Asesinato en la ciudad "donde nunca pasa nada": el caso Sender-Barayón, Zamora, 1936 (I)

Asesinato en la ciudad «donde nunca pasa nada». El caso Sender-Barayón, Zamora, 1936 (y II): la visión de P. Preston, H. Graham y F. Espinosa

 
Eduardo Martín González
Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de Barcelona).
Foro por la Memoria de Zamora

La reciente reedición de Muerte en Zamora (Postmetrópolis, octubre de 2017) y el preestreno del documental Sender Barayón, viaje hacia la luz, realizado por Luis Olano, han vuelto a poner de actualidad uno de los hechos más paradigmáticos de la represión en la retaguardia franquista: el asesinato, el 11 de octubre de 1936, de la joven pianista zamorana Amparo Barayón, esposa de Ramón J. Sender, en su ciudad natal.

Aunque la noticia fue conocida en medios internacionales pocos meses después de producirse,  fue en los años 80, con la investigación realizada por su hijo Ramón Sender Barayón, cuando alcanzó la notoriedad y el simbolismo que en la actualidad se le atribuye por la contraposición entre la brutalidad del fascismo y una figura susceptible de ser asumida como icono feminista. Esta investigación se plasmó en 1989 en un libro que refleja los efectos de los pactos de silencio y ocultación en la configuración de la memoria familiar y colectiva de la represión franquista. Como una prolongación de estos efectos cabe interpretar la polémica que el libro suscitó en fecha tan tardía como 2005, y de la que dan noticia el texto que aquí se presenta y el artículo de Francisco Espinosa «Amparo Barayón, historia de una calumnia», incluido en su libro Callar al mensajero (Península, 2009) y que se publicará en una próxima entrada de este blog.

El asesinato de Amparo Barayón

En el momento de producirse la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Ramón J. Sender -que el año anterior había obtenido el Premio Nacional de Literatura por Mister Witt en el Cantón-, veraneaba en San Rafael (Segovia), con su esposa Amparo Barayón (nacida en 1904) y sus dos hijos, Ramón (nacido en 1934) y Andrea, de seis meses.  Antes de la ocupación del pueblo, Sender pasó hacia Madrid por la sierra, no sin antes pedir a su esposa que se fuera con los niños a Zamora, donde “nunca pasa nada”.

Seis años antes, Amparo había dejado su Zamora natal , donde era una personalidad destacada en el ambiente musical, para instalarse en Madrid. Procedía de una familia de clase media baja (propietarios del café Iberia y una fábrica de hielo y gaseosas) y de tradición progresista: su padre había presidido el comité provincial del Partido Republicano  durante la Restauración; el hermano mayor, Saturnino Barayón (nacido en 1892), fue elegido concejal de la conjunción republicano-socialista en abril de 1931 y, tras pasar por el Partido Radical y el PRRS, militaba en Izquierda Republicana y desde marzo de 1936 era diputado provincial;  otro hermano, Antonio (nacido en 1907), militaba en el PSOE y era tesorero de Ayuda Social a Familias Obreras y Presos. La propia Amparo, durante su estancia en Madrid, había simpatizado con la CNT y, tras perder su trabajo en Telefónica a raíz de la huelga de julio de 1931, aprobó en 1933 las oposiciones al cuerpo auxiliar de administración civil e ingresó en el Ministerio de Agricultura.

Al llegar a Zamora, dominada por los sublevados desde el 19 de julio, Amparo se encontró con que sus hermanos Saturnino y Antonio habían sido detenidos para ser trasladados a la cárcel de Toro (el primero el 26 de julio y el segundo el 14 de agosto). Trató de conseguir un pasaporte para trasladarse a Portugal y, desde allí, reunirse con su marido, que entretanto se había incorporado a las fuerzas defensoras de la República (donde llegaría a ocupar la jefatura de estado mayor de la I Brigada Mixta con Líster). Estas gestiones, unidas a los intentos de entablar contacto telefónico con él, generaron sospechas en las autoridades golpistas, que la detuvieron el 3 de agosto, aunque al día siguiente fue puesta en libertad.

El 28 de agosto, Antonio Barayón e Isidoro Ramos Páez (maestro de Ufones) fueron entregados al falangista Juan Luis Rodríguez, oficialmente para ser “conducidos a Zamora”, pero ambos fueron asesinados esa misma noche en las inmediaciones de Toro. Según las versiones recogidas por su hijo, Amparo conoció la noticia pocas horas después y, con motivo de unas gestiones en el Gobierno Civil, increpó al gobernador Raimundo Hernández Comes, firmante de las órdenes de traslado que en realidad constituían órdenes de ejecución extrajudicial. Fuera éste el motivo real o sólo el desencadenante, Amparo fue detenida y trasladada a la prisión provincial el día 29.

