Cándido Ruiz González*
Profesor de Enseñanza Secundaria
Introducción
Han pasado cuarenta y siete años desde la muerte del dictador Francisco Franco y cuarenta y cuatro años desde la Constitución de 1978, viviendo en una democracia de ínfima calidad y que conoce una evidente degradación en los últimos años. En esta etapa de la historia de España la memoria histórica del país ha seguido manteniendo los rasgos de la memoria del Estado, en su primera fase totalitario y posteriormente, ante el contexto internacional y la eliminación de la oposición, una segunda fase de corte autoritario (que también podríamos calificar por sus características como totalitario, si no fuera por estar fuera del tiempo histórico de las crisis de las democracias y de los totalitarismos). Frente a ello, con enormes dificultades y tergiversaciones se ha ido reconstruyendo y forjando la memoria de los vencidos y sus descendientes, una memoria que solo puede ser democrática y republicana, por haber sido esta la España destruida tras el golpe de Estado de 1936 devenido en guerra tras su fracaso.
Esta situación ha sido fundamentalmente producto del tipo de transición democrática que se produjo en el país, en la que el Estado y la economía española siguieron en manos de las élites políticas y económicas provenientes de la Dictadura, controlando las altas instancias de la administración y los puestos clave en el Estado (judicatura, ejército, fiscalía, abogacía del Estado, empresas públicas, Banco de España), las empresas, los medios de comunicación y los partidos políticos. Estos últimos mediante un sistema político, el bipartidismo, con un sistema electoral diseñado en sus elementos básicos antes de la aprobación de la Constitución, bajo el ojo vigilante del “dueño de la finca” (Estados Unidos), y, por supuesto, sosteniendo la pieza clave del sistema, la Monarquía borbónica, “puesta a dedo” por el dictador genocida, mantienen una memoria de la Dictadura, que evoluciona (la memoria nunca es estática, ni es la misma en la generación de los años 40 que en la generación de los años 80) hasta la actualidad.
Para mantener esta memoria y evitar efectos indeseados para los poseedores del Estado y la propiedad, botín de guerra de los vencedores, se crea un armazón jurídico-legal con dos piezas fundamentales del Régimen del 78: una ley de punto final, la Ley de Amnistía de 1977 y la propia Constitución de 1978, diseñada para evitar cualquier cambio o reforma del propio Régimen del 78.
Finalmente, para consolidar esta memoria y evitar el surgimiento y la competencia de una memoria verdaderamente democrática, se practica desde todas las instancias del Estado, medios de comunicación y partidos políticos del régimen una damnatio memoriae con la experiencia democrática de la Segunda República y las reformas puestas en marcha. El recuerdo de aquella democracia se tergiversa, siendo solo utilizada para señalar aspectos negativos o directamente enfangar su recuerdo, fundiéndolo con la violencia y la guerra. Los vencidos y sus herederos, es decir, la mitad de España fue condenada a un Alzheimer histórico y a una memoria oculta y ocultada.
Este proceso es la famosa transición y la reconciliación nacional. Y efectivamente fue una transición de la memoria franquista a la memoria del Régimen del 78 y de la represión y control de la Dictadura al mantenimiento del poder y los privilegios de los dominadores de antes del 78 y después del 78 bajo el disfraz de una democracia formal.
Esta memoria oficial mantenida de un modo tan artificial chocaba con los hechos acaecidos en el país, la memoria familiar oculta y ocultada, la existencia de miles de desaparecidos y de fosas comunes por todo el país y el contexto internacional con la irrupción de la memoria, tras la caída del muro de Berlín y el fin del comunismo en Europa del Este, los genocidios en varios países del mundo, el fin del apartheid en Sudáfrica y de varias dictaduras en Sudamérica y la consiguiente creación de Comisiones de la Verdad en distintos países.
En España la construcción de la memoria ha costado y está costando ante el mantenimiento de la memoria franquista transmutada en memoria de la Transición y el importante apoyo político y social que mantiene. Unos pocos historiadores, al margen de la Universidad, comenzaron a investigar el pasado reciente a finales de los años 70 y principios de los años 80, encontrándose con obstáculos de todo tipo. Y hubo que esperar veinte años para el surgimiento del movimiento memorialista. El poder respondió con el consabido “no reabrir heridas”, que ya se había producido el reconocimiento de derechos (algunas pensiones y poco más) y que la transición política fue modélica, logrando la tan ansiada reconciliación nacional. La lucha de memorias estaba servida.
Este es nuestro punto de partida en esta obra: la “modélica” Transición y su memoria frente a la que se alza la memoria democrática y pretendemos mostrar lo que ha ocurrido en estos últimos cuarenta años, hasta llegar a la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada. Y, para ello, debemos conocer primero qué es la memoria y qué tipos de memoria existen, así como el proceso de esa lucha de memorias y la innegable importancia que tienen los lugares de memoria en la construcción de la memoria.
