Universidad de Alicante, a la vez que denunció al historiador Juan A. Ríos Carratalá por su mención del caso en la obra “Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista” (Renacimiento, 2015). Si bien la universidad rectificó su decisión inicial de sustituir el nombre de Baena por sus iniciales, este es el momento en que la denuncia sigue su curso ante un juzgado de Jerez de la Frontera.

Nos hallamos ante un caso semejante: el de alguien que considera injuriosa y calumniosa la obra de un historiador, Fernando Mikelarena, a quien mostramos toda nuestra solidaridad, y que se ha limitado a divulgar la realidad de los hechos en una obra documentada. Mikelarena es autor, entre otras obras, de Sartaguda 1936. El pueblo de las viudas (20092) y Sin piedad, limpieza política en Navarra (2015). (Premio Euskadi de Literatura, modalidad de ensayo). El demandante es Arturo del Burgo -hijo del exdiputado de UPN-PP Jaime Ignacio del Burgo-, y nieto del dirigente carlista Jaime del Burgo Torres, inductor del golpe de estado, jefe de requetés cuando se produjo en Navarra la mayor matanza de republicanos y político destacado en la dictadura. El primero de los escritos que publicamos “La (nueva) querella de Del Burgo” es la declaración de doce miembros del Ateneo Basilio Lacort que explica las circunstancias del caso, sobre el que el Consejo de redacción de Conversación sobre historia quisiera hacer algunas observaciones adicionales, inspiradas en los principios de la “Presentación” del blog. En tal “Presentación” defendemos la memoria histórica democrática como derecho ciudadano y como complemento imprescindible de la historia académica, a la vez que manifestamos nuestro rechazo “al negacionismo burdo y falaz que blanquea las dictaduras y las conculcaciones de los derechos humanos”.

No es el momento de profundizar en las responsabilidades de Jaime del Burgo Torres, que la historiografía ha documentado[1], sino de reivindicar el ya largo combate por una historia que trata de hacer compatible la objetividad con el derecho a la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas. Años atrás, en su Callar al mensajero (Península, 2011), Francisco Espinosa denuncio varios casos en los que el derecho la investigación y a la expresión se vieron cuestionados, por motivos familiares o de otro tipo, por quienes apelaban al derecho al honor de los verdugos y de sus cómplices e inductores.

Y, si bien es cierto que en algunos casos la justicia dio la razón a los investigadores, no siempre ha sido así. No se ha logrado asentar una jurisprudencia sólida que los proteja y en la actualidad los historiadores se encuentran en situación de indefensión. Estamos siendo víctimas —basándonos en principios constitucionales­— de estas querellas improcedentes cuando solo estamos ejerciendo nuestra profesión. Y, lo que es peor, como consecuencia de estos abusos, que solo buscan amedrentarnos, es previsible que en un futuro algunos investigadores opten por la autocensura y la disciplina histórica entre en una fase de oscurantismo. Las querellas interpuestas contra algunos historiadores exigen el pago de sumas elevadas a las que difícilmente pueden hacer frente. No somos héroes y, ante el temor de ser demandados, es posible que algunos recurran a la ocultación de datos o hagan referencia con iniciales ambiguas a los victimarios, un tipo de prácticas que nos recuerdan lo ocurrido en tiempos de la dictadura. Consideramos que las investigaciones históricas no merecen otro juicio que el de la historiografía, es decir, la valoración rigurosa sobre el aparato crítico utilizado en ellas y la ponderación de las conclusiones que en ellas se vierten. En sintonía con el manifiesto de otros historiadores navarros, defendemos la libertad de investigación sobre los periodos más oscuros de la historia contemporánea, suficientemente dificultada ya por la ocultación y destrucción de fuentes históricas por parte de quienes manejaron los resortes de poder durante décadas.

