Lucio Martínez Pereda (*)
Profesor de Historia. IES Valadares de Vigo

 

Los informes enviados a los servicios de vigilancia e información del estado franquista durante los primeros años de la dictadura, con datos de toda la ciudadanía, no resultaron suficientes para investigar en su totalidad los antecedentes políticos, sociales, profesionales y religiosos de toda la población. La denuncia anónima se convirtió en un instrumento complementario e imprescindible para asegurar un castigo y depuración social completos de los opositores, pero también del conjunto de personas indiferentes incluido en esa zona intermedia llamada por la historiografía «gris». La delación, durante la Guerra Civil, fue estimulada públicamente y publicitada como una obligación moral que la población de la retaguardia tenía para con los soldados que estaban luchando en los frentes de batalla contra los enemigos de la Patria. Los antipatriotas no combatían solo con fusiles. Algunos de esos enemigos estaban lejos de los campos de batalla, ocultos, y resultaba imprescindible desenmascararlos para que la victoria en el frente no se convirtiera en una derrota en la retaguardia. Artículos como este fueron publicación habitualmente en la prensa controlada por los alzados ya desde los inicios del conflicto bélico: 

“En estos momentos en que España despierta del letargo en que a viva fuerza la metieron las hordas marxistas todos tenemos el deber ineludible de colaborar con las fuerzas nacionales (…) Todo es necesario (…) pero no es suficiente, porque la traición puede empujar a la patria al abismo. Para evitar esto tenemos la sana obligación de desenmascarar a todos los servidores de Rusia. ¡En la nueva España, no se consienten caretas!”[1]

Discurso del alcalde de Ciudad Rodrigo incitando a la delación, citado en El Adelanto de Salamanca, 18 de octubre de 1936

Durante la guerra la retaguardia fue empleada como un espacio propicio para la creación de un constructo propagandístico: el “Enemigo emboscado”. Cualquier sospecha infundada, cualquier detalle que podía parecer insignificante en época de paz, cobraba bajo la luz de esta machacona imagen propagandística una nueva dimensión que servía de estímulo para las denuncias. Ningún exceso informativo, ningún error a la hora de delatar iba a ser castigado. El delator- falso o no- podía ocultar la vileza de su acción bajo la cobertura justificativa de una cultura bélica que alimentaba la sospecha y la presentaba como una señal de patriotismo. Esta cultura hiperbólica de la sospecha eximia al acusador del suministro de pruebas: cualquier gesto se hacía indicio y cualquier indicio se transformaba en prueba. Las evidencias documentales primarias demuestran que esta sospecha permanente, creada durante el desarrollo de la guerra, se extendió temporalmente al menos hasta las décadas de los 40 y 50.

Las denuncias no fueron únicamente una rica fuente de información imprescindible para ejecutar todos los castigos, sino también la forma más sencilla y rápida de implicar a la sociedad civil en la represión, y reforzar sus lazos con la dictadura. Podemos afirmar, en ese sentido, que estas acusaciones actuaron a modo de inclusor social. Como señala Prada Rodríguez, las delaciones fueron un instrumento de primer orden para extender el interés en la consolidación de un régimen entre los que habían cooperado con la represión.[2]

Uno de los testimonios más conocidos de la delación bajo el franquismo: Camilo José Cela manifiesta «poder prestar datos sobre personas y conductas, que puedan ser de utilidad»

La delación y la denuncia se convirtieron para muchos en “el primer acto de compromiso con la dictadura.”[3] Un compromiso con el Nuevo Estado que muchas veces evidenciaba una estrategia para ponerse a salvo de las sospechas de desafección, pero también, un recurso para evitar que la represión se dirigiera contra uno mismo. El miedo como disolvente de resortes éticos básicos jugaba un papel político, creó un ambiente social irrespirable y un encanallamiento moral de las relaciones sociales que quebró los lazos afectivos, laborales y de solidaridad más básicos, especialmente en las localidades más pequeñas donde la presión del conocimiento de lo comunitario facilitaba que los denunciados intuyeran la identidad de los denunciantes. La denuncia se configuró como un inclusor social, pero también, como se ha repetido en alguna que otra ocasión, en un elemento constitutivo del propio régimen. La delación se normalizó, transformándose en uno de los pilares sobre los que se asentaron las relaciones profesionales e incluso en un recurso para resolver los conflictos de competencia interna surgidos entre las distintas familias políticas a la hora de distribuir el reparto de cargos en el aparato administrativo del Nuevo Estado. En ese sentido fue frecuente la circulación de dosieres de masonería “fabricados” ad hoc cuando aparecía algún conflicto de competencias en las estructuras de poder provincial, conflictos frecuentes cuando a raíz del nombramiento de un gobernador civil los jefes provinciales de falange- que consideraban el acceso a este cargo como una prerrogativa ligada a su poder – comprobaban con disgusto que sus expectativas no se veían cumplidas. [4]

