La represión del franquismo en 48 escenas

 ‘POR LA SAGRADA CAUSA NACIONAL’    nos muestra con detalle la situación a que quedó reducida la provincia de Badajoz tras las matanzas practicadas por los golpistas desde julio a diciembre de 1936. Y lo hace a través de documentación judicial militar que permite asomarse a hechos y asuntos locales que de otra forma ignoraríamos por completo. Asomarse con nombres y apellidos a través de militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, testigos, simples vecinos y, sobre todo, víctimas. Todo ello a través de sesenta expedientes representativos a nivel provincial e instruidos por lo general entre 1937 y 1939. Pequeñas historias que van encajando en apartados relativos a la represión, los conflictos internos entre las fuerzas vivas, la irracionalidad del Nuevo Orden, la violencia contra la mujer, el oscuro mundo de las denuncias, el saqueo de los vencidos, los relatos de la lucha por la vida y los conflictos a que dio lugar la consolidación de la guerra tras el fracaso ante Madrid a comienzos de noviembre de 1936. Lo que aquí se cuenta desde el ámbito local permite ver al mismo tiempo el nivel de degradación de la vida al que se llegó en solo unos meses y sobre qué bases se erigió la dictadura franquista. Se reproduce a continuación un fragmento del capítulo ‘Represión’

POR LA SAGRADA CAUSA NACIONAL. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz, 1936-1939, de Francisco Espinosa (Ed. Crítica), que sale a la venta esta semana.

 
Francisco Espinosa Maestre

Historiador

 

27 DE JULIO DE 1936. SAN VICENTE DE ALCÁNTARA. ASÍ SE TOMABAN LOS PUEBLOS

San Vicente tenía algo más de diez mil habitantes en 1936.
Con los datos incompletos con que contamos,
la represión fascista acabó con la vida de sesenta personas.

Lo ocurrido en San Vicente con motivo del golpe militar de julio de 1936 es ya conocido por varios trabajos (1). Lo que ahora interesa, y constituye el motivo de traerlo a esta obra, es ver en detalle y con un caso práctico cómo la forma de entender la justicia impuesta por los militares golpistas aplastó totalmente la jurisdicción civil y su estructura: autoridades locales, juzgado municipal de San Vicente y juzgado de instrucción de Alburquerque. El expediente, con fecha 28 de julio de 1936, se inicia con un certificado que el médico Laureano Carlos Herrero envía al juez municipal por el que le comunica que ha reconocido los cadáveres de Casimiro Madera Correa, Narciso López Serrano, Antonio Entonado Preciado y Ramón Camisón Serrano, fallecidos todos a consecuencia de heridas de arma de fuego, menos Narciso López, que por tener problemas cardíacos debió de morir de shock nervioso. Eran las primeras víctimas habidas en la localidad,  una de las que ante las turbulencias que se avecinaban tras el golpe,  según el testimonio de Enrique Santos (1), conoció dos hechos singulares: la decisión de los izquierdistas de proteger al párroco don Facundo y el acuerdo entre izquierdas y derechas de que se protegerían unos a otros ante la posible violencia.

Miembros de las Juventudes Socialistas de San Vicente de Alcántara (foto: PSOE de San Vicente de Alcántara)

Dos días después el juez municipal Ramón Albino tomó varias declaraciones con el fin de esclarecer los hechos. En primer lugar, declaró Facunda Gaspar, viuda de Casimiro Madera, zapatero de 60 años. Contó que a las 12 horas del día 27 se presentaron en su casa fuerzas de Carabineros y milicianos procedentes de Badajoz para ocupar la terraza y desde allí hacer frente a la columna que venía de Cáceres. Ella se fue con los niños y el marido se quedó allí para no dejar la casa abandonada. Ya calmado el combate, sobre las 16 horas, volvió a la casa. Una hora después se presentó allí un grupo de fascistas entre los que destacaba Joaquín Cabrera Benito, hijo de Carlos Cabrera Orellana, conocido por «El vizconde de la Torre», quien dirigiéndose a las fuerzas «les exigía hacer los crímenes que habían acordado y los exhortaba a que obraran sin piedad».