Tres semanas después, el 18 de septiembre, su hermano Saturnino fue “entregado a la fuerza pública”, junto a otros 27 detenidos, oficialmente para ser “conducidos a Zamora”, y en realidad en una auténtica caravana de la muerte conducida por fuerzas de Falange, de la Guardia Civil e incluso de la Guardia de Asalto, que tenía como destino el despoblado de Tejadillo, en el kilómetro 37 de la carretera de Tordesillas a Zamora, donde todos ellos fueron asesinados a las 11 de la noche, al parecer como represalia por el fusilamiento en San Sebastián del militar zamorano Félix Fernández Prieto, que había protagonizado la fallida intentona golpista en la capital guipuzcoana. Las autoridades certificaron, igual que en el caso de Antonio, que “murió a consecuencia de disparo por la fuerza pública cuando huía yendo conducido”(sic).

Entretanto, Amparo permanecía encarcelada junto a su hija Andrea, a la que aún amamantaba. Las condiciones en la sección de mujeres de la prisión de Zamora eran especialmente atroces, tal y como puso de manifiesto, en 1937, el testimonio escrito de Pilar Fidalgo, compañera de cautiverio de Amparo: el hacinamiento, la falta de atención médica a mujeres embarazadas o con hijos lactantes, los malos tratos y abusos sexuales y el terror psicológico generado por las sacas y las ejecuciones configuran un cuadro difícil de paliar, por mucho que sus límites hayan sido objeto de una polémica más que lamentable. Según los testimonios recogidos por su hijo, durante los dos meses y medio de su encarcelamiento, Amparo no recibió visitas ni atenciones de su familia, a diferencia de otros muchos detenidos. De este abandono culpó al esposo de su hermana Casimira, Miguel Sevilla Cabrero, sastre de eclesiásticos y militante tradicionalista que había sido candidato de la derecha católica en las elecciones municipales de 1931 (en las que no resultó elegido, a diferencia de Saturnino) y que se convirtió en el cabeza de la familia Barayón tras el encarcelamiento de Saturnino y Antonio.

El 10 de octubre de 1936 Andrea Sender Barayón fue separada de su madre y trasladada al hospicio. Al día siguiente Amparo fue entregada a un grupo de falangistas dirigidos por Martín Mariscal, con el supuesto destino de Bermillo de Sayago, y en realidad para ser asesinada en el cementerio de Zamora junto con  Juliana Luis García, de 61 años, y Antonia Blanco Luis, de 25 años, vecinas de Zamora. Al parecer, se le habían ofrecido auxilios espirituales antes de su asesinato pero el sacerdote le negó la absolución. Pocos años más tarde, sus restos fueron recuperados de la fosa común y trasladados al panteón de la familia de su hermana Magdalena, mientras que los restos de Antonio y Saturnino permanecen aún en paradero desconocido.

Los tres hermanos Barayón fueron sometidos, tras su asesinato, a expedientes incoados por la Comisión de Incautación de Bienes, que después pasaron a la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Como prueba de la importancia que los golpistas le atribuían, Amparo fue incluida en el expediente número 1 de la provincia, junto a otras 22 personas, casi todas asesinadas, y entre las que había personalidades tan destacadas como el presidente de la Diputación, Gonzalo Alonso Salvador, el diputado en Cortes Antonio Moreno Jover (ambos de Izquierda Republicana) o Antonio Pertejo (PCE) y Felipe Anciones (Izquierda Republicana). Durante la tramitación del procedimiento de Responsabilidades Políticas, Amparo Barayón fue objeto de informes por parte de las autoridades de Zamora: el teniente coronel Raimundo Hernández Comes, que durante su mandato como gobernador civil había firmado las órdenes de traslado y ejecución de los tres hermanos, justificó su muerte informando en 1937 que Amparo estaba “conceptuada como espía”; el comisario jefe de Investigación y Vigilancia, Manuel Flórez, informó que “dicha individua estaba considerada como comunista peligrosa” y que “según manifestaciones de una de las sirvientas, el matrimonio siempre estaba hablando del comunismo”. Finalmente, su expediente fue sobreseído en 1943.

