Juan Sisinio Pérez Garzón
Catedrático de historia contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. De sus más recientes publicaciones cabe destacar «Contra el poder. Conflictos y movimientos sociales en la historia de España: De la Prehistoria al Tiempo presente» (Comares, 2015); «Historia del feminismo» (La Catarata, 2018, 3ª edic.) ; y con Eduardo Manzano: «La gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder»,
(Crítica, 2000).
Ni tengo conocimientos para zanjar los debates que hoy nos preocupan a unos determinados sectores de historiadores españoles, ni las restricciones de espacio establecido para estas páginas permite analizar todas las facetas de unas polémicas que, al ser catalogadas como revisionistas, adquieren unas connotaciones políticas y éticas que trascienden el ámbito estricto de la historiografía académica. Además, estas páginas se publican en una revista con lectores perfectamente cualificados, que saben muy bien lo que significa aplicar el calificativo de revisionista a una controversia académica. De hecho no se usa para toda discusión histórica, sino que se imputa de modo específico a los debates que afectan a momentos tan sensibles como la historia de la Segunda República y la Guerra civil. Es cierto que existen otras polémicas candentes, por ejemplo la que trata el carácter de la conquista árabe de la Península, o las controversias sobre los significados nacionalistas del fin de la Guerra de Sucesión en 1714, por citar dos con aportaciones un tanto enconadas, pero la más apasionado, sin duda, es la referida a la República y Guerra porque, no cabe duda, es parte del actual presente político.
Por eso, con lectores tan bien informados, no resulta necesario ofrecer ni un balance de las diferentes posiciones al respecto, ni reiterar citas y referencias bibliográficas de unos y otros. Este planteamiento puede defraudar, pero, a mi entender, parece preferible limitarse en estas páginas a ciertas reflexiones sobre el conocimiento científico del pasado, de modo que puedan ser útiles para permitir un diálogo razonable y paciente no sólo en lo académico sino sobre todo para la convivencia ciudadana.
Entre la etimología y la denuncia
Conviene subrayar lo ya sabido para clarificar los diferentes usos del calificativo de revisionista, sobre todo en las interpretaciones sobre el siglo XX español. Ante todo, hay que destacar cierto uso contradictorio, pues a veces los mismos autores que lo aplican con carácter de incriminación política contra los que defienden otras perspectivas sobre la República y la Guerra civil, sin embargo ellos mismos se enfrascan en una revisión de la historiografía sobre la Transición, porque la consideran tan necesaria como saludable para el obligado, en su opinión, desenmascaramiento del proceso de construcción de la democracia en España. Así, por un lado, se exalta la legitimidad de la República, algo incuestionable frente a la insurrección golpista de Franco, mientras que a la vez se enfatizan los supuestos déficits de legitimidad del régimen constitucional consensuado en 1978, y, por supuesto, se revisa la correspondiente historiografía sobre la Transición. Pareciera que, de forma más o menos explícita, se reivindica la República como el momento ideal por antonomasia de la historia de España, por lo que desentrañar sus contradicciones y déficits sería no sólo una grave perversidad histórica, sino también el modo de justificar y defender las penurias de esta democracia valorada como insuficiente.
Ese acoplamiento entre República y Transición da lugar a relatos históricos en los que se solapan ilusiones políticas del presente con artificios propios de la ucronía sobre la República que no fue y sobre la Transición que debió ser. Incluso hay escritos en los que asoma el calificativo de franquista contra obras o autores que no coinciden con tal ensamblaje de ucronías, un abandono expreso del debate científico. En sentido opuesto, se produce en paralelo la contradicción de quienes miran con lupa cuantos déficits democráticos encuentran entre 1931 y 1936 para, de inmediato, saltar en el tiempo y sacralizar el consenso político producido entre 1976 y 1982, con la idea, más o menos explícita, de que la primera democracia en España fue la que se implantó en la Constitución de 1978, lo que invalidaría el carácter democrático de la experiencia republicana de forma más o menos directa.
En todo caso, en esta polémica sobre la República, la Guerra y la Transición, el calificativo de revisionista se aplica en una sola dirección y con carácter de incriminación política. Son historiadores considerados de izquierdas quienes lo lanzan contra aquellos otros historiadores que no coinciden con sus interpretaciones de la Segunda República y de la Guerra civil. No incluyo en este debate a los divulgadores de todo calibre que abundan, con más o menos éxito editorial. Me circunscribo a los que, como historiadores profesionales, investigan en concreto esos momentos del siglo XX español y forman parte de la misma comunidad científica. Ahí es donde emerge un uso intencionadamente acusatorio por quienes pretenden detentar la ortodoxia política de la izquierda y, por tanto, la capacidad para dirimir siempre y en todo momento la verdad histórica. Se trata de un viejo uso que surgió en el seno del marxismo a finales del siglo XIX, cuando se catalogó de revisionistas a quienes defendían una interpretación moderada y reformista de los textos de Marx.
