¿Quién disparó contra el falangista Miguel Álvarez? La rebelión estudiantil de febrero de 1956, Madrid

El silencio no detiene la ocupación y el genocidio de Gaza

Conversación sobre la historia

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Antonio Feros
Walter H. Annenberg Professor of History
University of Pennsylvania
https://www.history.upenn.edu/people/faculty/antonio-feros

 

Introducción

“CRIMINAL AGRESIÓN CONTRA UN GRUPO DE JÓVENES ESTUDIANTES. Fueron atacados a tiros cuando regresaban de los actos conmemorativos del aniversario de Matías Montero. Miguel Álvarez, de diecinueve años, escuadrista del Frente de Juventudes, resultó gravemente herido”.

Esta era la cabecera de un artículo publicado en Arriba —el periódico oficial de la Falange— el 10 de febrero de 1956. El texto presentaba los “ataques” a los jóvenes falangistas como la trágica culminación de una serie de eventos organizados por “grupos estudiantiles de acción comunista”. Para el periódico falangista, las manifestaciones de los días anteriores, las consignas propagadas por los estudiantes, los intentos de acabar con el Sindicato Español Universitario (SEU) y, en general, con la estabilidad de la vida universitaria, habían culminado en los disparos contra los falangistas y representaban, simplemente, un nuevo ataque contra la España victoriosa de la Cruzada.

Arriba proponía, además, una lectura simbólica del acontecimiento: exactamente 22 años antes, el 9 de febrero de 1934, había sido asesinado Matías Montero, mártir fundacional de la Falange. En 1956, se repetía el patrón, con una nueva “víctima” falangista, una coincidencia que no podía pasar desapercibida para los españoles: las calles de Madrid volvían a teñirse de “sangre patriótica”, posiblemente el inicio de nuevos intentos subversivos de romper la paz establecida por Franco desde 1939.

El otro periódico prominente esos días, Pueblo, lo hacía todavía mas explícito en un artículo del mismo dia 10 de febrero, “Sangre Holocausta”, asegurando no había “solución de continuidad entre la España de 1936 y la de 1956”, porque “el espíritu del Movimiento” seguiría vivo mientras la juventud estuviese dispuesta al “sacrificio de la vida”.

Pero 1956 no era 1934 ni 1936. En relación con los disparos que casi mataron a Miguel Álvarez, a diferencia de los falangistas[1] y su prensa, pocos en 1956 parecían convencidos de que los estudiantes hubieran sido los autores, y menos aún creían que el naciente movimiento estudiantil pudiera reducirse a la eterna conspiración comunista. Pedro Laín Entralgo, rector de la Universidad de Madrid desde 1952 y cesado pocos días después de los enfrentamientos, recordaba aquel momento en un libro de memorias publicado veinte años más tarde:

“¿De qué pistola salió ese disparo? Nunca se ha dicho, y es casi seguro que nunca se dirá. Alguien, sin embargo, debe saberlo. Yo sé tan solo que los estudiantes disconformes iban desarmados, y que el deseo general, tras ese lamentable accidente, de que se investigase a fondo lo ocurrido, solo en el silencio ha tenido respuesta”.[2]

Con el paso del tiempo, a preguntas como la formulada por Laín Entralgo, muchos han sugerido que quizás fue algún policía por error, o incluso los propios falangistas, quienes dispararon. Ya el 20 de febrero de 1956, Time Magazine sostenía esa tesis al señalar que los verdaderos responsables de la crisis universitaria de febrero de 1956 eran los grupos falangistas que habían irrumpido violentamente en la Universidad de Madrid y que, el 9 de febrero, habían sido los que atacaron a los estudiantes, aunque solo habían logrado “herir a uno de sus propios simpatizantes”.[3]

Pero, en general, esta interpretación alternativa a la versión oficial promovida por las instituciones del Estado franquista aparece siempre como mera opinión, no como historia oficial. Sin embargo, a la luz de la documentación existente, la pregunta sobre quién hizo los disparos sigue siendo hoy relevante para entender los hechos de febrero de 1956 y el contexto político de aquel momento. Interesa conocer la identidad de los autores de los disparos —y es casi seguro que el gobierno lo supo muy pronto—, pero, sobre todo, es fundamental saber por qué las investigaciones policiales sobre estos acontecimientos, investigaciones que sí se realizaron y que señalaban a los propios falangistas como los autores de todos los disparos y de herir a su camarada, nunca se hicieron públicas, y por qué nunca se modificó la versión oficial.