Por su parte, Antonio y Saturnino Barayón fueron incluidos en el expediente número 3. Antonio fue acusado de ser presidente local del Socorro Rojo Internacional, “institución cuya expansión procuraba, por los medios a su alcance, lo mismo que la propaganda comunista, mediante folletos impresos y cartas”, aunque en realidad el presidente de la sociedad Ayuda Social a Familias Obreras y Presos, era José Platón (fusilado en 1938). En 1941, Antonio fue condenado a una multa de 50.000 pesetas y Saturnino a una de 30.000, si bien su hermana Natividad Barayón (Sor María de la Natividad del Niño Jesús) interpuso recurso de revisión, en nombre propio y de sus hermanos supervivientes, alegando que “sus hermanos arrastrados por falsos profetas ya pagaron su culpa con la máxima pena” y “que se han embargado bienes que no eran sólo de los expedientados sino también de los recurrentes y de otros hermanos”, ya que los bienes de Saturnino y Antonio, que fallecieron solteros, correspondían al caudal hereditario común. El recurso fue estimado por la Sala de Revisiones del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas en sentencia absolutoria de 5 de julio de 1943.

Las represalias contra la familia Barayón no terminaron aquí. Su sobrina Magdalena Maes Barayón, nacida en 1925, afirma no haber podido cursar estudios universitarios por su parentesco con tres víctimas de la represión, y lo cierto es que, pese a haber sido colaboradora del diario falangista Imperio (que en 1944 la presentaba como “la periodista más joven del mundo”), en 1947 fue detenida y condenada bajo la acusación de pertenecer al PCE.

El “caso Barayón” hasta 1989

En 1937 se publicó en el diario El Socialista y en sendos folletos editados en Francia y Gran Bretaña el testimonio de una compañera de cautiverio, Pilar Fidalgo, en el que se hacía referencia a la muerte de Amparo y a las condiciones de vida durante aquellos meses en la cárcel provincial de Zamora.

Tras muchos años de silencio y olvido, a los que no fue ajena la actitud del propio Ramón J. Sender, muy parco en explicaciones sobre las circunstancias de la muerte de su esposa -a la que sólo dedicó unas crípticas referencias en Los cinco libros de Ariadna– y de su propio hermano (Manuel Sender, asesinado en Huesca el 13 de agosto de 1936), fue su hijo, el músico Ramón Sender Barayón, criado en los Estados Unidos, quien decidió, poco antes de la muerte de su padre en 1982, reconstruir la historia de Amparo.

Sender Barayón inició su investigación por medio de contactos con su familia y de llamamientos públicos a través de cartas abiertas en el diario El País. Estas gestiones dieron lugar a la primera polémica, cuando el veterano socialista zamorano Román de la Higuera –prefigurando los elogios que a nuestra extraordinaria Transición harían algunos informantes locales de Muerte en Zamora– se dirigió públicamente a Ramón (El País, 03/03/1982) para prevenirle ante las “incalculables y desastrosas consecuencias” que podrían tener sus hallazgos: “cuando su padre (…) prefiere el tupido velo del silencio, demuestra una vez más su portentoso talento, y lo mejor que usted debiera hacer en estos momentos sería acarar tal deseo, dejándolo transcurrir por el apasionante y lento trayecto histórico, quien en última instancia resolverá con el tiempo la compleja, complicada y comprometida maraña de una época que por reciente no resulta aconsejable clarificar” (sic).

A pesar de estas perspectivas poco halagüeñas, de su escaso dominio del español, de la imposibilidad de acceder a fuentes de archivo y de la falta de contactos en Zamora, Sender llevó a cabo su investigación basándose casi exclusivamente en testimonios orales –de una parte de la familia y de un puñado de intelectuales locales bienintencionados pero con poca información útil que aportar-, lo que dio lugar a un relato coherente aunque con informaciones imprecisas y, en algún caso, inexactas. Dos de sus fuentes principales fueron los testimonios de dos compañeras de reclusión de Amparo: uno, escrito, de Pilar Fidalgo,y el otro, sus entrevistas con otra reclusa (casi adolescente en 1936), Palmira Sanjuán. El resultado fue A Death in Zamora, un libro editado en 1989 por la Universidad de Nuevo México, cuya traducción española –realizada por Mercedes Esteban-Maes Kemp (sobrina nieta de Amparo Barayón)- fue publicada el año siguiente por Plaza y Janés bajo el título de Muerte en Zamora, y la alemana por Kirchheim en el año 2000.