Valga recordar los nombres de Bernstein y Kautsky, con sus trascendentes revisiones o aportaciones a la polémica sobre la vía pacífica hacia el socialismo y al papel del Estado en la revolución proletaria, a las que Lenin dio un giro radical en 1917 con las “Tesis de abril” y el asalto bolchevique al poder. Desde entonces, con la organización de la III Internacional comunista, el término revisionista se exageró en su significado de tal forma que pasó a ser la fórmula para descalificar a todos los partidos socialdemócratas. Se convirtió en sinónimo de traidor a la clase proletaria y, por tanto, vendido a la burguesía liberal. Más aún, desde la década de 1930, se sostuvo que todo revisionismo era “socialfascismo”, porque se juzgaba que objetivamente, con su praxis reformista, estaba obstaculizando la auténtica revolución.
Semejante uso extremista de la palabra revisionista se hizo recurso de la ortodoxia marxista contra los supuestos renegados del correcto camino revolucionario. En concreto, en la URSS bajo mando de Stalin, ser acusado de revisionista suponía la exclusión social y política, si no la pena máxima. Desde entonces, en la tradición comunista han existido antirrevisionistas dispuestos a denunciar la traición política y ética de los revisionistas. Por ejemplo, en España, durante el tardofranquismo y la Transición, los partidos de más rancio sabor estalinista, como eran los de filiación maoísta, usaron de forma persistente la acusación de revisionismo para desacreditar la política de reconciliación del PCE. Por eso, semejante herencia, que parece no haber desaparecido, si nos la encontramos en un análisis historiográfico, no sólo puede destrozar la esencia metodológica de toda ciencia, sino que parece implicar que los instituidos en antirrevisionistas gozarían de la superioridad moral de poseer la única verdad posible sobre el pasado.
Por otra parte, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el concepto de revisionismo se ha utilizado para otras cuestiones históricas, también con contenidos políticos y morales. Así, se calificó como revisionismo histórico a las obras y autores que negaban o limitaban la entidad, la etiología o la intención del Holocausto, de forma que el término revisionista desbordó el ámbito de las pugnas por la ortodoxia marxista y se convirtió en el apelativo para cuantos negasen no sólo el genocidio judío, sino también otros genocidios como el armenio, el Holodomor ucraniano, el camboyano o el colonialista europeo sobre otros continentes, por citar algunos ejemplos. Es cierto que tal revisionismo era más propiamente un negacionismo de hechos que, al cuestionar su verdad histórica, implicaba posiciones políticas contrarias a los derechos humanos defendidos por los sistemas democráticos. Por eso, en democracias como las de Alemania, Francia, Austria o España, entre otras, es delito la negación del Holocausto, mientras se plantean exigencias de condenas similares para el negacionismo de otros genocidios. En general, aquellos que niegan verdades históricas, demostradas y sufridas por pueblos enteros, se mueven en ámbitos políticos de la derecha o de la extrema derecha, aunque ese negacionismo también ha ampliado sus contenidos y se puede manifestar en ciertos ámbitos de ideología comunista, que niegan o atenúan las interpretaciones históricas que subrayan el peso de las muertes acumuladas en determinados momentos de la historia de los partidos comunistas, sea la época de Stalin, el Gran Salto Adelante de Mao, Sendero Luminoso en Perú, etc.
En suma, estos dos usos políticos del calificativo de revisionista solo tienen en común el rechazo de interpretaciones y análisis considerados erróneos, aunque con contenidos y fines totalmente antagónicos. Sin embargo, pareciera que en España se han superpuesto ambos usos, de forma que, al catalogar a alguien como revisionista, se le confina a una posición de exclusión ética, pues tanto puede ser un renegado y traidor desde la perspectiva de una izquierda marxista, como un deleznable cómplice de la ultraderecha, para todo demócrata. Se margina así el significado etimológico del verbo revisar que, según el diccionario de la Real Academia Española, consiste en “ver con atención y cuidado”, para, en consecuencia, añadir como segundo significado la tarea de “someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo”. Ambos significados conducen a una tercera acepción, la de “actualizar”, esto es, poner al día “datos, normas”, etc. Por eso, dicho diccionario define el término revisionismo ante todo como la “tendencia a someter a revisión metódica doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con el propósito de actualizarlas y a veces de negarlas”.