Para entender mejor estos contextos, hemos decidido analizar estos importantes eventos desde la perspectiva del régimen, utilizando principalmente documentos archivados en la Fundación Nacional Francisco Franco. No se trata, evidentemente, de transformar la visión que se ha ido desarrollando sobre estos movimientos estudiantiles, sino de entender los cálculos ideológicos de un régimen en crisis, debido tanto a conflictos internos como a la creciente presión de una parte de la población, en este caso, la estudiantil.

Antes de las manifestaciones del 9 de febrero[4]

Se conocen muy bien los sucesos estudiantiles que afectaron la vida universitaria en Madrid desde finales de 1955, y que culminaron el 9 de febrero de 1956 con el enfrentamiento entre falangistas y estudiantes. Tras varias elecciones de delegados de curso en algunas facultades madrileñas, hacia enero de 1956 comenzó a circular entre los líderes estudiantiles la idea de que el objetivo de las luchas debía ir más allá del simple cambio de algunos representantes. El verdadero objetivo sería acabar con la hegemonía del SEU, eligiendo representantes de curso no controlados por el sindicato vertical, y llamando a la reunión de un Congreso Nacional de Estudiantes; en otras palabras, superar la camisa de fuerza que imponía el SEU sobre la actividad política y cultural de las nuevas generaciones universitarias. El grupo detrás de este movimiento -Ramón Tamames, Enrique Múgica, Javier Pradera (nieto de dos “mártires” de la cruzada, su abuelo Victor Pradera, y su padre Javier Pradera), Miguel Sánchez Matas Ferlosio (hijo de uno de los fundadores de la Falange, Rafael Sánchez Mazas), entre otros-, produjo un manifiesto que comenzó a distribuirse el 1 de febrero entre los universitarios madrileños y los de otras universidades españolas.

El manifiesto del 1 de febrero de 1956 se convirtió en una denuncia frontal contra un régimen que mantenía a la universidad española en la pobreza material, el estancamiento intelectual y el bloqueo profesional. Los estudiantes criticaban duramente la situación de indigencia, la mediocridad del sistema, la falta de salidas profesionales y la exclusión de docentes valiosos por motivos ideológicos. La universidad, afirmaban, estaba dominada por una estructura artificial —el SEU— que suprimía toda representación auténtica y libre de los universitarios.

Más allá del diagnóstico, el manifiesto proponía una ruptura: convocar un Congreso Nacional de Estudiantes con representantes elegidos libremente por los alumnos y avalados por el profesorado, fuera del control del SEU o del régimen. Este congreso debía celebrarse entre el 9 y el 15 de abril, coincidiendo con la reunión de la UNESCO en Madrid, con la intención de visibilizar ante el mundo la exigencia de una universidad democrática y moderna. El manifiesto también exigía una reforma estructural que pusiera fin a la ineficiencia, la intolerancia y el autoritarismo del sistema universitario franquista. Era una llamada a la dignidad, a la representación y al pensamiento libre.

La Casa del Jefe del Estado recibió una copia de este manifiesto. Allí, alguien —quizás el primo y secretario privado de Franco, Francisco Franco Salgado-Araujo— leyó y subrayó con atención aquellos pasajes que revelaban un malestar profundo, no solo estudiantil, sino nacional. Se destacaban las denuncias sobre “la situación de humillante inercia” en la universidad, el “clasismo” que excluía a los menos favorecidos y la purga ideológica del profesorado. Estas críticas apuntaban a una crisis sistémica, más allá de las demandas gremiales. Pero los informes internos que rodeaban a Franco indicaban otra cosa: los estudiantes no hablaban solo en nombre de la universidad, sino de un descontento social más amplio. Representaban, se decía, el malestar de las clases medias, la desorientación del Movimiento y la pérdida de legitimidad de sus dirigentes. El régimen percibía, aunque no lo admitiera públicamente, que el desafío estudiantil era el síntoma de una crisis mucho mayor.[5]

A pesar de estas críticas oficiales, durante los últimos días de enero, y desde que finalizaron la redacción del manifiesto, grupos de estudiantes comenzaron a distribuirlo y difundirlo en las facultades de la Universidad de Madrid. El 5 de febrero se celebraron elecciones en el segundo curso de Derecho, en las cuales todos los candidatos del SEU fueron derrotados. En los días siguientes se llevaron a cabo numerosas reuniones en la universidad y en casas privadas de algunos individuos aún ligados al régimen, como Garrigues Walker y Dionisio Ridruejo. Sin embargo, a partir del 7 de febrero, los acontecimientos se tornaron más violentos debido a la participación de falangistas que forzaron su entrada en la universidad y atacaron a los estudiantes que solicitaban la convocatoria de un nuevo Congreso Nacional de Estudiantes.

