El silencio no detiene la ocupación y el genocidio de Gaza
Conversación sobre la historia
Soledad Bengoechea*
«Creiem, fa alguns anys, en un possible ressorgiment dels antics gremis catalans on amos i obrers convivien en santa i feliç germanor. Passà algun temps i aquella creença va quedar com l’esperança de veure realitzat un desig, el d’apropament entre les dues classes; aquella fusió espiritual restava tan sols en mútua intel.ligència, sobiranies que’s donen la mà; avui aquella generosa idea queda rodant per terra (i no serà recollida més que com a objecte de museu)».
Extracto de un Manifiesto de la Federació Patronal [1918] reproducido por Joan Jardí en «De l’Art de la Forja» en enero 1919.
Regionalismo, catolicismo y corporativismo
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, fueron muchos los propagandistas católicos sociales que influyeron en la mentalidad de la burguesía catalana. Entre otros, ellos se encargaron de dar una respuesta a los cambios que se iban produciendo en la sociedad y a las transformaciones económicas que acompañaban al desarrollo industrial. El catolicismo y la iglesia tuvieron un papel de suma importancia en la política regional y en el renacimiento de la cultura e identidad catalanas; puede decirse que durante muchos años catalanismo y catolicismo fueron inseparables. Ahí se entiende el peso que tuvo el corporativismo en Cataluña. El corporativismo es una doctrina política, económica y social surgida en Europa a mediados del siglo XIX como alternativa al liberalismo y al socialismo. Promulgaba un modo de producción capitalista de tipo corporativo, ya que apostaba por la creación de corporaciones inspiradas en los gremios de las sociedades preindustriales, en las que se encuadrarían empresarios y trabajadores para alcanzar la «armonía social» (en contraposición a la «lucha de clases» del marxismo). Su formulación inicial fue obra de pensadores antiliberales y tuvo su principal impulsor en la Iglesia católica, lo que dio nacimiento al catolicismo social basado en la llamada doctrina social de la Iglesia.
Cabe preguntarse: ¿Por qué unas ideas conservadoras, a veces anacrónicas, que hablaban de resucitar los gremios medievales tuvieron tanto peso en Cataluña? La misma Lliga Regionalista, además de recibir la herencia del conservadurismo urbano encarnado por el jurista Manuel Duran i Bas (1823-1907), en buena medida se inspiró también en el conservadurismo rural y en las ideas católicas, regionalistas y organicistas medievales sustentadas por Josep Torras i Bages, obispo de Vic (1846-1916). De hecho, si se examina con detenimiento, es fácil percibir como la propuesta regionalista de la Lliga –elaborada poco después de decretarse el sufragio universal masculino (1890)- se basaba en la necesidad de atenuar «la peligrosa representación de este sufragio» y construir una representación por clases corporativa. Relegaba al Estado a un papel represor (y no moderador) en el ámbito laboral. Por otra parte, gracias a su carisma y prestigio, las ideas de Torras i Bages tuvieron un gran peso en la formación intelectual de una buena parte de aquella burguesía vigatana de montaña que después se estableció en Barcelona. Debido a la procedencia rural de muchos intelectuales de fin de siglo, que hacía que los lazos que unían el mundo rural con la industria fuesen muy estrechos, es innegable el carácter ruralizante de la burguesía catalana. El hecho de que la mayor parte de los hijos de los agricultores adinerados estudiaran en Barcelona significaba el predominio de unos valores conservadores que se querían compaginar con el desarrollo industrialista.
El hecho de que buena parte de las propuestas de la Lliga estuvieron influidas por las ideas organicistas vigatanas ayuda a entender como durante aquellos años la cooperación de la Lliga con el carlismo fuera continua, ya que muchos de sus planteamientos sobre descentralización y delegación estamental coincidían. La realidad del conjunto explica, igualmente, como uno de los fundadores de la Lliga, el industrial y regionalista Lluís Ferrer-Vidal i Soler, presidente del Fomento del Trabajo Nacional, pudo llegar a convertirse en uno de los principales ideólogos destacados del corporativismo católico dentro del panorama catalán. Y, en definitiva, así se entiende como, poco después de aparecer la opción regionalista de la Lliga en el terreno político, desde el Fomento se comenzara a entrever un sueño que durante muchos años se intentó hacer realidad (y que en cierta manera solo se consiguió más tarde, en 1940, con la formación de los Sindicatos Verticales): establecer un corporativismo en Cataluña, a base de favorecer la asociación de patronos y obreros en agrupaciones que después se fusionarían en los mitificados gremios de reminiscencia medieval.