En este punto nos gustaría que las distintas instancias oficiales asumieran la doctrina del Tribunal Constitucional cuando confirmó una sentencia anterior del Tribunal Supremo en el sumarísimo 477 sobre la denuncia a la periodista Dolors Genovés en un caso similar a los que hemos comentado. Allí se dejaba claro que

La investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por personas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de tales personas cuando efectivamente se ajuste a los usos y métodos característicos la ciencia historiográfica (…)

El ejercicio de nuestra jurisdicción en la garantía de los derechos fundamentales no sirve para enjuiciar la historia, y menos aún para cambiarla o silenciar sus hechos, por mucho que estos o las interpretaciones (…) resulten molestos y penosos para sus protagonistas o para sus descendientes. (Cit. por R. Escudero Alday en el prólogo a la citada obra)

[1] Según Ugarte Tellería, en la movilización miliciana del 18 de julio, Jaime del Burgo Torres fue uno de los principales dirigentes del requeté navarro que pretendía tomar Madrid y acabar con la república en cosa de pocos días (“La nueva Covadonga”, Biblioteca Nueva, 1998). Véanse también las memorias del médico Uriel (No se fusila en domingo) y la historiografía pionera de Gregorio Herrero, Antonio Hernández García, Jesús Vicente Aguirre y el colectivo Altaffailla. Y por supuesto, el libro de Mikelarena Sin piedad, limpieza política en Navarra, donde se analizan los hechos en cuestión.

 

 


La (nueva) querella de Del Burgo

 

Arturo Del Burgo Azpíroz ha interpuesto una querella criminal por los delitos de injurias y calumnias graves contra el historiador Fernando Mikelarena Peña. El motivo alegado es la referencia que el historiador querellado hace respecto al abuelo del querellante D. Jaime Del Burgo Torres, en su libro La [des]memoria de los vencedores, Jaime Del Burgo, Rafael García Serrano y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz (Pamiela, 2019) y en el artículo publicado en este diario, el pasado día 17-10-2020, titulado «Saca de Tafalla-Monreal, 21-10-1936«.

El querellado Fernando Mikelarena es un reputado y respetado historiador a quien esta vez le ha tocado en desgracia una querella de las que la familia Del Burgo tiene depositadas en su arsenal de querellas, y que viene motivada por algunas consideraciones que el historiador realiza en sus trabajos, a lo largo de su labor histórica e investigadora, y que han soliviantado el honor de la familia Del Burgo.

Y es que en La [des]memoria de los vencedores, donde aborda la figura del abuelo del querellante, nos recuerda el hecho, desconocido hasta ahora, de que Jaime del Burgo ostentó el cargo de jefe de Requetés de Navarra, de manera temporal, desde el 18 de octubre de 1936 hasta, como mínimo, el 27 del mismo mes, por designación del jefe de Requetés de Navarra, Esteban Ezcurra, dándose la circunstancia de que la saca de Tafalla, que culminó con el fusilamiento masivo de 64 republicanos en «La Tejería» de Monreal, el mayor de los asesinatos colectivos registrado en Navarra, tuvo lugar el 21 de octubre de 1936. Exactamente, cuando Del Burgo era jefe de Requetés de Navarra, temporalmente, sí, pero a todos los efectos. Jefe es una palabra que todo el mundo entiende y, aunque se le busquen matices, equivale a superior, director, principal, gerifalte, jerarca, caudillo, mandamás, nagusia, etcétera.

Jaime del Burgo Torres (1912-2005)(imagen de 1935, Wikimedia Commons)

Las afirmaciones de Mikelarena ahí están. Basta con leer su libro y su artículo para ver que certifican su cometido de historiador y no traspasa esa línea, aunque sí nos ilustra de lo que el Requeté y su Tercio Móvil realizaba en su cuartel de Escolapios de Pamplona, lugar siniestro para la memoria. El propio Del Burgo, en su libro La Historia de Navarra. La lucha por la libertad (Tebas 1978), recuerda a Balmes cuando advertía de que «antes de leer una historia es muy importante leer la vida del historiador«. Pues bien, hagámoslo, siguiendo su pluma de entusiasta requeté.