Los informes del decano de Derecho, Manuel Torres López (todavía un prominente líder de la Falange), y de la Junta de Gobierno de la Universidad relatan las constantes agresiones de grupos falangistas contra estudiantes, e incluso contra el propio decano. Se constata que los agresores iban armados con “porras y otros elementos agresivos, incluso pistolas”, con los cuales ejercían presión “no solo sobre los universitarios, sino también sobre algunos de los profesores del Claustro”. La Falange, incapaz de controlar a los estudiantes, volvía a recurrir a a los métodos violentos que ya habían practicado en los años anteriores a la Guerra Civil, a pesar de que ahora controlaban todas las estructuras universitarias. Estos hechos llevaron a la Junta de Gobierno de la Universidad de Madrid a firmar “una petición para que se tomen responsabilidades al SEU y a los jefes de las organizaciones falangistas que protagonizaron las entradas en la Universidad”.[6]

9 de febrero de 1956: disparos en las calles de Madrid[7]

Ya desde muy temprano, en la fría mañana del 9 de febrero, se estaban produciendo acontecimientos en dos zonas muy próximas de Madrid. Una de ellas, en la calle de San Bernardo, donde se reunieron varios cientos de estudiantes frente a la sede central de la Universidad de Madrid, cerrada ese día por ser fiesta oficial en la universidad (Día del Estudiante Caído). Los estudiantes concentrados (más de 500, según los informes policiales) lo hacían en protesta contra los ataques falangistas y en defensa de sus reivindicaciones. Durante esta concentración se produjo la quema de ejemplares del periódico falangista Arriba, en protesta por la desinformación del diario respecto a las peticiones estudiantiles, que este denunciaba como simples “maniobras comunistas”.

Mientras tanto, las autoridades y grupos falangistas —entre ellos los que habían entrado violentamente en la universidad en los días anteriores— iniciaban la ceremonia en honor a Matías Montero en el Colegio Mayor Santa María, para pasar a continuación a depositar las “tradicionales rosas simbólicas” en el lugar donde se encontraba la placa conmemorativa del fallecido. Los informes aseguran que los falangistas estaban exaltados por los acontecimientos de los días anteriores en la universidad y que, “finalizado el acto, mientras las autoridades continuaban el homenaje en el cementerio, un grupo compacto de falangistas desfilaba por los bulevares, banderas desplegadas, cánticos y gritos amenazadores, ostentosamente dueños de las calles de la ciudad”, en dirección a la Plaza de San Bernardo.

Poco antes de la una del mediodía del 9 de febrero, los estudiantes que marchaban hacia la calle Princesa se encontraron de frente con el grupo falangista. Mientras los primeros coreaban consignas en defensa de sus reivindicaciones, los segundos respondían con el Cara al Sol y gritos de “¡Arriba España!”. El choque fue inevitable y, durante unos minutos, la situación se tornó caótica. Según un testigo citado en un informe policial, los estudiantes trataban de evitar la confrontación directa, pero ambos grupos trataban de golpear con palos y piedras a los contrarios. Tras varios minutos de tensión, se escucharon disparos. El testigo, el coronel Díaz Llanos, observó que los falangistas portaban pistolas, a diferencia de los estudiantes, armados solo con objetos improvisados. Como resultado de estos disparos, uno de los falangistas cayó herido de gravedad.

El herido era Miguel Álvarez, de 19 años, miembro de la XIV Centuria de la Guardia de Franco. Los informes iniciales sobre la herida fueron contradictorios, pero coincidían en su gravedad. Mientras yacía en el suelo, en un charco de sangre, todos creían inminente su muerte. Fue trasladado rápidamente al hospital, desde donde se confirmó su estado crítico. Al llegar la policía al lugar de los hechos, encontró a un grupo de falangistas concentrados en torno al punto donde Álvarez había caído, rindiéndole ya un primer homenaje como posible nuevo mártir en la lucha contra la subversión.

A partir de ese momento, el régimen y sus instituciones se prepararon para controlar la narrativa de los acontecimientos y, sobre todo, para asignar la responsabilidad de lo sucedido, incluidos los disparos, a los jóvenes estudiantes rebeldes. Ese mismo día, la policía detuvo a más de 60 personas, la mayoría de los líderes estudiantiles, así como a algunos de sus colaboradores o mentores, como Dionisio Ridruejo, José María Ruiz Gallardón, el director de cine Juan Antonio Bardem, José Luis Abellán, Gabriel Elorriaga Fernández. Muchos de los arrestados fueron conducidos inicialmente a la Dirección General de Seguridad (DGS), situada en la Puerta del Sol de Madrid, conocida como el principal centro de represión durante el franquismo.