En el caso del conocimiento histórico, el ejercicio de revisar tendría que registrarse, por tanto, como una exigencia metodológica, porque sería insoslayable la necesidad de verificar y también replantear los saberes y análisis, para desplegar y enriquecer un proceso siempre abierto en todo saber humano. Habría que limitarse, en conclusión, al significado etimológico del concepto de revisar para despojarlo de connotaciones políticas, si es que aceptamos que la esencia epistemológica de nuestro conocimiento reside en la reinterpretación de una realidad tan compleja y abierta en sí misma como es la de nuestro pasado, la de todo pasado.
Paradojas y bucles entre revisionistas y antirrevisionistas
Ahora bien, si nos ceñimos a los temas en debate sobre la República y la Guerra civil, se podrían detectar análisis que en unos casos se contradicen y en otros se enroscan en descalificaciones por supuestas militancias políticas. Baste señalar dos características. En primer lugar, en el antirrevisionismo se descubre cierto afán por reconstruir ahistóricamente una realidad que no se produjo (da igual que sea la República, la Transición o cualquier otro período histórico), porque se antepone el criterio moral de que deben ganar en el relato los que se piensa que debieron haber ganado en la realidad, en lugar de explicar por qué el proceso histórico dio el triunfo a unos vencedores indeseables que construyeron un Estado basado en el horror, aunque en esa construcción participaron decididamente millones de sus ciudadanos. En sentido opuesto, los calificados como revisionistas se presentan como cirujanos asépticos del pasado, mientras que a la vez combaten en el presente, y sin respiro, contra un pasado que consideran construido por una “memoria histórica” militante, en lugar de desentrañar las mentiras de la refundación de ese Estado organizado dictatorialmente. De este modo se han lanzado ciertas descalificaciones políticas, en las que se aprecia la prolongación de la trinchera bélica entre franquistas y antifranquistas, aunque todos enarbolan la democracia como argumento incuestionable. Ahí radica la paradoja, en que precisamente es propio de los demócratas desarrollar la capacidad de abandonar creencias en blanco y negro para reconocer, en consecuencia, la existencia de múltiples zonas grises; y esto no es fácil encontrarlo cuando se adoptan actitudes de superioridad moral o científica, en una u otra dirección.
En segundo lugar, se constata que en ese debate académico también se origina un bucle cuando se quiere obligar al contrario a cambiar su perspectiva. Pareciera que cada cual sintiera la obligación profesional de liberar del error, o de sus carencias, a los demás colegas. Así, mientras se enarbola la objetividad científica para uno mismo, se lanzan contra otros acusaciones sobre sus afinidades o colaboraciones con unas u otras instituciones políticas. Resultaría más fructífero para el debate obviar ciertas obsesiones, enarboladas como teorías científicas por ambas partes, y arremangarse con templanza analítica en la contrastación de hechos, ideas y prácticas de un momento u otro del pasado en cuestión.
Ahora bien, sabemos de modo fehaciente que también la historiografía académica se encuentra condicionada por factores ideológicos, y lleva más de un largo siglo debatiéndose entre la neutralidad que se le exige al saber científico y los contextos sociales y cosmovisiones culturales desde los que se mueve cualquier científico social. Es propio, en definitiva, de las ciencias sociales esa constante tensión entre subjetividad y objetividad, cuyo despliegue produce las diferentes escuelas interpretativas de la realidad social. Esto ocurre tanto en el conocimiento histórico como en el económico, sociológico, antropológico, etc.
Se trata del aspecto constitutivo de la comunicación humana, el de contenidos y el de relación. Si se investigan hechos que a nadie interesan, la historia –como le puede ocurrir a la filosofía, a la sociología, a la economía, etc.- deja de tener interés; pero si sólo se investiga lo que quiere la gente, en general, o un determinado grupo social, entonces resulta que se subordina la investigación a los intereses de ese grupo. Es un dilema o bucle, según se mire, que no se resuelve con la jaculatoria del término medio. En concreto, la historia necesita, para explicar los procesos sociales, el soporte de una cosmovisión. Adquiere así una perspectiva sobre la acción humana y se sitúa en un propósito social. Acechan, sin embargo, dos peligros. Primero, que esa cosmovisión absorba las realidades concretas en un panorama tan amplio que no permita ni matizar ni diferenciar, y sólo ofrezca generalizaciones y obviedades que valen para toda sociedad y toda época, como, por ejemplo, subrayar que siempre hay injusticias en toda organización humana. Segundo peligro, que no se tenga el soporte de una cosmovisión, y en tal caso la historia se pierde en millones de minucias con las que no se puede esclarecer ni la necesaria jerarquía de hechos ni atisbar explicaciones de conjunto.