La edición original fue reseñada en el New York Times, por William Herrick, quien señalaba que “no es un libro bien organizado, llegando a veces a ser confuso. Cuáles de sus conclusiones están probadas y cuáles son conjeturas, no está siempre claro. Pero es el documento conmovedor de un hijo que finalmente descubre cómo era su madre: una mujer adorable, independiente, que vivió con pasión y fue a morir por estar casada con un escritor revolucionario”. La hispanista británica Helen Graham, por su parte, valoró el libro como un “una interpretación en microcosmos de casi todo lo que podemos aspirar a saber de la Guerra civil española, como Guerra civil, de sus complejas causas sociales y culturales y de sus tremendos costes y prolongadas consecuencias de paz incivil”, y asumió la figura de Amparo Barayón como paradigma de la condición femenina bajo la República, interpretando que no fue asesinada en el lugar de su marido sino por derecho propio, por ser una mujer moderna cuya liberación “inspiraba horror entre los pilares de la sociedad provinciana y entre los miembros conservadores de su propia familia”. En definitiva, y pese a sus limitaciones metodológicas, Muerte en Zamora convirtió este caso y a sus protagonistas, reales o supuestos, en paradigmas del terror del franquismo y de su opresión contra las mujeres sobre la base de la presentación de Amparo Barayón como “la primera joven emancipada de Zamora”, trasladada a Madrid “como medio de escape de los confines de su aislada ciudad natal, (…) la provinciana Zamora”.

El “caso Barayón” en Zamora

La lectura que se hizo de Muerte en Zamora en la ciudad natal de Amparo Barayón fue muy distinta. Hasta el momento de publicarse su edición española, había transcurrido más de medio siglo sin que ningún investigador hubiera publicado un estudio sobre la represión franquista en esta provincia. El Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana (publicado en París en 1970) había dedicado un vivo recuerdo a las víctimas del franquismo, que cayó en el vacío, y con la salvedad de un par de comunicaciones en congresos y de algunas someras referencias en una historia divulgativa (publicada en fascículos por El Correo de Zamora) y en una tesis doctoral –la de Miguel Ángel Mateos, dedicada a los procesos electorales de 1931-1936-, el tema permanecía prácticamente virgen a los ojos del público local. En consecuencia, en Zamora no se produjo el ajuste de cuentas masivo que temía Román de la Higuera, sino la reacción habitual en una sociedad levítica, es decir, silenciar la noticia molesta mientras fue posible. Sin embargo, aunque muy tardíamente, se terminó produciendo una polémica que lo llevó a las páginas de la prensa local.

Miguel Ángel Mateos, catedrático de historia contemporánea, con gran peso en la gestión cultural y la vida política de la provincia, reaccionó de manera muy tardía y con su habitual afán pedagógico, primero en un amplio capítulo monográfico de la Historia de Zamora publicada por la Diputación (1995), más tarde en una serie de artículos publicados en La Opinión-El Correo de Zamora (en 2005), y por último, en un encuentro universitario (2006). Al igual que Román de la Higuera, Mateos sobrevaloró los daños colaterales que Muerte en Zamora podría ocasionar en la sociedad local, y se impuso la tarea de corregir a su autor en el relato de las circunstancias y en la atribución de responsabilidades y móviles por la muerte de su madre, empleando en la crítica unos medios excesivos y un tono a todas luces inapropiado.

Mateos intenta hacer una historia científica de la guerra civil, desde una postura inequívocamente crítica con la dictadura y con los autores revisionistas, pero también con una aprensión manifiesta hacia los movimientos memorialistas. Se separa del paradigma historiográfico antifranquista al disentir de la teoría del plan de exterminio, pues vincula la represión con la resistencia al golpe (reproduciendo a veces como hechos probados las acusaciones con las que se justificaron las matanzas), y considera que la cuantía global de la represión republicana supera a la franquista. Por otra parte, el peso de sus convicciones ideológicas lastra sus aspiraciones científicas, al realizar generalizaciones abusivas (por ejemplo, exagera el peso de los izquierdistas conversos en el pistolerismo falangista, y minimiza la responsabilidad de la Iglesia magnificando los casos en los que algún párroco empleó su influencia para salvar a alguien), legitimando desacreditados lugares comunes de la memoria colectiva. Por todo ello, y muy a su pesar, su crítica a Muerte en Zamora fue interpretada como el intento de generar una versión oficiosa de los hechos a la medida de los intereses de la derecha local, lo que lo llevó a ser acusado de revisionismo neofranquista y a recibir réplicas no sólo de miembros de la familia Barayón sino también de historiadores tan prestigiosos como Francisco Espinosa, Paul Preston o Helen Graham.

