Isidro Román Lago
Alumno de Doctorado de Historia. Universidade de Santiago
Introducción
«Hace pocos años que se está abriendo el espectro y los perpetradores están siendo puestos en la mira. También los salvadores comienzan a recibir la atención y el reconocimiento que merecen.«[1]
Tal y como lo manifestaba Diana Wang en 2009, psicoterapeuta argentina de origen polaco superviviente del Holocausto, los estudios sobre los perpetradores en Alemania comenzaron a tener un importante desarrollo a partir del año 2000, en un intento de responder a cuestiones que desde una óptica exclusivamente centrada en las víctimas difícilmente serían alcanzables: ¿De qué forma influye en el hecho de la perpetración el discurso basado en líneas divisorias excluyentes?, ¿Qué empuja a un individuo a cometer actos de violencia extrema?, ¿Cómo justifica sus propios actos?… podrían ser preguntas que buscan una respuesta en el estudio de los perpetradores. En el Estado español, la irrupción de los perpetradores y de los salvadores como objeto de estudio es más tardía. Proponía el profesor Lourenzo Fernández Prieto en 2012 ese estudio a modo de nueva línea de investigación para el futuro; se trata, decía, «de indagar los porqué y de saber en qué condiciones se produce la persecución y la matanza como método de acción política en el territorio sublevado”. Una vez conocidas “más a fondo las víctimas de la persecución, es preciso conocer a los verdugos» [3].
En los últimos veinte años mucho se ha avanzado en el estudio de las víctimas del golpe de estado y posterior guerra civil, alcanzándose un punto culminante en los llamados años de la memoria. Fruto de estos esfuerzos son una serie de proyectos de recuperación no sólo de los nombres sino, en la medida de lo posible, de la memoria de los represaliados. Para el caso gallego, hay que citar ineludiblemente el proyecto Nomes e voces, que se propuso investigar los nombres, las voces y los lugares de la represión, consiguiendo cuantificar los y las asesinadas en el período 1936-1940. Es precisamente este avance en nuestro conocimiento de las víctimas lo que origina la apertura de nuevas propuestas, donde el foco de atención se desplaza de ellas, a las que se presupone estudiadas, quizás fruto de una visión en exceso optimista de los resultados alcanzados hasta ahora, a los perpetradores[4].
Los perpetradores, definidos metafóricamente como “o elefante branco no cuarto, [donde] a súa presenza é tan evidente que non os damos atopado porque aínda que estaban aí nin os mirábamos nin os viamos”[5], son parte indispensable del hecho represivo pero, tal y como sostiene Adorno, la «integración social cae sobre los sujetos como si fuera irresistible«,[6] por lo que suponerlos «como sujetos en sí, transcendentales y abstractos, negaría su mediación por todos los demás sujetos y su dependencia a su entorno social»[7]. Así pues, todos los sujetos que participan (verdugos, víctimas, observadores pasivos o activos, salvadores y salvados) son sujetos históricos y, por lo tanto, están insertos en un determinado contexto donde se interrelacionan entre sí. Esto otorga a todos los actores una característica fundamental: el dinamismo. Son dinámicas las interrelaciones entre los individuos y consecuentemente no existen relaciones inequívocas constantes entre perpetradores y potenciales víctimas, o entre un perpetrador concreto y el conjunto de las potenciales víctimas, o entre el salvador, el salvado o la víctima. El dinamismo afecta a todas las categorías del análisis, por lo que las motivaciones para convertirse en salvador son múltiples y en todo caso están ligadas al contexto concreto donde se producen.
El presente trabajo se centra en la figura de unos salvados por la acción de otros actores. Para acercarnos a ellos es preciso situarnos en el contexto anterior al golpe de estado de julio de 1936, ya que los hechos que suceden a partir de ese momento están muy imbricados en los meses anteriores.
Nuestra propuesta es el estudio de la supervivencia de una serie de trabajadores de una empresa que, por su trayectoria sindical o política y su compromiso, unos con el régimen republicano y otros con el movimiento obrero, entraban dentro de las víctimas potenciales. ¿Por qué no fue así?, ¿Quién y por qué acudió en su ayuda? Pretendemos también ofrecer una visión evolutiva de estos supervivientes salvados para reflejar ese dinamismo del que hablábamos.
Dinámicas de conflicto y presencia social
Nuestro estudio se centra en una fábrica concreta y en los trabajadores afiliados o comprometidos políticamente antes de julio de 1936 con alguna de las organizaciones políticas o sindicales actuantes en Vigo en ese momento. La fábrica era el astillero Hijos de J. Barreras.
La empresa, fundada en 1892 por la familia de origen catalán Barreras Massó, comienza desarrollando, como actividad principal, la salazón y la conserva de sardina. Empujados por los buenos resultados en la actividad conservera, deciden dar el salto a la construcción de buques como actividad complementaria. En 1928, en un contexto de fuerte crecimiento del sector pesquero y una actividad ya centrada en la construcción de buques, Hijos de J. Barreras se convierte en sociedad anónima gracias a una ampliación de capital de 5 millones de pesetas, conservando la familia el control de la firma. Sin embargo, el ciclo expansivo del sector desaparece a partir de 1932 y se ven forzados a una reorientación de su actividad ante la caída de la demanda de buques[8]. Esta reorientación se concreta en la fabricación de motores diésel bajo patente holandesa y en la diversificación la producción: calderas para locomotoras y diferentes estructuras metálicas para puentes y estaciones de ferrocarril. Pero el aldabonazo definitivo que le hace superar definitivamente la crisis es una serie de contratos con Campsa en 1934 para la construcción de tanques de combustible y barcos guardapescas para la Armada.
La presencia sindical en el interior del astillero es un calco de la que se produce en el conjunto de la ciudad: la Unión Metalúrgica (UM) de UGT, que es la sección sindical mayoritaria, seguida a poca distancia por la sección del Sindicato Único Metalúrgico (SUM) de CNT. Quizás, la mayor diferencia en cuanto a la composición de las dos secciones sindicales sea la presencia entre la anarcosindicalista de buena parte del grupo dirigente del SUM, siendo en el caso socialista un perfil más bajo. No es de extrañar que los conflictos laborales que afectaban al conjunto del sector del metal tuviesen una repercusión inmediata en la factoría.
El conflicto más importante que vive la empresa durante el período republicano se extiende desde noviembre de 1935 a marzo de 1936. Se trata de una huelga general local del sector del metal. El repertorio de movilización de esta huelga es muy amplio y contiene todo tipo de acciones, desde intentos de negociación con mediadores externos, hasta acciones de sabotaje con colocación de bombas en los talleres que no secundan el paro. La huelga unitaria (UGT-UM, CNT-SUM) se dirige desde un comité conjunto. Un análisis de las reivindicaciones que originan el conflicto muestra que nos encontramos ante una movilización de carácter ofensivo. Se pretende lograr “o control da contratación, o pago proporcional das vacacións ao tempo de traballo, a readmisión dos despedidos tras outubro de 1934.”[9]
Su importancia radica en la capacidad de las organizaciones obreras para paralizar totalmente la actividad en el sector durante cuatro meses, pero también en la visibilización de una extensa red de apoyos en todo tipo de organizaciones sociales tejidos durante años, que durante el conflicto se activan para apoyar a los trabajadores. Este hecho remarca la existencia de una cultura política, de
«un sistema de representación compartido en el que la interacción permanente de discursos y prácticas sociales por parte de los individuos constituye un eje básico en la construcción de sus identidades políticas y sociales. Entre esas prácticas, la sociabilidad ocupa un lugar fundamental»[10].
En enero de 1936, en un intento de frenar la expansión del conflicto fuera del marco laboral a través de estas redes de solidaridad informal, el Gobierno Civil de Pontevedra prohíbe todos los mítines de solidaridad con los trabajadores[11]. Sin embargo, las redes informales establecidas hacen posible que esta solidaridad se muestre por otros canales mucho más efectivos y que la ciudadanía participe y apoye las reivindicaciones de los trabajadores en huelga. Esta implicación de la ciudadanía en la acción solidaria se manifiesta, por ejemplo, a través de los equipos de fútbol amateurs más importantes de la ciudad que organizan un torneo, la Copa Metalúrgicos, con objeto de recaudar dinero para los huelguistas, la cual comenzará a disputarse el 26 de enero de 1936[12].
