Miguel Díaz
Universidad de Alicante
Las migraciones constituyen un hecho consustancial a la experiencia humana. Dotar de perspectiva historiográfica a este fenómeno social requiere la combinación de varios tipos de fuentes. Sin duda, la vivencia migrante adquiere mayor dinamismo cuando nos acercamos a ella a través de las fuentes orales, pero para comprenderla en todo su sentido también es imprescindible considerar la información contenida en las fuentes documentales. Esta premisa dominó buena parte de mi trabajo a la hora de afrontar la tesis doctoral, Migrar contra el poder. La represión de las migraciones interiores en España durante la posguerra (1939-1957), defendida en la Universitat Autònoma de Barcelona en noviembre de 2020. En las siguientes líneas expondré los principales resultados de esta investigación.
A diferencia de otros periodos, el estudio de las migraciones interiores en España durante los años cuarenta ha sido una cuestión escasamente atendida por las distintas ciencias sociales. Desde mediados del pasado siglo, su estudio resultó problemático en los campos de la demografía y la historiografía. Las polémicas surgidas en aquellos años estuvieron sujetas a los aspectos cuantitativos del proceso, sobre todo en lo concerniente a la utilidad del Censo de Población confeccionado en 1940 para alcanzar conclusiones sólidas (Maluquer de Motes, 2007). Sin embargo, desde principios del actual siglo dichos debates fueron aparcados para intentar dilucidar cómo fue experimentado este proceso migratorio por parte de la sociedad española y cómo debemos encuadrar el contexto político, económico y social de la posguerra en el mismo, destacando en este aspecto los trabajos realizados por Angelina Puig (1991) y Martí Marín (2015).
La hipótesis de partida de mi investigación tomó como referencia estos últimos planteamientos. En primer lugar, asumí que los desplazamientos migratorios fueron realmente importantes durante la década del cuarenta. En segundo lugar, estimé que estas migraciones respondieron a motivaciones de diversa índole: económicas, sociales y políticas. Y, en último lugar, consideré que el régimen franquista debió desplegar una gobernanza restrictiva de las migraciones para intentar socavarlas, ya que el desplazamiento incontrolado de población podía poner en serio riesgo su potente retórica agrarista, su proyecto político autoritario y sus planteamientos económicos autárquicos.
Desde este último aspecto enfoqué uno de los argumentos clave de mi investigación: vincular el concepto represión con las migraciones interiores. Esta relación debe ser abordada bajo una perspectiva amplia, flexible y compleja. Su definición es inherente a las distintas modalidades represivo – administrativas desplegadas por la dictadura, más concretamente, dentro de lo que se ha definido como “represión no contable” (Del Arco y Hernández, 2016). Fue aplicada de forma transversal sobre una mayoría de la población, sin excepciones o consideraciones fundamentadas en el pasado político y social de los potenciales migrantes. Su accionamiento estuvo determinado jerárquicamente dentro de las estructuras de poder del régimen, aunque en este sentido ofreció algunas contradicciones porque numerosos gobernadores civiles omitieron las órdenes superiores para atenuar, a través de la emigración, posibles conflictividades sociales en los contextos precarizados que debieron gestionar.
Nos encontramos ante una modalidad represiva que ofreció tres planos relacionados entre sí: por un lado, una serie de mecanismos restrictivos implementados legislativamente durante la posguerra; por otra parte, dichos mecanismos originaron la precariedad que debieron afrontar miles de inmigrantes en sus procesos de asentamiento; y, a consecuencia de esta última apreciación, el régimen desarrolló un procedimiento para deportar a sus localidades de origen a todas aquellas personas que no pudieron sortear la normativa mencionada y su precariedad subsiguiente.