Los delatores, denunciando a compañeros, vecinos o familiares, ligaban su futuro a la suerte del régimen. Eran perfectamente conscientes de que con su actitud fraguaban una relación de dependencia unida a la supervivencia del Nuevo Estado. Los expedientes contenidos en los archivos están llenos de miles de estas denuncias. Entrar en contacto con ellas es entrar en contacto con toda la miseria moral de una sociedad construida y articulada entorno al miedo.[5] Poco importaba que la denuncia fuera falsa, el delator nada pagaba por ello, si acaso un cierto desprestigio motivado por el incordio que suponía la apertura e instrucción de expedientes que no conducían a ninguna parte. En rarísimas ocasiones la falsa acusación tuvo consecuencias legales; no se podía asumir el riesgo de que esta ingente masa de delatores dejase de proporcionar un volumen de información que ponía a los distintos organismos depuradores sobre la pista que los llevaba a atrapar al izquierdista enmascarado. Informadores y delatores incluso se repartieron por estadios de fútbol y plazas de abastos, para vigilar cualquier conversación sospechosa que se produjese en los actos de masas.[6] Algunas profesiones o funciones estaban condenadas a convertirse en informadores, tal fue el caso de porteros y alcaldes de barrio. Los primeros llegaron a disponer de un formulario propio donde debían trasladar los datos recogidos sobre la vida y conducta de todos los vecinos del inmueble.[7]Algunas profesiones fueron especialmente requeridas por los servicios de información para aprovisionarse de denunciantes. Así sucede con propietarios de bares y cafeterías.[8]

Carta al director de La Gaceta de Tenerife, 24 de octubre de 1936

Las campañas de prensa orientando a la población sobre las pautas a seguir en la detección del enemigo interior alimentaron una presencia constante de la sospecha. Algunas denuncias fueron efectuadas por personas que no escuchaban sonar la radio del vecino cuando se emitía el himno nacional, o ante la ausencia de un brazo levantado en saludo a la romana durante la celebración de una manifestación patriótica. El hecho de que la petición de denuncias se hiciera pública en los boletines oficiales y fuera propagada por la prensa como una obligación moral y patriótica que se esperaba fuera cumplida por toda la población, creó una cultura de general aceptación que sirvió de coartada y auto exculpación para hacer desaparecer cualquier escrúpulo o contención moral. La incitación a la delación en la prensa fue constante. En el periódico La Vanguardia Española, tras la entrada de las tropas franquistas en Cataluña, se inauguró una sección titulada “Justicia Nacional”; publicando la calle y número de los edificios habilitados en cada distrito donde se podía delatar a los desafectos.[9]

La iglesia que, como es sabido, desde los inicios del alzamiento contra la República aportó argumentos religiosos para justificar la rebelión militar, no quiso mantenerse al margen de este proceso de denuncias y ofreció su prensa para legitimar las delaciones. La denuncia era una obligación de “buenos” españoles, pero también una obligación religiosa de los “buenos” católicos, hasta tal extremo que esta identificación mutua hizo que algunas organizaciones eclesiásticas hicieron llamadas a la delación colocándola bajo el patrocinio histórico de la Inquisición. En el editorial de la revista Ecclesia – el semanario de Acción Católica- se explicaba en los siguientes términos:

” A la acción vigilante del estado hay que añadir la colaboración y vigilancia de los buenos españoles (…) junto a la vigilancia, la delación inmediata y enérgica. ¿Habéis dicho inquisición? Creíamos que yacía sepultado entre escombros el miedo a muchas palabras que asustaron a nuestros abuelos. Porque la Inquisición es una forma de defensa que practicaban desde hace mucho tiempo todas las naciones del mundo.”[10]

Denuncia de un párroco contra un cartero rural (foto del artículo de V.M. Santidrián Arias «A depuración do persoal de Correos de Lugo», en Dez Eme, 2, 2000)

Podríamos afirmar que la delación se extendió por un campo de acción tan amplio que acabó formando parte del conjunto de elementos constitutivo de lo que algunos autores han llamado cultura de guerra civil[11]: una cultura en la que se socializó una parte de la población, pero también una especie de tácito “servicio patriótico” al que estaban obligados todos los “buenos españoles”. En palabras del Caudillo; lo mismo se servía a la patria “dando la vida en los frentes que desenmascarando a un traidor.”[12]

La delación penetró todo el tejido social, convirtiéndose incluso, en un recurso para sobrevivir a la dureza del presidio. Las condiciones de rigor extremo del sistema carcelario permitieron obtener informadores prácticamente a cambio de nada. A algunos delatores se les ofrecía poca, muy poca cosa a cambio de proporcionar datos sobre sus compañeros de presidio; simplemente un poco de efecto y simpatía con el que aligerar las extremamente duras condiciones de las prisiones de la dictadura: 

«El Jefe de la Guardia en su diaria y constante comunicación con los presos estudiará detenidamente el personal a su custodia, fijándose en aquellos que por la poca importancia de la pena que sufren, su cultura y moralidad pudieran prestarle el servicio de espionaje interior; para conseguirlo, y aún que sólo sea aparentemente les demostrará su afecto y simpatía, a cambio de lo cual les pedirá que de cualquier cosa que vean oigan o sospechen le den cuenta inmediatamente” [13]