En este libro, de 637 páginas, despacha la Guerra Civil y el Golpe militar en dos párrafos: «Navarra participó en la guerra a costa de sacrificios inmensos extensibles también a los elementos de derechas, republicanos e incluso nacionalistas vascos«. Y eso es todo. Pero, ¿lo es?… Para nada. ¿Dónde quedan y quién padeció los encarcelamientos masivos, los fusilamientos y ejecuciones sumarias, el trabajo esclavo, el destierro, el hambre, la exclusión social, los campos de concentración, las listas negras, las depuraciones, el rapado de cabeza a las mujeres, el aceite de ricino, las humillaciones masivas, las desapariciones, los robos de niños, las incautaciones de bienes, los expolios, etcétera? Menos mal que Del Burgo se nos presenta en la contracubierta del libro como historiador, humanista y erudito. Y, aun así, ¿eso es todo lo que tiene que decir en una Historia de Navarra?

Cuando habla de sí mismo en Conspiración y Guerra Civil, no nos ofrece resultados diferentes, aunque deja un mejor autorretrato. Aquí dice: «Han pasado ya muchos años. Tantos, que apenas si queda memoria de aquellos sucesos. Y sin embargo, creemos sinceramente que es bueno recordarlo, no para abrir viejas heridas, casi cicatrizadas, sino para dejar constancia de unos hechos, o unas actitudes y de unas conductas, que mal o bien, forman parte de la difícil asignatura de la historia«.

En efecto. El tiempo ha pasado, pero, afortunadamente, queda la memoria de «aquellos sucesos«, y no por lo que él haya contado, aunque suficiente para establecer su lugar en esa historia pasada y algunas verdades. El tiempo es el tribunal de la historia, una asignatura tan difícil, sobre todo, cuando ha tenido tan pésimos profesores como Del Burgo.

Instructores del Requeté de Pamplona se desplazan a los pueblos para fomentar el encuadramiento (Zufia, 19 de mayo de 1935)(imagen: requetes.com)

El hombre siempre consideró la Guerra Civil una cruzada y una «auténtica guerra santa» y de ese cubil nadie lo sacó. Para eso, organizó el Requeté, lo instruyó militarmente y lo armó en plena República, hizo maniobras militares por toda Navarra, preparó un golpe de Estado con todo cuanto conlleva. Siempre estuvo armado, llevaba escolta armada, fue a la Italia fascista a entrenarse en tácticas militares y guerrilla urbana, con significados conmilitones, tan humanistas como él. En las publicaciones que dirigió, si no hizo apología del terrorismo, sí usó un lenguaje agresivo y violento del que nunca se arrepintió. Para certificarlo, se podrían arracimar cientos de sus citas y nos quedaríamos cortos. Una persona que consideró siempre legítimo un golpe de Estado que da lugar a una Guerra Civil y que la justificó llamándola «Guerra Santa», probablemente, no tenga remedio democrático.

Sin embargo, ya ven, un nieto de este Del Burgo se querella contra un historiador porque este pone en conocimiento de toda la sociedad, en especial de las víctimas, un hecho que, paradójicamente, a su autor nunca le molestó, sino todo lo contrario. Mikelarena se ha limitado a investigar presentando el resultado de su trabajo elaborado con la metodología de un historiador profesional y honrado, al que anima como único propósito que la verdad histórica se abra paso ante tanto cinismo, ocultación, tergiversación y manipulación.

Unidad del Requeté en la plaza de toros de Corella, 1935 (foto: requetes.com)

En cuanto al querellante, está en su derecho a querellarse, no sería la primera vez que la familia utilizase esta vía, pero le convendría preguntarse para qué ha servido a Navarra la actividad en la que su abuelo fue protagonista de primer orden. Salga a la calle, pregunte y hable con las víctimas de aquella catástrofe humanitaria, y deje en paz a un profesional que en el libre ejercicio de su trabajo actúa con verdad, rigor y minuciosidad.

Por lo demás, y como afirmaba el médico de la Insula Barataria: «Omnis saturatio est mala«, pero la saturación de querellas es la peor. Sobre todo, cuando el relato de la querella es confuso, impreciso y contradictorio. Así que imite a su padre y abandone esta senda. Seguro que sale ganando usted y la Historia.

