Sebastiaan Faber

 

El legado franquista, ¿sigue condicionando España hoy? Esta es la pregunta que motiva Franco desenterrado (Pasado & Presente), que se presenta este mes en Barcelona  y Madrid, *  un libro que alterna una serie de análisis de esferas clave de la sociedad española hoy —los medios de comunicación, la judicatura, la política, la universidad— con unas tres docenas de entrevistas a periodistas, historiadores, politólogos, filósofos, juristas y activistas.

La respuesta a la pregunta, claro está, depende en parte de cómo se defina ese legado franquista. ¿Cabe verlo, en un sentido estrecho y literal, como una causa política o una ideología impulsada —de forma abierta o encubierta— por el centroderecha de siempre o la joven (o aparentemente joven) ultraderecha? Vistas las conductas, estos últimos años y meses, de las cúpulas del PP y de Vox, la conclusión es ciertamente tentadora.

¿O es más bien que el franquismo sociológico sigue presente de forma más generalizada y subrepticia, como una serie de ideas, actitudes, instituciones, narrativas, relaciones sociales, estructuras legales y prácticas que afectan a toda la sociedad española, incluidos los sectores que se identifican como progresistas? Por otra parte, aun si estos patrones sociológicos existen, ¿tiene sentido identificarlos, precisamente, como franquistas? ¿Sus orígenes no datan, como poco, de mucho más allá  del siglo XIX? ¿Y no hay también desafíos nacionales —como el mismo auge de una ultraderecha trumpista— que España comparte con la gran mayoría de países europeos, países que no pasaron por una dictadura nacionalcatólica de casi 40 años?

Estas preguntas no son sencillas, desde luego. Las y los españoles con los que hablé para Franco desenterrado expresaron un amplio abanico de opiniones al respecto —todas dignas de consideración, aunque al final no sean todas igual de persuasivas—. El libro se publicó el año pasado en Vanderbilt University Press, en inglés, como Exhuming Franco; la traducción es de Ferran Pontón. Lo que sigue es una adaptación del primer capítulo.

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Descendientes de Franco trasladan el féretro con los restos del dictador tras su exhumación del Valle de los Caídos (foto: Reuters)

De no haber sido por un par de cinchas y tornillos añadidos en el último minuto, el cadáver embalsamado de Francisco Franco se habría deslizado del féretro y se hubiera estrellado contra la explanada. La escena —macabra y surrealista, con el mundo entero observando— habría sido digna de Luis Buñuel. Afortunadamente para Franco, las cosas salieron de forma distinta.

Un poco antes de la una de la tarde del 24 de octubre de 2019, los ocho portadores del féretro sacaron los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos y los llevaron al coche fúnebre aparcado a pocos metros de allí. Pero bajo el paño marrón que cubría el féretro sobresalían dos cinchas de color naranja que impedían un desastre. Solo unos momentos antes, al levantar la lápida de Franco, se había hecho evidente que 44 años bajo tierra no pasan en balde: la humedad había dañado el ataúd; la madera se había desprendido en varios puntos; y los técnicos de la funeraria que supervisaban la operación recomendaron transferir los restos del dictador a un nuevo contenedor. Sin embargo, los familiares presentes, que se habían opuesto hasta el último momento a la exhumación, rechazaron la idea. «Aquí estamos, abuelo», —había espetado su nieta momentos antes— «hemos venido con estos profanadores».[1]

Los expertos se negaron a dar garantías. Por si acaso, pusieron un par de tornillos para apuntalar las esquinas podridas del féretro y lo ataron con cinchas a una plancha de madera que tenían a mano. Las medidas de emergencia funcionaron: el ataúd consiguió llegar al coche fúnebre sin incidentes y de allí a un helicóptero.

Momentos después, los restos de Franco —con sus cinchas y tornillos— llegaron al panteón familiar, a unos escasos 30 kilómetros de vuelo desde el Valle. Allí, el paño marrón fue substituido por una bandera franquista mientras un sacerdote —hijo de un militar que participó en el frustrado golpe de 1981— lanzó una homilía en la que ensalzó al dictador como un gran líder y campeón del catolicismo. Finalmente, el Generalísimo fue enterrado de nuevo, esta vez junto a su esposa.

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Un momento de la ceremonia de juramento del entonces príncipe Juan Carlos, el 23 de julio de 1969 (foto: Efe)

Franco, que gobernó España desde su victoria en 1939 en la Guerra Civil hasta su muerte en 1975, no era conocido precisamente por su sentido del humor. Sin embargo, tal vez podría haber apreciado el simbolismo de esas cinchas naranjas ocultas. El famoso «Todo ha quedado atado y bien atado», que pronunció en su discurso de Navidad de 1969, describía su legado previsto. Aquel mismo verano, Juan Carlos de Borbón, el nieto del último rey de España, había jurado lealtad a los principios del Movimiento, tras lo cual el parlamento lo designó como sucesor de Franco. La pervivencia del régimen, afirmaba el dictador de 77 años a los oyentes, quedaba asegurada incluso tras su eventual fallecimiento.

¿Ha podido mantener Franco su promesa póstuma? ¿Continúa ejerciendo su poder más allá de la muerte? ¿Cuántos de los desafíos que enfrenta España hoy pueden atribuirse al legado de Franco? Estas cuestiones siguen dividiendo, cinco décadas después, a los españoles. Al tiempo que se llevaba a cabo la exhumación, y en pleno conflicto independentista en Cataluña, el gobierno socialdemócrata lanzó una campaña para reforzar su imagen en el interior y en el exterior. Mediante tuits, videos y eventos varios, España se presentaba como una democracia consolidada: uno de los países más libres y seguros del mundo, con un marco jurídico que se puede contar entre los más avanzados.