Esa misma noche, sectores de la Falange difundieron la idea de que, si el herido moría, existía “el plan de eliminar a muchos conspicuos” enemigos, e incluso se llegó a hablar de asesinar a varios ministros, especialmente al de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez. La Falange, o al menos ciertos sectores de ella, sostenía que habían sido los propios estudiantes quienes dispararon e hirieron a Miguel Álvarez. La respuesta oficial ante la posibilidad de una “nueva noche de los cuchillos largos” vino del gobernador militar de Madrid. “Al conocer esto, el capitán general Rodrigo comunicó a Falange que no toleraría tales desmanes y que, si se producían, tomaría represalias muy enérgicas.”[8]

Igualmente importante fue la necesidad de asignar responsabilidades políticas y policiales no solo por las manifestaciones, sino especialmente por los disparos que hirieron de gravedad a Miguel Álvarez. La Dirección General de Seguridad emitió el mismo día 9 una nota oficial que no solo ofrecía su versión de los hechos, sino que lo hacía con un tono simbólico y emocional muy característico de la retórica fascista.

En la nota se destacaba que fueron los falangistas quienes fueron atacados por los estudiantes, que portaban “porras y armas cortas, produciéndose una breve lucha, en el curso de la cual los agresores hicieron fuego repetidamente, hiriendo de extrema gravedad al joven de diecinueve años Miguel Álvarez Pérez, perteneciente a la Centuria «Sotomayor» (actualmente es de la Centuria «Fernando III el Santo»), del Frente de Juventudes, y heridas a otros más, cuatro de ellos de pronóstico reservado” (subrayado nuestro). Los agresores habrían huido al llegar la policía, aunque se aseguraba que “en la agresión han intervenido elementos de filiación comunista”.  El comunicado acababa diciendo que “la sangre del falangista herido” había sido recogida “por uno de sus camaradas, que empapó en ella su camisa azul”.

La decisión de responsabilizar a los estudiantes de todos los sucesos y disturbios continuó en los días siguientes. El 10 de febrero, la Junta de Gobierno de la Universidad de Madrid suspendió las clases por unos días y el gobierno declaró el estado de emergencia nacional, suspendiendo durante tres meses dos artículos clave del Fuero de los Españoles: el 14 (derecho a fijar libremente la residencia) y el 18 (límite de 72 horas de detención en dependencias policiales). Estas medidas permitieron a la policía detener a cualquier persona que, según el gobierno, “directa o indirectamente haya perturbado o intente perturbar el orden, la paz y la unidad de los españoles”. La represión se acentuó en los días posteriores con el cese del ministro de Educación, Joaquín Ruiz-Giménez, así como de los rectores de Madrid y Salamanca –Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar– y del decano de Derecho en Madrid, Pedro Torres, entre otros.

Toda la prensa continuó con este tono sus informaciones sobre los conflictos y la situación del herido.  Solo el periódico Ecclesia (órgano de la dirección central de Acción Católica Española) parecía impugnar la versión oficial, llamando a analizar las razones y causas profundas del movimiento estudiantil, pero tambien los eventos del 9 de febrero. En una editorial publicada el 18 de febrero se afirmaba que la responsabilidad era de todos, y había que preguntarse qué estaba ocurriendo y cuáles eran las causas de la rebeldía estudiantil. Ademas llamaba a las autoridades a que: “se descubran pronto las circunstancias y protagonistas del episodio y se purgue así la atmósfera nacional de un nerviosismo propenso a inculpaciones irresponsables y fácilmente calumniosas”. (Este último fragmento subrayado por el lector de la Casa del Jefe del Estado).[9]

¿Pero quién hirió a Miguel Álvarez? El Informe policial de julio de 1956

En las semanas y meses que siguieron a estos acontecimientos, sin embargo, nadie pareció especialmente preocupado por identificar al autor —o autores— de los disparos. La prensa oficial continuaba centrada en lo mismo: la supuesta conspiración comunista que había provocado la (casi) muerte de un joven falangista. Sabemos que algunos periódicos siguieron informando sobre la evolución de Miguel Álvarez, después de que, en las primeras horas, se le diera por muerto. En un artículo de El País sobre estos hechos, publicado en octubre de 1976, se afirmaba: “Miguel Ángel vive. Casi ciego, paralítico de medio cuerpo, olvidado por casi todos… herido de bala en un enfrentamiento entre estudiantes”. A causa de esa herida, llegó incluso a recibir la “medalla al valor”. En esa misma entrevista, Miguel Álvarez reconocía no haber sabido nunca quién le disparó.