Finalmente, con la intermediación directa del Ministerio de Trabajo, ya durante el gobierno del Frente Popular, el conflicto concluye el 4 marzo con una victoria parcial de los trabajadores, que consiguen la mayor parte de sus reivindicaciones, entre ellas el control sindical de las contrataciones. De hecho, la intermediación del Ministerio de Trabajo en la resolución del conflicto origina la pérdida de confianza por parte de la patronal del metal y de la dirección de la empresa en la política del nuevo gobierno: «Al ser entregado el Gobierno al Frente Popular comprendimos que la huelga la teníamos perdida y que el provenir de nuestra industria dependía, más que de nosotros, de la orientación que diera ese Gobierno a las excesivas exigencias de los obreros»[13].
Esta victoria abre un corto período de ofensiva de las organizaciones obreras que, actuando de forma unitaria, originará un aumento de pequeños conflictos saldados con victoria sindical y que suponen la recuperación de derechos perdidos en el bienio anterior[14]. Ejemplo de la ofensiva de las organizaciones obreras son los acuerdos para la vuelta al trabajo en la huelga de tranviarios de abril de 1936. En primer lugar, se acuerda el despido inmediato de todos los trabajadores contratados como consecuencia de los despidos ocasionados por la revolución de Asturias de 1934, la supresión de todos los ascensos desde el 6 de octubre de ese mismo año, con una mención particular a tres trabajadores que deben ser separados del servicio inmediatamente por considerarlos «perjudiciales para el logro de una armonía duradera entre la Empresa y el personal tranviario». Por último, se logra también el control sindical de las nuevas contrataciones[15].
Este resumen demuestra la potencia de la acción conjunta de UGT-UM y CNT-SUM y la reacción de la patronal, en este caso ejemplarizada por la dirección de Barreras e Hijos. Pero no sólo la patronal reacciona, FE-JONS también lo hace. Ante la demostración de la capacidad de actuación de los líderes de las organizaciones sindicales, a finales de enero de 1936 se producen amenazas de muerte de FE-JONS a uno de los jóvenes líderes de la Federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT, Luís Quintas Figueroa. Estas amenazas se saldan con la decisión del grupo de afinidad donde se encuadra Quintas de eliminar a todos falangistas, atentando contra ellos en una de sus reuniones[16]. La acción se desarrolló el 6 de febrero, cuando un grupo de cinco libertarios irrumpió en el local de FE-JONS en medio de una reunión con la intención de matar a los que allí se encontraban. Finalmente, el suceso se saldó con un muerto por cada parte. Para FE-JONS este hecho tiene una gran transcendencia: José Antonio Primo de Rivera felicitó y condecoró a los falangistas heridos. El fallecido, Luís Collazo, pasó a ser considerado como el primer falangista gallego “muerto gloriosamente”[17]
El 20 de julio se subleva la Guardia Civil y el acuartelamiento militar de la ciudad. Desde el día anterior, siguiendo las consignas de la Alianza Obrera, en Vigo está declarada la huelga general[18]. Al conocerse la noticia de la sublevación se organiza una desesperada resistencia armada. El combate se desarrolla durante dos días de forma intensa y casi una semana de tiroteos nocturnos e intentos de apresar a los huidos en los montes de los alrededores. Cuando la situación militar quedó bajo control, el objetivo prioritario de los sublevados fue localizar y detener a las autoridades y líderes político-sindicales de la ciudad y, por otra parte, desarbolar totalmente la huelga general.
El 27 de julio una comisión de vecinos «personas apartadas de los extremismos políticos» le pide a la población local que deponga las «diferencias y luchas para resolverlas después en un ambiente de más tranquilidad, cooperación y armonía. Volved, pues, a vuestros puestos y empleos, seguid con vuestras ocupaciones diarias (…)»[19].
Al mismo tiempo, la autoridad militar publica una orden dirigida a establecimientos mercantiles e industriales para que remitan un listado de todos aquellos trabajadores que no se presenten en sus puestos de trabajo. El objetivo era doble. Primero, amedrentar a los trabajadores que persistían en los paros y, segundo, confeccionar un listado de los desafectos para posteriormente actuar contra ellos. Tres días más tarde, el 30 de julio, se publica en el BOJDN el Bando de Declaración del Estado de Guerra, que viene a substituir/completar a los que se habían ido dictando desde el 18 de julio en cada localidad o provincia y en el que se tipifica la ausencia o abandono del trabajo como delito de rebelión[20]. Aun así, la situación está lejos de normalizarse ya que
«existen ciegos y sordos -aunque pocos- que se empeñan en no querer ver y en cerrar los oídos a las voces de la realidad, que proclaman, por fortuna para España, los hechos consumados (…) Solamente un calificativo muy suave queremos aplicar a esos ciegos y sordos: el de suicidas, con los consiguientes daños para ellos y sus familias.«[21]
Para presionar aún más a los trabajadores que persisten en la huelga, el 2 de agosto la Gestora Municipal afirma que todos aquellos que no se hayan presentado en sus trabajos desde la declaración de la huelga el 19 de julio deben considerarse despedidos y autoriza a los patronos a ocupar los puestos dejados vacantes con personas incluidas en la recientemente constituida bolsa de trabajo[22]. Ese mismo 2 de agosto se informa de que son muchos los metalúrgicos que se presentan en sus respectivas empresas y tres días más tarde, el 5, se puede afirmar que la situación laboral reviste casi normalidad[23].
Entre el 20 de julio y 5 de agosto mueren en los combates contra los sublevados unas 36 personas y son paseadas cinco. Los asesinatos se incrementarán drásticamente durante el mes de agosto y setiembre será el mes donde se produzca el pico, tanto de asesinados judiciales (por consejo de guerra) como extrajudiciales, del segundo semestre de 1936[24].
El proceso de salvación, ¿casualidad o causalidad?
El 1 de agosto se publica la primera lista de donantes para el aprovisionamiento de las «fuerzas que tan valiente y abnegadamente actúan en la ciudad». La colecta está organizada por la Federación Gremial de Patronos a través del Comité Local Pro Abastecimiento, creado para la ocasión en el seno de la misma patronal[25]. Las donaciones son concebidas como aportaciones “voluntarias” de los ciudadanos, empresas, instituciones, cualquier tipo de asociación. Sin embargo, bien pronto, el 16 de agosto, las aportaciones individuales (tanto de personas físicas como jurídicas) se verán completadas por exacciones realizadas por las empresas a sus trabajadores[26]. Estas exacciones se hacen públicas de dos formas. La primera, publicando una cantidad común, de todos los empleados, sin especificar que cantidad es detraída a cada uno de ellos, y la segunda, expresando la cantidad que se le descuenta a cada trabajador[27].
A partir de estas donaciones conocemos la plantilla que está trabajando en Barreras e Hijos, S.A. el 12 de setiembre, una vez concluida la huelga general. La empresa detrae del salario de todos sus empleados (incluido el personal directivo y su director gerente) las donaciones con las que contribuye a la Suscripción pro Abastecimiento del Ejército. Un mes más tarde, el 12 de octubre, descuenta también un donativo para sufragar una medalla de platino y brillantes para el comandante militar de la plaza que declarara el estado de guerra el 20 de julio. El primer descuento consiste en una exacción proporcional al jornal y en el segundo una cantidad fija de una peseta, pues así se había establecido al iniciarse la suscripción. La prensa destaca la importancia de estas aportaciones por parte de obreros metalúrgicos, ya que entre ello «la propaganda marxista había llegado a tener hondas raíces, hace mucho más significativo este donativo expontáneo (sic), que debe interpretarse como el deseo de esos obreros y empleados de una nueva era de paz, de tranquilidad y de prosperidad«[28] A partir de estos listados de donantes conocemos que en la factoría trabajan, entre el personal directivo, técnico y personal obrero, 534 personas. Entre estas encontramos 36 con militancia anterior al 20 de julio, tanto en organizaciones republicanas como en organizaciones de carácter obrero[29]. En concreto, 18 afiliados a CNT-SUM, 4 a UGT-UM, 6 agrarios y 6 republicanos. Numéricamente esta presencia no es significativa, tan sólo supone el 6,55% del conjunto del conjunto de los trabajadores, pero si analizamos individuo por individuo sí que se torna relevante.