En este sentido, para salir de esas paradojas y bucles, nuestra primera verdad como historiadores consistiría en descubrir y descubrirnos autocríticamente las posiciones desde las que enunciamos nuestras interpretaciones históricas, porque formamos parte de una clase social, de una identidad nacional, cultural, de género, de memoria… Tarea nada fácil. Para cumplir estos cometidos científicos resulta necesaria la historiografía, ya que esta disciplina requiere un análisis sociológico y una reflexión autocrítica sobre los sistemas de verdad que nos afectan como ciudadanos y como historiadores.
La historia importa tanto que..
En efecto, a ese reto historiográfico se suman los requerimientos producidos por las relaciones entre memoria e historia que se han instalado ya como ingrediente de unas sociedades cada vez más reflexivas; más aún, con una reflexividad que se reclama científica pues todos queremos poseer saberes con garantías de cientificidad. Los historiadores, por tanto, debemos ser conscientes de que la gente quiere conocer verdades avaladas científicamente, pero a la vez quiere creer aquello que confirma sus presupuestos previos, y por eso busca los temas o los libros o las novelas que le ratifican en su cosmovisión. De ahí el deber de insistir en la esencia misma revisionista que ha de tener todo historiador. Hoy se enfrenta a unas sociedades deseosas siempre de una historia ad hoc, y esto no solo ocurre cuando el historiador se encuentra requerido por una memoria oficial, sino también cuando atiende a los colectivos que quieren creer en un enfoque del pasado que les disculpe de sus responsabilidades con lo que realmente sucedió.
En este contexto hay que situar, por tanto, ese nivel de recrudecimiento e impacto del debate entre revisionistas y antirrevisionistas, pues en toda sociedad no solo hay diversas memorias, sino también diversos relatos históricos construidos por académicos que alimentan esas memorias diferentes, o incluso antagónicas. En este sentido, sin adentrarnos en estas páginas en lo mucho que se ha escrito y debatido sobre las relaciones entre historia y memoria, hay que subrayar el deber de vigilancia del historiador contra las servidumbres que le acechan, para discernir y criticar que ni todos los relatos del pasado albergan la misma envergadura científica, ni tampoco todas las memorias establecen los mismos valores para la convivencia presente y futura.
Semejante realidad obliga a ejercer el revisionismo como metodología consustancial al saber histórico, a sabiendas de que el oficio de historiador no es un sacerdocio para guardar la verdad del pasado. Al tratarse de una ciencia social, correspondería a la historia académica y profesional la tarea de aplicar y expandir una conciencia razonada y crítica sobre el pasado, para que ningún colectivo, sea nacional, de clase o ideológico, sacralice su memoria del pasado y de ese modo pueda enfrentarse a los relatos unilaterales de su respectiva memoria. En tales casos, los historiadores no pueden ser abogados de una parte contra otra, sobre todo en países que han tenido un pasado conflictivo. El compromiso cívico del historiador en estos casos obliga al distanciamiento analítico y al debate riguroso para abrir espacios de diálogo donde se reconozca el derecho a contar las distintas memorias, y también el deber ético de escuchar a la gente sus otras historias. De ningún modo la ciencia histórica puede reducir el pasado a una memoria única y, por tanto, estancada. El único principio invariable de la ciencia histórica estriba precisamente en liberar del determinismo cualquier explicación del pasado, porque la esencia de todo proceso humano es la contingencia.
Cabría recordar a este respecto el relato de J. L. Borges, «El jardín de senderos que se bifurcan», para captar esa trama de tiempos en los que no existe un cálculo exacto ni un camino único y necesario que explique las cosas, porque siempre hay elecciones que se aproximan, o se obstaculizan, o incluso se quedan en la parte oscura o sin fuerza de una sociedad. Esa contingencia libera al pasado de una única explicación posible y de un único sentido. Al historiador corresponde revisar constantemente, con nuevas investigaciones y nuevas preguntas, los entresijos de un pasado que nunca puede concebirse atado a unos determinismos teóricos y teleológicos. En consecuencia le incumbe la tarea de derribar los muros que separan a unos “nosotros” de los “otros”, sean nacionales, ideológicos o de clase, porque todo presente no es más que el cruce de senderos del pasado. Un relato histórico construido solo para un grupo social, para una nación o para una determinada ideología, aunque reciba el aplauso de los receptores, no es una historia científica. De ahí que el método para revisar y contextualizar los relatos históricos y las memorias sociales, aunque sea traumático, puede resultar fértil para reconocer un pasado tan conflictivo como plural en sus experiencias.