Las objeciones que Mateos podía formular a la obra de Sender eran básicamente cuestiones de detalle, del tipo de discernir si las personas aludidas eran en verdad responsables de estos hechos concretos o solamente de otros similares, lo que le hizo aparecer, sin ser esa su intención, como el paladín de la reputación de unos personajes a los que sus propios descendientes no eran capaces de justificar de forma creíble, o incluso –como en el caso de Segundo Viloria- preferían que no se hablase de ellos ni para defenderlos. En último término, Mateos vino a matizar las responsabilidades de los aludidos con argumentos no siempre empíricos sino muchas veces basados en prejuicios sociales e ideológicos, del tipo de pensar que un liberal o un católico no podían cometer o alentar crímenes de odio, o que si los cometían era para hacerse perdonar su pasado.

Enfrentado a una obra que, pese a sus inexactitudes, era necesaria y oportuna, el historiador zamorano no se conformó con plantear unas puntualizaciones asépticas y respetuosas sino que construyó un relato alternativo, en el que su esfuerzo de contextualización terminaba eximiendo de responsabilidad moral a todos los personajes, excepto a un outsider, Martín Mariscal, carente de vínculos locales que obligaran al historiador a cualquier esfuerzo de justificación o contextualización, y cuyo supuesto final pondría a la historia un epílogo novelesco que demostrara que la realidad supera la mejor ficción, aunque  ello implicara dar por buena una leyenda urbana (o más bien rural) típica del imaginario colectivo sobre la represión franquista y que se acabó demostrando falsa, lo que lleva a concluir que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas.

Los puntos más controvertidos en la polémica suscitada por Mateos son la fiabilidad de los datos aportados por el opúsculo de Pilar Fidalgo y la atribución de responsabilidades en la muerte de Amparo, que Sender resuelve con una alegoría bíblica, representando como Judas, Pilatos y verdugo, respectivamente, a su tío Miguel Sevilla, al teniente coronel Raimundo Hernández Comes –cuyo apellido confunde con el de su suegro, el general Claumarchirant- y al abogado Segundo Viloria Gómez-Villaboa. A estos tres nombres se suman los del capellán de la cárcel, Anastasio Antón, del cura falangista Miguel Franco Olivares (participante habitual en las ejecuciones extrajudiciales), del obispo Manuel Arce Ochotorena y del médico Pedro Almendral Vega.

El “caso Sevilla”

Los hijos de Miguel Sevilla fueron los primeros aludidos que replicaron a las afirmaciones de su primo Ramón cuando el libro sólo se había publicado en inglés, edición de la que ellos tendrían noticia por la reseña que José María Carrascal publicó en ABC. Fue en ese mismo periódico donde los hermanos Sevilla Barayón respondieron con una carta remitida desde Sevilla (donde el cuñado de Amparo se había instalado con su familia después de la guerra), en la que contradecían la versión de Muerte en Zamora (que es la de otros primos suyos), dando a entender que la perdición de Amparo se debió a su empeño en reunirse con su marido en lugar de permanecer escondida en casa como le habría propuesto su familia. En este punto, afirmaban que Miguel Sevilla fue engañado por el gobernador Hernández Comes, quien habría ordenado detener a Amparo tras prometer a su cuñado que le concedería el salvoconducto, y tras incumplir su promesa habría llegado a amenazarlo, lo que resulta coherente con la idea de que, si bien era respetado por su historial tradicionalista, su influencia entre sus correligionarios no era suficiente para conseguirle un salvoconducto a su cuñada, ni para librarla de la prisión ni de la muerte.

Frente a la versión de Muerte en Zamora sobre el abandono de Amparo y sus hijos tras su detención, los hermanos Sevilla Barayón manifiestan que su madre hizo llegar diariamente comida a Amparo mientras estuvo en la cárcel, y que sus padres trasladaron a Ramón y Andrea a la frontera francesa y los entregaron a su padre. En la mayoría de los puntos se trata de contraponer la palabra de unos miembros de la familia a la de otros, sin posibilidad de verificación empírica, pero hay una evidencia documental que matiza desfavorablemente la versión de los Sevilla: Andrea Sender Barayón permaneció en el hospicio desde el 10 de octubre de 1936 hasta que Miguel Sevilla se hizo cargo de ella, el 5 de enero de 1937, para trasladarlos (a ella y a Ramón) a la frontera francesa.