La huelga general de Barcelona de principios de 1902, galvanizada por los anarquistas, aceleró este proceso que podríamos calificar como de autoorganización patronal local, circunscrito a Cataluña, que trataba de buscar soluciones al malestar social buscando los remedios in situ, sin la intervención estatal. Al terror que el conflicto creó entre la burguesía, se sumó el malestar que ocasionó la posición reformista que el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, José Canalejas, adoptó ante aquella huelga: fundó el Instituto del Trabajo. El Fomento respondió rápidamente; algunos de sus socios más destacados impulsaron sociedades patronales de resistencia que servirían como «fuerza de choque» hasta que el establecimiento de aquel sueño corporativo las hiciese innecesarias. Un sueño que se concretaba con la misiva enviada por Lluís Ferrer-Vidal a Canalejas:
«Hace ya más de un año [1901] que emprendimos nosotros resueltamente esta orientación y dentro de esta Sociedad, las secciones se subdividen en agrupaciones con el objeto de iniciar en el «tacto de codos» a los patronos, mientras procuramos que los obreros, dejándose de utopías de solidaridad, se agrupen de igual manera. Entonces, fácilmente, las agrupaciones de ambos bandos, correspondientes a una misma especialidad industrial, podrían fundirse en el gremio si la ley, sin obligar por esto a la agrupación, que debe ser libre, cuidara de que no fuera indiferente a los interesados, obreros y patronos, el vivir o no agremiados. […] Vivirían organizados para la paz los mismos que para la resistencia se habían organizado, porque el efecto del gremio es eminentemente pacificador […] Si existiera el trabajo industrial organizado como quiere la ley de su propia naturaleza […]».
Mientras el presidente del Fomento, Lluís Ferrer-Vidal, hacía esta propuesta corporativa que miraba el pasado, otros dirigentes de la Lliga coincidían en los mismos planteamientos que la patronal. Así, el también industrial Albert Rusiñol, el doctor Robert y el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner declaraban haber perdido la confianza en el gobierno y proponían una vuelta a un corporativismo gremial y, como en la Edad Media, a un representación de los gremios en los municipios y en las diputaciones. Con este proyecto, proponían una descentralización administrativa y una voluntad de incidir directamente en los órganos de poder de una manera estamental, corporativa.
Más adelante, en la coyuntura de finales de 1918 y principios de 1919, después de que la CNT celebrase su Congreso de Sants fundando así los Sindicatos Únicos de Industria, y con la huelga de La Canadiense a las puertas, la patronal catalana llegó a proponer dos modelos corporativos diferentes: uno se basaba en la constitución de sindicatos horizontales para cada ramo e industria de afiliación obligatoria, constituido para obreros y patronos, por separado. Su unión se haría en el vértice de éstos mediante unas cámaras de trabajo que los coordinaría. El segundo modelo se asentaba en unas corporaciones –o gremios- que ya no estarían unidos por la cúspide, sino por ramos de estos sindicatos dobles por ramos.