Para dotar de consistencia documental a las premisas indicadas, mi punto de apoyo inicial fue una orden circular emitida por el Ministerio de la Gobernación el 11 de septiembre de 1939. Esta circular tuvo unos recordatorios por parte del ministerio en noviembre de 1941 y agosto de 1949, confirmando de este modo su aplicación total o parcial durante toda la década del cuarenta. Su objetivo consistió en prohibir los desplazamientos incontrolados de población hacia las grandes ciudades y principales centros industriales:
La primera evidencia que nos ofrece este documento es la existencia de una orden gubernamental específica para impedir, o al menos dificultar, las migraciones internas. Las pautas indicadas a los gobernadores civiles señalan que la responsabilidad de la acción represiva, a diferencia de las décadas anteriores, recayó en los territorios emisores (preventiva) y receptores de inmigración (deportación de inmigrantes a sus localidades de origen). Asimismo, evidencia que las órdenes transmitidas a las autoridades de las provincias emisoras seguían sin ser aplicadas de forma estricta a finales del año 1941. También da cuenta de la conflictividad originada en los territorios urbanos a raíz de la falta de trabajo, la escasez de viviendas y los problemas para abastecer de alimentos a un tipo de poblaciones que, ya de por sí, ofrecían dificultades para atender a su población autóctona. Ligada a estas tres problemáticas, el régimen también temió por la proliferación de la mendicidad y por una posible desestabilización del orden público en dichos ámbitos, a consecuencia de la falta de empleo, vivienda, alimentos y al trasiego de personas sin identificar por todo el país. Finalmente, esta circular y sus recordatorios suponen la constatación de un hecho que se produjo durante aquellos años: pese a las restricciones impuestas por el poder, miles de hombres, mujeres y menores de edad decidieron migrar bajo un amplio abanico de motivaciones, desde las estrictamente económicas a las relacionadas con las inclinaciones políticas durante el periodo republicano, la Guerra Civil y la inmediata posguerra.
Ante este hecho, el régimen franquista instauró un periodo de excepcionalidad en el proceso migratorio español del siglo XX. Para ello desplegó una normativa restrictiva amparada en cuatro ámbitos fuertemente intervenidos por el Estado: el racionamiento alimenticio, la cuestión laboral, y los aspectos relacionados con la vivienda y la identificación de las personas. Respecto a estos últimos, los documentos identificativos establecidos tuvieron una estrecha relación con las migraciones interiores. Fueron fruto, entre otras cuestiones, de la intención por ejecutar un control individualizado de los migrantes en términos políticos, económicos y sociales, especialmente con aquellos que habían tenido un pasado vinculado al régimen republicano, con los derrotados en el conflicto bélico y con la disidencia política surgida tras la contienda. Con el fin de facilitar su represión política, el régimen fagocitó la sujeción de la sociedad donde más cómodamente podía aplicar todas sus aristas represivas: en los lugares habituales de residencia o previos a la guerra. Lo hizo aplicando una cuarentena territorial a toda la población. En un primer momento, dicha cuarentena estuvo sujeta al municipio, atenuándose posteriormente a la provincia, y finalmente, en 1948, con la derogación del Bando de Guerra y cuando la extensión del Documento Nacional de Identidad comenzó a ser una realidad en las grandes ciudades (y sobre los presos políticos), permitió una modesta libertad de circulación por todo el territorio peninsular.
Para controlar la aplicación de este confinamiento territorial, el régimen abrazó un formato identificativo surgido durante la contienda: el salvoconducto de movilidad interior. Dicho documento fue un requisito indispensable para emprender la emigración dentro de la “legalidad” establecida por la dictadura. Su tramitación administrativa fue utilizada por las fuerzas de orden público para realizar pesquisas político – sociales de los solicitantes antes de decidir si podían acometer el traslado de residencia a otro municipio. Dichos trámites fueron gestionados por las alcaldías municipales, las jefaturas de Policía (ámbitos urbanos), las comandancias de Guardia Civil (ámbitos rurales), y debían ser autorizados por los gobiernos civiles, pero la Dirección General de Seguridad pudo intervenir en última instancia para los casos más conflictivos.