Pero muchos españoles, incluidos buena parte de la izquierda y amplios sectores de la población catalana y vasca, no reconocen a su país en esta descripción. Creen que su democracia está lejos de poder considerarse consolidada. Más bien les resulta peligrosamente frágil, con un perenne sustrato franquista que, si algo, está en auge y no en retroceso. Los resultados de las dos elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en abril y noviembre de 2019 parecen confirmar esta impresión. En abril, el partido de ultraderecha Vox —que abraza el nacionalismo españolista, rechaza la “ideología de género” (el pornomarxismo, en sus propios términos) y la “dictadura de lo políticamente correcto”, que idolatra el pasado imperialista, se adscribe al motto trumpista “Hacer España grande de nuevo” y que defiende el derecho de los ciudadanos a celebrar orgullosamente el régimen franquista— entró en el parlamento por vez primera, con cerca del 10% de los votos (24 escaños de 350). En noviembre, Vox amplió sus resultados hasta el 15% y duplicó su número de diputados.

«Y Vox es solo la punta del iceberg franquista», me aseguró el periodista Emilio Silva poco después de la exhumación. «Nuestra democracia lleva arrastrando al cuello la pesada losa de Franco durante años. El franquismo está enquistado profundamente en la cultura política española». Silva es el fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una iniciativa de la sociedad civil que ha presionado, durante los últimos 22 años, a los distintos gobiernos del país para ajustar las muchas cuentas pendientes aparcadas desde los tiempos de Franco. Desde la creación de la ARMH en 2000 sus voluntarios han localizado y exhumado cientos de fosas comunes con miles de víctimas, la mayoría de las cuales murieron a manos de militares o paramilitares del bando nacional durante la Guerra Civil. La ARMH tomó la iniciativa cuando el gobierno no se atrevió a hacerlo.

Traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera al Valle de los Caídos en 1959(foto: El Comercio)

La mayor fosa común del país resulta ser el Valle de los Caídos, que, según estimaciones, contiene los restos de más de 30.000 españoles. Iniciado en 1940, fue inaugurado en 1959 por el propio Franco, en el vigésimo aniversario de su victoria en la Guerra Civil. «¿Cómo podría expresar la honda emoción que nos embarga ante la presencia de las madres y las esposas de nuestros Caídos, representadas por esas mujeres ejemplares aquí presentes, que conscientes de lo que la Patria les exigía, colgaron un día las medallas del cuello de sus deudos animándolos para la batalla?» afirmaba en un lacrimógeno discurso. Y continuaba:

Nuestra guerra no fue, evidentemente, una contienda civil más, sino una verdadera Cruzada; como la calificó entonces nuestro Pontífice reinante; la gran epopeya de una nueva y para nosotros trascendente independencia. […] En todo el desarrollo de nuestra Cruzada hay mucho de providencial y de milagroso. ¿De qué otra forma podríamos calificar la ayuda decisiva que en tantas vicisitudes recibimos de la protección divina […]? La anti España fué vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar la cabeza en el exterior y en su soberbia y ceguera pretender envenenar y avivar de nuevo la innata curiosidad y el afán de novedades de la juventud. Por ello es necesario cerrar el cuadro contra el desvío de los malos educadores de las nuevas generaciones.[2]

Aquel mismo día, el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, fundador del fascismo español y ejecutado por los republicanos en 1936, fue trasladado al Valle. Lo mismo sucedió con los restos de otros miles de muertos de la guerra (en muchos casos sin el consentimiento de las familias, como revelaron Montse Armengou y Ricard Belis en un documental de 2013 sobre el tema). Dieciséis años más tarde enterraban el cuerpo de Franco junto al de Primo de Rivera, en el centro de la gigantesca nave.

Durante años, el Valle ha permanecido prácticamente intacto. Además de una basílica y una explanada, el lugar cuenta con un monasterio benedictino, cuyos miembros ofician, todavía hoy, misa diaria. Debido a que el Valle es considerado un monumento nacional, se mantiene con dinero de las arcas públicas —con una partida importante destinada en los últimos años a ralentizar su decadencia— pese a la oposición de algunos ciudadanos, como Silva, que consideran una afrenta que un Estado democrático deba sufragar el mantenimiento de un monumento que glorifica el fascismo.[3] El Valle ha sido lugar de peregrinación para los nostálgicos del franquismo, pero también para los enemigos del dictador. Jack Shafran, un norteamericano que luchó como soldado voluntario contra Franco en la Guerra Civil, hizo un juramento durante un bombardeo especialmente virulento. Si sobrevivía, se dijo a sí mismo, volvería a España para mearse en la tumba de Franco. En 1986, tuvo la oportunidad de visitar el Valle de los Caídos. Antes de entrar, se pasó por una farmacia y compró un vial de muestras que se llevó a su habitación de hotel. Llenó el vial de orina, se lo guardó en el bolsillo y lo vació sobre la tumba cuando el guardia de seguridad no miraba.[4]

Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Valle se convirtió en una oportunidad propicia para mostrar sus credenciales progresistas cuando, en 2018 ganó la moción de censura presentada contra el popular Mariano Rajoy. Menos de tres semanas después de ocupar el cargo, Sánchez anunció su intención de desalojar el cuerpo de Franco del monumento. «España no se puede permitir mantener símbolos que dividen al país», dijo en una entrevista televisiva. Además, anunció que el Valle se convertiría en un «memorial de la lucha contra el fascismo» y un lugar de «reconciliación». En septiembre, el parlamento español aprobó la medida. La votación salió adelante gracias a los votos de los partidos progresistas y de los nacionalistas vascos y catalanes, mientras que los dos principales partidos conservadores, el PP y Ciudadanos, se abstuvieron. El PP acusó a Sánchez de hacer política jugando con los símbolos, en una tentativa por movilizar a sus bases. Entretanto, la familia Franco, que todavía ostenta un considerable poder en España, llevó a los tribunales la propuesta para intentar frenar la exhumación. Sus esfuerzos fueron vanos y el traslado de los restos tuvo lugar el 24 de octubre de 2019, con el beneplácito del Tribunal Supremo. El momento político no podía ser más tenso: la semana previa el mismo tribunal había enviado a prisión a nueve dirigentes catalanes independentistas; poco menos de dos semanas después, los españoles eran llamados a las urnas de nuevo en las segundas elecciones parlamentarias de aquel año.

