José Luis Gómez Urdáñez

Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja

 

Extracto de Víctimas del absolutismo. Paradojas del poder en la España del siglo XVIII, en prensa en Punto de Vista Editores.

 

Godoy recurrió a un cambio de gobierno drástico, llamando a ilustrados prestigiosos como Gaspar Melchor de Jovellanos (ministro de Gracia y Justicia) o Francisco Cabarrús Lalanne (embajador en Francia, luego sustituido por el no menos radical ilustrado José Nicolás de Azara) y confiando a Francisco de Saavedra la secretaría de Hacienda. Las opiniones de primera hora fueron muy favorables y, en efecto, se notó en los círculos más reformistas la protección dispensada por Godoy a muchos ilustrados, por ejemplo, a Olavide, al que como hemos visto, ayudó a publicar El Evangelio en triunfo, en 1797, y a volver a España al año siguiente. También se atribuía Godoy haber salvado a otra víctima, el profesor de la Universidad de Salamanca Ramón Salas y Cortés, apresado por la Inquisición el 25 de septiembre de 1795 y encarcelado durante quince meses, y elegido también como “ejemplar”, por supuesto, como en el caso Olavide, con la anuencia del rey y seguramente más de la reina.

Ricardo Robledo ha estudiado en profundidad el caso de Salas, “un mero profesor de Salamanca cuya causa hice sacar del Santo Oficio y abocarla al Consejo de Castilla”, dice Godoy en sus Memorias. Muchos historiadores se han dejado engañar por Godoy, pero no Robledo que ha sabido recrear el clima político que rodeó el proceso y propició la desgracia del profesor, tildado con cierto simplismo solo de partidario de las ideas revolucionarias cuando era un hombre de una vasta cultura, traductor de los filósofos franceses, ingleses e italianos, y autor de obras de gran calado jurídico. El gran jurista, que llegó a ser intendente con José I e influyó a través de sus obras en la redacción de la Constitución de 1837, la más liberal del siglo, fue mucho más que un mero “contagiado”. Desgraciadamente, sigue siendo un desconocido en el panorama político del siglo XVIII, aunque mucho menos después de la publicación del excelente libro de Ricardo Robledo sobre la universidad española (que se ha notado muy poco en el pésimo artículo sobre Salas que aparece en el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia).

El profesor Salas conocía bien su posición, estaba seguro del camino que emprendía al imponer la enseñanza de la Economía política en una universidad tan conservadora como Salamanca y arrostró su destino con valentía: “sé muy bien -escribió en 1787- que el camino que me he propuesto seguir no es el que conduce a los acomodos y a las cátedras; nadie por él ha llegado a ser catedrático, yo tampoco lo seré jamás”. Sí lo fue, pero con la cátedra vino la conjura del sector más reaccionario de la universidad, que encontró en el obispo de Salamanca Felipe Fernández Vallejo, también presidente del Consejo de Castilla y feroz enemigo de las Luces, su brazo ejecutor. Dos fueron, según Robledo, los procedimientos usados para hundir a Salas: la inducción a la confesión, que luego se utilizaría contra él, y la utilización irregular de pruebas, muchas de ellas solo declaraciones de delatores.

El caso Salas tiene muchos puntos en común con el de Olavide. Es también una exhibición del triunfo del Santo Oficio, en un momento en que Godoy -como antes Aranda- se atribuía haberle quitado competencias; se escoge como víctima a un “mero profesor”, cuyo protector, Urquijo, el que será ministro unos años después, también debe protegerse, lo mismo que había hecho Campomanes con su “amigo” Olavide. En fin, como a Olavide, se le somete a la pena de cárcel secreta -otro que desapareció del mundo de los vivos- y en el proceso se vuelven a oír los mismos nombres, Rousseau, Voltaire, etc., y algunos nuevos que demuestran la ignorancia de los inquisidores, pues confunden al ateo baron d’Holbach con Diderot al procesar al discípulo de Salas, José Marchena, “efecto demostración de la perversa influencia de Salas”. Igual que a Olavide, a Salas le atribuyeron haber dicho todas las barbaridades del mundo y, aunque le hubieran visto en misa -Godoy fue acusado de ateísmo por no haber ido a misa en ocho años-, abultaron sus ideas deístas e incluso ateas. Un cura de su pueblo, Belchite, le acusaba ya en 1786 de haber dicho que “no había tal alma racional, ni que había Dios para criarla”.