Lo mismo sucede con muchos de los protagonistas de los sucesos de febrero de 1956. Resulta llamativo, por ejemplo, que a ninguno de los detenidos se les preguntara por los disparos ni por la posible tenencia de armas de fuego. Nadie tuvo que responder a esas preguntas y, como sabemos, al cabo de unas semanas todos los detenidos relevantes fueron liberados. El proceso judicial se suspendió dos años después, sin que se dictara condena alguna. Todo indica que el régimen prefirió no investigar en profundidad lo sucedido, o todavía mas precisamente, rehusó exponer a la opinión pública la verdad sobre los reponsables de los disparos que hirieron a Miguel Alvarez. Lo más conveniente era dejar el asunto atrás y mantener la narrativa oficial: la de los conspiradores marxistas que alteraban la paz interna, y la de ciertos estudiantes revoltosos como posibles responsables de los disparos. En su excelente tesis sobre la policía franquista en Madrid y Asturias, Pablo Alcántara sostiene que para los agentes de la Brigada Político Social —incluido el célebre torurador Roberto Conesa— fue un fracaso que ninguno de los líderes del movimiento de 1956 fuera condenado. Pese a ello, los policías involucrados en la investigación (un total de 18) recibieron, el 23 de marzo de 1956, felicitaciones públicas y premios en metálico por su labor.[10]

Sin embargo, gracias al descubrimiento del informe el informe policial elaborado oficialmente varios meses después de los hechos, sabemos que, efectivamente, se llevó a cabo una investigación policial, y que esta fue, digamos, profesional aunque fuese semi-oficial. Este informe sí asigna responsabilidades a los propios falangistas, con nombres y apellidos, como únicos responsables de los disparos que hirieron a su camarada.[11]

 

Informer policial

El informe policial lleva un título inequívoco: “Informe y conclusiones obtenidas de las investigaciones practicadas sobre la colisión ocurrida el día 9 de febrero último en la calle de Alberto Aguilera y en la que se ocasionaron heridas gravísimas por disparo de arma corta de fuego al estudiante falangista Miguel Álvarez Pérez”. También conocemos su fecha: 4 de julio de 1956, cinco meses después de los incidentes. Algunas investigaciones y el informe pericial se realizaron con anterioridad, en junio de ese mismo año, y sabemos además que la investigación policial comenzó inmediatamente después de los disparos en la calle Alberto Aguilera. El autor del informe figura como “El Comisario Jefe”, bajo el sello de la Jefatura Superior de Policía – Brigada de Información. El nombre del comisario no aparece; únicamente consta una firma ilegible.

El informe, de 21 páginas, se estructura en varias secciones y cuatro anexos. Estos anexos incluyen los informes policiales de balística, un croquis con la posición de Miguel Álvarez en el momento en que fue herido, un plano general de las calles donde se produjeron los disparos y varias fotografías “obtenidas inmediatamente después de ocurrir los hechos y cuando el herido es trasladado al automóvil que lo condujo a la clínica”.

El texto se abre con un resumen claramente sesgado de los hechos, insistiendo en la versión oficial:

“Como consecuencia de la campaña que sistemáticamente se venía desarrollando entre los estudiantes… tendente toda ella no solamente a dividir a los estudiantes sino, principalmente, a desprestigiar los órganos representativos del Movimiento, S.E.U y Falange… [produjeron] una tensión de violencia que se había salido de los límites propiamente estudiantiles y presentaba caracteres de algún cuidado”.

Según esta versión, la tensión y la violencia generadas por dicha campaña habrían desembocado en los graves acontecimientos del 9 de febrero, cuando grupos de estudiantes exaltados y radicalizados habrían atacado a pequeños grupos de falangistas pacíficos que regresaban de conmemorar a Matías Montero. Al llegar al punto de encuentro entre ambos grupos en la calle, “se oyeron disparos y cayó gravemente herido uno de estos falangistas (MIGUEL ÁLVAREZ PÉREZ)”.

La policía también afirmaba en su informe que el número de falangistas presentes era muy reducido —“menos de cuarenta”—, que no formaban un grupo compacto y que solo algunos de los pequeños grupos en que se dividían llegaron a entrar en contacto con los estudiantes. Asegura, además, que el grupo al que pertenecía Miguel Álvarez no llegó a enfrentarse con los manifestantes.

Desde el inicio del informe se establece que se produjeron entre seis y ocho disparos, y que Miguel Álvarez fue herido por uno de los primeros. Esta conclusión se basa en el análisis de las vainas recuperadas en el lugar de los hechos.