No hay ningún indicio de que Amparo fuera denunciada por su cuñado, al margen de los reproches morales que merezca su conducta hacia ella durante su encarcelamiento y hacia sus hijos tras su asesinato, y del contraste sangrante con la posterior movilización de la familia para recuperar los bienes incautados a Saturnino y Antonio, y tampoco parece que las autoridades militares necesitaran denuncias surgidas del ámbito familiar para decidir su muerte.

El “caso Hernández Comes”

Ramón J. Sender era bien conocido en la sociedad zamorana –ya en 1932, La Mañana, órgano de los republicanos y socialistas locales, había publicado colaboraciones suyas-, y era un personaje odiado por las derechas y, muy especialmente, por las fuerzas de orden público -denunciadas en O.P., en Siete domingos rojos o en sus reportajes sobre Casas Viejas-, y por los militares africanistas aludidos en su novela Imán: recordemos que Millán Astray dirigía en aquellos momentos el aparato propagandístico del Cuartel General del Generalísimo en Salamanca y que aprovechando esta circunstancia campaba a sus anchas por Zamora, dedicado a la amenaza, a la extorsión y a promover la represión; sin olvidar que el propio teniente coronel Hernández Comes, gobernador civil de Zamora tras el golpe, había prestado sus primeros servicios en Marruecos, donde su padre fue comandante general de Melilla. Todo ello parece configurar un cuadro que, unido al pretexto de las sospechas de espionaje, esgrimido en el informe de Hernández Comes, sería suficiente –en la retorcida pero implacable lógica de los golpistas- para que las autoridades militares, en un punto u otro de la cadena de mando, decidieran su muerte sin demasiados escrúpulos.

Hay un factor que Sender Barayón destaca y que Mateos tiene en cuenta como posible desencadenante de la decisión de encarcelar a Amparo: los reproches formulados al gobernador Hernández Comes por la muerte de su hermano Antonio. Esta circunstancia se inscribe en las coordenadas habituales de la violencia franquista contra las mujeres y motiva con frecuencia la extensión hacia ellas de una violencia que en principio iría dirigida contra los varones de sus familias, ya sea como represalia por haber dirigido reproches públicos contra los asesinos o denunciantes de sus familiares  o por no haber podido detener a éstos, por estar en la zona gubernamental o escondidos.

La responsabilidad del gobernador golpista Hernández Comes en centenares de ejecuciones extrajudiciales fue planteada por el hijo de Amparo en su investigación, y dio lugar a uno de los momentos más tensos de Muerte en Zamora, cuando el hijo del militar –Venancio Hernández Claumarchirant,  abogado en ejercicio desde 1929, gestor de la Diputación Provincial tras el alzamiento, alcalde de Zamora, procurador en las Cortes franquistas y decano del Colegio de Abogados en 1973-1992- despachó con cínicas evasivas a un Sender Barayón que apenas había sido informado de quién era su interlocutor. Un cuarto de siglo después, la polémica se reprodujo –con distintos protagonistas- a raíz de las revelaciones de Manuel González Hernández sobre Martín Mariscal, de las que ofreció un adelanto en 2013. Este investigador reconstruyó la trayectoria el presunto autor material de la muerte de Amparo Barayón y descubrió que, en contra de la leyenda a la que Miguel Ángel Mateos dio crédito (y que habría inspirado incluso una novela gráfica de Carlos Giménez), Mariscal no murió por la venganza de la familia de una de sus víctimas sino de muerte natural, en su cama, quince años después de estos hechos. La mención de González Hernández a las órdenes de ejecución encubiertas como traslado firmadas por el gobernador dio lugar a la respuesta de Antonio Hernández Pérez, descendiente de Hernández Comes, cuyos argumentos para desmarcar al teniente coronel de la violencia en la retaguardia zamorana no aportaban nada nuevo, y se limitaban a dar una nueva vuelta de tuerca a los tópicos habituales.

