El silencio no detiene la ocupación y el genocidio de Gaza
Conversación sobre la historia
Luis Castro Berrojo
Historiador y colaborador de CSH
Que al presidente Rodríguez Zapatero, inmerso en su charca judicial, le lluevan zarpazos de la oposición tiene su pase. No tanto que individuos que en su día fueron de su entorno y cuya carrera política fue amparada por él, ahora le ataquen retrospectivamente.
El artículo de César Antonio Molina en The Objetive sobre su relación con Zapatero (“Zapatero y yo”, 14 y 15 de junio de 2026) logró el aplauso y la difusión de los medios de la trinchera, a los que gusta ver cómo uno de sus ministros le cubre de gloria hablando de su “impericia” para gobernar, su frivolidad y su carencia total de valores morales. Por lo demás, Molina suele extender su condena al gobierno actual, sumándose al coro de los que claman que “estamos en una especie de democracia arruinada”, por lo que “los socialistas tenemos que salir a manifestarnos, si no seremos cómplices de Sánchez” (COPE, 8 de junio de 2025).
A la vista de las andanadas que llueven sobre Pedro Sánchez desde distintos frentes, es difícil decir si Zapatero ha sido el presidente sufridor de los ataques más furibundos, aunque ya Felipe González fue aperreado con saña por el “sindicato del crimen”, dispuesto incluso a amenazar la estabilidad del Estado para acabar con el felipismo. De momento, quizá el más contundente haya sido Félix Azúa, virtuoso del dicterio salido de madre: según él Zapatero ha sido “el peor dirigente que ha soportado España desde Fernando VII” (El País, 24 de marzo de 2015).
Sin duda, Zapatero hizo bastantes méritos para ganarse la enemiga de las derechas y de los intelectuales del centro radical, pero convendría recordar que también fue responsable de políticas poco distinguibles de las del P.P., como las de flexibilización del despido y del mercado laboral o la reforma del artículo 135 de la Constitución, que establecía la prioridad del pago de la deuda pública sobre las demás asignaciones presupuestarias, incluidos los gastos sociales.
Pero no se le perdonan, en cambio, la retirada de tropas de Irak, sus negociaciones con ETA (por más que ya las hubiera en tiempos de Aznar, aunque en este caso tuvieron éxito), su enfoque proactivo de la cuestión catalana, sus políticas de libertades sexuales y de igualdad de géneros… ni, sobre todo, su inesperado acceso al gobierno tras la garrafal metedura de pata del gobierno Aznar después de los atentados del 11-M, cuando se apuntó una falsa autoría de ETA, pronto percibida como tal por la opinión pública.
Volviendo a César A. Molina, en el artículo citado hay un aspecto concreto que revela su catadura moral y política: la crítica a la restitución de los documentos incautados por el ejército franquista durante la Guerra civil en Cataluña. Recordemos que los fondos, depositados en el llamado Archivo de la Guerra civil de Salamanca, vienen siendo devueltos desde 2005 a la Generalitat de Cataluña, que a su vez ha restituido lo propio de particulares, asociaciones o instituciones. La ley 21/2005 ordenaba esa operación, mientras que normas posteriores permitieron la devolución de documentos al País Vasco, Asturias y otras comunidades en su día invadidas por el ejército franquista. Esa transferencia documental, por lo demás, está sujeta al escrutinio técnico de una comisión mixta Gobierno-Generalitat creada por dicha ley.
Se da el caso de que Molina era ministro de cultura del gobierno de Zapatero cuando empezó ese proceso, gestionado por su departamento, y se supone que hubiera debido asumirlo (o dimitir, si tan mal lo veía), de modo que es muy poco elegante que ahora diga que trató de frenarlo y que intente justificar su actitud echando mano de burdos tópicos, medias verdades y olvidos flagrantes.
Molina invoca una vez más en el artículo la supuesta “unidad del Archivo” rota con la restitución, un mantra que repitió el P.P. en su momento para movilizar al votante españolista del interior, haciéndole creer que estaba en juego poco menos que la integridad de España frente al separatismo. Las iniciativas parlamentarias contra el proyecto de ley, los recursos ante los tribunales, las recogidas de firmas y las mociones municipales vinieron acompañadas entonces de masivas manifestaciones en la plaza Mayor de Salamanca, donde se veían pancartas con la bandera española y la leyenda «ESPAÑA Y ARCHIVO = UNIDAD».