La parte central del informe comienza con la exposición de las investigaciones destinadas a identificar a quienes portaban armas dentro de ambos grupos. En el caso de los estudiantes, se afirma que, como “se venía ejerciendo una intensa labor policial preventiva entre los grupos que aparecían como los de mayor peligrosidad, … al producirse la colisión aludida, se pudo con relativa precisión localizar y concretar las actividades en dicho día de todos estos elementos”. Se llevaron a cabo pesquisas detalladas para reconstruir la actividad de cada uno de ellos, pero, según concluye el informe, “no obstante la minuciosidad con que se han efectuado estas indagaciones, no ha podido concretarse en ninguno de ellos arma corta de fuego”.(Subrayado nuestro) A partir de estos resultados negativos, se comenzó a investigar a los falangistas que si se sabía que portaban pistolas, aunque la gran mayoría de ellos no disponía de permiso de armas. La policía quiso dejar constancia ante las autoridades de que esta parte de la investigación resultó especialmente difícil “debido a la reserva más absoluta y falta de colaboración observada en este sector”.

Además, se señalaba que la investigación se había llevado a cabo “carente de los requisitos legales concurrentes en las diligencias que se instruyen para fines judiciales y que, de tratarse de llevar a efecto éstas, posiblemente se tropezaría con dificultades insuperables”. En otras palabras: ningún oficial ni juez habría autorizado una investigación formal sobre los falangistas implicados en los hechos, y por ello se recurrió a una investigación de carácter semi-oficial.

Gracias a estas pacientes y extrajudiciales investigaciones, se consideraba probado que al menos tres de los falangistas realizaron disparos durante la manifestación, y que el total de disparos fue de entre seis y ocho. Se intentó analizar las pistolas de todos aquellos que se sabía que iban armados el 9 de febrero, aunque la policía no pudo examinar el arma que portaba Luis Martínez de Eguilaz Calvo, subjefe de la Centuria XIV, “de 22 años, soltero, propietario… vecino de Madrid, calle de Fuencarral 102”, quien en ese momento se encontraba realizando el servicio militar en la “Escuela de Aplicación y Tiro de Hoyo de Manzanares”.

Todos los testigos describen a Eguilaz como “hombre fuerte”, y aseguran que en la manifestación portaba una pistola “Parabellum, calibre 9 especial, modelo P38, grabada en uno de los laterales la cruz gamada” (subrayado nuestro), arma que Martínez habría entregado posteriormente a otro falangista cuya identidad no se había logrado determinar. Según varios testigos, todos ellos también falangistas, con esa pistola se realizaron los tres primeros disparos.

Otro de los que llevaba un arma era Jesús Laborda Martínez Rojo, de 24 años, soltero, mecánico… miembro de la XIV Centuria de la Guardia de Franco, quien también poseía una pistola con la que se hizo un solo disparo, y la policía tampoco pudo recuperar esta arma. Ramón Adolfo Arenas Rodríguez, “de 42 años…, natural y vecino de Madrid… Jefe de Representación de la Vieja Guardia y Secretario Particular del Jefe Nacional del Sindicato de Actividades Diversas”, por su parte, realizó al menos dos disparos con una pistola marca “super-star”, calibre de 9 mm. Todos son descritos como gente inexperta en el uso de armas, y al menos varios de ellos, parece que se pusieron histéricos al ver a los manifestantes o entraron en crisis nerviosa una vez que se vio que Miguel Álvarez había caído herido.

La conclusión del informe no deja ningún resquicio a la duda:

“Por todo lo expuesto, debemos admitir que las heridas producidas a Miguel Álvarez Pérez, lo fueron involuntariamente por uno de los disparos del mencionado Luis Martínez de Eguilaz Calvo, sin que se pueda hacer una rotunda afirmación porque la índole de la información practicada no permite concretar más estos extremos, ya que para ello sería necesario efectuar diligencias para fines judiciales”.

El informe finaliza con estas palabras del Comisario Jefe: “Del resultado y contenido del presente informe no se da cuenta a la Autoridad Judicial”.

También sabemos que no se informó a los estudiantes detenidos ni a sus abogados, tampoco a muchos ministros, a la prensa de ningún signo, ni siquiera a Miguel Álvarez. El informe fue enviado únicamente a Franco y a un reducido grupo de personas vinculadas directamente al dictador. Un grupo que optó por mantener la investigación en secreto para seguir controlando la narrativa oficial sobre los disturbios en la Universidad de Madrid en febrero de 1956 y, en muchos sentidos, para proteger tanto a la Falange como al régimen en su conjunto.