Tras registrar la casa y subir a la terraza se llevaron a Casimiro Madera junto con otros detenidos que ya traían, golpeándolos con las culatas de los fusiles. Poco después oyeron un intenso tiroteo, pero no pudieron ver qué había pasado porque les habían prohibido asomarse. Así estuvieron hasta que en la madrugada del día siguiente vieron los cadáveres en la mitad de una carretera a unos doscientos metros de la casa. A Madera le habían disparado en la cabeza. Como la autoridad judicial no podía intervenir por estar declarado el estado de guerra en la localidad, trasladaron el cadáver a la casa, avisaron al médico para que certificara la defunción y finalmente lo enterraron esa misma tarde. Lo último que preguntó el juez a la mujer es si se acogía al derecho que le proporcionaba el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (3), a lo que respondió que «no se muestra parte en el sumario pero que no renuncia a la indemnización que le pueda corresponder» (4).

En su declaración, el hijo, Francisco Madera Gaspar, de 31 años,  aclaró que estaba en la casa del alcalde cuando lo detuvieron. Se lo llevaron con otros a la puerta del Ayuntamiento, asegurándole que iban a destruir la casa de su familia desde la que se había disparado.  Pidió acompañarles y les explicó lo ocurrido, pero sirvió de poco ya que durante el camino fue maltratado «de obra y de palabra». El padre tuvo que salir con los brazos en alto, tras lo cual se lo llevaron en dirección a la carretera y le dispararon a la cabeza. A Francisco no le dejaron acercarse. Tras ser conducido de nuevo al Ayuntamiento fue liberado y pasó la noche en casa cercana, no atreviéndose a salir porque andaban por las calles disparando a las casas con todo el pueblo escondido y atemorizado. El que ordenó la salida del padre para matarlo fue Joaquín Cabrera Benito, que como jefe de los fascistas era el que daba órdenes. Solo a las 6 de la mañana, cuando se habían marchado estos, pudo acercarse a la carretera y hacerse cargo del cadáver del padre. Respecto al artículo 109 dijo lo mismo que la madre. La viuda de Antonio Entonado Preciado, de 40 años, explicó que este fue asesinado por Cabrera cuando al entrar los fascistas en la casa trató de saltar por una ventana a la calle. Por su parte la familia de Narciso López Serrano se limitó a decir que murió de fallo cardíaco por la impresión de la descarga que se hizo junto a él. Luego veremos el caso de Camisón.

Foto: agustinbotines.webnode.es

El día 11 de agosto el alcalde accidental Ramón Villa elaboró un informe sobre los hechos ocurridos el 27 de julio. Ese mismo día a primera hora tuvieron noticia de que se acercaba una columna procedente de Cáceres formada por una sección de Asalto al mando del teniente Girbal, guardias civiles, un grupo de fascistas dirigidos por el capitán Luna Meléndez, dos compañías de fusileros y una de ametralladoras con dos cañones. En total unos seiscientos hombres. Alarmado, el alcalde José Pizarro Borrega solicitó ayuda al Gobierno Civil de Badajoz, desde donde se les dijo que no opusieran resistencia y que las fuerzas que hubiera se replegaran al sur, hacia Alburquerque. Entonces Pizarro, Villa y el brigada de Carabineros «salieron en automóvil con bandera blanca al encuentro de los facciosos para entregar el pueblo», pero el propio tiroteo de los de la columna los echó para atrás. A las 14 horas, tras un breve cruce de disparos, entraron los fascistas practicando registros y detenciones. Estuvieron disparando hasta las 17 horas, unas veces contra personas como las mencionadas y otras contra las casas cerradas.

