Jordi Domenech
Profesor titular de Historia económica en la Universidad Carlos III
Ignacio Sánchez-Cuenca
Catedrático de Ciencia política en la Universidad Carlos III
Agradecemos al profesor Antonio Herrera sus interesantes comentarios a la entrada que escribimos para este blog sobre desigualdad de la tierra en el siglo XIX y voto en el actual periodo democrático. Entendemos esos comentarios no como una réplica, sino como una forma de enriquecer el debate en torno a las asociaciones estadísticas que hemos encontrado entre el porcentaje provincial de jornaleros según el censo de 1860 y los apoyos a los partidos políticos en el periodo 1977-2011.
El estudio de los legados históricos es uno de los frentes de investigación más interesantes en las ciencias sociales. Creemos que el trabajo pionero en este campo corresponde a Robert Putnam, quien, en su célebre libro Making Democracy Work (1993), encontró una asociación sorprendentemente sólida entre el rendimiento institucional de los gobiernos regionales italianos en los años ochenta del siglo XX y la experiencia medieval de las repúblicas italianas. A juicio de Putnam, la creación de capital social en aquellos tiempos sobrevivió al paso de los siglos y sigue manifestándose en mayores niveles de confianza interpersonal, mayor asociacionismo, mayor participación política en el norte que en el sur de Italia, etc.
Tras el trabajo de Putnam, ha habido múltiples investigaciones en economía y ciencia política que encuentran asociaciones entre fenómenos contemporáneos y épocas remotas. Por mencionar sólo algunos de ellos, Voigtländer y Voth (2012) hallaron una continuidad geográfica de 600 años entre las localidades alemanas en que se castigó a la población judía por la Peste Negra del siglo XIV y los pogromos de los años veinte y treinta del siglo XX; Nunn (2008), por su parte, descubrió una relación negativa sólida entre los niveles de desarrollo económico contemporáneos en países africanos y la cantidad de personas que fueron esclavizadas y enviadas fuera del continente entre 1400 y 1900; Uslaner (2017) ha mostrado que los niveles actuales de corrupción son un legado de los niveles educativos que alcanzaron la sociedad a finales del siglo XIX; uno de nosotros ha publicado recientemente un trabajo en el que se explican los niveles los violencia política en el periodo 1970-2000 a partir de la trayectoria de los países en el periodo de entreguerras (Sánchez-Cuenca 2019); etcétera.
Nuestra investigación, que presentamos en el post de forma muy sumaria, entronca con esta línea de trabajos en la que se parte de asociaciones estadísticas entre resultados contemporáneos y pasados. Así, mostramos que, aun teniendo en cuenta las características económicas y sociales de las provincias en el año de la elección (como el peso de la industria y la agricultura, el nivel educativo o la tasa de paro), el efecto de la desigualdad de la tierra en el siglo XIX sobre el voto sigue siendo estadísticamente significativo. Con esto no queremos decir que el determinante principal del voto en la época democrática actual fuera la desigualdad de la tierra. Somos conscientes de que hay una multiplicidad de influencias y determinaciones sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos. Más bien, nuestro objetivo era tan sólo mostrar que, pese a dicha multiplicidad de factores, la desigualdad de la tierra en el siglo XIX sigue siendo un factor relevante a pesar de que la cuestión agraria en el conjunto de España tenga una importancia menor en la fase democrática contemporánea.
Estamos convencidos de que las explicaciones que proporciona el profesor Herrera sobre los mecanismos políticos de la implantación del PSOE en Andalucía son muy relevantes (construcción de infraestructuras y servicios sociales, ayudas a trabajadores agrícolas desempleados, etc.), pero debemos subrayar que nuestro análisis estadístico funciona también para las dos primeras elecciones generales, las de 1977 y 1979, en las que el PSOE todavía no gobernaba en Andalucía. En esas elecciones, cuando todavía estaba por construir la política de la era democrática, ya se observa un fuerte predominio de las izquierdas en aquellas zonas geográficas en las que hubo mayor presencia de jornaleros un siglo antes.