Sindicatos horizontales y Cámaras de Trabajo
Desde que durante el caluroso verano de 1918 la CNT se convirtió en un Sindicato Obrero Único, su número de afiliados aumentó considerablemente. Como respuesta, la Federación Patronal de Barcelona –un verdadero “Sindicato Patronal”-, que acabó constituyéndose legalmente en marzo de 1919, también se movilizaba e iba tomando importancia. Paradójicamente, ambos “sindicatos” se habían constituido por ramos de industria y ambos defendían la acción directa en la negociación del contrato laboral, rechazando la intervención estatal en las cuestiones de ámbito laboral. El triunfo del sindicalismo en Barcelona era, pues, evidente. Ello hacía plausible que cualquier proyecto de ordenación del mundo del trabajo tenía que pasar por esta situación sindical. Entonces, desde la Cámara de Industria de Barcelona se elevó una petición a la Mancomunitat de Cataluña: se le pedía que cuando estuviese aprobado el Estatut de Autonomia, entonces en discusión parlamentaria, decretase la sindicación profesional obligatoria y única para patronos y obreros. Poco después, empezaba en Barcelona la huelga de La Canadiense y la campaña “pro estatut” paraba en seco. Pragmáticamente, la Cámara de Industria hacía en ese momento la misma petición al presidente del gobierno, el liberal conde de Romanones. Mientras tanto, la Federación Patronal, haciendo política «de calle», animaba a los patronos a secundar la consigna de pedir a Madrid el establecimiento de la referida sindicación forzosa. Para coordinar estos sindicatos, paralelos, de trabajadores por un lado y de patronos por otro, la Cámara de Industria también solicitaba la creación de una o de unas cuantas cámaras de trabajo, que estarían constituidas por representantes de estos dobles sindicatos obligatorios, el presidente y el vice-presidente de los cuales serían nombrados por el Gobierno. Entre sus funciones figuraban emitir informes, regular las relaciones entre «diferentes ramos de una misma industria», elaborar estadísticas y, en fin, tratar de todo aquello que hiciese referencia al mundo del trabajo, tanto des del punto patronal como obrero. De hecho, serían las encargadas de coordinar ambos sindicatos.
¿Por qué la patronal se decantaba por esta vía corporativa? Era consciente que en poco tiempo la sindicación obligatoria y única por ramos de industria llevaría implícita, primero, la total sindicación patronal, algo difícil de conseguir hasta ahora -prácticamente imposible- y segundo, la disolución de los existentes sindicatos obreros; es decir, de la CNT. Esta cuestión, la erradicación del sindicato anarcosindicalista a través de negar representatividad a los dirigentes sindicales más destacados, era el punto clave que en aquellos momentos de inquietud la patronal catalana tenía que resolver. A los empresarios no les faltaba experiencia: eran conscientes que, para deshacerse de los anarcosindicalistas, utilizar solamente la vía de la represión no era una solución, porqué después, cuando todo volvía la calma, los obreros volvían a organizarse. Es por eso que se les hacía necesario encontrar nuevas fórmulas alternativas. Vistas así las cosas, la petición del corporativismo tenía más coherencia y pragmatismo de lo que a simple vista pueda parecer. Desde el propio Fomento se planteaba al Gobierno hechos consumados «[…] la misión del Fomento debería ser apoyar dicha sindicación [la forzosa] […], pudiendo constituir las actuales 65 Agrupaciones [las del Fomento] la base de las Agrupaciones forzosas [para los patronos]. Ello traerá automáticamente la disolución de los actuales sindicatos obreros (…)».
