Andrés Sánchez Picón
Catedrático de Historia Económica. Universidad de Almería
La extracción de plomo y cobre vivió una extraordinaria expansión en Andalucía a lo largo del siglo XIX. El efecto sobre la cobertura vegetal de las sierras donde se ubicaban aquellos yacimientos fue contundente. La fundición de los minerales impulsó una intensa deforestación que fue particularmente visible en los distritos mineros del plomo en la provincia de Almería. Además, las grandes concentraciones humanas improvisadas en torno a las minas, ayudarían a intensificar este proceso que tendría consecuencias graves y perdurables para el medio ambiente.
Aproximarnos a la historia ambiental o ecológica de la minería permite la utilización de diferentes enfoques. La extracción minera produce el agotamiento de un recurso no renovable, por lo que una posibilidad sería estudiar el problema de la asignación intergeneracional de un recurso agotable; es decir, sujeto a irreversibilidades. La explotación de los minerales por una determinada generación implica, ya que su tiempo de reposición se produce a una escala geológica, la imposibilidad de su disfrute por las generaciones futuras. Esta perspectiva nos llevaría a plantear el problema de la sostenibilidad, a partir de la constatación de determinados fallos del mercado que hacen necesaria una intervención pública que asegure determinados objetivos sociales. También la generación de importantes externalidades ambientales negativas desde la minería hacen de su estudio otro de los campos de investigación (contaminación sobre el suelo, transformación del paisaje, incidencia sobre la red hidrográfica, etc.). Así mismo, el deterioro de la fuerza de trabajo, en una tarea que incorpora elevados riesgos para la salud de las personas que intervienen en la misma, es otro de los enfoques con los que se puede abordar el análisis de la minería desde una perspectiva ambiental. La evolución de la morbilidad, la accidentalidad y la mortalidad entre los mineros, reviste un particular interés, en especial en aquellas fases históricas en las que ha sido una actividad muy intensiva en mano de obra que movilizaba contingentes importantes de trabajadores. Sin embargo, en este texto vamos a centrarnos en la deforestación que acompañó a la expansión minera del siglo XIX y que, como cuestión previa, nos lleva a aproximarnos a una visión energética de la actividad extractiva y de la primera fundición de los minerales.
La minería incorpora unos elevados requerimientos energéticos. La extracción de las menas, su tratamiento para separar el material estéril y concentrar la mena hasta leyes admisibles comercialmente e industrialmente, la metalurgia básica, el movimiento de tierras, etcétera, constituyen actividades de una alta intensidad energética. Además, en la extracción minera es muy difícil mejorar la eficiencia energética. Por cada unidad de material extraído o concentrado, se requieren cantidades crecientes de fuerza de sangre -en el caso de minerías de base orgánica-, combustible o explosivos (que generan grandes desplazamientos de los materiales que cubren las sustancias aprovechables). La necesidad de implementar recursos energéticos crecientes conforme avanza la explotación minera, hace muy problemática la aplicación de estrategias o tecnologías que posibiliten una disminución del consumo energético. En el caso de la minería sólo la confluencia de minerales con una elevada ley (con frecuencia metales nobles con alto valor monetario unitario) y/o elevadas disponibilidades energéticas, permitieron la aparición de regiones con una importante actividad minera antes de la Revolución Industrial.
Andalucía sería durante el siglo XIX uno de los escenarios más importantes de la expansión minera española. Los minerales metálicos de las cuencas mineras de la región (el plomo, el cobre y el hierro) nutrirían la mayor parte de las exportaciones mineras españolas hacia los mercados consumidores del Occidente europeo industrializado, desde donde, también llegarían importantes inversiones que permitirían la reactivación de la minería en la región.