Además, nos gustaría señalar que los resultados de la investigación no se limitan a Andalucía, sino que afecta a las 50 provincias españolas. En los análisis estadísticos influye tanto el fuerte apoyo a la izquierda en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha como el apoyo débil en las provincias de Castilla y León, con una estructura agraria de pequeños propietarios de tendencia conservadora y católica. Los resultados de las provincias andaluzas son especialmente interesantes porque se ha escrito muchísimo sobre el efecto del latifundio y sobre las diferencias entre la Andalucía occidental y oriental, pero, en rigor, no tienen un peso extra en los análisis estadísticos. Asimismo, debemos recordar que los hallazgos estadísticos se aplican también, como es lógico, al apoyo a las derechas: el análisis explica tanto el predominio del PSOE en Andalucía como el del PP en Castilla y León.
Una vez identificado el patrón de asociación estadística, la parte más compleja consiste en reconstruir los pasos intermedios entre un pasado más o menos lejano y el presente (los mecanismos que transmiten el efecto de la variable explicativa a la variable que se quiere explicar). Aunque aquí nos movemos en un plano más especulativo, creemos que si la desigualdad de la tierra en 1860 tiene un efecto sobre el voto entre 1977 y 2011 no es porque la cuestión agraria sea capital en la época contemporánea. En la literatura sobre legados históricos se considera que la presencia de un legado requiere, desde un punto de vista conceptual, que la causa original haya dejado de ser efectiva, pese a lo cual el efecto permanece en el tiempo, sostenido sobre mecanismos que son ya independientes de dicha causa original. Por ejemplo, en el estudio de Jonathan Rodden al que hacíamos referencia en el post anterior, los efectos electorales de la revolución industrial se dejan notar hasta el día de hoy aunque haya desaparecido definitivamente la actividad industrial en los distritos urbanos en los que el apoyo al partido demócrata es mayoritario.
Por las razones que apunta el profesor Herrera, en el caso español no creemos que la cuestión agraria se hubiese extinguido en el periodo democrático; los conflictos agrarios seguían existiendo a comienzos del periodo democrático actual y los trabajos de Herrera son claves en este respecto. Tan es así que creímos necesario introducir como control estadístico el peso de los sectores agrícola e industrial (medido como porcentaje de trabajadores en dicho sector). No obstante, como el propio Herrera señala, el peso de la cuestión agraria se había reducido de forma muy considerable con respecto a los años treinta. Si no se hubiera reducido tanto, no hablaríamos de un legado histórico, sino de una continuidad de la cuestión agraria a lo largo del tiempo.
Pues bien, si a pesar de la fuerte reducción de la agricultura en un país como España, con una economía modernizada desde los años setenta, se verifica un efecto de la desigualdad de la tierra sobre el voto, no es porque los votantes españoles tuvieran entre sus consideraciones políticas la cuestión agraria, o el recuerdo de la misma correspondiente al periodo de entreguerras, sino porque dicha cuestión originó identidades políticas duraderas que, en buena medida, se emanciparon con respecto a la cuestión concreta de la tierra.
En concreto, pensamos que allí donde las relaciones de poder eran más asimétricas, donde la tenencia de la tierra estaba concentrada en pocas manos, se desarrollaron formas de confrontación política más radicales y polarizadas (por ejemplo, con una mayor presencia del movimiento anarquista primero y comunista luego). Esas identidades son extremadamente resistentes y se transmiten generacionalmente a través del contexto familiar. El largo paréntesis del franquismo muestra, por eliminación, que la transmisión hubo de ser familiar, pues durante cuatro décadas no hubo instituciones de intermediación de intereses (partidos, sindicatos) que pudieran mantener vivas las identidades políticas referidas. No es, pues, que la desigualdad de la tierra fuera el eje vertebrador de la política en la España postfranquista, sino que los ciudadanos habían heredado, por vía familiar, identidades políticas que se forjaron durante los años en los que el conflicto agrario estaba en el centro de la contienda política.
Rafael Escuredo, presidente socialista de la Junta de Andalucía, en Vilches (Jaén) durante la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 1982 (imagen: El País)
Aunque no quisimos alargar más de la cuenta la entrada del blog, aprovechamos ahora la ocasión para señalar que hemos encontrado relaciones muy parecidas entre desigualdad de la tierra (en los años treinta en Italia, en los cincuenta en Portugal) y apoyo a la izquierda en los años setenta y ochenta.