La revisión como diálogo interminable
En definitiva, si compartimos la pasión por conocer la realidad y participamos del compromiso con la razón como soporte del conocimiento, entonces nunca podemos limitarnos a los que piensan como uno mismo. Al contrario, se impone el diálogo razonable y paciente para contemplar las distintas facetas de una realidad y, por tanto, para admitir diferentes interpretaciones de esa realidad. Eso sería el auténtico sentido de la revisión constante de todo conocimiento. Un revisionismo que, en sentido etimológico, significaría la capacidad de la razón para analizar la realidad sin verdades cerradas y siempre alerta ante nuevas perspectivas, con la exigencia de identificar mitificaciones y prejuicios para ser desmontados. Además implicaría no recrearse en la confrontación, eso borraría cualquier descalificación de los otros. Por coherencia científica, hay que indagar si los otros ofrecen un punto de vista que nos enseña otras perspectivas. A todo intelectual se le puede exigir la búsqueda de los otros, que pueden ser los opuestos y similares a la vez. Por eso, más que rebatir, se trata de aprender de lo que otros investigan o aportan sobre la realidad. El diálogo enriquece, no se puede demonizar de antemano a nadie, aunque es legítimo y necesario hacer una valoración crítica de las distintas interpretaciones.
Por otra parte, en el proceso de construir un relato científico sobre la complejidad del pasado, nos acecha el afán de alcanzar un conocimiento universal objetivo, sin distorsiones ideológicas ni contaminaciones políticas, pero lo cierto es que conocemos la realidad también desde los afectos, desde las experiencias de la convivencia social y política, porque la historia también trata de explicar quiénes somos y qué camino guía los procesos sociales. De ahí el empeño de encontrar pruebas irrefutables de que nuestro propósito social, nuestra particular utopía, se demuestra y existe y nos acompaña desde el pasado, en nuestro particular camino hacia el futuro. Mientras los físicos están reflexionando sobre nuestro universo como una fluctuación del vacío cuántico, los historiadores o los científicos sociales no podemos empeñarnos en encontrar una explicación global de todo el pasado, de toda la complejidad de las realidades sociales. Quizás nos obsesiona encontrar la explicación unitaria, demostrar una tesis totalizadora, pero tenemos que asumir la humildad epistemológica de que en las búsquedas de los porqués persiste la validez de varias respuestas posibles, a las que lógicamente hay que aplicar el método científico de contrastar hipótesis.
A esto se suma que el lenguaje es un fenómeno tan complejo como fascinante, nos permite crear realidades con palabras, hasta imaginarnos a los dioses, sin garantía de que éstos existan, y eso hace que los humanos, en la voluntad de transformar todo nuestro entorno, de entenderlo, de destruirlo incluso, tengamos enormes capacidades de inventar y de diferenciarnos. Las paradojas nos pueden abrumar cuando tratamos de afianzar la historia como ciencia. En tal caso, puede y debe lanzar explicaciones concretas, pero quizás nunca una explicación completa de toda la sociedad, de todo el pasado, porque se daría un salto quizás fuera del contexto científico. De ahí la reivindicación del revisionismo como reto epistemológico permanente, aunque eso no anula la exigencia de plantear una teoría que explique toda la historia, que abarque el pasado simplificando el problema de modo coherente y hasta casi predictivo. En cualquier caso, en la historia, si se conjuga realidad y razón, se genera un debate en el que afloran los problemas éticos del pasado y su proyección hacia el presente, o a la inversa. Se trata del persistente debate entre la necesidad de entender y comprender la realidad, aunque sea conflictiva, y los deseos de bienestar, seguridad y superación de un presente sobre el que tratamos de construir otro futuro.
Fuente: Con-Ciencia Social, 20 (2016), pp. 127-133.
Ilustraciones: Conversación sobre la Historia
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Hiroshima, arrasada tras la bomba atómica / Universal History Archive (GETTY IMAGES)
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