En 1956, la revuelta estudiantil no era aún esa espina que el régimen tendría clavada desde comienzos de los años sesenta, pero los hechos y el drama que siguieron a los acontecimientos del 9 de febrero tuvieron un fuerte impacto nacional e internacional. La Secretaría General del Ministerio de Información, por ejemplo, preparó un informe de 182 páginas con notas y recortes de prensa extranjera sobre los sucesos de febrero.[12] Los disparos “sin culpables conocidos” sirvieron al régimen, y sobre todo a los sectores más radicales de la Falange, para intentar demostrar que España seguía en peligro y que toda apertura, por mínima que fuera, conduciría al país a otra guerra civil. La intención era hacer creer que los grupos de estudiantes “filo comunistas” estaban decididos a instrumentalizar a la juventud universitaria para destruir la nación. Esto formaba parte de una estrategia ideológica que presentaba al país dividido entre una mayoría patriota y leal al Caudillo, y una pequeña pero violenta minoría comunista. Si se hubiese demostrado y reconocido oficialmente que los estudiantes no tenían responsabilidad en los disparos, podría haberse probado lo contrario: que España, y los españoles, estaban cambiando —o al menos intentando cambiar— a pesar de los obstáculos, las mentiras y la represión sostenida por el régimen y sus afines.

Pero que el régimen decidiera no hacer públicos los informes policiales parecía indicar también otra preocupación: la existencia de grupos falangistas que estaban cuestionando algunas decisiones de Franco —especialmente la ley de sucesión— y que ponían en riesgo ciertas transformaciones político-institucionales con las que el régimen deseaba limpiar su imagen ante una comunidad internacional que había decidido aceptar a España como miembro de pleno derecho. Era mejor que todos creyesen que los autores de los disparos eran estudiantes comunistas, no miembros del partido del régimen.  Al ocultar el protagonismo de los falangistas en la violencia del 9 de febrero y, en general, en el conflicto estudiantil en Madrid, Franco y sus afines intentaban también evitar fracturas internas entre quienes buscaban reducir aún más la influencia de la Falange y aquellos que seguían defendiendo que esta debía seguir siendo el núcleo ideológico y político del régimen.[13]

En ese momento, más que detener a unos cuantos “revoltosos” o, peor aún, reconocer la violencia ejercida por los matones falangistas, lo prioritario era proyectar la imagen de un régimen en vías de liberalización, que se preparaba para una supuesta apertura política, y que trataba de controlar a sus miembros mas radicales. Pero también es posible que el gobierno tuviera que enfrentarse a la resistencia de los sectores falangistas implicados en la refriega. El propio informe policial señala con claridad que apenas hubo colaboración por parte de esos falangistas en la investigación de los hechos.

Desde mediados de los 50, y los eventos de enero y febrero de 1956 fueron fundamentales, el régimen comenzó a percibir que muchas de las instituciones que lo habían sustentado —la Falange, y la Iglesia entre otras— estaban perdiendo capacidad de influencia sobre la sociedad española, y que las nuevas generaciones de estudiantes e intelectuales, o buena parte de ellas, desconfiaba de un régimen represivo y censor. Como temían muchos dentro del propio aparato franquista, la rebelión estudiantil de 1956 inauguró un período de conflictos constantes, no solo estudiantiles y obreros, sino también en otros sectores sociales. Desde febrero de 1956, la preocupación del régimen ya no era si hacer públicos los nombres de los que habían herido a Álvarez, y casi menos perseguir a los líderes estudiantiles del movimiento de 1956.  Su mayor preocupación era evaluar hasta qué punto las formas de lucha iniciadas en Madrid entre 1955 y 1956 y los conceptos políticos utilizados en esa lucha, podían convertirse en modelo para otros conflictos y movimientos. En el Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco se conservan numerosos documentos que informan sobre el impacto de estos conflictos en otras universidades, en las prácticas de la resistencia obrera, e incluso en la imagen internacional de España ante inversores españoles y extranjeros.[14] Todo sugería que desde los acontecimientos de febrero de 1956, para ponerlo de nuevo en palabras de Ruiz Carnicer, “el franquismo tenía perdida la batalla de las ideas”, y poco más le quedaba que la represión policial y judicial.[15]

Notas

[1]Archivo de la familia de la Fuente, copia consultada en el Archivo General de la Universidad de Navarra, Caja 101, 098/101/014,  “Informe de lo ocurrido del 1 al 9 de febrero. Redactado por la Jefatura Nacional del SEU,” 09-02-1956/14-03-1956.

[2] Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (1930–1960). Barcelona, 1976, pp. 421-22.

[3] “Spain: Revolt at Madrid University”, Time, Febrero 20, 1956, p. 28.