Pero para tener una memoria democrática no basta con teorizar sobre la misma y erigir monumentos, obras y edificaciones que simbolicen o representen lugares de memoria. Es necesario acabar con los mitos que la derecha antidemocrática y el Franquismo han creado, que se mantienen hoy día en importantes sectores de la población española y que son alimentados desde algunos ámbitos científicos y, sobre todo, desde los medios de comunicación, reproduciéndose en Internet y redes sociales. Esos mitos presentan una fuerte capacidad de resistencia y adaptación en un ambiente social y político inestable en estos últimos años.
La existencia de estos mitos con evidente funcionalidad política no es el único gran obstáculo que se han encontrado historiadores, políticos y el movimiento memorialista. La relación entre la historia y la memoria ha intentado ser una herramienta que evitase el surgimiento de una memoria democrática en España. La actuación de algunos historiadores, sobre todo en los años 90, que habían vivido, y en parte protagonizado, la Transición, convertidos en una especie de historiadores oficiales de la misma, arrogándose el monopolio de su interpretación, intentaron, utilizando la superioridad de la historia sobre la memoria, desacreditar la memoria colectiva y el surgimiento de la memoria democrática. La irrupción de la memoria les cogió con el pie cambiado y respondieron descalificando al movimiento memorialista y optando por el olvido como base de la reconciliación. Luego surgieron los revisionistas (hoy llamados por algunos negacionistas) y en los últimos años también un neorrevisionismo donde confluyen la línea revisionista con los historiadores de la “suprema” historia objetiva. Finalmente, aparecen otros historiadores, que sí reconocen las víctimas, la represión, el memoricidio o la transición gatopardiana, aunque siempre con algún “pero”, minimizando ciertos hechos o dirigiendo su mirada hacia otros aspectos, que dejan en la penumbra la represión, la memoria de los vencidos u otros elementos importantes sin los cuales resulta extremadamente difícil construir una memoria democrática.
Y una vez conocidos los obstáculos y problemas, a los que se debe enfrentar una memoria democrática, quedaba el ámbito en el que se sustancian efectivamente las políticas de memoria, la acción de la política y la producción legislativa que permite convertirla en memoria pública. Por ello, tratamos lo que se ha llevado a cabo en estas más de cuatro décadas de Régimen del 78, tanto las exhumaciones y fosas, como las normativas que han permitido el pago de pensiones y otras medidas, los informes del relator especial de Derechos Humanos de la ONU o de Amnistía Internacional sobre el modelo de impunidad español, el auto del Juez Garzón, la querella argentina y, por supuesto, la Ley de 2007 realizada por el Gobierno de Zapatero y la reciente Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022 del Gobierno de coalición PSOE-UP, momento crucial en el que nos encontramos cuando se escriben estas líneas.
Finalmente, tras analizar lo sucedido en España en estos cuarenta años, no podíamos olvidar el ámbito más cercano, en el que hemos llevado a cabo nuestras investigaciones sobre la represión y el genocidio franquista en la provincia de Zamora, en la España interior, por lo que hemos incluido un capítulo final con todo lo que se ha llevado a cabo en materia de memoria democrática por parte de familiares y organizaciones memorialistas.
Epílogo: ¿Fin del camino o seguimos caminando?
La memoria democrática se encuentra en una encrucijada en España en el momento actual. Han pasado más de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución de 1978 y ha habido un cambio generacional importante, restando pocas personas vivas que vivieron el golpe, la Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura. Los distintos gobiernos han practicado una política de memoria franquista edulcorada con algunos elementos (culpabilidad de todos, olvido para la convivencia) que ha permitido el transcurso de los años para que, no solo desaparecieran físicamente las personas que vivieron aquellos momentos, sino también la memoria colectiva de un país.
Pero la memoria se ha mantenida viva en el ámbito familiar y se ha reconstruido gracias a las investigaciones de los historiadores, el interés de los nietos por saber qué ocurrió a sus abuelos y qué sucedió realmente en este país, el movimiento memorialista y el movimiento y los organismos en pro de los derechos humanos y las posibilidades que ofrece una democracia, aunque hayan sido limitadas por la peculiar Transición y el Régimen del 78 en el que todo estaba “atado y bien atado”.
Los historiadores continúan con su importante labor de investigación para conocer los hechos y desterrar los mitos, en algunos casos colaborando con el movimiento memorialista y en otros, por fin, desde la Universidad con investigaciones que enriquecen el conocimiento de la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la Transición. Y todo ello a pesar de los problemas con la documentación, ante la imposibilidad de consultar la documentación de Archivos policiales y de la Guardia Civil, la Ley de Secretos Oficiales y la Ley de Patrimonio.
El interés de nietos y biznietos se mantiene e incluso incrementa a pesar del tiempo pasado, revitalizado por la actitud política de los gobiernos y de partidos negando la memoria democrática, la crítica a la Transición “modélica” y a la Monarquía borbónica y la crisis del bipartidismo (intentando recomponerse en el momento presente).