Que la controvertida exhumación de Franco chorreaba simbolismo está claro. Pero qué simbolizaba exactamente está sujeto a distintas interpretaciones. «Hoy, España cumple consigo misma», declaró Sánchez triunfal. «Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público». En alguna que otra casa se descorcharon botellas de champán. La derecha estalló, indignada. Pero el modo en el que el gobierno de Sánchez llevó a cabo la operación levantó críticas también desde la izquierda. «[T]endría que haber sido un gran día para las todas las víctimas [del franquismo]», publicó el periodista Antonio Maestre en la revista La Marea. «Pero se ha convertido en todo lo contrario: en un día de la vergüenza».[5] Según Maestre, el gobierno no solo había concedido a la familia Franco un inapropiado papel central en todo el asunto —se les permitió llevar el féretro cubierto con una corona fúnebre—, sino que la rigurosa solemnidad de la ceremonia, con la presencia de la Ministra de Justicia, había sido una bofetada en la cara de las víctimas del dictador. La indignación de Maestre fue ampliamente compartida.

La controversia que rodeaba al traslado de los restos de Franco también atizó las llamas de un nacionalismo españolista militante que reemergió con fuerza en 2017, tras la tentativa de Cataluña de declarar la independencia. Fue esta ola la que, en abril de 2019, llevó a Vox al parlamento nacional. Pese a que no todos los nacionalistas españoles son nostálgicos del franquismo, lo cierto es que el núcleo duro de la derecha española sí lo es. En julio de 2018, por ejemplo, el “Movimiento por España” organizó una peregrinación a la tumba de Franco para protestar contra los planes de exhumación del gobierno socialista. «La mitad de los españoles se opone a la exhumación de Franco y a la profanación y el expolio del Valle de los Caídos» advertían los líderes del movimiento. Las imágenes del encuentro mostraban a grupos enarbolando la bandera franquista y con la mano en alto, haciendo el saludo fascista. Pero el flirteo con el fascismo no se limita a gestos simbólicos. Una encuesta oficial de diciembre de 2019 reveló que el 21% de los 3,7 millones de votantes de Vox estaban de acuerdo con la afirmación «En determinadas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático».[6]

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Acto de cierre de la campaña de Vox en abril de 2019 en la Plaza de Colón de Madrid (foto: Luís Marchal)

La monarquía parlamentaria española está llegando a su edad madura. La Constitución actual, aprobada en referéndum en 1978, fue el resultado de la negociación entre el régimen franquista y la oposición democrática. En 1986, cuatro años después de entrar en la OTAN, España entró en la Comunidad Europea; todos los gobiernos sucesivos se han esforzado en demostrar que España es una democracia consolidada. Sin embargo, nadie que haya seguido las noticias de los últimos años puede negar que existe mucho margen de mejora. De hecho, lo que un editorial de la revista Contexto denominó “fallos del sistema” no ha dejado de ser objeto de constante debate político, cuanto menos desde las protestas multitudinarias de mayo de 2011, el llamado 15M o movimiento de los indignados.[7] El 15M representó una amplia movilización de la sociedad civil —inicialmente desencadenada por las políticas de austeridad impuestas en respuesta a la Gran Recesión— que denunció el llamado “régimen del 78”, considerándolo excluyente, corrupto y antidemocrático. «No nos representan» cantaban los manifestantes, al tiempo que demandaban «democracia real, ¡ya!».

Durante los años siguientes, el 15M inspiró la creación de nuevos partidos políticos, como es el caso de Podemos, cuyo auge meteórico vino a desarmar lo que había sido un sistema bipartidista, cuanto menos a nivel del gobierno estatal. En menos de un par de años, el panorama político español cambió radicalmente. El éxito de Podemos en las urnas, pocos meses después de su fundación, a principios de 2014, significó una onda de choque para el sistema; entre otras cosas, empujó al Rey Juan Carlos I a abdicar apresuradamente en favor de su hijo Felipe VI, menos de una semana después. En mayo de 2015, políticos afines a Podemos ganaron las elecciones municipales de algunas de las mayores ciudades del país, incluyendo Madrid y Barcelona; más tarde, ese mismo año, el partido entró en el Parlamento. A principios de 2020, Podemos y el PSOE formaron el primer gobierno progresista de coalición que España hubiera visto desde la década de 1930.

Irónicamente, la amenaza al poder establecido que suponían los recién llegados a la política, que denunciaban las disfunciones de la democracia española, exacerbó esas mismas disfunciones. Cuanto menos al inicio, ya que las élites políticas y económicas lucharon con uñas y dientes para preservar su poder y sus privilegios. Al mismo tiempo, las crecientes brechas en las estructuras existentes —no solo en la política sino también en los medios y en la judicatura— abrieron espacios para nuevos actores que no temían romper viejos tabús y sacar a la luz la corrupción sistémica en todas las esferas de la sociedad española.

Y vaya si salió a la luz. Durante la pasada década, la esfera pública española se ha visto inundada por casos, grandes y pequeños, de sobornos, abuso de poder, malversación de fondos y diversas formas de desigualdad social y económica que muchos consideraríamos inaceptables en una democracia moderna. Una muestra de titulares seleccionados más o menos al azar incluiría el caso del decano de una universidad pública atrapado en un caso de plagio a gran escala; diversos políticos prominentes a los que se regalaron títulos académicos como favores políticos; la financiación ilegal de la campaña electoral del principal partido conservador, así como el enriquecimiento de su cúpula a través de décadas de sobornos; titiriteros, raperos y humoristas encausados por actos de terrorismo por el contenido de sus obras, canciones o chistes; un prominente juez de la Audiencia Nacional inhabilitado por investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura; un miembro de la familia real hallado culpable de corrupción pero tratado con extraordinaria benevolencia por la magistratura; un grupo de jóvenes del País Vasco encarcelados por terrorismo tras una pelea en un bar con miembros de la Guardia Civil fuera de servicio; o el descubrimiento de una amplia red de periodistas, miembros del gobierno y altos cargos de la policía conspirando para fabricar informes falsos a fin de calumniar a políticos rivales.