La agremiación vertical: Lluís Ferrer-Vidal: «Sindicalismo, no. Sindicación, sí»
Un año después de la Revolución rusa de 1917 la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin . Derivado de todo ello, en buena parte de Europa se produjeron fuertes convulsiones sociales. En Barcelona, durante el invierno y primavera de 1919, la huelga de la Canadiense y la general que le siguió paralizaron la ciudad durante 44 días. La patronal catalana venía solicitando insistentemente al gobierno la sindicación única y obligatoria por ramos de industria para patronos y obreros. La negativa de Romanones a contemplar el proyecto aumentaba la desconfianza de la patronal hacia el referido gobierno, a la vez que la creciente conflictividad social acrecentaba su angustia. Si bien es cierto que la Federación Patronal a aquellas alturas era una verdadera herramienta de lucha y que, junto con el ejército, controlaba más o menos la situación, también era evidente que esta solución no serviría indefinidamente. Perdidas ya las esperanzas de conseguir la autonomía política que podría implicar tener soberanía en el tema de las relaciones laborales, algunos sectores de la patronal buscaron soluciones a los problemas sociales dentro de la propia Cataluña, remarcando la especificidad del caso catalán. Así es como se llegó a tomar la decisión de plantear al gobierno que otorgase la facultad de dotar al mundo industrial catalán de una organización especial, corporativa. Como ocurrió en 1902, estas formulaciones las hacía el mismo Lluís Ferrer-Vidal, ahora como presidente de la Cámara de Industria. Este prohombre barcelonés defendía que los conflictos que tenían lugar en Barcelona no tenían solo su origen en problemas concretos, como los derivados de la subida de sueldos o de las malas condiciones de trabajo, sino del hecho de que los líderes sindicales obreros rechazaban el orden social establecido. Por ello, decía que la única manera de conseguir la paz social era encontrar soluciones que pudiesen «encauzar por senderos de armonía y concordia los problemas de índole social». Queriendo otorgar a sus argumentos una justificación doctrinal, estableciendo una conexión directa con una tradición intelectual, apuntaba que ya Torras i Bages y Prat de la Riba, apelando a la tradición gremial catalana, habían publicitado formulaciones de este tipo a finales del siglo XIX y que el mismo las había expresado en 1902. Como entonces, Ferrer-Vidal se quejaba que desde Madrid no se tenía en cuenta «la tradición del pensamiento catalán referente a la organización del trabajo», y apuntaba que esta tradición se tendría que plasmar en una Corporación Gremial. No obstante, era plausible que, a diferencia de 1902, la propuesta ahora partía de la premisa de que el sindicalismo era un hecho, aceptado por patronos y obreros, que no se podía dejar de contemplar y que los líderes cenetistas, organizados desde 1918 en un Sindicato Único de Industrias, no dejaban de proclamar que: «El Sindicato Único [la CNT] es la garantía del futuro régimen social». Por tanto, se pedía un proyecto de estructuración social nueva, con sindicación obligatoria para empresas y trabajadores dentro de cada sector de actividad; en definitiva, un proyecto enmarcado en la nueva realidad sindical.
Pero, ¿de qué realidad sindical hablamos? De la realidad de que, en Barcelona, una buena parte de obreros y patronos estaban ya sindicados. Lo cierto es que ante el fracaso de los sindicatos católicos, que no tuvieron mucha importancia fuera del mundo rural catalán, y del auge de la CNT, muchos publicistas ligados a la patronal veían en la sindicación paralela –de patronos y obreros por separado para cada ramo- una herramienta de lucha, en lugar de un medio para la pacificación. Justificaban su rechazo imputando a este tipo de sindicatos paralelos el hecho de ser ajenos a la naturaleza del trabajo industrial, la cual consideraban que estaba compuesta por el trabajo del obrero, del patrón y del capital acumulado. Según esta premisa, si esta naturaleza del trabajo era una unidad compuesta no tendría que disgregarse; por tanto, era necesario que sus componentes estuviesen unidos en un organismo que les garantizase esa unidad. A partir de esta argumentación es como se llegaba a plantear la necesidad de crear organismos integradores, que serían los gremios (gremios modernos), o corporaciones; es decir, sindicatos verticales donde estarían unidos, dentro de la misma profesión, todos los elementos productivos de la misma rama de actividad. En este organigrama, tales corporaciones se formarían a partir de sindicatos profesionales obligatorios formados tanto por los trabajadores como por los empresarios de cada ramo de industria. Por tanto, la propuesta establecía la necesidad de que inicialmente el capital y el trabajo estuviesen sindicados de forma paralela, ya que estas asociaciones serían el núcleo del régimen corporativo. Pero a diferencia del modelo corporativo que hemos visto antes, basado en la constitución de asociaciones profesionales horizontales, en este otro modelo el sindicalismo de clase ya no tendría vigencia. Solo se consideraba como un paso previo para el establecimiento de corporaciones: «Sindicalismo, no. Sindicación, sí», este era el lema. Es decir, que los nuevos sindicatos formados para cada ramo de producción desembocarían en una estructuración gremial. La ilusión era conseguir que, dentro de cada corporación, amos y obreros fuesen idénticos en cuanto a profesión y que ambos pasaran a tener la categoría de «productores»; supuestamente, así concluiría la lucha de clases.