Fijamos la lupa sobre cuatros políticos y sindicales, ya que pretender llegar al conjunto de los militantes, con las fuentes hoy disponibles, resulta imposible. Es relevante, pensamos, la presencia de cuatro miembros de la dirección del SUM: Enrique García Comesaña, vicepresidente desde junio de 1936[30]; Domingo González Fernández, revisor de cuentas de la Federación Local de Sindicatos Únicos, representando al SUM; Guillermo Barreiro Montenegro, vicepresidente hasta junio de ese año y Gumersindo Barreiro Fernández, vicesecretario. Cuatro miembros de las direcciones de las secciones de constructores de envases metálicos y de la construcción naval de UGT, entre los que destacan Antonio Varela, miembro de la dirección de la sección de constructores de envases metálicos de UGT-UM en 1936, y Rogelio Caride Pérez, miembro del Jurado de la industria siderometalúrgica desde 1932. El candidato a la alcaldía de Vigo en las frustradas elecciones municipales de abril de 1936 por el PSOE (Teodoro Goicoechea Iglesias) o del segundo teniente de alcalde del Frente Popular en el ayuntamiento de Teis (Rogelio Cabaleiro Domínguez)[31]. Alguno de ellos no sólo se había distinguido durante todo el período republicano por su actividad política o sindical, sino también por desarrollar una gran labor de agitación cultural. Entre la plantilla en activo en octubre de 1936 están directivos del Centro de Estudios Sociales y Científicos “La Libertad” de las parroquias de Beade y Sárdoma, animadores culturales del Grupo Artístico Pablo Iglesias o uno de los promotores del Comité Pro-Presos y Perseguidos Internacional, de inspiración anarquista[32].
Encontramos también destacados elementos de acción de la organización anarcosindicalista con detenciones previas por acciones violentas durante conflictos laborales. Los hermanos Cobas Vidal, Enrique y Manuel, detenidos en agosto de 1933 y acusados de atentar contra la Casa del Pueblo en la huelga de fundidores, no secundada por el sindicato socialista, o Antonio Grillo Moreira, detenido en junio de 1933 y también acusado de la colocación de artefactos explosivos en la mencionada huelga. Completa esta descripción la presencia de hombres con fuerte presencia pública de la huelga del metal antes descrita, entre los que hay que resaltar a José Campos Quintela, que además era un destacado militante de la FAI.
¿Qué está pasando?, ¿Cómo se explica la presencia en el centro de trabajo de personas con estos perfiles políticos y sociales en un momento de máxima represión de los posibles opositores?, ¿Estamos ante un error en el aparato represivo?, ¿Sobreviven estas personas por adaptarse o por pasarse a los sublevados?
En primer lugar, no es posible pensar que se trate de ignorancia, tanto por la transcendencia social de las personas implicadas como por su participación activa en conflictos previos, ya sea en la resistencia contra la sublevación o en los organismos paritarios de resolución de conflictos de la República. Pero no sólo por eso. Al igual que constatamos la presencia de estos cuadros sindicales, también sabemos de la presencia de elementos falangistas y japistas entre sus compañeros. En concreto, siete afiliados a FE-JONS, 1 a la CONS y 2 a la JAP[33]. Por lo tanto, la falta de información no está entre las causas de su supervivencia.
El 25 de julio de 1936 se inicia la Causa 141/36, instruida en el Juzgado Eventual de la plaza de Vigo por «tenencia de explosivos, armas, libros y folletos diversos en los locales de los Sindicatos de Industrias Pesqueras, Boteros y otros», afectos a la FLSU de la CNT de Vigo[34]. Entre ellos se encontraba el SUM, ya que gran parte de los plenos del sindicato se efectuaban en su local. Los encausados, más de 50 personas, forman las directivas de las organizaciones sindicales que compartían el mismo local. Entre ellos, también, los dirigentes de CNT-SUM que trabajan en Barreras en ese momento: Domingo González Fernández, Guillermo Martínez Montenegro, Enrique García Comesaña y Gumersindo Barreiro Fernández. Después de prestar declaración sobre la existencia de armas y explosivos en el local de reuniones, el 24 de setiembre el Juez Militar ordena la detención de todos ellos. Sin embargo, el 27 de setiembre solicita por vía telegráfica al Auditor Militar de Pontevedra que se les conceda a Guillermo y a Domingo la prisión atenuada[35]. Ese mismo día se concede la medida solicitada. La providencia del Auditor militar es reveladora: «…que se tome las medidas convenientes a fin de que los detenidos en prisión atenuada Guillermo Martínez Montenegro y Domingo González Fernández estén convenientemente vigilados y regresen a la prisión un vez efectuado el trabajo». [36]
Se adopta una medida excepcional, de modo que los dos dirigentes obreros deberán acudir a su trabajo bajo vigilancia y volver, una vez termina su jornada, a la prisión. Pero hay más. Cuatro días más tarde, el juez militar suprime tanto la vigilancia como la obligación de regresar a la prisión para los procesados, rebajando la medida a la presentación periódica en el juzgado, pasando a ser su situación procesal de libertad a disposición del juzgado, situación en la que también queda Gumersindo[37].
Por lo que se refiere al otro encausado, Enrique García Comesaña, aunque consta en la causa su condición de vicesecretario del SUM, la realización del servicio militar hasta principios de julio de 1936, posibilita que sea excluido de la misma[38].
Clarifica aún más la situación el informe que el juez militar solicita a los servicios de investigación relativa a uno de estos cuatro procesados. Se trata del informe 4.220 sobre Guillermo Martínez donde se afirma que «es individuo que aun perteneciendo a dicho Sindicato no es de los elementos peligrosos y de acción, así lo informan en los Astilleros de Barreras». En similares términos exculpatorios se expresa en relación a Domingo González[39]. Como se puede ver, los informadores de la empresa tienen interés en que sus trabajadores, aún encausados, no abandonen sus puestos de trabajo, de ahí la libertad atenuada que consiguen, pero también los intentos para que, a partir de sus informes favorables, consigan quedar libres de todo cargo, como finalmente sucede.
Este interés, tanto en estos trabajadores como en el conjunto de la plantilla, pensamos que obedece en primer lugar al tipo de trabajo que se realiza en la empresa y a la gran actividad del astillero como consecuencia de las necesidades militares de los sublevados. El incremento del volumen de trabajo fue tal que entre 1937 y 1938 se establecieron jornadas laborales casi continuas, de 22 horas diarias, dedicándose la producción, en su práctica totalidad, a la fabricación de material de guerra. Este aumento de la producción desde el golpe de estado origina una gran demanda de mano de obra y sobre todo una sobreexplotación de la plantilla, ya que se recurrió sobre todo a horas extraordinarias[40]. A esto hay que sumarle que estamos ante una mano de obra con alta cualificación, para la que se requiere gran experiencia . Todos los trabajadores de los que tenemos constancia por los que la empresa intercede ante las autoridades militares desempeñan oficios de este tipo, entre los que sobresalen los torneros, pero también los fundidores y trazadores navales, y un aparejador naval, como el dirigente socialista Teodoro Goicoechea.
Esta idea se refuerza por el hecho de que, aún intentando mantener a la plantilla a salvo para asegurar la producción, la empresa, ante la ausencia de algunos de sus trabajadores, huidos o en prisión, decide publicar en la prensa local una serie de anuncios ofertando puestos vacantes: «OFICIALES TORNEROS. Se precisan en los TALLERES BARRERAS, Coya», «[41]. Esta oferta de empleo, muy significativa, también lo es por su coletilla, «aún cuando sean de poblaciones fuera de Vigo». En realidad supone trasgredir una norma de las autoridades rebeldes. Desde de los primeros días del golpe, los obreros en paro del ayuntamiento tenían que inscribirse obligatoriamente en alguna de las bolsas de trabajo existentes como requisito imprescindible para solicitar un empleo[42]. Pero casi inmediatamente estas bolsas son suprimidas, creándose una sola de carácter oficial y de ámbito municipal donde las empresas tenían obligatoriamente que a acudir para efectuar sus contrataciones[43]. Por lo tanto, también esta norma es vulnerada en función de las necesidades de producción de la empresa.