Firman este artículo: Pablo Ibáñez, José Ramón Urtasun, Carlos Martínez, Víctor Moreno, Orreaga Oskotz, Clemente Bernad, Jesús Arbizu, Carolina Martínez, Íñigo Pérez, Ángel Zoco, Laura Pérez y Txema Aranaz del Ateneo Basilio Lacort

Fuente: Noticias de Navarra, 13 de febrero de 2021


 

Saca de Tafalla-Monreal de 21/10/1936

 

Fernando Mikelarena

 

El 21 de octubre de 1936 tuvo lugar la conocida como «saca de Tafalla» que culminaría en el fusilamiento masivo de 64 republicanos en Monreal, el mayor de los asesinatos colectivos registrado en Navarra. Dicha saca fue una represalia por la muerte en el frente de Sigüenza el 18 de octubre de Julián Castiella Sánchez, teniente de Requetés y jefe de Requetés en Tafalla desde 1935 por lo menos, de 25 años de edad. Castiella lideraba a los requetés tafalleses en Somosierra, tal y como se desprende de una carta que remitió desde Robregordo el 2 de agosto de 1936 en nombre de aquellos y que firmó junto con otros tres destacados tradicionalistas de la misma localidad que también se estaban allí (entre ellos, Florencio Aoiz Ozcáriz, alias Templau, posteriormente Comendador de la carlofranquista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz) en la que felicitaban a los miembros del nuevo ayuntamiento nombrado por los golpistas (La Voz de la Merindad de 15 de agosto). Según La Voz de la Merindad de 25 de octubre la noticia de la muerte llegó el mismo domingo en que falleció cayendo «como una bomba».

Carta del capitán Jaime del Burgo Torres desde el frente de batalla de Somosierra, El Pensamiento Navarro, nº 11.993 (4-VIII-1936)

Testimonios de la época, recogidos por Barandiarán, afirmaron que, tras intentos frustrados de asalto de la cárcel del distrito por parte de manifestantes, la saca contó finalmente con el permiso de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, aunque sin especificar si los asesinos eran del Tercio Móvil de Pamplona o eran requetés tafalleses. Testimonios orales de finales de los años venían a decir lo mismo, si bien uno de ello concretó que los asesinos eran de Tafalla. En el libro Navarra 1936. De la esperanza al terror se asegura que una comisión de vecinos de Tafalla, carlistas en su mayoría, se trasladó a las autoridades para conseguir el permiso para los fusilamientos y que a la madrugada llegó a la cárcel un numeroso grupo de requetés del Tercio Móvil de Pamplona para hacer el traslado. En ese relato se afirmaba que «un teniente mandaba el pelotón de fusilamiento» y que un requeté uniformado, identificado por testigos presenciales como el coadjutor de la parroquia de Murchante, Luis Fernández Magaña, era quien les daba los tiros de gracia.

Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, constituida el 20 de julio de 1936. De izquierda a derecha y de pie: José Uriz, Víctor Eusa Razquin, Blas Inza, Javier Martínez de Morentín, Ricardo Arribillaga, y Víctor Morte Celayeta. Sentados: Marcelino Ulibarri Equilaz, Joaquín Baleztena Azcárate (P), José Martínez Berasain (ViceP), José Gómez Itoiz y Eleuterio Arraiza (foto: Navarraconfidencial.com)

De forma llamativa, ningún testimonio, hasta que yo lo hice en Sin Piedad, mencionó el hecho de que al frente de la Jefatura de Requetés, localizada en Escolapios, donde había una carcel privativa de los carlistas y se ubicaba dicho Tercio Móvil, la unidad represiva de los tradicionalistas, estaba en aquellos días Jaime del Burgo Torres. Fue designado por parte de Esteban Ezcurra, que era el jefe titular y que se ausentó entonces de Pamplona, como jefe accidental de Requetés de Navarra el 18 de octubre de 1936, cargo en el que habría estado, según se corrobora en la prensa, al menos hasta el 27 del mismo mes «con plena representación de las facultades» de las que disfrutaba aquel. Tampoco ningún testimonio ha hablado de la presencia de Del Burgo en Tafalla o en Monreal a pesar de que era una persona muy conocida en Pamplona y en toda Navarra ni el mismo Del Burgo mencionó que disfrutara tal cargo en su autobiografía.