A resultas de estas revelaciones —y la práctica nulidad del pago de responsabilidades por parte de los implicados— el nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema político, la monarquía, la judicatura, la universidad, la prensa y otras instituciones democráticas esenciales ha descendido a mínimos inéditos. Cuando una encuesta a escala nacional en abril de 2019 solicitó a los votantes que valoraran en una escala del 1 al 10 a sus líderes políticos, ninguno se acercó siquiera al aprobado.[8] De acuerdo con otra encuensta realizada en la primavera de 2019, esta vez a escala de la Unión Europea, el 55 % de los españoles valoraron negativamente la independencia del poder judicial, situando a España en el cuarto peor lugar de la UE[9], mientras que un sondeo de 2020 a nivel nacional indicó que más de la mitad de la población consideraba a los políticos y su comportamiento el principal problema del país.[10]

Escultura de Eugenio Merino, dentro de la exposición ‘Yes I can – Un portrait du pouvoir’, en el Walter Benjamin Contemporary Art Center, de Perpignan, (foto: Raymond Roig)

Encuadrar este descontento es también una cuestión profundamente política. Tanto dentro como fuera de España los críticos a menudo consideran las disfunciones del sistema y la falta de legitimidad resultante como síntomas de un problema estructural cuyo origen enraíza en la historia reciente del país. Bajo esta interpretación los problemas actuales de España son evidencias de que la transición española hacia la democracia, presentada durante muchos años como ejemplar, es, en el mejor de los casos, un proceso en curso, o, en el peor, una causa totalmente perdida. La reacción de un lector a una columna de enero de 2020 de Rosa María Artal en ElDiario.es es claramente representativa de esta tendencia:

España es un país democrático muy especial. Nuestra democracia es el resultado de una maniobra de adaptación del régimen del General Franco ante la disyuntiva entre integrarse en Europa o mantenerse en un aislamiento indefinido. La jugada maestra consistió en forzar una Transición en la que los poderes fácticos de la anterior Dictadura quedaran ocultos bajo un disfraz de sociedad democrática.

Posiblemente en aquel momento no había posibilidad de alcanzar nada más presentable, dada la potencia de las fuerzas de la derecha. Sin embargo, unos años más tarde, con los sucesivos gobiernos de mayoría absoluta de Felipe González, se perdió una ocasión de oro para darle la vuelta a este país como a un calcetín. Pero el PSOE felipista no estaba por esa labor. Se prefirió realizar unas cuantas mejoras, más o menos superficiales, y no tocar el “núcleo duro” del poder franquista escondido en cada una de las instituciones del Estado. Jamás volveremos a tener una ocasión como aquella.

Todos los problemas políticos que sufrimos actualmente derivan de estos dos hechos históricos: el verdadero objetivo de nuestra “inmodélica Transición” y la falta de ambición renovadora de los cuatro gobiernos de Felipe González… ¡Un error que seguramente pagaremos muy caro…![11]

Esta lectura historicista del presente político está muy extendida, y no solo entre la izquierda. Los vascos y los catalanes que abogan por la independencia —una posición que traspasa la división derecha-izquierda— también gustan de retratar al Estado español como un caballo de Troya de valores franquistas. «No iniciamos el proceso de independencia solo para cambiar algunas cosillas», respondió Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y miembro, la mayor parte de su vida, de la conservadora CiU, cuando Gijs Mulder y yo lo entrevistamos en 2018: «Estamos hartos de tener que reivindicar que se acabe con el legado franquista. En lugar de eso, vemos cómo se renueva el título de la duquesa de Franco, cómo la Fundación Franco sigue siendo legal, cómo hay un debate escandaloso sobre si hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos […] Todo eso es muy fatigoso y frustrante. Queremos huir de todo eso ya».[12]

Frente a la imagen de un Estado español reservorio del franquismo, los movimientos independentistas catalanes y vascos se ven a sí mismos como motores de renovación democrática. Durante el debate de investidura de enero de 2020 que llevó al primer gobierno de coalición de izquierdas desde la década de 1930, la diputada vasca Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, subrayó el papel crucial que los movimientos de independencia regionales juegan en la evolución democrática de España. «No hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con los independentistas […] Sin aplicar la agenda democratizadora del soberanismo no se romperá con la herencia del dictador, que ustedes sacaron del Valle de los Caídos el pasado mes de octubre».[13]

Dentro y fuera del Parlamento, aseveraciones como esta son recibidas con desprecio e indignación por el establishment político y mediático situado en Madrid. La idea de que el Estado español en su actual configuración sufre un franquismo enquistado desmiente la antigua aspiración de las élites españolas por alcanzar la “normalidad” europea —un concepto clave para lo que se ha venido en llamar la “cultura de la Transición”.[14] Para los críticos, en cambio, España es exactamente lo opuesto a la normalidad. Pese a todas sus protestas, dicen, en el panorama del occidente europeo España destaca como un perro verde. Cada vez que un político o gestor universitario se va de rositas de una nueva acusación vergonzante de abuso, corrupción o plagio, los expertos señalan en seguida que si hubieran sido alemanes, franceses o británico hubieran tenido que dimitir mucho tiempo atrás.