Pero volver a ese tópico hoy eso es tanto como ignorar qué es un archivo y cuál fue el origen y la función del que hablamos. El Archivo de la Guerra civil se formó a partir de la incautación de documentos de particulares e instituciones por parte del ejército de ocupación franquista en zonas “desafectas al Movimiento Nacional”, para “suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”, según el decreto que está en su origen (de 26 de abril de 1938, siendo ministro de Gobernación Ramón Serrano Suñer). Es decir, hablamos de un archivo con finalidad exclusivamente policiaco-represiva, que facilitó el acopio de cargos para los consejos de guerra, las comisiones de depuración y los tribunales especiales de la dictadura en la posguerra. Y más adelante fue la base del gigantesco fichero de antecedentes políticos depositado en Salamanca, núcleo de lo que vendría a ser su archivo, al que no tuvieron acceso los investigadores hasta finales de los años setenta.
Es evidente que la formación de este archivo policial supuso la ruptura, cuando no la destrucción, de los archivos de origen, de muy distintas procedencias, con el fin de formar un totum revolutum al que solo con mucha imaginación cabe llamar “Archivo de la Guerra civil”. En él se hallaban no solo documentos institucionales, sino pertenencias de asociaciones y de particulares muy variadas (libros, correspondencia, banderas, fotografías). De modo que cuando el alcalde de Salamanca Julián Lanzarote bautizó la calle donde se sitúa el archivo como la de “El expolio” dio en el clavo sin darse cuenta. (Hoy es la calle Gibraltar, con su nombre original).
Molina recuerda que se creó un patronato del archivo, pero silencia que el comité de expertos nombrado por ese patronato apoyó el traslado de los documentos por muy amplia mayoría, considerándolo “justo y legítimo” (solo tres, de 28 miembros, se manifestaron en contra). Incluso la Asociación de archiveros de Castilla y León criticó el “enfrentamiento irresponsable entre comunidades autónomas”, mientras pedía una solución consensuada y una mayor atención al propio patrimonio documental de Salamanca y de la región, que consideraban abandonado. Qué raro, pensó más de uno, ¿cómo es que se preocupan tanto por los fondos catalanes cuando se descuidan los de aquí? Recordemos que en esas épocas, por ejemplo, aun no eran accesibles los fondos del Gobierno Civil −esenciales para el estudio de la represión y del régimen franquista− del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, mientras que los de Burgos habían sido destruidos hacía tiempo.
Por otra parte, hablar del asunto como mera iniciativa de “independentistas catalanes y vascos”, como hace Molina, es simplificar demasiado, lo mismo que limitarlo al burdo interés electoral por parte de Zapatero. Si finalmente salió una ley en el Congreso para la restitución de los documentos fue porque había un consenso político más amplio, del que salieron también la primera Ley de Memoria histórica, los inicios de una ya tardía política de memoria democrática y el propio Centro Documental de la Memoria Histórica, previsto en la misma ley que venimos comentando.
Como hemos indicado, el PP y la Junta de Castilla y León obstruyeran cuanto pudieron el proyecto, pero sus recursos judiciales chocaron con varias sentencias avaladoras del proyecto de restitución, entre ellas las del Tribunal Supremo y el Constitucional. Pequeños detalles que olvida Molina, como las masivas manifestaciones de signo contrario en Cataluña, mucho más legítimas, pues se limitaban a reivindicar lo que era suyo.
Es más que probable que Zapatero captara la escasa fiabilidad de un ministro que boicoteaba la agenda política de la que era responsable, lo que parece razón más que suficiente para su destitución (y no la melonada de tener una mujer con “glamur” en el gobierno, como dice Molina en su artículo, empeñado en presentar a Zapatero como maniobrero y sin altura intelectual, mientras que él lograba respaldos internacionales como el del actor Omar Sharif).
Por lo demás, la ejecutoria posterior de Molina le muestra como típico espécimen de lo que Gregorio Morán llamó el “mandarín” intelectual: el literato o periodista que, habiendo protagonizado en primer plano la vida cultural o política en ciertos momentos desde posturas más o menos progresistas, evoluciona hacia un derechismo bronco y mal encarado, implacable con el “independentismo”, la izquierda “comunista” y el “sanchismo”. En resumen: hablamos de un exministro que pasó como “socialista” y que ahora se define como “socialdemócrata”, pero al que, que con posturas como las comentadas, apenas le cae bien la máscara de demócrata.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: César Antonio Molina en el antiguo Archivo de la Guerra Civil (actual CDMH) durante su etapa como ministro de Cultura (foto: La Gaceta de Salamanca)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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