Por otra parte, dado que se argumentaba que en el seno de la corporación se encontraba el principio que generaría la organización del trabajo industrial, lógicamente estos organismos tendrían que gozar de una cierta autonomía para tomar decisiones, sobre todo para dirimir la problemática del contrato colectivo del trabajo, que así quedaba en manos de los sindicatos. De hecho, este era uno de los puntos clave que tenía que resolver la patronal catalana, teniendo en cuenta que, a su juicio, la legislación laboral que llevaba a cabo el Estado de la Restauración favorecía cada vez más a los obreros, y que el sindicalismo líder en Cataluña era la CNT. Consecuentes con ello, desde la Cámara de Industria se pedía que las futuras corporaciones, no los sindicatos, fuesen las encargadas de reglamentar el trabajo en sus ramos de industria y que los «productores» así organizados tuviesen atribuciones propias en el mundo del trabajo, tanto en el ámbito legislativo, como en el ejecutivo, como en el coercitivo. Ello, evidentemente, significaba un rechazo a la reglamentación estatal laboral. Por otra parte, con la campaña “pro Estatut” aún caliente, se planteaba que si estas medidas no se podían otorgar a toda España, se plasmasen solo en Cataluña. En definitiva, con toda esta serie de formulaciones se intentaba desmembrar el poder legislativo laboral estatal en nombre de las dos corrientes ideológicas del momento: el regionalismo, en el plano político, y la sindicación corporativa, en el social.
Estas propuestas diferían de los postulados tradicionales del catolicismo social, el principio del cual era el sindicato libre dentro de un sistema de sindicación obligatoria. Sin embargo, en Cataluña, al igual que en el resto del Estado, muchos publicistas corporativistas católicos sociales también propagaban estas medidas. Y ello es importante subrayar, porque es obvio que libertad y obligatoriedad de la sindicación conducen a modelos sociales diferentes, como también prefiguran diferentes tipos de sociedad el establecimiento de uno u otro sistema corporativo: el corporativismo horizontal y el vertical o gremial.
La Revista Social: la alternativa del catolicismo social. Corporativismo pero con sindicación voluntaria
Durante los primeros años del siglo veinte, el catolicismo social en Cataluña tuvo su mejor expresión en la Revista Social, publicación mensual de economía social y cuestiones obreras, surgida principalmente como consecuencia de la huelga general de Barcelona de principios del 1902. Hasta 1907 fue dirigida por Ramon Albó Martí, sociólogo y abogado, que fue presidente del Tribunal Tutelar de Menores, director general de Prisiones y político de la Lliga. Colaboraron en la revista la mayor parte de los propagandistas católicos sociales de la época, de Cataluña y del resto de España. Significativamente, entre los representantes catalanes abundaban los abogados y juristas, muchos de ellos funcionarios, miembros de la Lliga y ligados al mundo empresarial. Son representativos en este sentido: Bartolomeu Amengual, Rafael Gay de Montellà, Tomàs Carreras i Artau, Manuel Escudé i Bartolí y Enric Prat de la Riba. También, como cooperadores más esporádicos, participaron importantes representantes de la burguesía catalana, como Manuel Duran i Bas, el propio Lluís Ferrer-Vidal, Frederic Rahola, el tradicionalista Joan B. Roca y el obispo de Vic Josep Torras i Bages. La Revista Social aparecía como una publicación moderna orientada al tratamiento sistemático de cuestiones relacionadas con la economía y, sobre todo, con el seguimiento de la problemática laboral y del mundo obrero desde una perspectiva católica. Además de estos temas principales –centros de mira de la revista- había una serie de asuntos en los cuales incidía asiduamente. Se trataba de cuestiones laborales y económicas referentes a diferentes países europeos, sobre todo Francia, Bélgica y Alemania, que eran las naciones donde primero habían cristalizado y desarrollado los postulados del catolicismo social. El año 1907 la llegada a Barcelona del jesuita Gabriel Palau (Barcelona 1863-Buenos Aires 1939) aceleró la constitución de sindicatos «puros». Nada más recalar en Barcelona fundó Acción Social Popular (ASP), renombrada Acción Popular (AP) desde el 1917. Estaba inspirada en el volksverein (asociación popular) alemán, con la finalidad de promover –y, en último caso, dirigir- las iniciativas católicas sociales que se emprendían no solo en Cataluña sino en el resto de España. Su actividad se centraba en la coordinación y difusión cultural y propagandística. Entre sus colaboradores figuraban hombres muy conocidos en la sociedad catalana: Ramón Albó, Severino Aznar, Francesc Moragas i Barret y, por descontado, el marqués de Comillas, financiador y protector. Este nuevo organismo católico social destacó con su acción propagandística de tipo ideológico, con la creación de una biblioteca que llegó a publicar 7.251.780 impresos (entre 1907-1915).