La campaña Spain is Different, promovida por Manuel Fraga en 1960 (foto: ABC)

Para ser justos, esta visión crítica se fundamenta en una versión idealizada de los países europeos septentrionales, cuyas democracias también deben afrontar sus propios retos. Sin embargo, los críticos no dejan de tener cierta razón. Si consideramos la falta de asunción de responsabilidades entre los políticos españoles y otros miembros de órganos de poder que han sido acusados o encausados por malas prácticas; las constantes valoraciones negativas de las universidades españolas; la falta de ética profesional en los medios; o incluso el hecho de que el enaltecimiento de Franco y su legado no sea ilegal, mientras que defender el nazismo o el fascismo en muchos otros lugares de Europa está perseguido por ley, entonces, sí, España sigue siendo “diferente”, por citar el famoso eslogan de Manuel Fraga para promover el turismo de los años sesenta. No es sorprendente, pues, que el clamor por una segunda Transición haya ido en aumento año tras año. Pero una cosa es denunciar los problemas politicos del país y otra considerarlos exclusivamente como consecuencia de la dictadura franquista y de la Transición.

¿Por qué resulta tan tentador interpretar los retos sociales y politicos de España como prueba de un legado franquista no superado? Si el objetivo es mejorar la calidad de la democracia española, ¿cuán importante es que sus deficiencias sean consideradas los remanentes de la dictadura? E incluso si fuera cierto que la democracia española no puede avanzar hasta saldar cuentas con su pasado, ¿no se podría decir lo mismo de otros países, como por ejemplo Estados Unidos? ¿Qué puede aprender el resto del mundo del caso español? Estas son las preguntas que vertebran este libro.

Las opiniones están muy divididas, incluso dentro de la izquierda. Emilio Silva es el dirigente de un movimento de base en defensa de los derechos de las víctimas de Franco. «El franquismo», escribió en una columna para ElDiario.es a principios de otoño de 2019,  todavía «forma parte de la nuestra cultura política ».[15] Es esta persistencia, asegura Silva, la que explica la fragilidad sistémica de la democracia española y la excesiva politización de todo el aparato del Estado, desde la judicatura y el sistema educativo hasta los medios y la política exterior.

Ignacio Echevarría, prominente crítico literario, no ve las cosas de la misma manera. «Los residuos del franquismo, por conspicuos que sean, están lejos de ser el problema principal de la sociedad española», escribió para la revista Contexto, un mes después de la exhumación de Franco y a raíz del estreno de la película Mientras dure la guerra. Los críticos que defienden lo contrario, añade, tienen un problema de percepción. Los fenómenos que estos denuncian como trazas de franquismo «en parte vienen de mucho más atrás y en parte son de naturaleza radicalmente nueva».[16] Esto es cierto, añade Echevarría, incluso en el caso de Vox, algunos de cuyos seguidores se presentan como abiertamente nostálgicos de la dictadura. «Parece como si el pedigrí franquista de una parte significativa de la derecha española —incluida la catalana— estableciera algún tipo de diferencia sustancial entre ella y el resto de las derechas europeas […] Cuando la realidad es que sus fundamentos y sus intereses, insaciablemente renovados, vienen a ser los sempiternos de la derecha en todo el resto del mundo». Lo demuestra el hecho, añade Echevarría, que «no pocos representantes del neoliberalismo español tengan poco o nada que ver con el franquismo y profesen una sólida confianza en la democracia representativa».[17]

«Por negligentes que fueran los artífices de la Transición —y lo fueron muy forzosamente— a la hora de liquidar los símbolos del franquismo y de invocar la memoria histórica, el franquismo —como el fascismo, rigurosamente hablando […]—es cosa del pasado». Esta es la clave, porque aquellos que se niegan a aceptar este hecho básico están cometiendo un serio error político: «Atribuir el surgimiento de una ultraderecha española al rebrote de un franquismo latente antes que a una casi inevitable sintonización de ciertos sectores de la sociedad española con el neopopulismo de derechas, tan vigoroso en Francia o en Italia, no supone sólo un despiste y un error: supone obviar la naturaleza del “enemigo”, en el caso de quienes se consideran de izquierdas».[18]

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Emilio Silva Barrera, en el año 2000, durante la exhumación de la fosa de Priaranza (foto: Diario de León/BARREDO)

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El legado franquista sigue condicionando la España de hoy o la mayoría del país, incluida la derecha, pasó página tiempo atrás? La respuesta a esta pregunta —que, como he dicho, regirá el desarrollo de este libro— depende de cómo se defina dicho legado. En adelante me referiré al franquismo no solo como causa política o ideología abrazada —de forma abierta o encubierta— por la derecha española, como hace Echevarría. En su lugar, siguiendo a Silva, lo consideraré en un sentido más amplio: como una serie de ideas, actitudes, instituciones, narrativas, relaciones sociales, estructuras legales y prácticas que todavía son discernibles en la sociedad española.

Para todo observador objetivo está claro que la España de hoy es radicalmente distinta a como era durante los cuarenta años de mandato franquista. Además del mero hecho de ser una democracia parlamentaria, miembro de la Unión Europea, España se ha erigido en vanguardia de  causas progresistas varias, desde el innovador despliegue de una jurisdicción universal para perseguir violaciones de los derechos humanos, hasta la legalización del matrimonio homosexual. Las clasificaciones y sondeos estadísticos sitúan rutinariamente a España entre las democracias más avanzadas del mundo. En 2019 el Democracy Index compilado por The Economist Intelligence Unit situó a España en el puesto 16, por delante de Francia, como una de las 24 “democracias plenas mundiales”[19] Por otro lado, también es importante reconocer que el franquismo no surgió de la nada; emergió de, y ayudó a unificar, organizaciones reaccionarias, proyectos e ideologías que se remontan, cuanto menos, al siglo XIX y que tampoco son exclusivos del caso español. «El franquismo no inventó nada», me dijo el historiador Jaume Claret, «simplemente tomó ventaja de su poder totalitario para favorecer la corriente ultraconservadora del pensamiento español de derechas, a expensas del liberalismo y la democracia cristiana, las otras dos líneas de pensamiento principales de la derecha española».