Otro elemento de control impuesto a los movimientos migratorios estuvo sujeto al racionamiento alimenticio. En este sentido, la confección de los censos de racionamiento fue utilizada para dificultar los traslados de residencia mediante la imposición de restricciones para obtener una cartilla en la nueva localidad. El régimen fue endureciendo esta premisa a lo largo del primer quinquenio de la posguerra, ya que, a pesar de las limitaciones impuestas, los movimientos migratorios continuaron produciéndose por miles, poniendo en enormes dificultades a la Dirección General de Abastecimientos y Transportes en la contabilidad de sus censos. Por otra parte, la política asistencial de Auxilio Social también desplegó una normativa específica para excluir a los migrantes, dejándoles como únicas opciones el retorno a sus localidades de origen o la “regularización” de sus situaciones antes de que transcurrieran veintiún días de la solicitud de asistencia.
Respecto a las cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo, el Nuevo Estado implementó una normativa similar. La posesión de la cartilla profesional era una condición indispensable para establecer relaciones contractuales en el ámbito laboral. Y en este sentido, la dictadura impuso medidas para dificultar un adecuado asentamiento de los migrantes en los contextos urbanos e industriales. La más importante fue la prohibición de extender este documento a las personas que no pudieran demostrar una residencia previa a la guerra en el lugar donde pretendían desarrollar su actividad profesional. Por lo tanto, dos elementos de vital importancia como el trabajo y el racionamiento alimenticio quedaron supeditados a la política migratoria restrictiva impuesta por la dictadura durante estos años.
En cuanto a las problemáticas asociadas a la vivienda, el régimen promulgó una legislación proteccionista de las relaciones contractuales establecidas respecto al alquiler de inmuebles. A esta iniciativa se unió un escaso desarrollo del mercado inmobiliario (público y privado) durante estos años. Ambas cuestiones provocaron un desamparado habitacional para miles de personas migrantes que pretendieron establecerse en los núcleos urbanos e industriales, debido a la escasez de viviendas y a la imposibilidad de poder competir con los arrendatarios establecidos previamente. Este hecho, como es sabido, los empujó a recurrir al chabolismo, ocasionando innumerables problemáticas habitacionales y urbanísticas por toda España.
Junto a las problemáticas del paro obrero y la mendicidad, la cuestión de la vivienda y los suburbios fue la que mayor discurso antimigratorio generó durante los primeros compases de la dictadura. Las trabas administrativas para dificultar un óptimo asentamiento de las personas migrantes crearon importantes bolsas de marginalidad en las grandes ciudades, conllevando en muchos casos situaciones de extrema indigencia por el contexto general de precariedad reinante en todo el país. Estas problemáticas colocaron al discurso triunfalista del régimen ante una contradicción, y junto a los posibles estallidos sociales que podían generar en los contextos urbanos, influyeron de manera importante para que impusiera una política de deportaciones masivas durante la posguerra.
Junto a Madrid, la ciudad de Barcelona y su región metropolitana fueron los territorios que mayor contingente inmigratorio recibieron durante la posguerra (Ysàs y Molinero, 1987). Por ello disponen de un especial interés analítico para contextualizar los mecanismos represivos desarrollados contra las migraciones durante este periodo. En este sentido, el Gobierno Civil y el Ayuntamiento de Barcelona (y otros tantos de la provincia) coordinaron las labores para reprimir la mendicidad y la evacuación de inmigrantes a sus localidades de origen. En las siguientes líneas solo relataremos la labor desplegada por la máxima autoridad provincial durante el primer quinquenio de la posguerra. Gracias a documentación custodiada en el Archivo Histórico de la Delegación del Gobierno en Cataluña, podemos constatar que, al menos desde 1941, existió una Delegación Gubernativa para la Represión de la Mendicidad en el organigrama del Gobierno Civil de Barcelona. Varios informes elaborados por esta delegación reflejan el papel desplegado por esta autoridad gubernativa en la represión de la inmigración. Citaremos algunos extractos pertenecientes a un par de ellos, los más significativos, ya que ejemplifican como los planteamientos de la década del cincuenta para la represión de la inmigración y el chabolismo (detención, concentración y deportación de las personas migrantes), los más conocidos hasta ahora (Boj y Vallès, 2005), tuvieron unos antecedentes durante la inmediata posguerra. El primero fue llevado a cabo a principios de 1941, durante el mandato de Antonio Correa Veglison (1940-1945):
«Las provincias que nos dan mayor contingente de indigentes son Almería, Murcia, Albacete, Bilbao, Cartagena, Pamplona y Granada, para lo que sería imprescindible dirigir una comunicación, o como su Excelencia crea necesario a fin de conseguir que los Gobernadores de estas Provincia, no faciliten billetes de ferrocarril para esta, como también sería muy conveniente conseguir que el Jefe Superior de Policía y el General de la Guardia Civil que tanto a la llegada de los trenes como por carretera, todo aquel que venga a Barcelona y no justifique debidamente sus medios de vida en esta, sea conducido directamente al Pabellón de Rumanía».