Catorce de las personas que aparecen en esta fotografía de una boda civil en Olite fueron asesinadas en 1936 (foto: Noticias de Navarra)

Por otra parte, hay otros elementos que hacen pensar que el Tercio Móvil no pudo estar en Monreal. Un oficio de 25 de octubre de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra respondía al teniente coronel comisario carlista de San Sebastián, que había pedido diez días antes 200 requetés «aunque fueran del servicio Auxiliar, para prestar funciones en San Sebastián«, que no era posible atender a dicha petición «por no poder disponer de ese número de Requetés, dado que el Cuerpo Auxiliar cubre toda clase de funciones en esta ciudad, y haber enviado ya, anteriormente, a San Sebastián un Tercio Móvil encargado de practicar servicios de Policía a las órdenes de la referida Comisaría Carlista«. Hay que recordar que por esas fechas se produjo el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en San Sebastián. Sin embargo, curiosamente, como mostré en La (des)memoria de los vencedores, la única persona citada explícitamente en algún testimonio como actuante en Monreal, el sacerdote Luis Fernández Magaña, era precisamente el capellán castrense del Cuartel de Requetés en Escolapios, lo que hace pensar que personal de dicho cuartel estuvo involucrado en los asesinatos. La correspondencia del cardenal Gomá de unos meses después hacía referencia a sus andanzas «en malos tratos y trotes» y a su asistencia a fusilamientos, algo ya mencionado por el escolapio nacionalista Justo de Mocoroa que dijo que iba «de uniforme y armado» y por el hecho de que estuviera presente en el asesinato de Santiago Lucus Aramendía, cura, abogado y capellán castrense de izquierdas, en Undiano el 3 de septiembre. Asimismo, en el expediente de inscripción de fuera de plazo de León Pérez Echarri, vecino de Peralta, uno de los asesinados en Monreal, su viuda solicitó que fuera citado para comparecer como testigo el peraltés Antonio Tapiz Díaz, en cuya ficha de combatiente se manifiesta su pertenencia al Tercio Móvil donde había «desempeñado admirablemente todos los servicios encomendados por sus jefes«. Entre sus compañeros en dicha unidad estuvo el barasoaindarra Juan Mañú Flamarique, de 43 años de edad, casado y con cinco hijos, que afirmó que había ingresado en ella el 9 de septiembre en Pamplona «para el fusilamiento de enemigos detenidos«.

Carlistas en Peralta tras la sublevación de 1936. Colección Sarobe, Archivo Municipal de Pamplona. Foto: José Roldán.

De cualquier forma, es presumible que los requetés de Tafalla y de la zona también hubieran participado en la masacre, sobre todo porque habrían sido precisos muchísimos voluntarios en las labores de infrestructura de traslado y ejecución de los 64 asesinados y por el grado de radicalización del momento expresado en el intento de asalto de la cárcel. Hay testimonios de la permanencia de requetés en los pueblos en aquellos meses para tareas represivas. Así, en Larraga se contabilizan 18 milicianos requetés de Larraga entre 45 milicianos derechistas totales. Por otra parte, en Falces, según Sanz Suescun, en el listado de 93 victimarios y represores de dicha localidad (elaborado a partir de relaciones de personas que recibieron abonos por labores de vigilancia y a partir de las informaciones suministradas por varias personas), había 31 requetés, 16 falangistas, 1 independiente y los demás carecían de filiación específica.

De cualquier forma, creemos que, por haber sido el suceso represivo de mayor gravedad ocurrido en Navarra durante el proceso de limpieza política registrado en 1936-1937, la saca de Tafalla y los subsiguientes asesinatos de Monreal merecen una atención mucho mayor que la que se les ha prestado ya que siguen siendo algo oscuro sobre el que flotan demasiados interrogantes fruto de una escasa voluntad de esclarecimiento. ¡Todavía domina la omertá y la desmemoria requeté y postrequeté!

Fuente: Noticias de Navarra, 18 de octubre de 2020


Portada: requetés de Navarra (imagen: requetes.com)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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