En el siglo XVIII la prospección y explotación de los recursos del subsuelo ya habían despertado el interés de los naturalistas, de algunos hombres negocios, y sobre todo, de la administración. Entre los primeros, el viaje por Andalucía de Simón de Rojas en los primeros años del siglo XIX es un ejemplo de la constante pesquisa emprendida por los ilustrados para contar con un catálogo los más completo posible de los recursos mineros existentes. De este interés son testimonio, además, las reediciones que desde el reinado de Carlos III se acometerán de antiguos tratados de mineralogía y metalurgia, como el de Álvaro Alonso Barba (1640), las comisiones oficiales de técnicos e ingenieros españoles a los centros mineros centroeuropeos de la época, o las visitas de éstos a las cuencas en explotación o donde hubiese trazas de trabajos antiguos, para el establecimiento de planes con que impulsar la extracción de minerales y su beneficio.
Sin embargo, toda esta preocupación de los gobiernos de Carlos III y Carlos IV no se tradujo apenas en resultados tangibles. El crecimiento minero del setecientos, tanto en términos de producción y empleo, como por su dimensión territorial, estuvo muy lejos de las cifras alcanzadas en el siglo siguiente, en particular a partir de la ley minera de 1825. Restricciones de índole energética, en primer lugar, y de carácter institucional, en segundo término, lastraban en el siglo XVIII el desarrollo minero y metalúrgico andaluz.
Los principales núcleos de actividad se localizaban en las minas de cobre de Riotinto, en el Andévalo onubense y en las minas y fábricas de fundición de plomo de Linares, en Sierra Morena. Ambos eran propiedad de la Corona, aunque el régimen de explotación fuera diferente. El plomo de Linares, como el del resto del país, se explotaba directamente por la Administración (la Renta del Plomo), desde su rescate en 1748. Por su parte, la explotación del cobre de Riotinto, unida a la de las minas de Guadalcanal, se entregó a un asentista de origen sueco, Liberto Wolters en 1725, que formaría una compañía que mantendría la actividad, aunque con grandes altibajos, hasta los años 1770, en que el Estado recuperaría también la gestión directa. El cobre onubense estuvo muy unido a las necesidades de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, mientras que el plomo de Linares, en barras, en perdigones o en balas, era transportado hasta Sevilla y Madrid y desde allí distribuido por la red de depósitos de la Renta del Plomo. Los consumidores de este metal eran el Ejército, y el gremio de alfareros, y prácticamente no se realizaron exportaciones hacia los mercados exteriores en todo el siglo. Se trataba, en consecuencia, de sendos minerales de gran relevancia estratégica en los que la prioridad era cubrir el consumo militar.
Tanto los establecimientos mineros del estado como los de aquellos particulares que esporádicamente conseguían alguna autorización, veían obstaculizado su desarrollo por un conjunto de restricciones energéticas y territoriales que son propias de las economías orgánicas. En Riotinto la empresa de Wolters introdujo la metalurgia del cobre por la vía seca, lo que conllevaba un extraordinario consumo de combustible vegetal para las tareas de fundición. La deforestación del entorno debió ser tan importante que muy pronto la viabilidad de la empresa dependió de la disponibilidad de arbolado cercano. Desde entonces, la existencia de una oferta de madera próxima, se convirtió en una cuestión estratégica para la viabilidad de la explotación minera. Todavía un siglo después, en 1852, el ingeniero Ezquerra en su informe sobre estas minas del Estado afirmaba rotundamente que “el elemento fundamental e indispensable para toda empresa minera es sin duda el cultivo de un abundante arbolado en las inmediaciones del criadero que se trata de beneficiar”. Por ello, todas las empresas mineras de la Corona en el siglo XVIII (Almadén, Linares, Riotinto) tenían acotados montes o dehesas para el suministro en exclusiva de leñas y madera.
Sin embargo, los conflictos con otros usuarios del monte, como los vecinos y los ganaderos o como la misma Marina, administradora de buena parte del patrimonio forestal, fueron en aumento conforme se intensificara la explotación minera durante el último tercio del siglo XVIII. La deforestación de las áreas más próximas obligaba a los establecimientos mineros a abastecerse de lugares cada vez más lejanos, con el consecuente incremento de los costes de transporte.