Pese a que en muchos aspectos la España de hoy no se parece en nada a la del periodo 1939-1975, el franquismo, como paradigma explicativo, sigue siendo muy popular entre amplios segmentos de la población y la clase intelectual. Muchos observadores españoles y extranjeros asumen que solo se pueden entender los éxitos y fracasos del país, sus deficiencias y sus logros, desde la perspectiva del franquismo. De forma no muy sorprendente esta tendencia recorre todo el espectro politico. Para algunos, en especial la derecha, la relación con el pasado dictatorial se entiende mejor en términos providenciales. Bajo este punto de vista incluso la actual democracia española es uno de los regalos más valiosos de Franco a la nación. Otros, en especial la izquierda, contemplan la relación con el periodo franquista en términos de cuentas pendientes, en un sentido moral, judicial, económico y político. Y para otros, —incluidos, como hemos visto, a los independentistas catalanes y vascos— el franquismo constituye una especie de fatalidad. Bajo este prisma, el legado del dictador resulta una maldición. España es irreformable porque ha sido infectada irremediablemente con el virus del franquismo, una tendencia imperialista cuyas raíces se remontan más allá de la dictadura. La única forma de acabar con él es destruir el Estado español por completo —o cuanto menos ir más allá de su actual configuración—.[20]

Cabe preguntarse por qué este paradigma explicatorio resulta todavía tan popular. ¿Podría considerarse su misma persistencia —la tentación de abordar los problemas actuales como trazas de un pasado indebidamente procesado, un virus, una maldición— como un legado del franquismo? Franco, después de todo, se identificó completamente con el destino de la nación española, que nunca dejó de definir en términos excepcionalistas. Se mostraba a sí mismo como un líder providencial, cuya mano dura resultaba necesaria dado el carácter fratricida e ingobernable de la nación. Irónicamente esta persistente identificación de España con el franquismo la comparten la extrema derecha y algunos de los sectores más críticos de la izquierda.

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Alegoría de Franco y la Cruzada (1959), obra del artista Arturo Reque Meruvia.

La apuesta de Franco por el excepcionalismo, el nacionalismo y el imperialismo españoles alimentó su obsesión con el estatus internacional de España. La propaganda y los manuales franquistas representaban a España como una nación providencial, «guía espiritual del mundo», escogida por Dios para salvar al resto de la humanidad. Pese a que poca gente, fuera de la extrema derecha religiosa, defiende todavía esta visión, la preocupación por el estatus de España en el mundo sigue vertebrando el discurso público. Recientemente, de hecho, ha alentado una ola de revisionismo histórico. En cabeza de este grupo está Elvira Roca Barea, una profesora de historia de instituto andaluza, autora de dos éxitos de ventas: Imperiofobia y leyenda negra (2016) y Fracasología. España y sus élites (2019). De acuerdo con Roca Barea, durante los últimos 200 años, las élites intelectuales españolas han realizado un pobre servicio a su país tragándose de cabo a rabo las visiones críticas con la historia de España difundidas por los rivales internacionales de la nación. Estos rivales, argumenta, han mostrado las acciones de los españoles bajo una luz exageradamente negativa, ya sea al tratar la Inquisición, la expulsión de judíos y moriscos durante el siglo XV, la colonización de América, la Ilustración o los sangrientos conflictos del siglo XX.

Algunas de las tesis de Roca Barea se han colado en el discurso oficial. Cuando el gobierno socialdemócrata lanzó su campaña para reforzar la imagen democrática de España en 2019, Irene Lozano, la entonces Secretaria de Estado de la España Global, sugirió que cualquiera que dudara de la calidad democrática de España estaba jugando a favor de los «enemigos de España». Invocando este lema —uno de los favoritos de Franco— Lozano se refería a los rivales históricos del país, a saber, Inglaterra, los Estados Unidos y los Países Bajos, pero también a los movimientos independentistas vasco y catalán quienes, como hemos visto, tienden a presentar al poder centralista español como retrógrado, ineficiente y autoritario.

Si Pedro Sánchez decidió llevar a cabo la solemne exhumación de Franco, fue sin duda en parte porque creía que serviría para mejorar esta imagen internacional negativa. Pero la ironía resultaba un poco demasiado obvia. Las exhumaciones, al fin y al cabo, han estado en el centro del debate sobre la incompleta transición de España a la democracia. Ha sido precisamente la falta de voluntad del gobierno español para abrir las fosas comunes de los miles de víctimas de la violencia franquista la que ha espoleado, en los últimos veinte años, la demanda de una «Segunda Transición». Visto en perspectiva, el traslado de los restos del dictador no pasó de un pequeño gesto estético, parecido a deshacerse de un viejo sofá que arruina la decoración de la sala de estar, mientras se ignoran las grietas en los cimientos del edificio. La exhumación de Franco no les sirvió en nada a los familiares de los desaparecidos que han estado durante décadas pidiendo al gobierno que asuma su deber —deber impuesto por el derecho internacional— y ayude a localizar y enterrar los restos de sus seres queridos.

Pero, ¿un cambio en la actitud del gobierno en lo tocante a las fosas comunes será suficiente? Si España debe saldar cuentas con su pasado para poder avanzar, ¿cómo debería hacerse? ¿Debería existir una comisión de la verdad, como han sugerido representantes de las Naciones Unidas? Intentaremos dar respuesta a estas preguntas en los dos últimos capítulos de este libro.

Y hablando de capítulos, una breve nota sobre estructura y estilo. Este libro nació del diálogo. Me he podido beneficiar enormemente del trabajo de amigos y colegas españoles con los que he entablado discusiones sobre estos temas durante años. Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, cerca de 25 personas aceptaron contestar, por escrito o en persona, a un cuestionario específicamente formulado para este proyecto. Otros se sometieron, presencialmente o por teléfono, a una larga entrevista conmigo. Ha sido crucial para mí integrar todas estas visiones y voces en el texto, lo que me ha llevado a adoptar un estilo más periodístico que académico. Todo ello dota a este libro de un carácter híbrido y coral pero también, espero, lo hace más ameno, pese a que su formato presente algunas trabas. Por un lado, la estructura de diálogo en las entrevistas, aunque mejora la legibilidad, se aleja de la retórica distante y ponderada del observado académico. La limitada extensión y el estilo periodístico del libro se traducen en una menor amplitud y profundidad bibliográfica de lo que es habitual en una monografía académica al uso. Para ofrecer al lector un panorama más completo de la bibliografía disponible sin perder la accesibilidad del formato, incluyo unas breves sugerencias bibliográficas siempre que resulte apropiado.

