Antoni Puigverd

 

(A continuación artículos de Guillem Martínez y Josep Ramoneda)

En estos últimos años estamos asistiendo a una discusión retórica entre la visión legitimista de la crisis catalana, defendida por los soberanistas, y la visión legalista de políticos y periodistas que delegan el problema en el poder judicial. La discusión no sirve para alcanzar un mínimo acuerdo sobre el problema. Sólo alimenta la guerra cultural: convencer a los convencidos, estigmatizar a los oponentes y ridiculizar a los ambivalentes. Por ambivalentes me refiero a los que detectamos parte de la verdad en las dos argumentaciones.

El Rubicón fue atravesado hace años. Los legitimistas siguen diciendo que la ruptura de la legalidad estaba justificada por la razón histórica y democrática. Y el poder judicial les va aplastando con dictámenes jurídicos formalmente impecables que responden, empero, a prejuicios ideológicos (que los legalistas niegan como si los jueces fueran ángeles técnicos). Primero fue la condena de los 100 años. Desmedida desde todos los puntos de vista que no sean los de un poder presidido por un ex director general de Aznar. Después ha venido la corrección a los jueces de vigilancia penitenciaria. Y ahora llega la noticia de la repetición del juicio a Otegi, con la función de alejar la última esperanza de los presos catalanes. Los independentistas querían poner en cuestión en Europa el juicio que dirigió el magistrado Marchena. Era una esperanza simbólica: suponiendo que el recurso culmine favorablemente en el TEDH de Estrasburgo, los presos ya habrán soportado buena parte de la pena, si no toda. A pesar de ello, una mirada jurídica neutral podía ayudar a replantear algunas cosas en España. El TEDH nunca entra en materia, pero un suspenso en la forma podría desatascar la autocrítica (si queremos resolver el problema, todo el mundo, y no sólo el independentismo, deberá practicarla). Marchena y Lesmes, el exdirector de Aznar, han encontrado la manera de humillar doblemente a los derrotados. No solo los condenan a largas penas, sino que, en caso de que el TEDH les enmiende la plana, impondrán el castigo suplementario de la repetición del juicio. Han encontrado un argumento legalista para hacerlo.

Un personaje como Otegi no tendrá nunca el respeto de quien, como yo, era amigo de Ernest Lluch y del juez Lidón y lo es de Robert Manrique, portavoz de las víctimas de Hipercor. Pero la superioridad de los valores democráticos se expresa evitando el ensañamiento en el castigo. Ya es gordo que la doble taza de caldo que se aplica a Otegi y, por tanto, a ETA, tenga que servir de remate final del pacifista soberanismo catalán. Pero más gordo es que alguien pueda pensar que esto es solución. Este pleito político infectará mortalmente a nuestra democracia, si se cierra de acuerdo con los criterios de una corriente judicial que forma parte del tronco de los que se opusieron al título VIII de la Constitución. No recuerdo quién dijo “Fiat iustitia et pereat mundus”, pero viene aquí de perlas: “Que se haga justicia y que todo vaya al carajo”. ¡Bravo!

Fuente: La Vanguardia 16 de diciembre de 2020 

Véase también

Guillem MARTÍNEZ, “Los hombres que resucitaron a Liberty Valance” a CTXT (16-12-20)

El TS ha decidido volver a juzgar a Otegi, y lo ha hecho por unanimidad, lo que es un indicio de algo enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto

… hace escasas horas el TS se ha puesto las pilas, o lo que se ponga, y ha decidido volver a juzgar a Otegi. Por unanimidad. Es decir, en comunión con todos sus hipotéticos sectores. Verdaderamente esa es la noticia en este asunto. Son 16 bravos jueces 16. Lo que supone una  ausencia de matices en una decisión radical y de riesgo. Una apuesta por una jugada democráticamente cuestionable –la Justicia debe ser democrática, o apaga y vámonos; la justicia no es un estado de ánimo, es la ley formulada en democracia, un corpus que ya no es exclusivamente estatal–, en la que el TS tiene mucho que perder. Más que Otegi y los otros acusados, incluso, que pueden no perder más de lo ya perdido en esta partida. Mucho. Varios años de su vida. Interpretación sobre la unanimidad: presupone presiones –es decir, también premios y castigos– y la sospecha de que es, a su vez y únicamente, una exhibición ante el TEDH, para que esos chupatintas de Washington, que no entienden ni el Gran Estado de Mississippi, ni sus costumbres, se callen. Esa unanimidad es infrecuente, por definición, en una institución democrática para decisiones de ese calado y tendencia. Esa unanimidad es un indicio de algo, efectivamente, enrarecido en la Justicia, más profundo de lo previsto. Y lo que es peor, presagia votaciones unánimes futuras. Para encarcelar a Lula, por ejemplo y sea lo que sea Lula por aquí abajo. El TS, en fin, puede estar a dos votaciones unánimes de proclamar la unanimidad. Socorro (…)

https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34472/Guillem-Martinez-vita-nuova-Liberty-Valance-Tribunal-Supremo-Arnaldo-Otegi-EH-Bildu.htm

 

Josep Ramoneda: La última palabra

De poco sirven las proclamas de europeísmo si decaen cuando Europa pone límites (…)

Llueve sobre mojado. Una vez más, el Tribunal Supremo confirma los abrumadores indicios de politización del poder judicial y de confusión entre los poderes del Estado. La reacción suena a orgullo patriotero: a nosotros, los europeos no nos enmiendan la página. Pero sobre todo es un motivo más para sospechar que no hay intención del Supremo de quitarse de encima la carga política suplementaria que viene asumiendo desde que el Gobierno de Rajoy le subrogó la cuestión catalana. De modo que es perfectamente razonable que cunda la sospecha de que se está preparando el terreno por si Estrasburgo tumbara la sentencia del procès. Otra vez a juicio. Y que no decaiga la tensión.

Y, sin embargo, en democracia es obligación de todos los poderes del Estado favorecer la distensión siempre que sea posible. O por lo menos esto es lo que parecería aconsejar la noble virtud cardinal de la prudencia. Esta reacción tardía del Supremo ha coincidido en el tiempo con el injustificable rechazo del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que por otra parte sigue tomando decisiones desbordando los plazos de su mandato, completando así el retablo de la confusión entre política y justicia que habita en las instituciones. La primera obligación de quienes se presentan como defensores de la Constitución es cumplirla.

Pero el caso sugiere también dos reflexiones de carácter general. La primera es que el trabajo bien hecho evitaría más de un traspiés como el que ha sufrido el Supremo en este caso. Y que la justicia española lleva ya un número suficiente de reveses en Europa como para pensar que la obsesión política puede perturbar a veces la razón jurídica. Un déficit de serenidad y solvencia en la escena europea que no es sólo imputable a la justicia, España se pierde muchas cosas, empezando por gran parte de los fondos europeos, por no hacer bien los deberes. Y ahí cuentan los obstáculos administrativos, pero también la incapacidad de la sociedad civil a la hora de proponer proyectos de envergadura.

Y la segunda reflexión es que de poco sirven las proclamas de europeísmo si decaen cuando Europa pone límites. Una institución europea cuestiona una decisión de un poder español y salta enseguida la pulsión patriótica: Somos un Estado y la última palabra la tenemos nosotros. Una enfermedad que no es específica de España, está muy extendida en el continente y explica por qué cuesta tanto que Europa pase de potencia a acto. La patria sigue siendo el reducto mágico de la última palabra

https://elpais.com/opinion/2020-12-16/la-ultima-palabra.html

Portada: El rey Felipe VI posa junto al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, jueces y magistrados el pasado 7 de septiembre (foto: J. J. Guillén/AFP/Getty Images)

 

 

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