En el Ayuntamiento, donde ondeaba la bandera blanca, les salieron al encuentro el secretario, el depositario, un guardia civil, el brigada, un carabinero y un guardia municipal, «todos los cuales fueron objeto de malos tratos, amenazas de fusilamiento (dispararon contra la fachada del Ayuntamiento) e insultos soeces». En el interior «fueron revueltos todos los documentos, algunos han desaparecido, entre ellos las copias de las órdenes del Gobernador, y descerrajados los cajones, habiendo desaparecido dinero procedente de recaudaciones de ganado, cédulas personales, etc.». Se llevaron unas 1.500 pesetas y un aparato de radio propiedad de un concejal. «Mientras hacían el saqueo los fascistas estaban protegidos por la Guardia Civil, que con sus fusiles impidió entrar en el edificio al alcalde y al secretario».

Sobre las 17 horas llegó la parte militar de la columna disparando ametralladoras y fusiles por las calles y «en la plaza Joaquín Sama se hizo un simulacro de fusilamiento del Alcalde, el secretario, el depositario y tres paisanos más, lo que cortó un capitán llevándose a estos protegidos por él y entregándolos a un sargento…». Más tarde algunos de ellos fueron conducidos a Valencia de Alcántara, justificando entonces su puesta en libertad en que «no se les cogió armas ni opusieron resistencia». Quedaron presos diecisiete paisanos y los carabineros. Los daños causados en el pueblo fueron numerosos, quedando su valoración a cargo del Juzgado de Instrucción de Alburquerque. Además, según el informe, «la alarma y el temor en el vecindario es tal que más de la mitad del mismo ha huido al campo». Y concluía: «Estos son los principales hechos ocurridos, los que comunico a fin de que surtan los efectos para que han sido pedidos».

Nota de prensa sobre la incursión del 27 de julio, publicada en el Diario Palentino el 30 del mismo mes
Cambian las tornas

De pronto el sumario pasa del 11 de agosto de 1936 al 20 enero de 1937. Naturalmente lo anterior fue posible porque el día 28 de julio el pueblo fue recuperado por fuerzas enviadas por el coronel Ildefonso Puigdengolas desde Badajoz, lo cual permitió que se activaran los procedimientos habituales en casos de muertes violentas. Fue así como San Vicente recuperó la normalidad durante dos semanas. Y son esas mismas fuerzas las que al llamar a la casa de Ramón Camisón Serrano fueron recibidas a tiros que devolvieron a través de la puerta causando la muerte de este (5). Camisón, exalcalde del Bienio Negro, había sido nombrado presidente de la comisión gestora el día anterior por los golpistas.

Pero el 14 de agosto cayó Badajoz y con ella toda la zona fronteriza con Portugal y, lógicamente, la instrucción se paralizó, al menos en el sentido que llevaba. En febrero de 1937 se dio por terminado el procedimiento acordando la autoridad remitirlo a la Audiencia Provincial, la cual de inmediato se inhibió en favor de los militares golpistas dando conocimiento de ello a la Auditoría de la II División. Firmaban Francisco González, Eduardo Pérez del Río y Pablo Murga Castro, quienes decían que «de lo actuado, por lo incompleto de la tramitación, no se ha dirigido el procedimiento contra persona determinada». De modo que la Causa pasó a los militares, «puesto que los hechos que lo motivan se relacionan con el servicio de armas y tuvieron lugar al ejecutar el mismo…» y

 como los hechos a que se refiere han tenido lugar durante el Movimiento Salvador de España son de aplicación las normas tradicionales antes citadas (Art. 237 CJM) pues no es posible desconocer que las fuerzas que luchaban por defender el honor de España en actos de servicio de armas que afectan esencialmente a la vida militar deben ser juzgados en todo caso por la jurisdicción de Guerra.