Parece claro que estos trabajadores afiliados tanto a CNT-SUM como a UGT-UM pudieron tener una oportunidad de supervivencia gracias tanto a su formación profesional como a que la producción fue considerada esencial para las autoridades del bando sublevado. Sin embargo, en el conjunto de la plantilla anterior al golpe de estado figuraban otros trabajadores que no tuvieron la misma suerte. ¿A qué se debe, entonces, la diferencia entre unos y otros? No parece ser al nivel de compromiso, ya que los salvados analizados son cuadros sindicales de los dos sindicatos, lo mismo que los dos dirigentes socialistas que encontramos en la plantilla (Teodoro Goicoechea y Rogelio Cabaleiro Rodríguez). También pensamos que hay descartar que esta “salvación” sea fruto de la acción de un individuo con poder sobre personas conocidas o recomendadas, ya que es un hecho que estas salvaciones responden a una necesidad productiva. Para aclarar esta cuestión nos centraremos en nueve casos de trabajadores que, aunque pertenecen a la plantilla de la empresa en julio de 1936, no figuran en la última lista de donantes en octubre de 1936.
En primer lugar está el caso de Guillermo Rocha, mecánico y secretario de actas del SUM-CNT. Forma parte de la platilla que retoma el trabajo después del golpe de estado, ya que aparece en el listado de trabajadores que “contribuyen” en la suscripción del 16 de setiembre. Sin embargo, el día 23 es asesinado por la Guardia Civil del Concello de As Neves al aplicarle la ley de fugas[44]. En la notificación de su muerte al Juzgado militar responsable de la Causa 141/36, el comandante del puesto asegura que habían tenido conocimiento de su presencia en la casa materna. Una vez detenido y mientras era conducido al cuartel, aprovechando la oscuridad de la noche, emprendió la huida y, al desoír los requerimientos de la fuerza armada, esta abrió fuego con el resultado de la muerte del detenido[45]. Pero, ¿por qué Guillermo está en la casa materna el 23 de setiembre si justo una semana antes se encuentra en su puesto de trabajo en Vigo? La explicación más plausible es la siguiente. Efectivamente, él, igual que muchos de los dirigentes sindicales que trabajaban en Barreras antes del golpe de estado, estaban, de nuevo, trabajando el día 16 de setiembre, sin embargo el 19 la prensa publica una requisitoria colectiva que afecta a un gran número de dirigentes de CNT, Guillermo entre ellos[46]. Con probabilidad, la publicación de esta requisitoria origina que en vez de presentarse voluntariamente, huya y pretenda esconderse en casa de su familia en As Neves, sin fiarse de la posible influencia protectora de los dueños del astillero. Lejos de esta protección interesada no hay nada que impida que su trayectoria sindical origine el fatal desenlace.
Precisamente será la presentación al trabajo en los primeros días de agosto uno de los factores que hagan posible la supervivencia. Nos constan ocho casos de trabajadores que no se presentan al trabajo al finalizar la huelga en agosto de 1936. Este grupo mantiene dos actitudes diferentes con resultados también diferentes. Por una parte, están aquellos que deciden huir o esconderse. Esta es la opción que toman Serafín Campos Quintela, Claudio Rodríguez Figueirido, Olegario Collazo Lago, Manuel Rodríguez Ríos y Antonio Iglesias González[47]. El resultado final de la decisión es la cárcel o la muerte. El primero de ellos, Serafín, consigue permanecer oculto durante tres años en casa de un hermano, curiosamente también trabajador de Barreras y directivo del SUM, que trabaja normalmente desde agosto de 1936 y no sufre ningún tipo de represión. Detenido en mayo de 1939 quedará a disposición de la caja de reclutas por no haberse presentado en la quinta de 1928. También termina en la cárcel Claudio Rodríguez después de que los sublevados encontraran en su casa, oculto desde 1936, a uno de los líderes de la CNT local, Dalmacio Bragado, en febrero de 1939. Doce años y un día fue la pena impuesta. Igual sucede con Manuel Rodríguez Ríos, que, juzgado por rebelión militar en consejo de guerra, es condenado a pena de muerte, posteriormente conmutada por cadena perpetua. Peor suerte corren Olegario Lago y Antonio Iglesias. El primero muere en un enfrentamiento con la guardia civil cuando iban a detenerle a la casa en la que estaba oculto en abril de 1937 y el segundo se suicida cuando es descubierto su escondite el 3 de abril de 1939.
La segunda opción es la presentación ante las autoridades después de publicada su requisitoria. Optan por esta vía Manuel Basoa Barros, Bienvenido Pérez Fernández y Fernando Román Rodríguez[48]. El resultado es sustancialmente diferente. Tanto Manuel Basoa como Bienvenido Pérez se presentan poco tiempo después de la sublevación como voluntarios en el ejército rebelde y son destinados inmediatamente al frente. Con la desmovilización en 1939, Manuel no regresó a Vigo, fijando su residencia en Andalucía y Bienvenido sufre un pequeño período de cárcel y un expediente de responsabilidades políticas en 1941, pero continúa trabajando en Barreras. Por lo tanto, el enrolarse en el ejército sublevado sirvió para que sus oportunidades de supervivencia se maximizaran y en el caso de Bienvenido ello le posibilitó reanudar su vida laboral en el punto en que la abandonó el 20 de julio de 1936[49]. El caso de Fernando Román es excepcional y para lograr la supervivencia fue necesaria la colaboración de otros salvadores además de los favores de su antigua empresa. Nos detendremos un poco más en el.
Fernando pertenece a un grupo de afinidad constituido por destacados libertarios de edades similares que se organizan informalmente como una especie de grupo de defensa confederal, conocido entre los anarcosindicalistas locales como la Capilla. Básicamente se trata de un grupo de acción que actúa en los conflictos laborales e incluso internamente contra algún compañero descarriado, en palabras el propio Fernando “tratábase de facelos volver aoregho”[50]. Es por lo tanto un hombre de acción. Como tal participa en el asalto a la sede de FE-JONS en marzo de 1936, acción por la que es detenido y juzgado en la causa 37/1936, aunque resulta amnistiado tras la victoria del Frente Popular. El 19 de julio participa en una reunión en el ayuntamiento de Vigo entre dirigentes libertarios y autoridades locales en la que propone el reparto de armas o la integración de 2.000 militantes de toda la comarca (que parece ser ya estaban comprometidos) en las fuerzas de carabineros y de guardia civil con el objetivo de asaltar inmediatamente el cuartel militar. La reunión termina en rotundo fracaso. A partir del día 20 está presente en las barricadas que pretenden resistir al golpe y cuando estas caen se retira con un numeroso grupo de cenetistas que deciden volar la conducción de agua que abastece la ciudad y disolverse para intentar sobrevivir. Fernando se une al grupo, que se refugia en los montes cercanos a la ciudad. Es en este momento cuando comienzan a actuar los salvadores.
A mediados de setiembre recibe una cita de un amigo de la infancia: se trata de Enrique Romero González, falangista. No estamos ante un camisa vieja, o por lo menos no es nadie que tenga relevancia en ninguna actividad de FE-JONS antes del golpe de estado e incluso no parece tenerla tampoco en los meses siguientes[51]. Enrique se interesa por su situación y le propone, con el ánimo de ayudarle, dos posibilidades. La primera, que se quede en el monte con sus compañeros, comprometiéndose él a informarle del lugar y día de las batidas de las fuerzas rebeldes para que pudiera estar a salvo. La segunda, que se entregue a las autoridades, asegurándole que no le pasaría nada. La entrega se produciría un día concreto a definir por el propio falangista y en su compañía. Fernando queda en darle respuesta unos días después. Un vez debatido con sus compañeros de huida y después de que su requisitoria fuera publicada en la prensa, decide entregarse de la mano de Emilio, no así el resto de sus compañeros, que tampoco sabemos si entrarían en el acuerdo con el falangista[52].
A partir de este momento Fernando tiene que atravesar, cuando menos, dos momentos críticos. El primero, el momento de la presentación. Llama la atención el lugar donde Enrique decide que se produzca, no es un cuartel de FE-JONS, ni de la Guardia Civil, sino un cuartel militar. Nos contó Fernando que en su presentación estaba presente un teniente del ejército y un falangista y en el momento de decir su nombre, el falangista hizo ademán de desenfundar la pistola a la vez que exclamaba “a ti tíñache gañas eu”, pero fue el militar quien impidió que la amenaza se cumpliera allí mismo[53]. Este hecho nos inclina a pensar que la presencia del falangista no estuviera prevista y que la influencia que pudiera tener el salvador fuera, sin lugar a dudas, de origen militar y no civil. Inmediatamente es recluido en el Frontón de la ciudad habilitado en aquel momento como centro de detención, donde esperará juicio.