Dichos y sospechas, lecturas prohibidas, asuntos de relajación de costumbres, ideas perversas… Los tiempos ya no eran los de Olavide, la Inquisición ya no podía condenar a Salas por eso; pero la conjura era muy poderosa y, tras una primera absolución el 6 de enero de 1796 en el Tribunal de Corte, Salas siguió en la cárcel. Como Olavide, enfermó gravemente, quiso escribir al rey, había momentos en que perdió la cabeza, pero aún le esperaba lo peor: la inquina de los enemigos de la universidad, de los catedráticos, los que le iban a dejar en la suma pobreza, sin que pudiera vivir de su profesión, incluso sin pensión de jubilación, que le negaron expresamente (tenía 43 años). Convertidos en delatores, como acertadamente señala Robledo, los catedráticos más reaccionarios encontraron vía libre con el apoyo del obispo Fernández Vallejo, el último obispo que presidió el Consejo de Castilla. Liderados por el padre Leonardo Herrero, que llevaba diez años buscando pruebas contra Salas -cómo no recordar al padre Romualdo de Friburgo, el instigador de la desgracia de Olavide-, la universidad mostró su cara más reaccionaria y se libró del “corifeo de las perversas doctrinas de posmodernos filósofos que corrompen las universidades de España y perjudican a la obediencia debida a los soberanos”, en palabras del ilustrado cardenal Lorenzana, que no demostró aquí ni pizca de ilustración, lo mismo que el inquisidor Bertrán en el caso Olavide.

La última sentencia, del 25 de noviembre de 1796, pareció blanda, como la que recibió Olavide, pues solo se le condenaba “a abjurar de levi”, y a hacer penitencia conventual un año, pero se le absolvía “ad cautelam”. Sin embargo, era una canallada, pues se le condenaba al destierro de Madrid, Sitios Reales, Belchite y Salamanca, es decir, se le privaba de ejercer la cátedra en Salamanca y de poder ganarse la vida como abogado en Madrid. Cuando el rector preguntó el 8 de diciembre qué debía hacer con la cátedra vacante, ni Godoy ni Eugenio Llaguno, ministro de Gracia y Justicia entonces, se arriesgaron a aparecer como los protectores de la víctima, pues sabían lo que pensaban los reyes. Dejaron dormir el asunto y cuatro meses después, el 19 de abril de 1797, una Real Orden, que obviamente venía de la mano de Godoy, impedía a Salas enseñar en adelante, “pues siempre sería sospechosa su doctrina”.

El Tribunal de la Inquisición volvía a triunfar y, de paso, impedía la maniobra de Godoy para pasar al rey alguna de sus competencias. Parecía que se podía contar para su reforma con obispos ilustrados como Lorenzana, o con inquisidores como Ramón de Arce, amigo íntimo de Godoy, pero a la Inquisición siempre le había ido bien provocar grandes escándalos, como el de Olavide o el de Salas, para hacer aflorar lo más reaccionario de la sociedad española, en este caso, empezando por los reyes, que se asustaban de lo que estaba ocurriendo. “Usted, hipócrita, y vuestros iguales sois la causa de las revoluciones de Europa”, le dijo María Luisa a Lorenzana, cuando se preparaba la expulsión definitiva de Salas.

El cardenal Francisco Antonio de Lorenzana, por Matías Moreno (Museo del Prado)

A esas alturas, la intriga cortesana estaba llegando hasta un extremo inusitado. Con razón dice Ricardo Robledo que “pocas décadas como la última del siglo han sido tan pródigas en encarcelamientos, destierros y caídas en desgracia de las primeras figuras de la política o de la administración”. Ya hemos visto caer a Godoy en marzo de 1798 y formarse el nuevo gobierno, el llamado gobierno Urquijo, con hombres ilustrados como Jovellanos y Saavedra, grandes esperanzas que pronto fueron también truncadas: nuevas víctimas del absolutismo. La corte fue más peligrosa que nunca. Jovellanos y Saavedra pudieron haber sido envenenados, eso se dijo al menos, mientras los reyes oían toda clase de dicterios contra los nuevos ministros, acusados de revolucionarios y jansenistas, herejes. Buena parte de la Iglesia reaccionó –una vez más- contra cualquier intento de reformar la Inquisición, una idea de Jovellanos que compartía con Saavedra y sus amigos tildados de jansenistas; también contra otro proyecto, viejo pero igualmente detestable para el clero: la desamortización.