Denuncia contra el secretario de un ayuntamiento zamorano, que poco después sería asesinado (foto incluida en el libro Historia de Zamora, vol. 3, Diputación de Zamora, 1995)

Los despachos de los gobiernos civiles y militares, las oficinas de las Delegaciones provinciales del gobierno y falange, de las comisiones depuradoras y los juzgados de los tribunales de Responsabilidades Políticas, se plagaron de un sinfín de denuncias y delaciones. En repetidas ocasiones se hizo necesario hacer llamamientos públicos para canalizar esta marea que podía hacer colapsar las acciones de las instituciones destinadas a ejercer el control social sobre la población. El volumen tan grande de acusaciones, lejos de facilitar la acción depuradora y represora en la administración, la entorpeció. El turbión acusatorio se convirtió en un problema que hacía poner en riesgo de colapso las tareas de estos organismos. La delación se normalizó y acabo convirtiéndose en una práctica que en ocasiones desbordo a los propios servicios dedicados a la recogida de información, haciéndose necesario repetir llamadas públicas para limitarla. Para frenar la avalancha de denuncias falsas, en agosto de 1936, el General Jefe de la 8ª Región Militar de Galicia envió a todas las comandancias militares instrucciones contemplando la posibilidad de imponer multas y destierros a sus autores.[14] Desde la Comandancia Militar de Pontevedra se hace pública en el Diario de Pontevedra del 5 de agosto de 1936 la siguiente nota: 

”habiéndose recibido en esta comandancia militar, anónimos denunciando actos cometidos por individuos de esta provincia, se pone en conocimiento de los denunciantes y del público en general, que no será admitida ninguna denuncia que no venga debidamente firmada, por considerar una cobardía y una falta de valor cívico el formular anónimos y más en las circunstancias actuales, en las cuales todo ciudadano consciente de sus obligaciones y amante de España, debe de tener el valor y la gallardía de dar su nombre en defensa de la patria y aplicación de la justicia.”[15]

El Gobernador Civil de Lugo, Raimundo Bermúdez de Castro, cuando apenas había transcurrido un mes del comienzo de la rebelión militar, en agosto de 1936, escribía la siguiente circular: 

“son numerosísimas las denuncias anónimas y escritas que con motivo de los actuales sucesos se están recibiendo en este gobierno civil. Es muy plausible y la autoridad incluso la ha solicitado, la cooperación de los ciudadanos para resolver de raíz los problemas que a España vienen preocupando, más es preciso también que al ayudar los ciudadanos a la resolución de los mismos lo hagan con toda entereza y gallardía y facilitando también las gestiones necesarias para dar efectividad a tales denuncias. Para ello, se ruega a todos los que quieran colaborar a la acción de la autoridad, lo hagan sin ocultar su nombre, primero, porque es preciso en el actual momento la gallardía de los propios actos y, segundo, porque la caballerosidad, el sigilo y la más absoluta discreción de las autoridades son la mayor garantía de los que a éstas aconseje ayudar el patriotismo de los ciudadanos”.[16]

Y aunque no disponemos de documentación concluyente que lo pueda demostrar abrigamos la sospecha de que una serie de instituciones muy próximas a la socialización de calle- como fueron las Alcaldías franquistas- desempeñaron un papel importante en el estímulo y gestión de estas delaciones. En una situación en la que la mitad de la población vigilaba a la otra mitad, los alcaldes de barrio se convirtieron en agentes de vigilancia que escribían detallados informes sobre la conducta del vecindario: una gigantesca empresa de control social se fraguó al amparo de las delaciones. [17]De la importancia que tenía la creación de una extensa red de delatores- informadores da cuenta la rapidez con la que el recientemente constituido consistorio franquista vigués purgó los 60 alcaldes de barrio que existían en la ciudad. El volumen de delaciones fue tan grande que incluso se hizo necesario, para archivar las que se efectuaron en algunas provincias, escribir un código de clasificación letra numérico de su distribución geográfica por comarcas. El funcionamiento de estas redes distribuidas homogéneamente por el territorio informa de la creación de aparatos de investigación específicamente destinados a cumplir una función delatora. Hubo personas encargadas de proporcionar información sobre la población total de algunas localidades, como la efectuada por un capitán de ingenieros santiagués sobre los habitantes de Poboa do Caramiñal. Se consiguió crear una red homogénea que cubriera con regularidad el territorio con delatores muy implicados en la vida local que tenían la ventaja de conocer bien el ambiente. Esas redes establecieron protocolos de actuación para clasificar la información recibida por canales de denuncia extra judiciales. Al menos en Galicia estos extremos han sido contrastados en dos documentos” Expediente Armesto” e “Informe Brandariz” [18]

Informe «Masones en el Cuerpo Técnico de Correos» (foto: CDMH)