El principal argumento de Hernández Pérez es que el teniente coronel Hernández Comes protegió a algunas personas de izquierdas, lo que no representa ninguna novedad, pues ya fue acusado de ello en los informes que propiciaron su destitución en 1937, como también lo fue de haber ordenado la muerte de otras personas “de izquierdismo más tibio”, todo lo cual no tiene otro significado que el de los recursos habituales en las disputas entre las distintas facciones partidarias del golpe de estado, y su pretendida significación humanitaria apenas disimula el más descarnado tráfico de influencias y la arbitrariedad de la represión franquista. Por otra parte, las pruebas documentales demuestran la connivencia, que su descendiente niega, con los pistoleros falangistas: las órdenes de “traslado” firmadas por Hernández Comes mencionan expresamente en qué manos debía dejarse a los detenidos, y si Mariscal cayó en desgracia no fue por ser excesivamente sanguinario –otros ejecutores de peor historial conservaron cargos y prebendas en Zamora tras la guerra- sino por dirigir ocasionalmente su violencia contra partidarios del golpe o personas situadas bajo la protección de las nuevas autoridades, o por realizar requisas y rapiñas no sólo en beneficio de la causa –lo que se consideraba admisible- sino también en provecho propio. Precisamente el hecho de que algunos ejecutores de la violencia en la retaguardia zamorana fueran procesados, en algún caso encarcelados y, un par de ellos, condenados a muerte, indica exactamente, por excepción, cuáles eran los límites de lo que las nuevas autoridades estaban dispuestas a tolerar, y desde luego, esos límites ampararon la práctica totalidad de los asesinatos cometidos en la provincia.

El “caso Viloria”

Otra cuestión que ha hecho correr ríos de tinta es la autoría material del asesinato. El recibo de entrega de las detenidas que fueron asesinadas esa noche fue firmado por Martín Mariscal, y el propio Sénder, basándose en testimonios orales, habla de un “pelotón de fusilamiento” del que formarían parte “Sebastián el droguero y el cartero Mariscal”, además del abogado Segundo Viloria Gómez-Villaboa (Muerte en Zamora, p. 147). A lo largo de su obra, el hijo de Amparo centra la responsabilidad de la autoría material del asesinato en Viloria, que sin duda era la personalidad más destacada de las tres citadas, como hijo del arquitecto zamorano de mayor prestigio, emparentado con varios alcaldes monárquicos de Valladolid, cronista judicial del Heraldo de Zamora, abogado con gran actividad en los tribunales (injustamente infravalorada por los informantes de Sender), compromisario maurista en la elección de presidente de la República en mayo de 1936 y responsable de la guardia nocturna de la Diputación, integrado más tarde en la segunda línea de Falange.

No cabe duda de que la figura de Viloria ha sido la más perdurable en Zamora como paradigma de la represión de retaguardia, aunque otros dos o tres ejecutores –incluido el propio Mariscal- superen su cifra de víctimas. Esta fama ha llevado su nombre a las páginas de obras de ámbito general (Víctimas de la guerra civil) e incluso de la narrativa de ficción (Andrés Sorel). En el caso de Amparo, la presencia de Viloria en el relato de Sénder resulta verosímil –o al menos, coherente- por la cercanía de los entornos sociales de ambos, que lleva a sus informantes a aventurar un amor despechado de Viloria por Amparo como móvil para asesinarla. Aunque ambos se conocieran, Mateos afirma que la estratificación social de la burguesía zamorana habría impedido una relación igualitaria entre un Viloria (vinculado a la elite local) y una Barayón (de clase media baja), así que cabría atribuirle unos propósitos  más donjuanescos que matrimoniales, y el rechazo por parte de ella difícilmente generaría un resentimiento tan duradero como para servir de móvil criminal a un Viloria que en 1936 era un hombre casado y con hijos. Mateos, que ni siquiera reconoce que Sender ya había incluido a Mariscal entre los asesinos de su madre, descarta la presencia de Viloria entre ellos por entender que en tal caso, la firma de Mariscal como responsable del traslado habría sometido a Viloria a una dependencia jerárquica respecto de un subordinado, lo que supone, cuando menos, una fe exagerada del historiador zamorano en la rigidez ordenancista de las operaciones represivas de retaguardia: si Viloria no hubiera podido intervenir en una acción bajo la responsabilidad nominal del sargento de milicias Mariscal, ¿cómo se entendería su presencia –documentada- en una incursión en Villalpando dirigida por el también sargento Luis Varela Nieves, y en la que, por cierto, participaron también destacados miembros del Requeté (antes de la unificación)?