La toma definitiva de San Vicente de Alcántara por los sublevados en el Diario de Burgos del 25 de agosto de 1936

Fue así como la causa 53/1936 del Juzgado de Alburquerque pasó a ser la 552/1936 de la Auditoría, ya que por orden 23 de agosto de 1936 Badajoz pasó a depender de la II División. En nuevo informe de 24 de abril de 1937, ya a tono con el nuevo orden y puesto que había que justificar lo ocurrido, el «alcalde» Demetrio Fargallo Pacheco definía a Casimiro Madera Correa como republicano de izquierdas; a Antonio Entonado Preciado, al que ahora se le apoda «Manteca», como «marxista peligroso y de acción», y a Narciso López Serrano «Manolín» como enfermo cardíaco y alcoholizado. Por el contrario de Ramón Camisón, exalcalde radical, Serrano solo dice que era de «significación y actuación derechista». La intención del instructor, el comandante Enrique López Llinas, parecía evidente. Resulta significativo que el guardia civil y comandante militar Agustín Ramos Mayo, conocido por «El Tío del Campanillo» (6) por liderar la partida fascista que sembró el terror en la zona —llevaban en el coche una campana que hacían sonar cuando entraban en los pueblos–, catalogara a Entonado de simpatizante del Frente Popular y hombre «de ideas avanzadas» y a los otros tres de «republicanos de orden» y contrarios al Frente Popular. A partir de ahora se indagaría solo la muerte de Ramón Camisón.

Unos días después, el 7 de mayo, prestó declaración Joaquín Cabrera Benito, propietario de 28 años, militante de FET de las JONS y voluntario de la Legión. Dijo que actuó en todo momento a las órdenes del jefe territorial de FE José Luna Meléndez integrando la fuerza militar al mando del comandante José Linos Lage, por lo que «no dio órdenes». La impunidad del falangista estaba cubierta por el mando militar. Comentó que encontraron resistencia por lo que las fuerzas «se vieron obligadas a hacer uso de las armas», si bien dijo ignorar si alguno de los disparos que hizo alcanzó a alguien, ya que si así fue sería porque se resistía. En su apoyo y para justificarse mencionó los dos muertos y los heridos que tuvieron en la operación, si bien no queda claro en qué momento se produjeron. Naturalmente lo que no dijo es que los asesinatos de Madera y Entonado no tenía relación alguna ni con la lucha ni con la resistencia. De la defensa que se pudo organizar en el pueblo contra la columna de Cáceres da idea la declaración de los ya mencionados Ramón Albino y Cayetano Araujo, quienes recordaron que los carabineros y milicianos llegados de Badajoz animaron al vecindario a que calentaran agua y aceite para arrojarlos sobre las fuerzas desde los balcones.

Casa consistorial de San Vicente de Alcántara (foto: Todo Colección)

El informe del instructor es de 30 de junio de 1937. La conclusión a la que había llegado era que «al ser tomado el pueblo por las Fuerzas Nacionales se les hizo frente por parte de las fuerzas marxistas, las cuales, buscando refugio en el interior de algunas casas, dispararon sobre las Tropas, que al repeler la agresión originaron la muerte de los interfectos Casimiro Madera Correa y Antonio Entonado Preciado, este último marxista peligroso, y que sin duda alguna paqueaban a las Tropas desde su morada». La otra víctima, Narciso López, simplemente murió de enfermedad cardíaca. En cuanto a Ramón Camisón «lo asesinaron los rojos», sin que se haya podido averiguar quiénes intervinieron. Por todo ello, y omitiendo la más mínima referencia a los testimonios prestados por los familiares de las víctimas, López Llinas consideraba que debían sobreseerse las diligencias.

Dos semanas después el auditor suplente Clavijo, desde la Auditoría, resumía el asunto escribiendo que al tomar el pueblo las fuerzas al mando del comandante Linos

le hizo frente un grupo de Carabineros y paisanos que precisamente se habían parapetado en varias casas del pueblo, resultando muertos los vecinos de la localidad que se encontraban en los domicilios … al disparar aquellas fuerzas sobre las casas mencionadas, desde donde los revolucionarios les hacían resistencia, resultando el primero ser republicano de izquierdas y el segundo peligroso marxista.