No son muchas las pruebas documentales que han llegado hasta el presente sobre estas prácticas, pero su existencia nos hace pensar que no tuvieron un carácter excepcional.  La escasez de documentos resulta fácil de explicar ya que es de suponer que, una vez fuese trasmitido el contenido de las delaciones desde el primer receptor hasta la sede del Tribunal jurídico o administrativo y una vez cumplieran su función, originales y copias fueran quemadas o hechas desaparecer para evitar así que su contenido lleguara a conocimiento de tercero, con lo cual se arriesgaba la desprotección de la identidad del delator.  En cualquier caso, resulta evidente que la Justicia franquista valoró positivamente el uso de la delación como herramienta para la obtención de información. No la consideró una herramienta excepcional con reprochables atributos –secretismo y anonimato- únicamente tolerable en circunstancias especiales y sólo justificados en casos extremos. Además, el delator ni comparecía al juicio ni declarbaa en presencia del juez, afectando el principio de inmediación, fundamental en el Derecho Penal, y que consiste en que el juez tienía la obligación de recibir las pruebas de manera directa. La existencia de esta figura contra legem violentaba gravemente el derecho a la defensa de los acusados. La admisión de estos testimonios mermó las garantías del acusado y aumento el poder discrecional de los jueces. A estas mermas de derecho hay que añadir que el acusado nunca sabe quién lo delata, ni quiénes apoyan la delación.  La acusación normal implicaba la carga de la prueba por parte del acusador: la delación no.

En el amplio conjunto de instituciones franquistas -específicamente creadas para llevar a cabo todos los castigos represivos y depuradores comisiones de incautación de bienes, tribunales de responsabilidades políticas, comisiones de depuración de docentes y tribunales de represión de la masonería y el comunismo- destacó especialmente este último tribunal en el uso de la delación como mecanismo de obtención de “pruebas”. Los condenados por el tribunal estaban sometidos a dos tipos de penas; 12 años de prisión para los masones de grado inferior al 18º y reclusión mayor de hasta 30 años para los que hubieran alcanzado grado entre el 18º y el 33º o hubieran participado en las asambleas de las asociaciones masónicas internacionales y en las asambleas del Gran Oriente Español. Así mismo se preveía la separación definitiva de empleo e inhabilitación a perpetuidad para los funcionarios o trabajadores de corporaciones públicas, entidades subvencionadas por el Estado y consejos de administración de empresas privadas.  La propia ley -Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo- que regulaba el funcionamiento de los tribunales y el catálogo de castigos aplicable a los masones, hablaba de las delaciones como un medio para demostrar que los acusados por el tribunal se habían arrepentido o detractado de su conducta. La retractación fue entendida como un atenuante si se acompañaba de la delación de compañeros.  La Orden de la Presidencia de Gobierno del 20 de marzo de 1940 obligaba a todos los  que hubieran ingresado en la masonería con anterioridad al 2 de marzo de 1940 a formular ante el Gobierno una retractación en la que debería figurar la identidad, el nombre simbólico y grado  de la persona por quien fue iniciado, las identidades de los grados superiores a los que estaba subordinado y los talleres o logias a los que hubiera pertenecido, así como las sesiones  las que había asistido, y los cargos  desempeñados durante su tiempo de pertenencia a la masonería. Nos encontraríamos en este caso ante una “delación premiada” recogida directamente en la ley, de forma que, a cambio de la confesión y prestación de información importante, se le ofrece al masón confeso beneficios que consisten en una rebaja de la pena e incluso su remisión, en el caso de que la colaboración realizada resultase importante. La intervención de la iglesia también podía facilitar el acceso a estas condiciones atenuantes, ya que en su mano estaba la concesión de retractaciones de Errores de Fe que pudieran aligerar las penas impuestas. Hasta tal extremo fue así, que incluso se llegó a institucionalizar un formulario tipo. En 1941 el obispo de Madrid- Alcalá encargó la producción de formularios de confesión para firmar antes de la celebración del juicio[19]

Obispado de Madrid-Alcalá: formulario de profesión de fe y abjuración de errores para que un masón pudiera acogerse a los beneficios penales (imagen: CDMH)

Cuando las retractaciones se acompañaban con nombres de masones ya detenidos o conocidos, no fueron tenidas en cuenta; en las sentencias se refieren a ellas como retractaciones “no sinceras.” El número de delaciones así calificadas por el fiscal, fueron muchas. Las declaraciones de retractación debían incluir información sobre los compañeros masones de todas las logias a las que hubiera estado afiliado el acusado. Todo parece indicar que esta condición se añadió al comprobar que existió una estrategia informativa organizada por parte de los masones para delatar a hermanos que ya habían sido detectados o aquellos otros de los que se sabía que estaban exiliados o habían fallecido. Las consideraciones clasificatorias que los tribunales hacen sobre las retractaciones apuntan abrumadoramente en ese sentido. Las retractaciones fueron realizadas en medio de un clima de terror.[20] Frecuentemente la prensa hacia públicas las cartas de retractación de masones influyentes y su volumen fue aumentado a medida que pasaba el tiempo, las delaciones se encadenaban, cada una alimentando a la siguiente. La máquina se autoabastecía en un fenómeno de bola de nieve.