[4] Los acontecimientos en la Universidad de Madrid que llevaron a los enfrentamientos del 9 de febrero de 1956, han sido narrados y documentados en multitud de ocasiones.  Sirvan ahora dos trabajos, Pedro Mesa ed., Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1982.  El mejor resumen, Felipe Nieto, La aventura comunista de Jorge Semprún. Barcelona, 2014, cap. 6: “Los sucesos de 1956”.  Para una contextualización de la crisis universitaria de 1956, véase Carme Molinero y Pere Ysàs, Anatomía del Franquismo. De la supervivencia a la agonía. Barcelona, 2008, “La poliédrica crisis de 1956”, pp,18-27.

[5] FNFF,1698: 1956, febrero 1. Manifiesto universitario dirigido al “Gobierno de la nación y a los Ministros de Educación”.

[6] Mesa, ed., Jaraneros y alborotadores, Doc. 2.26, Acta de la sesión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Madrid, celebrada con fecha de siete de febrero de 1956, pp. 89-90; FNFF, 5025 – Boletín Informativo de la Falange, Anexo 1, 27/3/1956, donde se relatan los intentos de los falangistas que entraron en la universidad de agredir a profesores y autoridades, y las críticas de profesores militantes de Falange a esos agresores.

[7] Hay muchos informes sobre las manifestaciones y enfrentamientos, pero ver sobre todo Mesa, ed., Jaraneros y alborotadores, Doc. 2.46, Nota informativa de la Dirección General de Seguridad, Madrid 14 febrero 1956, pp. 119-124; y especialmente Nieto, La aventura comunista de Jorge Semprún, pp. 268-69, donde además de los informes policiales, menciona el testimonio de uno de los testigos, el coronel Díaz Llanos, quien observó los enfrentamientos desde su piso en Alberto Aguilera.

[8] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones privadas con Franco. Barcelona, 1976, p. 163.

[9] FNFF, 17294, Copia subrayada de la editorial de Ecclesia, “Convivencia Nacional”, publicada el 18 de febrero de 1956. FNFF, 16303 – Resumen de la editorial de Ecclesia sobre los acontecimientos estudiantiles de febrero. Preparado por la Oficina de Informacion Diplomatica, sin fecha.

[10] Pablo Alcántara, El águila gris: la policía política durante la dictadura franquista en Asturias y Madrid (1956-1976), Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2020, p. 191.

[11] FNFF, 10589, 4 julio 1956, “Informe y conclusiones obtenidas de las investigaciones practicadas sobre la colisión ocurrida el día 9 de febrero último en la calle de Alberto Aguilera”. Véase Apéndice.

[12] FNFF, 26566, “Informe creado por la Secretaría General del Ministerio de Información sobre repercusión de los sucesos de Madrid en la información extranjera, 16 febrero 1956, 182 pp.

[13] Miguel Ángel Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965: la socialización política de la juventud universitaria en el franquismo. Madrid, 1996; Miguel Ángel Ruiz Carnicer, “Actitudes politicas, sociales y sindicales de los estudiantes universitarios españoles (1939-1960)”, en L’université en Espagne et en Amérique Latine du moyen age a nos jours, ed. Jean-Louis Guereña, Eve-Marie Fell, Jean-René Aymes. Tours, 1991, pp. 397-422; Jesús María Zaratiegui Labiano, “El falangismo en crisis con la crisis de febrero de 1956”, en Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), coord. por Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Vol. 2, Zaragoza, 2013, pp. 609-627.

[14] Valgan como ejemplos, los siguientes documentos: FNFF, 17426, “Informe del Jefe de la sección de asuntos económicos y sociales, 4 junio 1956, sobre Actitud del capitalismo español ante los últimos acontecimientos”. FNFF, 10536, “Informe del delegado del Ministerio de Información en Barcelona sobre los conflictos universitarios de noviembre en Barcelona”.

[15] Miguel Ángel Ruiz Carnicer, “La crisis de 1956 en la trayectoria del régimen franquista. Ruptura generacional, política de reconciliación y legado político. Una revisión sesenta años después” en Catolicismo y franquismo en la España de los años cincuenta: autocríticas y convergencias, ed. Feliciano Montero. Granada, 2016, p. 175.  Y sobre todo, Santos Juliá, Historia de las Dos Españas. Madrid, 2004, cap. 9, “Excluyentes y comprensivos: intelectuales como dueños de la memoria y políticos de la cultura”.

Fuente:  Conversación sobre la historia

Portada: Estudiantes universitarios se dirigen andando desde la Ciudad Universitaria a la plaza de la Moncloa (foto: EFE)

Ilustraciones: Antonio Feros y Conversación sobre la historia

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