Algunas de mis interlocutores son periodistas, mientras que otros son universitarios o creadores. Todos han vivido en España durante la mayor parte de sus vidas. Sin embargo, pese a que la selección de entrevistados refleja un amplio abanico de opiniones, no es representativa en un sentido estrictamente proporcional. Tampoco lo pretende ser. La razón es sencilla: el debate sobre las cuestiones tratadas en este libro ha sido más intenso, interesante y variado entre las voces de la izquierda que entre la derecha. Pese a que la mayoría de las personas con las que hablé se podrían considerar progresistas, más que conservadoras, discrepan entre ellas en puntos fundamentales.

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Manifestación de protesta por la retirada de la calle dedicada en Madrid a Justa Freire, renombrada como calle General Millán Astray (foto: Ricardo Rubio/Europa Press)

En el año y pico transcurrido desde las entrevistas con la mayoría de mis informantes, España ha resultado uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, no se han frenado ni las batallas por la memoria, ni el debate acerca del legado de Franco; más bien lo contrario. A principios de septiembre de 2020, un auto judicial devolvía al patrimonio de Estado el Pazo de Meirás, en manos de la familia Franco durante 82 años. Aquel mismo mes, el gabinete de Pedro Sánchez presentaba el anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática (aprobada en julio de 2021), que viene a complementar la Ley de Memoria Histórica del Gobierno Zapatero y a tratar de dar respuesta a las demandas de justicia y reparación para miles de víctimas de la dictadura franquista. Esta nueva ley establece reparaciones simbólicas y materiales para las víctimas de la violencia y el expolio del régimen; abre la puerta a la anulación de las sentencias judiciales fraudulentas del franquismo, dictadas con la intención de acabar con la disidencia política; propone reformar la educación pública de la historia; limita la libertad de expresión en casos de ideologías antidemocráticas; y prohíbe los actos públicos de homenaje al dictador. Las consecuencias de esta ley pueden ser, sin duda, de largo alcance. Además de reconocer que el Estado es el responsable de localizar y exhumar decenas de miles de fosas comunes de la guerra civil y la dictadura —una tarea llevada a cabo hasta ahora por voluntarios y familiares— la ley llama a establecer un inventario de los explolios de propiedades y bienes perpetrados durante el régimen franquista. Esta ley también busca establecer reparaciones para los miles de españoles que se vieron obligados a hacer “penitencia” por sus “pecados” políticos en batallones de trabajos forzados, que además de construir puentes, carreteras y embalses, ayudaron a construir el Valle de los Caídos.[21]

Algunos han celebrado la ley, pero muchos otros admiten que las medidas llegan tarde. Otros piensan que no es suficientemente ambiciosa. A todas luces deja intacta la Ley de Amnistia que obliga a las víctimas del franquismo a acudir a los tribunales internacionales en busca de justicia, una histora que recoje el galardonado documental El silencio de otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar (2018).

De forma previsible, la propuesta incendió a la derecha española, que acusó al gobierno progresista, de nuevo, de romper el pacto que propició la transición del país a la democracia. Siguiendo el ejemplo de sus homólogos europeos y estadounidenses, los líderes conservadores españoles esperan dar un vuelco al escenario electoral demonizando el antifascismo. En España, esto supone deslegitimizar las décadas de resistencia de la izquierda frente a la dictadura franquista, incluidas distintas formas de lucha armada. En respuesta a la ley, la entonces diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo escribió que es una «falacia» identificar el antifranquismo con la democracia.[22]

En octubre de 2020, el gobierno del ayuntamiento de Madrid del popular José Luis Martínez Almeida, votó a favor, a petición de Vox, de retirar una placa en memoria de Francisco Largo Caballero (presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República, que fue arrestado por la Gestapo, interrogado por Klaus Barbie y deportado a un campo de concentración Nazi). Irónicamente esto se hizo invocando la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que prohíbe ensalzar a participantes del fallido golpe de Estado que dio pie a la Guerra Civil o de la represión franquista. Repescando el viejo argumentario franquista, el Ayuntamiento esgrimía que fue el radicalismo de líderes de la izquierda como Largo Caballero el que provocó el estallido de la violencia política. Poco después, en mayo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligaba a restituir las placas de la calle General José Millán-Astray, fundador de la Legión, sustituyendo a las de Maestra Justa Freire, una de las pocas mujeres en dar clase en un colegio masculino durante la Segunda República.

Quizá sobre recordar que, dado que este libro se escribió inicialmente para un público extranjero, se dedica a explicar ciertas cosas que pueden ser obvias para una lectora media española. Por otra parte, como se explica en estas páginas, una característica de la sociedad española hoy es, precisamente, que mucha información que debería ser obvia —relativa al pasado histórico o al presente político— lo es mucho menos de lo que se creería. Y por más que mis informantes sean en su gran mayoría españoles, mi perspectiva —como analista y como entrevistador— no deja de ser la de un extranjero, en este caso un holandés de nacimiento que lleva más de un cuarto de siglo en Estados Unidos. No faltan opinadores, de derechas e izquierdas, que miran con sospecha la imagen de la realidad española que periodistas e hispanistas construimos desde fuera. Por fortuna, tampoco faltan las que aprecian lo que esa visión foránea puede aportar a los debates sobre el futuro del país. Un futuro que dependerá de cómo se afronten desafíos que, como mantengo en el epílogo, España comparte con muchos otros países.