Cancillería del Obispado de Lugo, 1943: declaración de fe y retractación de errores de un masón para poder acogerse a los beneficios penales

El tiempo pasado en prisión  antes  de la celebración del juicio,  en algunos casos, varios años,  las noticias sobre  los compañeros que habían podido escaparse al extranjero a cambio del pago de fuertes cantidades de dinero, el temor a no saber si el resto de los hermanos iban a proporcionar sus nombres en los interrogatorios, es lógico suponer que  muchos masones, enfrentados a semejantes situaciones de miedo e incertidumbre, únicamente tuvieran presente,  por encima de otro tipo de consideraciones,  los beneficios de aligeramiento de condena que se derivaban de una “sincera retractación.” Las retractaciones, finalmente, no fueron solamente un recurso empleado para localizar masones sobre los que no se tenía ninguna información en el sistema de fichas que los distintos servicios de investigación franquista poseían, sino una oportunidad para quebrar los lazos de solidaridad internos y extender un clima de inseguridad dentro de la organización. La prensa controlada cumplió fielmente su papel en este sentido, filtrando cada cierto tiempo a la opinión publica la relación de personas que visitan las Delegaciones de Gobierno, supuestamente con el objetivo de delatar a sus compañeros de logia, conseguían así sembrar el miedo entre los que aún no habían sido detenidos. Tenemos el ejemplo de lo sucedido en A Coruña con Antonio Quiroga Ríos, secretario de la logia “Pensamiento y Acción”, nº 11. Quiroga, nada más enterarse de la entrada de las milicias falangistas en el local de su logia huye a Vilagarcia con la intención de permanecer escondido durante unos días en casa de unos familiares, mientras preparaba su huida hacia Portugal, pero es descubierto y trasladado por la Guardia Civil a A Coruña, donde se le mantiene incomunicado en una celda. La prensa, con la inequívoca pretensión de hacer creer a los masones que aún no habían sido descubiertos que pronto serian delatados, publica la noticia de que una persona con su mismo nombre y primer apellido, (en realidad su padre) había realizado una visita a la temible Delegación de Gobierno. La posibilidad de que el secretario de la logia hubiera proporcionado los nombres de todos los compañeros se extendió por los ambientes masónicos de la ciudad, creando el consiguiente temor. Temor que nada tenía de irreal, ya que algunos “hermanos”, tras haber denunciado a sus compañeros, habían conseguido el pasaporte para salir desde el puerto de A Coruña en dirección a Hispanoamérica, donde las logias hermanas ya les brindaban su protección.

Este marco general de estimulación delatora inducido por la propaganda franquista y las instituciones represivas y de control social, naturalizó una cultura política de la delación, que, dio pie-como no podía ser de otra forma- a que a las motivaciones políticas e ideológicas se añadieran todo tipo de razones extrapolíticas. La adhesión a los alzados traspaso los lindes del compromiso ideológico para llegar al terreno de los intereses. [21] Numerosos son los motivos no políticos, ni ideológicos, que  protegiéndose y amparándose en esta cultura política favorable a la delación están detrás de estas acusaciones: los pleitos antiguos por la posesión o arrendamientos de fincas y locales, la resolución de una rencilla laboral, el ansia de rapiña, la satisfacción a una venganza, garantizarse un currículo de fidelidad, pero también una forma de evitar que la depuración acabara dirigiéndose contra uno mismo.[22] La denuncia se transformó en un instrumento con el que resolver pasadas relaciones conflictivas, políticas, económicas, familiares e incluso sentimentales. Cualquier conflicto insatisfactoriamente resuelto se solucionaba rápidamente, sin tener que comprometerse prácticamente nada. Los ajustes de cuentas por enfrentamientos anteriores a julio de 1936 afloraron y encontraron una vía para su expedita solución. El pasado había encontrado el momento adecuado para liberar la carga de odios sociales e individuales no desaparecidos por el paso del tiempo. Las delaciones son un fenómeno complejo, de causas múltiples, sometidas a muchas variantes que precisan de un análisis detallado para su correcta evaluación. Las razones que están detrás de denuncias carecían de líneas de demarcación que separasen nítidamente las motivaciones ya que en mismo delator podían concurrir varias razones. Los efectos de la propaganda en las delaciones se hicieron sentir desde momentos muy tempranos, ni hizo falta que pasara mucho tiempo.  Esta cultura política delatora no fue factor que excluyese otras motivaciones. También entraron en juego razones adicionales, decisiones individuales y singulares, de orden particular: salvar un trabajo que peligra por la concurrencia de un competidor, conseguir en pública subasta la adquisición de un bien incautado, resolver una antigua controversia. Los delatores no eran todos contrarrevolucionarios convencidos y comprometidos políticamente con el nuevo poder.