Ahora añade el auditor que el tercero, Narciso López, murió de la impresión «cuando fue intimidado para ser cacheado». Y como según el instructor y el auditor los hechos ocurridos entran dentro de la categoría de acciones de guerra no constituyen delito, por lo cual se acuerda sobreseer definitivamente la causa; por el contrario, en el caso «del ex alcalde D. Ramón Camisón» —obsérvese que solo a este se le pone el don delante— el sobreseimiento será provisional.

Restos de vecinos de Alburquerque, San Vicente de Alcántara y Villar del Rey víctimas de la represión de 1936 exhumados en 2008 en la mina de Valdihuelo (San Vicente de Alcántara)(foto: Memoria de Alburquerque)

Así es como un procedimiento que, de no haber triunfado el golpe, podría haber acabado con el procesamiento de los responsables de los crímenes que tuvieron lugar el 27 de julio de 1936 acabó justificando dichos crímenes y convirtiendo a las víctimas en agresores. El motivo radica exclusivamente en que en San Vicente de Alcántara el estado de Derecho se restituyó en 24 horas tras la irrupción de la banda enviada desde Cáceres. Solo por eso y por una vez contamos con el parte del médico, las declaraciones de los familiares y el informe del alcalde, lo que de haber permanecido el pueblo en poder de la gestora impuesta por los golpistas no hubiera existido.

 

Notas

1. Me refiero a J. Chaves Palacios, La guerra civil en Extremadura. Operaciones militares, Editora Regional Extremeña, 1997, pp. 45-48, versión muy confusa; Ángel Olmedo, «Aproximación al estudio de la represión franquista en Alburquerque y San Vicente de Alcántara», en J. Chaves, Memoria histórica y guerra civil: represión en Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz, 2004, pp. 151-191, y F. Espinosa Maestre, La columna de la muerte, Crítica, 2017 (2003), pp. 144-149.

2. Enrique Santos, El secretario. Revelaciones sobre la guerra civil en Badajoz, Imprenta Campini, Badajoz, 1984, p. 228. Santos fue secretario del último gobernador republicano Miguel Granados Ruiz.

3. «En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el Secretario judicial le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de los derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado en la asistencia a víctimas.»

4. Destaco esto por lo inusual. Nunca aparecerá tal pregunta en un procedimiento militar.

5. A. Olmedo, op. cit., p. 162.

6. Enrique Santos da los apodos del grupo que acompañaba al guardia civil en sus acciones terroristas. Les achaca crímenes, purgas, rapados, robos y violaciones. Los detenidos eran torturados en la sacristía antes de ser llevados al paredón. El cura don Facundo lo toleraba. El guardia civil Ramos organizaba unos actos a los que llamaba las «fiestas de la muerte». Cuando los detenidos eran gente de cierta relevancia hacía sonar el campanillo para que la gente acudiera. Como en otros pueblos mujeres de derechas jaleaban el ambiente desde los balcones. Los detenidos llegaban destrozados; algunos eran arrastrados atados a colas de caballo. Santos narra cómo eran los «desfiles»: «mujeres atadas a una larga soga; algunas niñas de corta edad asidas a la falda de sus madres. Todas con lacito y su puño en alto gritando una frase obligada: “Somos comunistas”». Los fallecimientos no eran inscritos en el registro y a los familiares les estaba prohibido recoger los cadáveres. Las viudas tuvieron además que pagar multas. Y concluye: «Las gentes se volvieron piadosas y aprendieron donde estaba la Iglesia. Antes no lo sabían». Temían los informes del cura. (E. Santos, El secretario. Revelaciones sobre la guerra civil en Badajoz, Imprenta Campini, Badajoz, 1984, pp. 267 y ss.).

 

Portada: grupo de guardias civiles, carabineros y falangistas en los montes de San Pedro (Alcántara), en el verano de 1936 (imagen: guerraenlauniversidad.blogspot.com)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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