Sin embargo, los intentos de Palau de tirar adelante su proyecto de crear sindicatos católicos en Cataluña pronto se vieron abocados al fracaso: por un lado, por su falta de empuje real en el Principado, si exceptuamos la Unió Professional de Dependents, y, por otro, porqué esta propuesta necesitaba un apoyo general, tanto en lo que se refiere al aspecto geográfico como al jerárquico, que no consiguió. En cualquier caso, dejando de lado el sector agrario, el modelo de sindicalismo propulsado por Palau no tomó fuerza en Cataluña, rebelándose incapaz de competir con el sindicalismo revolucionario que la convulsionó a partir de la Primera Guerra Mundial.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera: Eduardo Aunós y la Revista Social
El modelo sindical puesto en marcha por la Dictadura de Primo de Rivera se articuló a través de los denominados Comités Paritarios, organismos creados por un decreto-ley de 26 de noviembre de 1926. Fueron obra del leridano Eduardo Aunós, ministro de Trabajo bajo la Dictadura de Primo de Rivera, secretario del líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, y ministro de Justicia más tarde, entre 1943 y 1945, en plena dictadura franquista. Pero dichos Comités Paritarios se quedaron a medio camino entre dos modelos de sindicalismo. Por un lado, al estar integrados en la Organización Corporativa Nacional, parecían encuadrarse en un sindicalismo único y obligatorio de tendencia vertical y totalitaria, aunque al permitir la coexistencia de la UGT, de los sindicatos católicos y de los Sindicatos Libres, seguía habiendo dichos componentes de sindicalismo horizontal de clase de la Dictadura.
Durante la dictadura, la Revista Social siguió publicándose. De 1926 al 1930 pasó a ser el órgano de la Delegación Regional del Trabajo en Cataluña y Comisiones Mixtas del Trabajo del Comercio de Barcelona. Estaba bajo la dirección de Antonio Aunós, hermano de Eduardo Aunós, antiguo miembro de la Lliga. Desde Madrid –y como ministro de Trabajo- Eduardo quiso llevar a término los postulados corporativistas del catolicismo social, favoreciendo, de esa manera, la organización corporativa de la Dictadura.
Paradójicamente, aunque con Primo de Rivera se establecieron formalmente algunas de las peticiones solicitadas por los publicistas de la AP, lo cierto es que una vez implantada la Organización Corporativa, y la formación de los Comités Paritarios, desde la revista ya se manifestaba un gran entusiasmo por alternativas que hablaban de recuperar viejas tradiciones gremiales medievales. En esta línea, Antonio Aunós evocaba el derecho catalán del siglo XIII. Este modelo idealizado era la doctrina jurídica que entonces elaboró el filósofo medieval Ramon Llull, que tenía tendencia a reducir todo el derecho al derecho natural, al derecho consuetudinario, en lugar de hacerlo al derecho romano. De hecho, para el pensamiento tradicionalista, el derecho consuetudinario tenía la virtud de ser una recopilación de costumbres que pasan a ser leyes. Se daba pues una íntima relación entre lo vivido como costumbre y lo vivido como ley. Estas leyes, “salidas de la comunidad”, se oponían a las leyes unificadoras y, por tanto, “más abstractas” del Estado. En definitiva, el pensamiento tradicionalista rechaza la misma esencia del derecho romano por la cual el Estado reconoce los derechos del individuo al que se han concedido las prerrogativas de ciudadano y éste a cambio acepta los derechos del Estado. Al contrario, el derecho consuetudinario enlaza al individuo a la tierra, a la comunidad; el sujeto jurídico individual desaparece, es la familia u otra institución la responsable de sus actos. Además –y este aspecto era muy importante en la concepción del católico social Aunós-, en el derecho romano el contrato de trabajo queda al arbitrio de las partes contratantes, mientras que en el derecho consuetudinario este contrato se dirime en el seno del gremio.