La delación también es un regulador de poder social, el despojo de puestos de trabajo y empleos públicos es la compensación que esperaban recibir los partidarios de los vencedores a cambio de la cooperación en la depuración que se llevó a cabo con todos los funcionarios del antiguo estado republicano, pero también el inevitable peaje al que quedaban obligados los detentadores del nuevo poder para poder contar con el apoyo de la población civil.[23] Algunos delatores experimentan altos niveles de insistencia en la repetición de sus acusaciones, de tal forma que no resulta muy arriesgado atribuirle a la satisfacción vengativa un componente que se suma a las razones del beneficio personal. La situación de impunidad respecto a las falsas denuncias era un atractivo para que la delación funcionase como una práctica que garantizaba el saqueo de plazas de trabajos de funcionario sin tener que pagar nada a cambio.[24] Pero, independientemente de la amplitud de motivaciones, lo cierto es que todas las acusaciones recurren como cobertura moral de su acción a un lenguaje amparado por los discursos justificativos de la represión elaborados por la propaganda[25] y no era necesario tener un convencimiento personal sobre su idoneidad, simplemente disponer de la habilidad lingüística para reproducirlos adecuadamente. El grado de sinceridad con la que se reproducían los elementos estereotipados del discurso propagandístico nunca iba a ser puesto en duda- por mucho que sonasen a jerga vacía.

Para ilustrar, a modo de conclusión,  esta circunstancia nos serviremos de lo sucedido con el pintor gallego Carlos Maside. Como veremos en el caso del delator de Maside, aunque existieran elementos personales en la motivación de las denuncias, los distintos organismos represores y los aparatos propagandísticos del régimen y sobre todo la acción propagandística de estímulo de la denuncia crearon el marco y facilitaron que las razones propias de la ideología patriótica sirvieran de cobertura cultural con la que ocultar las motivaciones personales de la denuncia. Aquí comprobaremos que los celos y envidias profesionales ligadas al desarrollo de una carrera profesional, están detrás de la delación que proporcionam los datos del pliego de cargos del pintor Carlos Maside que le dirige la Comisión depuradora provincial de profesores de Instituto. La información “voluntaria” proporcionada por el director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santiago, el reconocido pintor local, Roberto González del Blanco, y compañero de claustro, cumplieron un papel decisivo a la hora de imponerle la sanción de separación definitiva. Su “compañero” no solamente demuestra haber realizado un seguimiento de las actividades de Maside en sus diferentes destinos, sino tener acceso, antes de realizar la delación, a informes proporcionados por la policía. González del Blanco, el 1 de agosto de 1937, escribía la siguiente carta a la Comisión:

”Es un caso claro de marxista, ha hecho propaganda de izquierdas blasonando haber sido a raíz de los sucesos de Asturias en aquel octubre, detenido y preso por habérsele encontrado armas. A ello se debe el haber ganado en el cursillo su Cátedra de Dibujo, (…) Con sus hermanas tiene grandes altercados por ser estas de ideas completamente opuestas a las suyas, que son de extrema izquierda, haciéndose antes acompañar por el Sr. Santiso Girón, que fue gobernador y reconocido presidente de la Masonería en Santiago (hoy escapado) y lo mismo que el Sr. Cervigón, izquierdista fichado. Su afición por toda la literatura rusa es reconocida (…) por amistad con el alcalde de Santiago, Sr. López Pol, reconocido masón ocupo interinamente al formarse la Escuela Elemental de Trabajo en Santiago, la plaza de profesor de Dibujo (…)”

Autorretrato de Carlos Maside

La primera carta le pareció insuficiente al delator, y enterado del nombramiento de Maside para ocupar la plaza de dibujo en el Instituto de Vigo, enviaba en octubre de 1937 una nueva misiva a la comisión, poniendo como testigo de sus acusaciones a la opinión publica santiaguesa, que según afirma, estaba sorprendida de la continuación de Maside como profesor:

”Todo el mundo ha quedado sorprendido en esta ciudad (Santiago) con el nombramiento del Sr. Don Carlos Maside como Profesor del Instituto de Vigo, era creencia general de que ahora al llegar el acoplamiento del profesorado de Institutos locales, se dejase sin puestos a personas tan marcadamente izquierdista como el Sr. Maside, cuya ficha ya habrá recibido esta Comisión depuradora y que repito(…) el resto de la ficha lo tienen ustedes y además como dicen es marcadamente galleguista, y continuador en El Pueblo Gallego de las “Cousas da Vida” de Castelao(…) desde luego este señor debe de tener un buen padrino, puesto que a sus hermanas aquí en Santiago, les pretendieron quitar el estanco, el invierno pasado, y eso que son marcadamente derechistas y él en cambio no solo tan de izquierdas, sino que se le asciende de población, seguramente influiría en este asunto  el Director de aquel Instituto de Noya, que daría los informes buenos para así salvarse el, que se cree militaba  o acababa de inscribirse en el partido Radical o Radical Socialista, el Sr. López Niño, que actualmente es cuñado del Secretario de la Universidad”.[26]

Autorretrato de Roberto González del Blanco (foto del blog Pintores realistas españoles)
Notas

[1] El artículo titulado “Algo muy necesario” fue escrito desde la Jefatura Provincial de Prensa y Propaganda de Falange Española, y se publicó, cuando menos, en dos ocasiones distintas: el 11 de septiembre de 1936 en el Diario de Pontevedra y en el Faro de Vigo del 15 de noviembre de 1936.