Es precisamente como encausado, al pertenecer a la dirección del SUM, en el consejo de guerra 141/36 donde se produce el siguiente momento de peligro. Los informes aportados son absolutamente incriminatorios:
«desde que se inició el movimiento militar no volvió a su trabajo en la factoría Barreras (…) lo que (…) hace suponer que ha tenido alguna participación en la agresión a la fuerza armada. (…) se sabe que fue uno de los que tomó parte activa en el asalto al Centro Fascista, de resultas del cual resultaron varios muertos y heridos. Todos los informes respecto a este individuo coinciden en que es un elemento indeseable.» [54]
El juez solicita también un certificado de antecedentes penales donde vuelve a recogerse su participación en el asalto, «… aparece procesado en sumario número 37 del año actual, por el delito de homicidio y lesiones, con motivo del asalto al Local de Falange Española».[55] La cosa pintaba mal. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la sentencia para casi todos los encausados en ese consejo de guerra, Fernando entre ellos, es absolutoria. ¿Hasta dónde llegaban los contactos de Enrique Romero? Lo desconocemos. ¿Son sus gestiones lo que posibilitan la sentencia exculpatoria? Posiblemente no, ya que, ésta afecta a 22 dirigentes de la CNT local y no parece que un falangista de segundo nivel tuviera semejante poder. Es posible que su labor tan sólo consistiera en situar a Fernando en un lugar y momento concretos (el cuartel militar y la causa 141/36), sabedor de que de darse esas circunstancias podría salir indemne. Aceptando esta hipótesis, Enrique tendría información, más que poder real. Sea como fuera, lo cierto es que Fernando, aún con la sentencia absolutoria, pasa aproximadamente un año en la cárcel; posiblemente esto fuese también parte del plan de salvación, al estar en un lugar fácilmente controlable por quienes estaban interesados en su supervivencia y a salvo de las patrullas y paseos que se producían en el exterior. Pasado el tiempo de detención se alista “voluntario” en el ejército rebelde, siendo destinado al frente de Aragón, lo que también forma parte de la estrategia para salvar su vida. En 1939, terminada la guerra, vuelve a Vigo donde vuelve a trabajar en la factoría Barreras. Es en ese momento cuando se produce una situación paradójica, la convivencia en la misma empresa de obreros falangistas con uno de los integrantes del grupo que en marzo de 1936 quiso acabar violentamente con FE-JONS con un atentado.
Integraciones en una sociedad en proceso de consolidación
El fin de la guerra convencional, con la victoria de las fuerzas sublevadas, supone el inicio de una nueva etapa donde la esperanza en una victoria antifascista deja de existir. Sin embargo, los antifascistas no desaparecen. Aquellos que sobreviven en la retaguardia franquista desde 1936 tienen que retomar o intentar retomar su vida en una nueva sociedad que ahora parece que se consolida.[56].
Desde nuestro punto de vista, todo individuo inserto en una realidad social cualquiera está integrado en ella. Se trata, por lo tanto, de desentrañar las características de esta integración dando por hecho que existe[57]. ¿Es una integración disruptiva, pasiva o colaborativa?[58] Teniendo en cuenta que estos procesos no son puros y que cada uno de ellos puede estar matizado por las demás, deberíamos desterrar los intentos de explicación de carácter binario. Se trata de una propuesta de clasificación que parte de la actitud de un individuo o un grupo ante la nueva sociedad creada a partir de la victoria militar y que necesariamente tiene que ser completada por la visión que desde el nuevo estado se tiene de esa nueva sociedad y del papel que se le asigna a ese individuo o grupo, donde se sitúa el «ámbito liminar de mediación, [el]contacto, entre el interior «puro» de la civilización y el exterior «impuro» o «contaminado»”[59]. Por lo tanto, existe una doble perspectiva, la que se produce desde las estructuras del nuevo estado, la construcción «burocrática de lo extraño y posterior/simultánea construcción cultural que fuerza la seguridad preventiva y el Estado protector» de Ulrich Beck, y aquella que proviene de la posición que adoptan los actores antifascistas y republicanos vencidos[60]. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el concepto “vencido” no debe ser identificado automáticamente con “impuro” en el proceso de extrañamiento, ya que, «no son los perdedores quienes son marginados, sino los inadmisibles«[61]. Ecuación donde, si bien, todos los inadmisibles son perdedores, no todos ellos son inadmisibles. Y siguiendo la posición de Offe, no son los vencedores en sentido estricto (todos los integrantes de los ejércitos sublevados) los promovidos o privilegiados, sino sólo aquellos “admitidos o admisibles”.
Aplicado esto a nuestro análisis micro. La desmovilización del ejército sublevado y la vuelta de las tropas a sus lugares de origen es un hecho de importancia decisiva para la vuelta a la actividad político sindical. Entre el final de la guerra y 1940 los anarcosindicalistas se reorganizan en el astillero. No conocemos la estructura ni las personas encargadas de los comités de la CNT en Vigo en ese momento, pero sí que muchos de los afiliados supervivientes vuelven a la militancia. El compromiso en esta nueva etapa girará entre un nivel bajo, que se materializa en la vuelta a la cotización, hasta una implicación alta, colaborando en las tareas de reorganización y de coordinación, pasando por la colaboración puntual y concreta. De los 18 militantes que en setiembre de 1936 se encuentran trabajando en la empresa, cuando menos 10 vuelven en 1940 a la actividad sindical clandestina en alguno de los niveles descritos. Se produce una integración en la nueva sociedad de tipo disruptivo, existiendo en ellos «la predisposición (…) a mantener viva una cultura política y una disciplina revolucionaria que se resistía a ser aniquilada por la derrota bélica. Un ánimo que la mayoría de las veces no es percibido en su justa medida, si no se atienden los comportamientos individuales o de pequeños grupúsculos.»[62] Una desatención que provoca la minusvaloración del significado de las actitudes de resistencia y la consideración de una supuesta pasividad como aceptación, cuando no apoyo implícito, al nuevo régimen.
La actividad desarrollada por este grupo, en conexión con otros que se reorganizan en muchas de las empresas donde se contaba con presencia sindical previa a la sublevación, gira alrededor de tres aspectos fundamentales. Por una parte, asegurar los recursos económicos que garanticen la supervivencia de la organización clandestina, utilizándose para ello los llamados sellos confederales, la forma clásica de cotización en período no clandestino[63]. En segundo lugar, la ayuda a los perseguidos, represaliados y sus familias desde dos ópticas, por una parte la ayuda económica y por otra la creación de una red que posibilitase la fuga de los perseguidos o amenazados. Precisamente con la red de apoyo a los huidos, formada básicamente por antiguos afiliados al sindicato de chóferes de la CNT de Vigo, colabora uno de los salvados de Barreras, Guillermo Martínez Montenegro, así como su hermana, trabajadora de una conservera, Xona[64]. Está constatada la utilización de enlaces de la CNT viguesa incluso en la frontera de Irún, una “forma estupenda de cruzar a frontera, tiñamos un enlace alá na parte de Irún e te colaba perfectamente”[65]. Finalmente existe, también, un trabajo de carácter insurreccional que se materializa en el aprovisionamiento de material de guerra, como el almacenamiento de espoletas para bombas, actividad de la que sería responsable Fernando Román Rodríguez, «yo personalmente, ya traté de averiguar dónde se podía conseguir dinamita, cartuchos, detonadores… De aquella, 46 o 47, nos hablaban de que iban a venir unos artefactos que estaban rodeados de plástico, que se ponían en una bobina…, explosivos, ametralladoras«[66].
En resumen, de las seis personas (cuadros sindicales con responsabilidades dirección y con participación directa en la resistencia al golpe de estado) de las que consta su supervivencia, relacionada directamente con una acción a su favor, tan solo en un caso no consta que retome algún tipo de actividad clandestina.[67] De los otros cinco dirigentes sindicales salvados analizados, tres de ellos, Enrique García Comesaña, Guillermo Martínez Montenegro y Fernando Román Rodríguez, son parte imprescindible en la reorganización de 1940 de la CNT local; uno, Gumersindo Barreiro Fernández, pasa a un segundo plano realizando labores de colaboración sin que su implicación vaya a más y el otro, Enrique Alonso Martínez, cambia de empresa en 1940 aunque sigue desarrollando una labor sindical en su nuevo trabajo, el astillero Vulcano.