Obra de Ramón Bilbao expuesta en la feria ARCO de 2022 (foto: Europa Press)

[1] Escolar, Ignacio y Raquel Ejerique. 2019. «La intrahistoria de la exhumación de Franco: “Aquí estamos, abuelo, hemos venido con estos profanadores”». ElDiario.es. 26 de octubre de 2019. https://www.eldiario.es/politica/intrahistoria-exhumacion-Franco-abuelo- profanadores_0_956455201.html

[2] Franco, Francisco. 1959. «Discurso en la inauguración del Valle de de los Caídos».

http://www.generalisimofranco.com/discursos/discursos/1959/00003.htm

[3] En el momento de traducirse este libro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un anteproyecto de ley para “resignificar” el Valle de los Caídos, trasladar la abadía y los restos de Primo de Rivera. (N. del t.)

[4] Volunteer. 2003. «Vet Pees Homage». The Volunteer 25.3 (sept. 2003), p. 3.

[5] Maestre, Antonio. 2019b. «Un día de la vergüenza». La Marea. 24 de octubre de 2019. https://www.lamarea.com/2019/10/24/exhumacion-de-franco-dia-verguenza/

[6] El Plural. 2020. «El 21% de los votantes de Vox prefieren una dictadura “en algunas circunstancias”». ElPlural. 16 de enero de 2020. https://www.elplural.com/politica/espana/21-votantes-vox-prefieren-dictadura-en- circunstancias_231363102

[7] CTXT. 2020. «Ideas para cambiar de ciclo». CTXT: Revista Contexto. 11 de enero de 2020. https://ctxt.es/es/20200108/Firmas/30490/Editorial-CTXT-gobierno-progresista-ideas-cambio-ciclo.htm

[8] Junquera, Natalia. 2019. «El CIS da un cómodo triunfo al PSOE, que dobla al PP en escaños el 28-A.». El País. 9 de abril de 2019. https://elpais.com/politica/2019/04/09/actualidad/1554791390_073854.html

[9] Vanguardia. 2019a. «UE: España debe analizar por qué hay menos confianza en el poder judicial». La Vanguardia. 26 de abril de 2019. https://www.lavanguardia.com/vida/20190426/461872140597/ue-espana-debe- analizar-por-que-hay-menos-confianza-en-el-poder-judicial.html; European Commission. 2019a. The 2019 EU Justice Scoreboard. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf

[10] Aduriz, Íñigo. 2020. «El Gobierno arranca con la credibilidad de la política por los suelos: los expertos culpan al bloqueo y la corrupción». ElDiario.es. 7 de febrero de 2020. https://www.eldiario.es/politica/principales- problemas-espanoles-institucional-mediaticos_0_993201283.html

[11] Osiris. 2020. Comentario al articulo de Rosa María Artal «Un fascismo impregnado de franquismo y estulticia», ElDiario.es. 17 de enero de 2020. https://www.eldiario.es/zonacritica/fascismo-impregnado-franquismo- estulticia_6_985911416.html

[12] Faber, Sebastiaan y Gijs Mulder. 2018. «“Cuando la gente decide cambiar de Estado, eso es irreversible”—Carles Puigdemont, Expresident de la Generalitat». CTXT: Revista Contexto 3 de octubre. https://ctxt.es/es/20181003/Politica/22086/entrevista-carles-puigdemont-republica-catalana- irreversabilidad-proces.htm

[13] RTVE 2020. «Intervención íntegra de Mertxe Aizpurua (EH Bildu) en el debate de investidura». RTVE. https://www.rtve.es/alacarta/videos/especiales-informativos/intervencion-integra-mertxe- aizpurua-eh-bildu-debate-investidura/5477557/

[14] Delgado, Luisa Elena. 2014. La nación singular. La cultura del consenso y la fantasía de normalidad democrática (1999-2011). Madrid: Siglo XXI; Martínez, Guillem, ed. 2012. CT, o la cultura de la Transición: crítica a 35 años de cultura española. Barcelona: Random House Mondadori.

[15] Silva, Emilio. 2019. «Exhumar al dictador: y romper el concordato de la democracia con el franquismo». ElDiario.es 24 de septiembre de 2019. https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Exhumar-dictador-concordato-democracia- franquismo_6_945665467.html

[16] Echevarría, Ignacio. 2019. «Apuntes alrededor de Mientras dure la guerra». CTXT: Revista Contexto. 20 de noviembre de 2019. https://ctxt.es/es/20191120/Culturas/29670/mientras-dure-la-guerra-franquismo-ignacio- echevarria.htm

[17] Idem.

[18] Idem.

[19] EIU. 2019. Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest: A Report by the Economist Intelligence Unit. London: Economist Intelligence Unit. http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index-2019.pdf

[20] Gabilondo, Joseba. 2014. «Spanish Nationalist Excess: A Decolonial and Postnational Critique of Iberian Studies». Prosopopeya: revista de crítica contemporánea 8: 23-60; Gabilondo, Joseba. 2019. Introduction to a Postnational History of Contemporary Basque Literature (1978-2000): Remnants of a Nation. London: Tamesis.

[21] Faber, Sebastiaan y Bécquer Seguín. 2020. «How the Fight Over Spain’s Anti-Fascist Legacy Involves a Former “Nation” Editor». The Nation. 28 de diciembre de 2020. https://www.thenation.com/article/world/spain-antifa-civil-war/.

[22] Álvarez de Toledo, Cayetana. 2020. «Franco, Franco, Franco». El Mundo. 21 de septiembre de 2020. https://www.elmundo.es/opinion/2020/09/21/5f677a37fdddff7c878b4632.html

*Franco desenterrado se presentará en Barcelona (18 de marzo, 19h, La Central del Raval, con Magda Bandera, Ignacio Echevarría y Guillem Martínez) y en Madrid (22 de marzo, 19h, Traficantes de Sueños, con Olga Rodríguez, Antonio Maestre y Emilio Silva).

Portada: el helicóptero que traslada los restos de Franco sobrevuela el Valle de los Caídos (foto: J.J. Guillén/Reuters)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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