[2] (…) la implicación social de la represión adquiere una enorme dimensión. La categoría social de los informantes, su posición central en las redes de poder local, las clientelas que eran capaces de movilizar y sus propias familias, serían los primeros interesados en que el régimen se consolidase para que fuera de todo punto imposible una vuelta atrás. Julio Prada Rodríguez, La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Alianza Editorial, Madrid, 2010, pág. 309-311.

[3] Conxita Mir, “El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural de la postguerra”, Julián Casanova (coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la Dictadura de Franco, Critica, Barcelona, 2004, pág. 174; Ángela Cenarro Laguna,” Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la postguerra en España” (1936-1948), Historia Social, núm. 44. 2002, págs. 65-86; Damián A, González Madrid, “Violencia política y dictadura franquista”, Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism. 3.1. 2007, pág. 7.

[4] Lucio Martínez Pereda (2015): Medo Político y control social na retaguarda franquista. Ed Xerais,Vigo

[5] Miseria moral expresada en una causalidad sindrómica. Según sostiene H. Graham, las motivaciones de las denuncias son una combinación de convicciones políticas, angustia, duelo, prejuicio social, oportunismo y miedo.

[6] Manuel Pérez Lorenzo, “Que no queden ocultos e impunes”. O control da sociedade: a praxe”, Emilio Grandío Seoane (ed.) Vixiados. Represión, investigación e vixilancia na Galiza da Guerra Civil (19361939), Edicions Laiovento, A Coruña, 2011, págs. 135.

[7] El cuestionario informativo es reproducido en: Gutmaro Gómez Bravo y Jorge, Marco, La Obra del Miedo. Violencia y Sociedad en la España Franquista (1936-1950), Ediciones Península, Barcelona, 2011, págs. 190-195. En palabras del historiador P. Gil Vico:” los edificios y barrios de las grandes urbes podían reproducir el entramado de relaciones de los pequeños pueblos donde todos estaban al tanto de las simpatías políticas del resto.” (Pablo Gil Vico, “Derecho y ficción: la represión judicial militar”, Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia Roja y Azul. España 1936-1950, Critica, Barcelona, 2010, pág. 297

[8] Ian Gibson cita el caso de la propietaria de un famoso bar granadino que fue empleada por el Delegado de Orden Público de la ciudad para delatar a números izquierdistas que concurrían a su local, (Ian Gibson, Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca, Critica, Barcelona, 1979, pág. 114)

[9] Enrique González Duro, El miedo en la posguerra. Franco y la España derrotada: La política del exterminio, Oberón, Madrid, 2003, págs. 22-23

[10] Eclessia, 12 de septiembre de 1942(Mario Martín Gijón, Los (anti) intelectuales de la derecha en España. De Giménez Caballero a Jiménez Lo santos, Editorial RBA, Barcelona, 2011, pág. 203)

[11]  Sobre el concepto de cultura de guerra y su aplicación a la dictadura franquista: Javier Rodrigo, “Presentación. Retaguardia: un espacio de transformación”, Ayer, 76, 2009, págs. 13-36; Eduardo  González Calleja, “La cultura de guerra como propuesta historiográfica: una reflexión general desde el contemporaneísmo español” , Historia social, nº 61, UNED Valencia, 2008, págs. 69-87; Francisco Sevillano Calero, ”Cultura de guerra y políticas conmemorativas en España del franquismo a la transición”, Historia social, nº 61,  UNED, Valencia, 2008 págs. 127-145; Pedro Payá López “Guerra y Victoria: Los apoyos sociales y la erradicación del enemigo en la posguerra alicantina Universidad de Cantabria, 2010, pág. 5.

[12] Manuel Prados y López, Ruta malagueña y triunfal del caudillo:  19 y 20 de abril del año de la Victoria, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 1939, pág. 44.

[13] Emilio Grandío Seoane, “Problemas en la construcción del «Nuevo Estado» (Galicia 1936-1939)”, Historia y Comunicación Social, 2001, número 6, pág.  223.

[14] Julio Prada Rodríguez, La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Alianza Editorial, Madrid, 2010, pág. 362.

[15] Una semana más tarde la Delegación de Orden Público de A Coruña publicaba una nota en parecido sentido (Manuel Lorenzo Pérez, “Que non queden ocultos e impunes”. O control da sociedades: a praxe”, Emilio Grandío Seoane, (ed.), Vixiados. Represión, investigación e vixilancia na Galiza da Guerra Civil (1936-1939), Edicions Laiovento, 2011, pág. 133)

[16] El Progreso de Lugo, 18 de agosto de 1936.