Precisamente en 1940 vuelve a producirse un hecho que nos demuestra la permisibilidad de la empresa con cierta actividad de estos cuadros sindicales y la capacidad de estos para continuar desarrollando actividades. Fernando Román, nada más reincorporarse a la factoría, entabla contacto, con sus compañeros libertarios y con militantes socialistas para proponerles la creación de una mutualidad obrera. La propuesta, una vez apoyada por los sindicalistas, se traslada al director de la empresa, Fernando Barreras Massó, que da su visto bueno. Causan cierta sorpresa las condiciones que acepta el director de la fábrica: la supervisión de la mutualidad sería a cargo exclusivo de Fernando Román y este dispondría de un espacio en su taller a modo de oficina para llevar la contabilidad y reunirse con los trabajadores. La mutualidad tenía por objetivo proporcionar el 100 % de las retribuciones a los trabajadores con baja médica. Para impedir posibles fraudes, la mutualidad nombró a una serie de delegados que vivían en los barrios de trabajadores de la empresa con la misión de controlar la veracidad de la baja[68]. La mutualidad funcionó de esta forma hasta que llamó la atención de la Iglesia que, a través de la Asesoría Eclesiástica de Sindicatos, se hizo cargo de ella, abandonando el fundador toda actividad en la misma[69].
Así pues, a partir de 1940 los cenetistas se reorganizan, siendo sus puntales el SUM y los salvados de la empresa Barreras. Román no oculta que, dada la cantidad de cuadros que vuelven a militar y las constantes reuniones y los contactos con localidades del resto de Galicia para reorganizar también la Confederación Galaica, las autoridades franquistas estaban al corriente de todo[70]:
«La Falange lo sabía perfectamente, la policía sabía perfectamente lo que hacíamos nosotros, pero no nos preocupábamos por nada. A organizarse!!!, pero pasó lo que pasó, que nosotros nos organizábamos con miras a tener un apoyo internacional para desligarnos de Franco e ir a por lo nuestro, era eso, pero salieron las cosas al revés».[71]
El fin de la guerra mundial supone el fin de la ilusión de la intervención aliada y el fin del impasse en que se encontraban los libertarios. A finales de 1946 comienzan las caídas tanto a nivel estatal como local. En Vigo, un afiliado trabajador de Barreras, Serafín Villaverde Martínez, es detenido en posesión de sellos de cotización. A partir de este momento las detenciones se producen en cascada, caen desde los cuadros sindicales más importantes hasta simples cotizantes. De los 55 detenidos finalmente juzgados, 11 pertenecen a la CNT de Vigo y dos de ellos son los responsables sindicales de Barreras, Guillermo Martínez y Fernando Román. Serán juzgados por pertenencia a partida guerrillera y por rebelión militar. La condena será de tres años para el primero y un año para el segundo[72].
Esta condena pone fin a la presencia en primera línea de aquellos líderes sindicales de la empresa Barreras que resultan salvados en 1936. Cuando la CNT vuelva a reorganizarse, mucho más modestamente, en los años 50, ellos ya sólo colaborarán de una forma tangencial[73]. Sin embargo, cuando la actividad clandestina de los años 50 fructifique en la huelga de 1962, volverán a aparecer movilizando sus respectivos talleres para que el paro resulte un éxito[74]. Sin ninguna tarea sindical orgánica, su influencia, manifestada a través de las relaciones interpersonales, así como el apoyo y el asesoramiento a los jóvenes trabajadores tendrán una importancia capital en la constitución de la primera Comisión Obrera en la industria viguesa[75]. Pero años más tarde, en 1971, los viejos sindicalistas de preguerra volverán a aparecer y otra vez se demostrará la especial vinculación que tenían con la dirección de la empresa.
Como consecuencia del Proceso de Burgos se producen una serie de paros en la empresa en solidaridad con los procesados y para denunciar el régimen dictatorial. Estas movilizaciones se saldan con varios trabajadores del astillero detenidos que serán inmediatamente despedidos. En ese momento se constituye una comisión obrera, independiente de la Comisión Obrera estable, integrada por los viejos anarcosindicalistas y un par de trabajadores contrarios a la táctica del entrismo en el Vertical. Esta comisión negociará directamente con el director de la factoría, que aún era Fernando Barreras Massó, la readmisión de los despedidos. Es cierto que no logran la readmisión de todos, pero sí de la mayor parte de ellos[76].
En la década de los años 70, después de 50 años trabajando en la empresa, el grupo dirigente del viejo SUM, se jubila y una nueva generación, con nuevos métodos, nuevas formas de organizarse y sobre todo con nuevos proyectos, lo sustituye .
Conclusiones
Esta investigación incide en tres hechos fundamentales. En primer lugar, la supervivencia por medio de la salvación de líderes y activistas políticos, que no responde, o cuando menos no de forma unicausal, a la acción de personas, salvadores, que actúan como depositarios de una cierta tradición democrática que contrastaría con la barbarie reinante en el franquismo. Así como las motivaciones que llevan a un individuo a militar en una organización política, arriesgando su seguridad, su vida o la de su familia, son múltiples y complejas, igual de múltiples y de complejas son las motivaciones de aquel/aquellos que se arriesgan a interceder por personas potencialmente víctimas potenciales. Dentro de esta multiplicidad de motivaciones, el presente trabajo aborda una, el interés económico, motivación fundamental que lleva a los propietarios y al director de la empresa, Fernando Barreras Massó, a salvar a una gran parte de los líderes sindicales, pero no por su condición de líderes sindicales, sino por ser imprescindibles para la producción. Es cierto que a partir de la investigación parece entreverse que esta no es su única motivación y que paralelamente o de forma secundaria existen otras que podrían explicar la permisibilidad de la dirección de la empresa con los líderes sindicales una vez terminada la guerra. Tampoco hay que descartar, en un primer momento, la posibilidad de una puntual coincidencia de intereses entre los propietarios y las nuevas autoridades franquistas. Las personas salvadas desarrollan un oficio imprescindible, de alta cualificación y de larga formación, lo que haría imposible su sustitución de una forma rápida. Este trabajo, además, era imprescindible para la industria de guerra y por lo tanto imprescindible para las autoridades sublevadas, una especie de trabajo útil, que «ejecute su organización como deber social, es decir, respondiendo a una finalidad unitaria, encaminada a la consecución del bienestar individual y al desarrollo de la potencialidad nacional.»[77].
¿Y qué mayor utilidad que contribuir a su maquinaria bélica? En este punto cobra interés una idea de Clauss Offe, ya explicitada en el texto: no es la condición de perdedor la que genera la muerte o el ostracismo social, sino la condición de inadmisible. Por lo tanto, es la consideración de útil la que genera la condición de admisible y es esta la que posibilita, en última instancia, la supervivencia y la forma o las condiciones de integración social. Esta es una idea que enlaza el nivel micro del análisis con una de las características más resaltables del régimen franquista, la capacidad de adaptación y, por lo tanto, la capacidad de aprovechar para sus intereses cualquier circunstancia favorable por encima de consideraciones ideológicas.
En segundo lugar, pensamos que se demuestra que, igual que las motivaciones fueron múltiples, los procesos de integración en la sociedad franquista también lo fueron. Nosotros investigamos un proceso de integración disruptiva no ya de los supervivientes, sino de un tipo específico de superviviente, los salvados, y dentro de ellos una categoría concreta, los útiles. Tenemos constancia que actitudes prácticamente idénticas se desarrollan en otras empresas del mismo sector e incluso pensamos que no es arriesgado afirmar que estos procesos se produjeron en la práctica totalidad de los sectores económicos de la ciudad y fuera de ella. Habría que estudiar las diferencias existentes entre las zonas que están bajo control de los sublevados desde el inicio del conflicto y aquellas que son ocupadas en el transcurso de la guerra.
Pensamos que la existencia de este tipo de procesos vienen a poner en duda generalizaciones cómodas donde las posiciones de integración disruptiva tienden a ser minusvaloradas en aras de la presentación de una realidad, generalmente estática y tremendamente simple, fruto, más de una aplicación mecánica de modelos importados que del intento de contraste con las realidades micro. Tampoco se trata caer en la generalización de las conclusiones de un análisis micro, tal y como se le reprocha a Kalyvas, sino de intentar cierto equilibrio[78].