El transporte de los suministros necesarios para la labor minera y el beneficio metalúrgico y los gastos ocasionados por la expedición de sus productos hacia los lugares de consumo, era así una cuestión crucial para la viabilidad de la minería del XVIII. La mina de Riotinto solo podía conectarse con Sevilla a través de un antiguo camino, mientras que en Linares la elevación de los portes sería, junto con el problema del desagüe (otra cuestión relacionada con las posibilidades de las energías orgánicas) los factores determinantes del declive de las fábricas y las minas de la Corona. Esta se esforzaría desde la última década del siglo XVIII en desarrollar sus fábricas y minas en el reino de Granada, en las Alpujarras y la Sierra de Gádor, favorecidas por una mejor renta de localización (cercanas al mar desde donde el transporte era más barato) y con una dotación de combustible relativamente suficiente para las necesidades de la fundición del plomo. Por su parte, la clausura de la fábrica de Artillería de Sevilla en 1810 precipitó el cierre de Riotinto durante más de una década.
Con el “boom” minero español del siglo XIX, y una vez superadas las trabas institucionales que impedían el crecimiento minero a gran escala (la privatización o desamortización del subsuelo), los dos antiguas cuencas mineras del siglo XVIII, Riotinto y Linares, tras décadas de muy baja actividad, contarán con las inversiones de capital extranjero que permitirán incorporar una nueva oferta tecnológica (vapor) basada en el uso de energía fósil.
El Diccionario de Madoz (1845-1850) está plagado de referencias a la deforestación que en las sierras de la provincia almeriense estaba causando tanto el crecimiento demográfico como la actividad metalúrgica. El ingeniero Ezquerra del Bayo se refiere a la «terrible hacha del fundidor» que ha llegado a batir no solo extensos encinares, sino incluso olivos productivos en las inmediaciones de los distritos mineros de Sierra de Gádor y Almagrera. El monte bajo de esparto, eficaz para la primera fusión del mineral de plomo, también fue arrancado de manera inmisericorde. Unas estimaciones realizadas por este autor hace tiempo trataban de poner cifras a los numerosos testimonios del momento. En la Sierra de Gádor entre 1796 y 1860 se quemaron en torno a 1,4 millones de toneladas de esparto Stipa tenacissim ) y 52.000 toneladas de carbón vegetal en las fundiciones de plomo. Más de medio millón de encinas (Quercus ilex) desaparecieron, por lo que se puede deducir que un área de unas 28 mil hectáreas perdió su cobertura vegetal.
La respuesta de la Administración de la época fue tardía, desigual y poco efectiva, aunque las autoridades fueron conscientes del efecto devastador que estaban produciendo las rozas realizadas en los montes para el abasto de las fundiciones. Las órdenes dictadas por el gobernador político de Almería en 1837 no detuvieron lo que el alcalde de la capital denominó en 1842 «el abuso en el ramo de leñas«. En 1854, una nueva orden del gobernador civil prohibiría terminantemente el uso de combustible vegetal en las operaciones metalúrgicas.
Fuera de Almería, los altos hornos levantados en Marbella y Málaga para la producción siderúrgica también fueron cebados con carbón vegetal elaborado a partir del arbolado de los montes cercanos. Cristóbal García Montoro ha estudiado este proceso y ha documentado como la ferrería La Constancia en apenas cinco años, 1832-1837, contrató con el ayuntamiento marbellí el derecho a aprovechar casi 600 mil pinos de la Sierra de Real, equivalentes a casi la quinta parte de los disponibles. La deforestación fue tan intensa que en el Diccionario de Madoz en 1848 se concluye que «la mayor parte de los montes de Marbella están hoy destruidos de arbolado«. Las necesidades de combustible vegetal para entonces ya eran satisfechas con importaciones de carbón vegetal de Italia.