De exagerar las intenciones de los ministros ante los reyes se encargaba el canónigo Escóiquiz y sobre todo el ministro José Antonio Caballero, un personaje que ha pasado a la historia como un maligno paladín del reaccionarismo. Godoy le denigró y le hizo cargar con la responsabilidad de la caída de Jovellanos. “Su primera hazaña –dice Godoy- fue lanzar al ministro Jovellanos de donde yo le había traído y logrado colocarle… ¿Quién le reemplazó en su ministerio? Don José Antonio Caballero”. Pero el que realmente hace del ministro un retrato impresionante es Pérez Galdos en La corte de Carlos IV. Dice don Benito que le vio una sola vez en la vida, pero que nunca le olvidó: “era de edad como de cincuenta años, pequeño y rechoncho de cuerpo, turbia y traidora la mirada de uno de sus ojos, pues el otro estaba cerrado a toda luz; con el semblante amoratado y granulento como de persona a quien envilece y trastorna el vino; de andar y gestos sumamente ordinarios, en tanto grado repugnante y soez toda su persona que era preciso suponerle dotado de extraordinarios talentos para comprender cómo se podía ser ministro con tan innoble estampa”. Y aun añade: “el marqués Caballero era tan despreciable en lo moral como en lo físico, pudiendo decirse que jamás cuerpo alguno encarnó de un modo tan fiel los ruines sentimientos y bajas ideas de un alma. Hombre nulo, ignorante, sin más habilidad que la intriga, era el tipo del leguleyo chismoso y tramoyista que funda su ciencia en conocer no los principios, sino los escondrijos, las tortuosidades y las fórmulas escurridizas del derecho, para enredar a su antojo las cosas más sencillas”. Para Galdós, este personaje “usó como instrumento de su ambición cerca del Rey a la Iglesia” y cuenta entre sus méritos “haber perseguido a muchos ilustres hombres de su época y encarcelado a Jovellanos”; pero aún, años después, “remató su gloriosa carrera contribuyendo a derribar al mismo Príncipe de la Paz, en marzo de 1808”.

José Antonio Caballero retratado por Goya (Museo de Bellas Artes de Budapest)

La desgracia que empezaba para Jovellanos el día de su exoneración, el 16 de agosto de 1798, no era solo responsabilidad de su sucesor en el cargo, pero también hay que recordar que Godoy había cesado meses antes, el 28 de marzo. Con todo, también conviene insistir en que el destierro y la condena del prócer ilustrado, en 1801, sin juicio, es un símbolo de lo mucho que había avanzado el reaccionarismo en pocos años, con un Godoy nunca tan camaleónico –y tan dispuesto a complacer a la reina- a la cabeza, pues el odio que llegó a sentir María Luisa por Jovellanos, Cabarrús y Urquijo le hizo escribir: “¡ojalá jamás hubiesen existido tales monstruos!” Aun así, no hay que olvidar los aspectos personales: cuando cesó Godoy en la Secretaría de Estado en marzo de 1798, Jovellanos pidió para él la pena de destierro en la Alhambra. Y en cuanto al trato con la reina, Jovellanos dejó de comunicarle las vacantes de cargos y otras noticias nada más llegar al ministerio para evitar que moviera sus influencias, lo que le valió el odio cerval de la dominante María Luisa.

Manuel Godoy- 1767-1851

La caída y posterior destierro de Jovellanos fue el caso más visible de la represión desatada contra los ilustrados durante el largo ministerio de Caballero. La suerte de Urquijo fue parecida, pues también acabó en la cárcel, en la triste Ciudadela de Pamplona, luego en el destierro en Burgos. Juan Meléndez Valdés, que se había enfrentado al obispo de Ávila, fue también desterrado, primero en Medina, luego en Zamora. Por el contrario, Godoy había dejado el cargo, momentáneamente, entre alabanzas de los reyes, que le mantuvieron todos los sueldos y honores. La decisión de prescindir de Godoy ha sido explicada por los muchos motivos reales que hacían insostenible su situación –la opinión pública, la animadversión de los ministros, la presión de la Iglesia-, pero también hay que mirar ya a Francia –y a Roma-, donde Napoleón empezaba a desplegar su manto protector sobre unos reyes –y un papa, Pío VI- que temían por el futuro de la monarquía si no se le complacía. Ahora prescindían de Godoy y preferían a un sucesor afrancesado avant la lettre, el bilbaíno Mariano Luis de Urquijo; dos años después harán volver de nuevo a Godoy, desde ahora –y hasta la crisis final de 1808- sin cargo, pero con una distinción inusitada: la de Generalísimo.

 

Ilustraciones: Conversación sobre la Historia

 Portada: Geografia Blaviana. Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca

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