En tercer lugar, la investigación viene a demostrar la necesidad de recurrir a nuevas fuentes (o a un nuevo empleo de las existentes), que nos puedan ayudar a situar a los actores en el contexto vivencial posterior al golpe de estado y nos posibiliten arrojar un poco de luz dentro de esa categoría “escoba” de ciudadanos pasivos. Pensamos que lo expuesto en estas páginas demuestra las profundas carencias y lo inacabado del meritorio trabajo efectuado en las últimas décadas en lo que se refiere las víctimas de la Guerra civil y del franquismo. En este sentido sólo queremos reafirmar una idea ya manifestada: la mera elaboración de listados de víctimas es solo el primer paso en el estudio de esta problemática.
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Fuentes
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Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN).
Proyecto de Memoria Histórica de la Universidad de Santiago de Compostela Nomes e Voces, www.nomesevoces.net
Entrevistas:
Ramón González Costas, entrevista realizada por el autor el 14/05/2010.
Fernando Román Rodríguez, entrevistas realizadas por el autor los días 12/06/1991, 20/06/1998 y 01/06/2001.
Fernando Román Rodríguez, entrevista realizada por Antón Briallos el 12/08/1996.
[1] Intervención de Diana Wang en el Acto por el levantamiento del gueto de Varsovia celebrado en Buenos Aires en 2009.
[3] FERNÁNDEZ PRIETO, 2012: 5
[4] Una de las lagunas en el estudio de las víctimas, por lo que a Galicia se refiere, es la escasa capacidad para la identificación de sus filiaciones políticas, hecho que, forzosamente, debería condicionar los posibles resultados e incluso las propuestas de nuestras investigaciones. Algunos datos: a través del Proyecto Nomes e Voces sabemos que las víctimas con resultado de muerte entre 1936 y 1940 en Galicia son 3.902 (todas las categorías). De estos tan solo conocemos la filiación política de 1.008 personas, el 25,8%. Esta carencia es mayor en caso de los paseados, para los que sólo conocemos su militancia en el 19,70% de los casos. En el el caso de Vigo, los datos son aún más significativos. Los asesinados en todas las categorías ascienden a 333 y tan sólo consta la filiación política de 31, el 7,3 % de los asesinados.
[5] FERNÁNDEZ PRIETO y MÍGUEZ, 2018: 13.
[6] ADORNO, 1984: 215.
[7] GRAF, 2016: s/p
[8] GIRALDEZ, 1996: 219-249
[9] OIA, FERNÁNDEZ y PEREIRA, 2015: 23.
[10] NAVARRO, 2006: 117-118.
[11] FDV, 24 de enero de 1936.
[12] Ninguno de los ocho equipos participantes tiene una vinculación partidista con las organizaciones sindicales en conflicto ni con ninguna de las organizaciones políticas obreras.
[13] Memoria presentada por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas de la Factoría Barreras el 31 de marzo de 1937, AHPP.
[14] OIA, FERNANDEZ y PEREIRA, 2015: 26.
[15] EPG, 3 de abril de 1936.
[16] El relato de los hechos en entrevista a uno de los protagonistas, Fernando Román Rodríguez, trabajador de Barreras, el 12 de junio de 1991.
[17] FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 2005: 273
[18] La Alianza Obrera agrupaba a CNT, UGT y a los partidos obreros de la ciudad. Se constituye a finales de marzo o principios de abril de 1936. Las consignas que la Alianza transmite a todas las organizaciones obreras desde abril de 1936 encaran una hipotética sublevación: «(…) Inmediatamente que se produzca un acto de fuerza de carácter militar o civil, sin esperar aviso ni orden de ninguna clase, paralización absoluta de todo trabajo y oposición por todos los medios posibles al triunfo de ese asalto al poder, procurando que toda la clase trabajadora esté en el calle en pié de guerra.» (Circular urgente y de vital interés para la clase trabajadora, Vigo 3 de abril de 1936 en CHAVES, 1998: 293)
[19] FDV, 27 de julio de 1936.
[20] BOJDN, núm. 3 de 30 de julio de 1936.
[21] FDV, 30 de julio de 1936.
[22] La bolsa de trabajo la crea el organismo patronal local, la Federación Gremial de Patronos, inmediatamente después del golpe de estado y tiene como misión el control de mercado laboral, excluyendo a los disidentes y premiando a aquellos que mostrasen una actitud de colaboración con los golpistas.
[23] El arma empleada por las organizaciones obreras frente al golpe de estado, la huelga general, ensayada con éxito con motivo de la sublevación del general Sanjurjo en 1932, tiene unas características que se deben analizar, ya que explican (cuando menos en parte) una de las preguntas más recurrentes sobre el papel de la población en el inicio del golpe de estado. Nos referimos a su carácter de acción pasiva (una huelga consiste, en esencia, en no hacer) completada con un componente activo (ocupar las calles). De esta forma, en las localidades donde las tropas sublevadas ocupan inmediatamente el espacio urbano, el componente activo desaparece, manteniéndose la parte pasiva, la ausencia del trabajo. Así pues, la principal medida que toman las organizaciones obreras en aquellas localidades donde triunfa la sublevación apela a la pasividad.
[24] Todos los datos a partir del Proxecto Nomes e Voces.
[25] EPG, 1 y 2 de agosto de 1936.
[26] Revistiendo siempre de forma oficial el carácter de aportaciones voluntarias.
[27] Una visión mucho más sugerente más allá de la simple cuantificación de las suscripciones patrióticas y su importancia en el bando sublevado en PRADA, 2010.
[28] EPG, 12 de setiembre de 1936.
[29] Esto no quiere decir que no haya más trabajadores con militancia previa, sino que solo hemos podido identificar a estos por su significación pública.
[30] Aunque cuadro de la organización anarcosindicalista, Enrique era de ideas socialistas, de ahí que también fuese miembro del Grupo Artístico Pablo Iglesias con sede en la Casa del Pueblo.
[31] En el momento de producirse el golpe de estado existían dos ayuntamientos además del de Vigo, Lavadores y Teis.
[32] Frente a la posición socialista de centralizar todas las actividades culturales, deportivas y de ocio en un solo núcleo, la Casa del Pueblo, la posición de los libertarios fue desarrollar una red de centros y ateneos sociales en las distintas parroquias del término municipal, descentralizando las actividades para influir directamente sobre la vida cotidiana parroquial. Pere Gabriel constata este proceso de centralización versus descentralización en la cultura obrera en la ciudad de Barcelona en el primer decenio del siglo XX (GABRIEL, 1992: 82-84).
[33] Estas afiliaciones se refieren a octubre de 1936. Por los descuentos que se les efectúan podemos afirmar que salvo dos, el resto es personal obrero. En las dos excepciones (dos falangistas) el descuento es algo superior, por lo que posiblemente estemos ante personal técnico de bajo nivel.
[34] Causa 141/1936, AIRMNOR, IV Tribunal Militar, folio 2.
[35] Op. cit., folio 101
[36] Op. cit., folio 102
[37] Op. cit., folio 106
[38] Op. cit., folio 104
[39] Op. cit., folios 142, 163.
[40] VILAR y LINDOSO, 2008: 161.
[41] FDV, 22 de setiembre de 1936.
[42] Nada más triunfar el golpe de estado se crean dos bolsas de trabajo. Una por parte de la Federación Gremial Patronal y otra por el embrión de lo que más tarde será la Central Nacional Sindicalista.
[43].El 7 de agosto se crea una bolsa en el Ayuntamiento, gestionada directamente por la Comisión gestora municipal. EPG, 7 de agosto de 1936.
[44] El Concello de As Neves, del que es oriundo Guillermo Rocha, es un concello rural del interior de Pontevedra, a unos 31 kilómetros de Vigo.
[45] Causa 141/36, AIRMNOR, IV Tribunal Militar, folio 101
[46] EPG, 19 de setiembre de 1936.
[47] Serafín Campos Quintela, calderero con un gran historial de detenciones por acciones de tipo violento (en 1933 participa en un atentado contra la Casa del Pueblo, en 1935 es acusado de actos sediciosos contra el gobierno) y con una gran actividad en la huelga unitaria del metal de noviembre de 1935 a marzo de 1936.