Pero en este sentido, la manifestación más contundente la podemos observar en un documento confeccionado durante el mandato de Bartolomé Barba (1945-1947):
«1º. Intensificar la recogida de indigentes […] 2º. Estrechar la vigilancia en las Estaciones y especialmente a las horas de llegada de los trenes, en donde mayor posibilidad hay de que puedan llegar indigentes a la capital, recogiendo inmediatamente a su llegada a estos, y trasladados al Pabellón de las Misiones de la Exposición, o bien a Nuestra Señora del Puerto, por ser instituciones creadas para este motivo, en donde una vez clasificados, deben evacuarse a sus lugares de procedencia […] 5º. Ejercer estrecha vigilancia en los lugares donde se construyen barracas, para la evacuación inmediata de todas aquellas familias, que además de hallarse sin trabajo, no llevan de residencia en Barcelona el tiempo necesario para cumplir lo dispuesto en el decreto correspondiente».
Para contextualizar esta política utilizaremos una serie de comunicaciones que Bartolomé Barba mantuvo con los ministros de Gobernación (Blas Pérez González) y Obras Públicas (José María Fernández Ladreda), precisamente, cuando este último acometió un incremento del precio de los billetes de ferrocarril destinados a deportar inmigrantes. En este aspecto, Barba no dudó en relacionar el aumento de la mendicidad con la inmigración que recibió la ciudad durante estos años:
«Dado el enorme contingente de elementos forasteros que afluyen a Barcelona en demanda de trabajo, cada vez el problema presenta en esta Provincia mayores dificultades. Quizá fuera preciso para evitar este incremento tomar medidas que afectasen a otras Provincias desvirtuando la especie de mito de que en Barcelona hay trabajo para todos, poniendo trabas al desplazamiento de quienes trasladen su residencia con carácter permanente […] De otro modo, el problema de la indigencia y mendicidad irá incrementándose y me vería obligado a adoptar medidas tales como proceder a la evacuación de familias indigentes que no sean de esta Provincia, a sus puntos de procedencia siempre que no llevasen el tiempo de residencia correspondiente».
Tampoco dudó en vincular esta problemática con las consecuencias de la guerra y la represión política ejercida contra sus perdedores, señalando que «a estos conceptos hay que añadir los socorros prestados a las personas necesitadas que accidentalmente se encuentran en Barcelona, bien cumpliendo pena aflictiva de destierro o confinamiento». Y en último lugar, trasladó su impresión respecto al problema de orden público que podía originarse de no atender con mayor contundencia la cuestión migratoria, debido:
«al acrecentamiento incesante y diario de la población necesitada sin posibilidades de evacuación, nos llevaría fácilmente al aumento de la prostitución, y lo que es peor, de la prostitución clandestina con sus alarmantes consecuencias, al acrecentamiento de la delincuencia, a la que se verían abocados los hombres sin recursos, aparte de las posibles alteraciones del orden público».