La intensa deforestación, que solo tardíamente intentó ser controlada por el gobierno, tuvo dos efectos reseñables. Uno en el corto plazo, ya que aceleró la transición tecnológica de la metalurgia del plomo hacia el uso de tecnología inglesa con nuevos hornos consumidores de carbón mineral importado desde Gran Bretaña. Este cambio además empujó a las fundiciones a aumentar de tamaño y a situarse en el litoral, para desde allí expedir los metales e importar la hulla y el coque de las Islas.
Por si no fuera bastante con el impacto de la metalurgia, el fuerte crecimiento de la población en el litoral andaluz a partir de los años 1820-1830 o el desarrollo de nuevos ciclos de desarrollo industrial como el que representaría la expansión de la industria azucarera, una gran consumidora de combustible vegetal, ayudarían a mantener una fuerte presión sobre la cobertura forestal de las montañas cercanas durante las siguientes décadas.
A medio y largo plazo la deforestación acentuaría los riesgos naturales al alterar el ciclo hidrológico en las montañas del este de Andalucía. La pérdida de suelo y el incremento de la erosión ante la falta de cobertura vegetal se acentuarían en la segunda mitad del siglo XIX. Sucesivas catástrofes e inundaciones (1871, 1879, 1888 y 1891) se veían agravadas por la deforestación. La restauración hidrológica y forestal se convertiría en el nuevo siglo XX en una línea de actuación preferente por los servicios oficiales en el Sureste árido, en un intento desesperado por corregir los excesos cometidos durante la centuria anterior.
Bibliografía recomendada:
Sánchez Picón, Andrés, «La presión humana sobre el monte en Almería en el siglo XIX», en Sánchez Picón, A. (ed.): Historia y medio ambiente en el territorio almeriense, Almería, Publicaciones Universidad de Almería, 1996, págs. 169-202
Sánchez Picón, Andrés, «Transición energética y expansión minera en España», en González de Molina, M. y Martínez Alier, J. (eds.), Naturaleza transformada. Estudios de historia ambiental en España, Icaria, Barcelona, 2001, págs. 265-288.
García Latorre, Juan y García Latorre, Jesús, Almería hecha a mano. Una historia ecológica, Almería, Cajamar.
García Montoro, Cristóbal, «La siderurgia de Río Verde y la deforestación de los montes de Marbella», Moneda y Crédito, vol, 150, 1979, págs. 79-95.
Pérez Cebada, Juan Diego, Minería y medio ambiente en perspectiva histórica, Huelva, Universidad, 2001.
TEXTO:
El hacha terrible del fundidor
«El beneficio de las escorias ha dado por resultado acabar por destruir el poco arbolado que quedaba en el país y en muchas leguas al contorno, sin que nadie haya pensado en reponerlo. hasta los olivos han caído bajo el hacha terrible del fundidor para convertirlos en carbón. En todos los pueblos de las inmediaciones de Almería se ven ruinas de almazaras o molinos de aceite que ya no tienen fruto que exprimir. para proveerse de leñas y carbones tienen muchas veces que acudir a las Islas Baleares». (Ezquerra del Bayo, Joaquín: «Datos sobre la estadística minera de 1839«, Anales de Minas, III, págs. 281-346).
Fuente: «La deforestación. Un impacto del boom minero del siglo XIX». Andalucía en la Historia. Número 47 Enero-Marzo 2015, pp. 8-11.
Portada:
Paisaje de la zona minera de Sierra Almagrera (Almería), en una postal de finales del XIX reproducida en el Atlas de historia económica de Andalucía (https: //www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia/atlashistoriaecon)
Artículos relacionados
La salvación de los agricultores: pagarles el servicio medioambiental que prestan
Salarios y nivel de vida en los barrios obreros británicos durante la revolución industrial