Olegario Collazo Lago, oficinista en el astillero, fundador de las Juventudes Libertarias en 1931 y de la FAI en 1933, participa en el asalto al local de FE-JONS en febrero de 1936 y justo antes del golpe de estado es elegido Secretario del Sindicato de Oficios Varios de CNT.
Antonio Iglesias González, ajustador, quizás uno de los cuadros sindicales con mayor vida orgánica de los que tenemos constancia en la empresa. Representante del SUM en el Pleno Regional de Ourense en diciembre de 1935 y representante del mismo sindicato en el Congreso Confederal de Zaragoza de 1936.
Claudio Rodríguez Figueirido, herrero del SUM con una gran actividad durante la huelga unitaria del metal.
Manuel Rodríguez Ríos, carpintero, Presidente del Sindicato de Obreros de la Construcción Naval del UM-UGT.
[48] Manuel Basoa Barros, fundidor, detenido en 1933 por participar en el atentado contra la Casa del Pueblo en la huelga de fundidores, secretario general del SUM elegido en junio de 1936.
Bienvenido Pérez Fernández, trazador naval. Presidente del libertario Centro de Estudios Sociales y Científicos “La Libertad”.
Fernando Román Rodríguez, tornero, secretario del SUM en junio de 1936, miembro de un Grupo de Defensa Confederal, fundador de las Juventudes Libertarias, participa en la Revolución de Asturias en 1934 como enlace de las JJ.LL. con las JJ.SS. en Oviedo, participa en el asalto contra la sede de FE-JONS en marzo de 1936, considerado como el responsable militar de los anarcosindicalistas en la resistencia contra el golpe.
[49] En su excelente trabajo, F.J. Leira Castiñeira constata la multiplicidad de actitudes ante el reclutamiento y destaca la incorporación voluntaria como una forma de salvar la vida maximizando las posibilidades de supervivencia (LEIRA CASTIÑEIRA, 2020: 94-102).
[50] Sería como tratar de que no tuvieran desviaciones. Entrevista con Fernando Román Rodríguez el 20 de junio de 1998.
[51] Es cierto que Enrique Romero, con el paso del tiempo, ocupará cargos de nivel medio en la estructura sindical del régimen relacionados con las Hermandades de Labradores.
[52] Todos los datos en entrevista con Fernando Román Rodríguez el 20 de junio de 1998.
[53] Idem.
[54] Causa 141/36, AIRMNOR, IV Tribunal Militar, folio 158.
[55] Op. cit., folio 147.
[56] Conchi López Sánchez propone dos conceptos para explicar las opciones de aquellos que, siendo víctimas potenciales, logran sobrevivir. Por una parte, estarían los salvados integrados, “por vítimas potenciais da violencia que en lugar de caeren nas súas redes conseguen pasar o filtro imposto polos sublevados e diluírse na nova vida cotiá”. Y por otra parte, los salvados no integrados, “vítimas potenciais que logran eludir os filtros da violencia pero dos que non consta nas fontes evidencia dunha integración na nova sociedade cos novos poderes insurrectos” (LÓPEZ SÁNCHEZ, 2018: 105, 117). La propuesta es una clasificación binaria donde la integración parece referirse exclusivamente a la relación de estos salvados con las redes de poder del nuevo régimen, fruto de la restricción del objeto de estudio a los representantes de la élite política local previa al golpe de estado. Aun así no la consideramos satisfactoria por ofrecer unos resultados meramente nominales y no arrojar luz sobre los procesos de integración.
[57] Excluimos aquí a aquellas personas que optan o se ven obligados a continuar huidos o a integrarse en alguna de las agrupaciones guerrilleras que se constituyen una vez termina la guerra.
[58] En esta propuesta de clasificación resulta imprescindible definir qué se entiende por pasividad o cuáles son sus implicaciones, ya que es habitual que está sea mecánicamente identificada con una actitud que tolera las diversas violencias (MIGUEZ, 2009). Sin embargo, existen otras visiones para explicar esta “pasividad” que a nosotros nos parecen mucho más sugerentes. Entre estas destacamos la visión de la pasividad rural como una forma de resistencia, idea que sostiene Ana Cabana para el rural gallego. (CABANA, 2010).
[59] BERIAIN, 2007: 8.
[60] BECK, 2007: 65.
[61] OFFE 2007: 35.
[62] MIR, 2002: 145.
[63] En relación a esta actividad económica, los comités cenetistas anteriores al golpe de estado fueron previsores y abrieron una cuenta bancaria del Comité pro-presos con nombre supuesto que permitió en 1942 a Fernando Román Rodríguez, Guillermo Barros (pastelero), Juan Silveira (cargador) y Dalmacio Bragado, recuperar la cantidad de 5000 pesetas para la organización (PEREIRA y FERNÁNDEZ, 2006: 102-103).
[64] PEREIRA y FERNÁNDEZ, 2006: 97.
[65] Entrevista a Fernando Román Rodríguez el 1 de junio de 2001.
[66] Entrevista a Fernando Román Rodríguez el 1 de junio de 2001, quien añade que existían contactos con los servicios de inteligencia británicos y posiblemente ese material de guerra del que habla el entrevistado tenga esa procedencia.
[67] Se trata de Domingo González Fernández que había sido en 1936 representante del SUM en el Comité Local de la FLSU cenetista.
[68] Entrevista con Fernando Román Rodríguez el 1 de junio de 2001.
[69] OIA, 2021: 10
[70] La reorganización de la Confederación galaica fue un hecho desde 1942. Entre ese año y 1947 se celebraron tres Plenos regionales de sindicatos con la presencia de 100 delegados representando a un millar de cotizantes en el conjunto de Galicia. OIA, 2021: 13 y PEREIRA y FERNÁNDEZ, 2006: 150.
[71] Entrevista con Fernando Román Rodríguez el 12 de agosto de 1996.
[72] OIA, 2021: 18.
[73] En los años 50, Victor Francisco Cáceres, principal reconstructor de la CNT viguesa, se entrevista con Fernando Román para intentar que retome la militancia activa y Fernando le contestarará, “(…) mira Victor, cago en diez, eu xa fun tres veces ao cárcere, por favor, eu teño as ideas e tal, pero non quero saber nada, non quero facerme cargo de nada.” Entrevista a Fernando Román Rodríguez el 12 de agosto de 1996. Años más tarde la explicación que Fernando da de su abandono de la actividad en primera línea difiere:
“(…) xa desde o principio, intencionalmente, había aqueles que estaban metidos no sindical [se refiere al sindicato vertical] que me decían: Fernando, Fernando… por que?, por que? No. Era un asunto de dignidade (…) Entón Victor viu con ese planteamento despois do sair da cárcel, de estar en libertad, viu onde a min. Viu onde a min a plantearme… quería colaboración. Pero él xa era da nova generación (…) xa se planteaba o asunto de ir ó Sindical Vertical e eucontesteille que só iría ao Vertical cunha tea a queimar todo aquilo.”
Entrevista con Fernando Román Rodríguez el 1 de junio de 2001. Una explicación que resalta la diferencia de táctica de los viejos militantes con una nueva generación que, al igual que los comunistas, se plantea la utilización de las estructuras del Sindical Vertical.
[74] Entre el 10 y el 25 mayo de 1962 se produce en Vigo una ola de huelgas que comienzan en el astillero Vulcano y terminan por afectar a unos 15.000 trabajadores. La huelga se extiende a Barreras el día 11 y como en cascada irán sumándose otras empresas, entre ellas prácticamente todos los grandes astilleros, el servicio de autobuses y tranvías urbanos. Esta huelga supone el final de un ciclo de movilización y también el final de la capacidad movilizadora de las viejas estructuras sindicales de preguerra, como la CNT viguesa. ROMÁN, 2015: 109-118.
[75] ROMÁN, 2015: 120.
[76] Entrevista con Ramón González Costas el 20 de enero de 2010. Ramón fue trabajador de la empresa entre 1961 y 1972 y líder sindical desde 1970 hasta su exilio en Francia en 1973.
[77] FDV, 4 de octubre de 1936.
[78] KALYVAS, 2010; JIMÉNEZ, 2014.
Portada: talleres del astillero de Hijos de J. Barreras en los años 50 (foto: vigoe.es)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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