La determinación de Bartolomé Barba para poner fin al reto inmigratorio fue realmente importante, y la enorme cantidad de «repatriaciones» efectuadas durante su mandato en la provincia de Barcelona así lo corrobora: 52.830 billetes sufragados para deportar inmigrantes entre el mes de agosto de 1945 y el de octubre de 1946. La repercusión de este hecho en la dinámica migratoria de la provincia puede ser observada mediante la comparación de esta cifra con los saldos migratorios producidos durante la década del cuarenta. Tomando como referencia los datos obtenidos por el equipo de Julio Alcaide Inchausti (2007) para su primer lustro, la provincia de Barcelona proporcionó un saldo migratorio positivo de 94.292 personas, mientras que para el segundo fue de 82.593 individuos, suponiendo un saldo migratorio positivo de 176.889 personas para toda la década. Por lo tanto, el total de los billetes emitidos para reintegrar inmigrantes en sus localidades de origen (durante tan solo 17 meses) supuso un porcentaje cercano al 30% del saldo migratorio positivo de toda la década; y como es lógico, el porcentaje aumenta si la comparación la realizamos con los dos lustros que la componen: 56% para el primero y 64% para el segundo.
Nos encontramos ante miles de tentativas migratorias sumidas en el fracaso como consecuencia directa de las políticas represoras desplegadas por la dictadura. Estas políticas tuvieron una gran influencia en el devenir histórico del proceso de modernización económica y social de España. Sin embargo, este hecho no puede considerarse como un éxito para el régimen, ya que, a pesar de las decenas de miles de deportaciones practicadas, las migraciones continuaron sucediéndose de forma importante, y en muchos casos fuera de los márgenes legales establecidos por la dictadura. En este aspecto, las personas migrantes se apoyaron en los resortes de la economía informal ofrecidos por las redes migratorias establecidas con anterioridad al desarrollo de la guerra civil.
Esta dinámica restrictiva fue la que dominó la concepción de las migraciones hasta 1957. Este año señaló el fin de la excepcionalidad migratoria (interna y externa) que existió desde el final de la Guerra Civil. A partir de los años centrales de la década del cincuenta, dentro de los cambios económicos generales impuestos a la dictadura desde el exterior para la recepción de créditos, esta recuperó los métodos de gestión y los marcos tradicionales de interpretación que desde principios del siglo XX venían aplicándose respecto a la cuestión migratoria. El peso adquirido tras la guerra por el Ministerio de la Gobernación desapareció y fue ocupado por el Ministerio de Trabajo y el recién creado Ministerio de la Vivienda. De este modo aplicó una actuación más racional. En definitiva, las migraciones comenzaron a ser consideradas como una cuestión estrictamente económica, dejando a un lado el excesivo peso político que había dominado su tratamiento hasta ese momento.
Bibliografía
ALCAIDE, Julio (dir.) (2007): Evolución de la población española en el siglo XX por provincias y comunidades autónomas, II vols., Bilbao, Fundación BBVA.
BOJ, Imma y Jaume VALLÈS (2005): «El pavelló de les Missions. La repressió de la immigració», L´Avenç: revista de història i cultura 298, pp. 38-44.
DEL ARCO, Miguel Ángel y Claudio HERNÁNDEZ BURGOS (2016): «Los componentes sociales de la represión franquista: orígenes, duración, espacios y actores», Historia Actual Online 41, pp. 77-90.
MALUQUER DE MOTES, Jordi (2007): «La incidencia de la Gran Depresión y de la Guerra Civil en la población de España (1931-1940). Una nueva interpretación», Revista de Demografía Histórica 25, pp. 131-166.
MARÍN, Martí (2015): «Migrantes, fronteras y fascismos. El control de los desplazamientos por parte del régimen franquista, 1939-1965», Spagna contemporanea 47, pp. 79-94.
PUIG, Angelina (1991): De Pedro Martínez a Sabadell: l´immigració una realitat no exclusivament econòmica (1920-1975), Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.
YSÀS, Pere y Carme MOLINERO (1987): «La población catalana a la posguerra: creixement i concentració, 1939-1950», L´Avenç: revista de història i cultura 102, pp. 38-46.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: Santos Yubero. Entrega de aguinaldo en los suburbios a los pobres de la barriada de Ventas (Madrid) por las jóvenes de Acción Social, 15-12-1942. Archivo Regional de Madrid.
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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