Desde la tribuna de expresión de los católicos sociales que era la Revista Social, el Ministro de Trabajo de la dictadura, Eduardo Aunós, como se ha dicho hermano de Antonio Aunós, defendía: «[creo que el movimiento sindical no es algo que sea insuperable; creo, por el contrario, que es algo que puede ser superado. No hay más que considerar qué eran las organizaciones corporativas medievales; no había entonces Sindicatos, y, sin embargo, existían organizaciones corporativas».
Poco después de liquidada la dictadura de Primo de Rivera, desde la Revista Social se insistía: «Pues hay que tener en cuenta que el sindicato, tanto patronal como obrero, representa a las dos partes en pugna dentro del contrato de trabajo, y entendemos que en la práctica la coordinación de los intereses opuestos del Capital y Trabajo ha de encontrarse más fácilmente en un órgano mixto. La Corporación es la representación integral de las fuerzas productoras y por consiguiente significa una superación del sindicato profesional.» Así, desde el órgano de expresión del catolicismo social catalán, en 1930 se hacían los mismos planteamientos que años atrás, en 1919, había propuesto Lluís Ferrer-Vidal desde la Cámara de Industria de Barcelona: «Sindicalismo, no. Sindicación sí», en el sentido de que el contrato colectivo de trabajo se dirimiese en el seno del gremio o corporación, las conocidas mesas, no en organismos paritarios a través de representantes sindicales de trabajadores por un lado y de portavoces patronales por otro.
Con este panorama que se acaba de describir no resulta extraño que, años después, cuando en 1940 el nuevo régimen franquista creó la Organización Sindical Española, Antonio Aunós se mostrara entusiasmado. Entre otras cosas, decía: «La Corporación de Trabajo es capaz de resolver problemas sociales desde el punto de vista técnico y de política social. Pero deja en pie la existencia de aspiraciones de los factores de la producción que son los que intervienen en el Contrato de Trabajo. La aspereza se suaviza con la corporación, pero como es necesaria la existencia de Sindicatos patronales y obreros nos encontramos con la posibilidad de que entre esos organismos surjan nuevas luchas. Es preciso ir más lejos, encontrar una fórmula renovadora que más que resolver el problema social lo haga inexistente. A esa necesidad responden los Sindicatos Verticales».
Relacionado con el tema, ver, BENGOECHEA, Soledad, -«Corporativismo, burguesía catalana y golpe de estado de Primo de Rivera», en La Dictadura de Primo de Rivera. La primera dictadura espanyola del segle XX, Josep Pich Mitjana, Alfonso Bermudez Mombiela i Gerard Llorens DeCesaris (eds). Barcelona, Icaria editorial 2024, pp. 155-187.
*Soledad Bengoechea, doctora en Historia Contemporánea por la UAB, miembro del grupo de investigación consolidado Treball, Institucions i Gènere y de Tot Història, associació cultural.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: presidencia del Congreso Patronal celebrado en el Palau de la Música Catalana en octubre de 1919 (foto: Merletti/Mundo Gráfico)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
Artículos relacionados
Hace 100 años: La jornada de 8 horas. La huelga de La Canadiense
El fascio de las Ramblas. Los orígenes catalanes del fascismo español
Centenario de 1923: tres libros para interpretar el golpe de Estado de Primo de Rivera
Descubre más desde Conversacion sobre Historia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