[17] En Galicia se señala la presencia de grupos de delatores fijos que de forma más o menos continuada acudían a los tribunales (Ángel Rodríguez Gallardo e María Victoria Martínez Rodríguez, “Os nosos cidadáns correntes. A delación como forma de selección represiva no primeiro franquismo”, A II Republica e a Guerra Civil, Actas do II Congreso da Memoria, Culleredo, Edicións Embora, 2006, págs.  631, 644) Las alcaldías de barrio fueron el primer servicio municipal del ayuntamiento de Vigo dado de baja en su totalidad, antes incluso de   la disolución de la policía municipal ordenada por el gobernador civil. (Lucio Martínez Pereda,”La depuración franquista del Ayuntamiento de Vigo”, Glaucopis, nº 14, Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 2009, págs. 155-157)

[18] Sobre Malpica; el Expediente Armesto: un informe sobre el “ambiente socio político de la localidad”. (Francisco Xavier Redondo Abal, O mar e a memoria. O Expediente Armesto, Laiovento, Santiago de Compostela, 2011, pág. 14-21) Emilio Grandio Seoane, Vixiancia e represión na Galicia da Guerra Civil. O “Informe Brandariz”( A Coruña, 1937), Edicios do Castro, A Coruña, 2001, pág. 61-62.

[19] (Julius Ruiz La justicia de Franco. La Represión en Madrid tras la Guerra Civil, RBA, Barcelona, 2012, pág. 27)

[20] En A Coruña se tiene constancia de retractaciones en la Delegación de Orden Público producidas a lo largo de septiembre de 1936 CDMH, “Índice del Resumen informe Causa nº 155/937”, Masonería A Leg 625, nº14)  

[21] Los primeros estallidos de violencia se simultanearon en la retaguardia franquista con las primeras delaciones laborales. La población que contemplaba la ausencia de contención de las autoridades militares a la hora de frenar las acciones vengativas pensó que sus denuncias motivadas por la obtención de beneficios personales no serían rechazadas.

[22] En relación a las motivaciones que están detrás de estas prácticas convendría hacer una distinción entre las delaciones practicadas en las provincias inicialmente bajo control de los militares sublevados y las denuncias efectuadas en las zonas incorporadas a la España franquista a medida que las tropas rebeldes “liberaban” el territorio. En las segundas había un componente de resarcimiento contra la violencia política revolucionaria sufrida durante el dominio republicano, que no existía en las primeras, de tal manera que estas pueden ser calificadas de prácticas colaboracionistas. Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de postguerra, Editorial Milenio, Lérida, 2000, pág. 275-276; Julián Casanova, Francisco Espinosa, Conxita Mir y Francisco Moreno Gómez, Morir, matar, sobrevivir. La Violencia en la Dictadura de Franco, Critica, Barcelona, 2004, pág. 183-193. Cierta tipologización de delaciones y denuncias producidas en las zonas rurales gallegas ha sido estudiada por: Ana Cabana Iglesia, Gente de Orden. O consentimiento cara ao franquismo en Galicia, tresCtres, Santa Comba, (A Coruña), 2009, págs. 251-261.      

[23] Entre los funcionarios circulaba un chiste sobre este uso de la delación: ¿Quién es masón?- quien está delante en el escalafón.

[24] La pérdida de capacidad social de los acusados para defenderse de estos ataques es otro factor a tener en cuenta. El debilitamiento de los rivales laborales que habían manifestado públicamente su preferencia por los republicanos es un factor que anima la delación.  Los rivales de izquierdas, tras el triunfo del golpe, ya no contaban con la red de apoyo que durante el periodo de gobierno republicano ofrecía cierto grado de seguridad a la defensa de sus intereses

[25] Los historiadores que han estado en contacto con los textos de denuncias han adquirido una experiencia sobre el uso de estos elementos propagandísticos suficientes para considerar necesario reflejar su presencia como elemento destinado a fortalecer la verosimilitud de las acusaciones contenidas en estos textos.  Pedro Payá López (2017: 33): “Violencia y responsabilidad. La represión judicial franquista en el ámbito local”, PUV. Valencia.

[26]  Las circunstancias de delación de Maside a la comisión depuradora provincial de Pontevedra han sido relatadas en:  Lucio Martínez Pereda (2015: 93-101) Medo Político y control social na retaguarda franquista. Ed Xerais, Vigo


(*) Lucio Martínez Pereda es autor de los siguientes libros: La depuración franquista del Magisterio Nacional en el norte de Zamora 1936-1943 (2008); Propaganda, mobilización e cerimonias político relixiosas en Vigo durante a Guerra Civil (2011); Medo político e control social na retagarda franquista (2015) finalista del Premio da Crítica Galicia 2016; El pan y la cruz. Hambre y Auxilio Social durante el primer franquismo en Galicia (2017)

 

Portada: uno de los libros de propaganda anticomunista y antimasónica del policía Mauricio Carlavilla.

Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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