El “caso Almendral”

Mención aparte merece, entre las reacciones de los aludidos, la suscitada por las acusaciones contra Pedro Almendral Vega, médico de la cárcel de Zamora durante la República y el primer franquismo, fallecido en 1944. Almendral se convirtió en una bestia negra de las izquierdas zamoranas, por su falta de atención a los detenidos en octubre de 1934 que habían sido torturados antes de su ingreso en prisión, de manera que tras la victoria del Frente Popular fue denunciado  por estos hechos, sufrió un intento de linchamiento y fue invitado por el gobernador Lavín a abandonar la provincia hasta que se calmaran los ánimos, por lo que no regresó hasta agosto de ese año. En el ya mencionado testimonio de Pilar Fidalgo, Almendral es acusado de no haber prestado ninguna atención sanitaria a las reclusas de la cárcel ni a sus hijos, lo que habría agravado sus padecimientos y habría costado la vida a algunos de éstos. Según Fidalgo, Almendral habría llegado a decir que el mejor remedio para ella era la muerte, y estas palabras son recogidas por Sender Barayón en el Muerte en Zamora. En su libro de 1995, Mateos cuestionó la veracidad de este testimonio y se erigió en avalista de Almendral, considerando que su filiación albista garantizaba un talante liberal incompatible con el odio que refleja la anécdota. En cuanto al enfrentamiento del médico con la izquierda zamorana, Mateos lo atribuye erróneamente a su supuesta desatención a Rafael Ramos Barba, joven militante de la JSU asesinado por un falangista en mayo de 1936 (momento en que Almendral no se encontraba en Zamora), cuando la controversia procedía de 1934, como hemos visto.

Hasta aquí, el “caso Almendral” habría sido un apéndice menor del “caso Sender”, pero se vino a complicar con la irrupción de su nieta Anabel Almendral Opperman, profesora de literatura alemana en la Universidad de Castilla-La Mancha. En los últimos años de su carrera docente, la doctora Almendral incrementó sus contactos con la provincia natal de su padre, también médico (que amplió sus estudios en Alemania, donde habría conocido a su madre), y así, dejó de lado sus estudios sobre Rilke para reivindicar a Pedro Álvarez Gómez (periodista del Movimiento y novelista de sabor popular zamorano), para donar al Museo Provincial su colección de obras de Gallego Marquina y para obsequiar a la Virgen de las Angustias con una medalla de la familia. Pero el retorno a sus raíces paternas no se ha quedado en estos gestos más o menos inofensivos y en algún caso encomiables, sino que ha incluido una inmersión de hoz y coz en la peor bilis de la derecha zamorana, y el 13 de julio de 2004 quiso “poner los puntos sobre las íes” en relación a su abuelo, durante una entrevista en La Opinión-El Correo de Zamora, y replicó a un libro, Muerte en Zamora, que demostraba no haber leído, respondiendo que Amparo Barayón ingresó en la cárcel “tremendamente enferma, de sífilis” y que el doctor Almendral “dijo que para lo que le quedaba de vida era mejor que la subieran a la enfermería”. Esta afirmación, contradictoria con el atestado de ingreso en prisión y con las evidencias de la historia clínica de sus descendientes, fue replicada por Miguel Ángel Mateos –recogiendo a duras penas los pedazos del mito del “viejo liberal albista”- y por la familia de la víctima. Uno y otros pidieron a la doctora Almendral –el primero, por “caridad cristiana”; los segundos, incluso dictándole un formulario que le facilitara el trámite, dada la pereza lectora que había demostrado con Muerte en Zamora– una rectificación que nunca ha llegado.

Epílogo: Ni verdad, ni justicia, ni reparación

Una última y tardía reparación simbólica tuvo lugar en el año 2008, cuando el Ayuntamiento de Zamora, en el marco de una campaña que incluyó homenajes similares a los también asesinados Felipe Anciones (Izquierda Republicana), Manuel Antón (UGT) y Antonio Pertejo (PCE), y que contó con los votos favorables de ADEIZA (con Miguel Ángel Mateos como portavoz), PSOE e Izquierda Unida y la abstención del PP (con la alcaldesa Rosa Valdeón al frente), puso el nombre de “Hermanos Barayón” a una calle de nueva apertura en el barrio de Pinilla. Seis años más tarde, en agosto de 2014, seguramente ignorando esta abstención y su significado, o confundiendo el mantra postfranquista de la “concordia” con una voluntad sincera de “reconciliación”, la bloguera Hortensia Hernández  propuso públicamente a Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, a la directora de La Opinión y a los hijos de Amparo Barayón reunirse con ella para “lanzar al viento una paloma con el compromiso de un futuro de paz y reconciliación”.

Fuentes:

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Fotografías no acreditadas: Mercedes Kemp, Luis Olano y La Opinión de Zamora.

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