Tal como lo vemos, los resultados estadísticos avalan la tesis de que las identidades políticas creadas en torno al conflicto agrario sobrevivieron durante largo tiempo, de manera que influyeron en la época democrática no necesariamente por los conflictos en el campo que todavía existían, sino, de forma más genérica, como determinantes de las preferencias políticas que se activaron en el apoyo a los distintos partidos que compitieron en las elecciones. Por descontado, esas identidades fueron evolucionando, en buena medida como resultado de la acción de los distintos gobiernos y de la propia transformación económica y cultural de la sociedad española. Ahí entran los mecanismos que expone el profesor Herrera en su texto. Pero el hecho de que los patrones de voto acusen el efecto de la cuestión agraria, bien avanzado ya el periodo democrático, muestra lo duraderas que pueden ser esas identidades.
Portada: Felipe González y Alfonso Guerra en un mitin en Dos Hermanas (Swevilla) durante la campaña para las elecciones generales de junio de 1977 (foto: Pablo Juliá)
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Estimados Jordi e Ignacio, gracias de nuevo por vuestro segundo texto y por las aclaraciones que son muy útiles. Para mí el «legado histórico» no es una variable más, es la Historia misma. Es decir, no concibo el presente si no es como resultado de un proceso histórico. En este sentido, es absolutamente obvio que en el presente encontramos impacto de procesos históricos que construyen el imaginario colectivo, parte del cual puede alimentar nuestro comportamiento político. Pero bueno, no es esto en lo que me gustaría centrar este comentario. Sé que estáis de acuerdo conmigo en esto.
Como podéis imaginar, conozco bien la literatura que citáis, pero lo cierto es que hay un salto considerable entre el trabajo pionero de Robert Putnam (o el de Maravall) y el de la mal llamada “Reconquista” de Daniel Oto y Diego Romero, (colega de la UPO). Mucho me temo que Putnam no vería tan clara la correlación que hacen ellos en su trabajo ni la que planteáis vosotros. Creo que con su concepto de “Capital Social”, se refería a algo bastante más complejo, incluso cuando lo usa de manera aplicada al caso italiano para explicar el diferente funcionamiento de las instituciones. Él y la mayoría de los que han seguido sus pasos tratando de “medir” el compromiso cívico que admiraba Tocqueville, han correlacionado la tradición de la participación ciudadana con el desempeño institucional, refiriéndose, en el caso de Putnam, a un periodo concreto que va de 1870 a 1920 y que luego vinculan al momento posterior a las reformas regionales de 1970 (en ningún caso vinculándolo al sentido del voto). Todo ello entendiendo el proceso histórico como un fenómeno acumulativo, como un continuo y no ciñéndose a dos fotografías fijas.
De todas formas, mis comentarios a vuestra propuesta no constituían tanto una crítica a este tipo de ejercicios que pretenden cuantificar la importancia del factor histórico en la configuración política del presente, sino, sobre todo, a las variables que habéis elegido para ejemplificarlo. Un más profundo conocimiento de la historia de Andalucía obligaría a añadir otras variables para entender mejor el impacto de las desigualdades en el comportamiento político de los andaluces, también las referidas al pasado más remoto. Por esto creo que vuestra correlación muestra unos valores relativamente bajos y, sobre todo, deja sin explicación casos como el de Málaga o, sobre todo, el de Jaén, una provincia de pequeña y mediana propiedad que, sin embargo, fue baluarte del voto y la afiliación socialista durante los treinta y durante la Transición. Por no entrar, por otro lado, a valorar la cierta confusión que hay en vuestra propuesta entre concentración de jornaleros y desigualdad de la tierra.
En cualquier caso, estoy, como veis, de acuerdo con dos ideas principales de vuestra propuesta. Primera, que las tradiciones históricas constituyen un factor explicativo de primer orden a la hora de entender el presente y el comportamiento político. Segundo, que el éxito de la izquierda en Andalucía tiene que ver con una reducción drástica de las desigualdades. De lo que no estoy tan seguro es de que esto precisamente se muestre con la correlación entre la concentración de la propiedad en 1860 y las elecciones de 1977 y siguientes.
P.D. Una curiosidad por si podéis aclararlo: ¿qué fuente utilizáis para los datos de 1860? habláis de un censo ¿agrario? Supongo que es el censo de población con los datos provinciales agregados, no?
Un saludo.
Antonio Herrera.