En España existe un importante movimiento memorialista, que en consonancia con diversos órganos e instrumentos de Naciones Unidas hace labor de incidencia política y movilización social, impulsando medidas, apoyando a las víctimas y actuando donde el Estado debería actuar, pero no lo hace: ARMH, Foro por la Memoria, Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Plataforma por la Comisión de la Verdad, Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), etc.
La nueva ley se queda corta, es ambigua y está incompleta. Es necesario que España cumpla con los estándares internacionales contra la impunidad en materia de justicia transicional y memoria democrática: derogar o modificar la Ley 46/1977 de Amnistía para abrir la vía jurídica, estableciendo responsabilidades penales; el Estado es responsable de la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, incluyendo a los bebés robados; creación de una Comisión de la Verdad; retirar la simbología franquista y resignificar monumentos en clave de memoria democrática, no solo el Valle de los Caídos; apertura de los archivos públicos y privados con información sobre la Guerra Civil y el Franquismo; inclusión específica y transversal de la memoria democrática en planes de estudio de todas las etapas educativas, así como el fomento de la investigación; formación del funcionariado; reparación simbólica, económica y patrimonial a las víctimas; y la reforma del código penal contra la apología del Franquismo y las organizaciones fascistas propensas al discurso y delitos de odio.
Todas estas medidas deberían tener su reflejo orgánico en la administración central y en coordinación con las autonomías y la sociedad civil. Además, deberían incorporar el enfoque de derechos humanos, género y diversidad para procurar la máxima inclusión y las medidas positivas apropiadas.
Con la nueva ley la verdad será parcial ante las dificultades y obstáculos que imponen la ley de Patrimonio y la Ley de Secretos Oficiales. La Justicia no se consigue porque no se garantiza el acceso a una tutela judicial efectiva, no se aplica el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y continúa vigente la Ley de Amnistía. La reparación no está recogida, más que de una forma meramente simbólica y administrativa. Y las garantías de no repetición, están en entredicho al no llevar a cabo una formación del funcionariado militar, policial y judicial, reduciéndose a lo fácil que es la enseñanza y la formación del profesorado. Tal y como afirma Ramón Contreras “eso significa que tenemos que seguir batallando por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y que esta Ley de Memoria Democrática es una nueva oportunidad perdida para la memoria de las víctimas del Franquismo. Una vez más un gobierno del PSOE defrauda y expresa los estrechos límites de su proyección política”.
Apenas aprobada la ley, estamos conociendo el desafío que plantean algunas organizaciones a la misma, convocando homenajes y concentraciones de exaltación de hechos y figuras relacionadas con la represión y la Dictadura como el caso del dictador Francisco Franco en el Valle de Cuelgamuros y de José Antonio Primo de Rivera en el centro de Madrid el 20 de noviembre.
La sociedad española no ha llegado al final de su camino en cuanto a memoria democrática. Sigamos caminando.
Sumario de la obra de Cándido Ruiz González y Eduardo Martín González
Introducción
1. Memoria y memorias
2. Mitos y memoria
3. Historia y memoria
4. La memoria democrática en España
5. Políticas de memoria en España
6. La memoria democrática en la provincia de Zamora
Epílogo
Anexo: memoriales y esquelas
*Cándido Ruiz González, licenciado en Historia y en Sociología, graduado en Ciencia Política y de la Administración y doctor en Historia, es autor de La espiga cortada y el trigo limpio. La comarca de Toro en la II República y el primer franquismo (1931-1945)(2011), obra basada en su tesis doctoral.
Fuente: introducción, epílogo y sumario del libro de Cándido Ruiz González y Eduardo Martín González Memoria, mitos, historia y política. La memoria democrática en Zamora (Círculo Republicano Zamorano, 2022)
Portada: mural pintado por Veronica Werkmeister que forma parte del Parque de la Memoria de Torres del Carrizal (Zamora), en memoria de las 25 personas de la localidad que fueron víctimas de la represión en 1936 (foto: Aniceto Prieto ).
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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Qué se puede esperar de un régimen pactado y otorgado por la anterior dictadura criminal («de la ley a la ley»). Comenzando por la restauración de la monarquía borbónica a la voluntad de un genocida.
Todos los poderes fácticos y el funcionariado continuaron sin depuración alguna.
El sistema educativo, como el judicial, está cortado al interés del sistema establecido; por ello, las políticas de negación y olvido, llevadas a cabo por el actual régimen salido de la anterior dictadura criminal.
Me temo -y se está viendo – que la llamada «ley de «memoria democrática» no es más que»papel mojado». El mundo académico no podrá por si solo paliar el desconocimiento que en general tiene la población española sobre la guerra española, la dictadura franquista y la «transición» (transacción), si las familias no muestran ningún interés en conocer su pasado reciente.