El silencio no detiene la ocupación y el genocidio de Gaza
Conversación sobre la historia
Al final de este artículo se incluye, del mismo autor, “Sumidos en la incertidumbre”, publicado en ARA el 13 de junio
Ignacio Sánchez-Cuenca
Universidad Carlos III de Madrid
Es inevitable que los jueces, policías y funcionarios públicos tengan ideas políticas. El problema surge cuando esas ideas quiebran la neutralidad con la que deben actuar.
Resulta muy tentador dejarse llevar por la astracanada en que parece haberse convertido la política española en estos últimos días y concluir que hemos entrado en un proceso de degradación irreversible. Es lo que las derechas pretenden, que cunda la impresión de que esto solo se arregla mediante elecciones anticipadas.
La situación recuerda en algunos sentidos a la última legislatura de Felipe González, la de 1993-96, cuando cada semana había un sobresalto, los escándalos de corrupción se acumulaban, los dosieres circulaban sin freno, se chantajeó a quien se pudo y todo ello mientras los medios conservadores calentaban el ambiente a temperaturas asfixiantes.
No voy a negar que haya algunos parecidos llamativos entre ambas épocas. Sin embargo, creo que insistir demasiado en el paralelismo nos hace perder de vista el fondo del asunto, que es preocupante y merece un debate. En última instancia, lo que está sucediendo ahora es fruto de un conflicto entre el Estado y los órganos representativos. Eso no ocurrió, o al menos no con la misma intensidad, en la etapa final de González.
Por debajo de Leires, Koldos, Aldamas y demás fauna, lo que se ventila es algo bastante más serio. En una democracia, el sistema funciona mediante un reparto de trabajo entre las instituciones representativas (gobiernos y parlamentos), que toman decisiones según criterios políticos, y la administración del Estado (jueces, fuerzas de seguridad, funcionarios) que actúan de acuerdo con criterios funcionales y de eficacia. La lógica del poder es distinta en cada caso. Las instituciones políticas o representativas tienen legitimidad popular. Se deben a lo que la ciudadanía disponga a través del mecanismo electoral. Por ello mismo, no tienen por qué ser neutrales. El Estado, en cambio, actúa siguiendo criterios de racionalidad, tiene encomendados unos objetivos claros y debe cumplirlos de forma muy estricta. Es independiente del poder político, pero a cambio se le exige neutralidad.
Por descontado, tanto las instituciones políticas como las no políticas están sometidas al control de legalidad, pero este control, en ocasiones, o no es suficiente o se pervierte. Esto puede ocurrir de dos maneras. La primera es de la que más se habla: la colonización política o partidista del Estado. En España, los nombramientos políticos llegan demasiado lejos. Por utilizar una ilustración gráfica, no se entiende por qué el director de Correos o de Paradores es fruto de un nombramiento político. Y resulta escandalosa la forma en la que los partidos juegan al “intercambio de cromos” en el Consejo General del Poder Judicial o en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional que corresponde al Parlamento. Todo ello genera un peculiar clientelismo político. No voy a extenderme porque estos problemas se identificaron hace mucho tiempo.
Se habla bastante menos, sin embargo, de que las agencias del Estado se politicen y actúen por consideraciones ideológicas y no funcionales. Este es un tema incómodo, pues las prácticas viciadas no son tan visibles como en el caso de los partidos políticos que invaden las entrañas del Estado. Sin embargo, se trata de un problema tan grave como el anterior. Si los jueces dejan de aplicar imparcialmente la ley, si los policías investigan selectivamente, si los funcionarios se resisten a cumplir lo que deciden los gobiernos, el equilibrio entre política y Estado se rompe.
Algo de esto viene sucediendo en España desde hace algunos años. Hay sospechas fundadas de que en el seno del Estado algunos cuerpos especiales están cada vez más ideologizados y son menos neutrales. No se trata de buscar servidores públicos sin ideas políticas. Es inevitable que todo el mundo las tenga. El problema es si el servicio a dichas ideas quiebra el principio de neutralidad con el que deben operar los servidores del Estado.
En los últimos tiempos hemos visto en la justicia y en las fuerzas de seguridad casos de funcionarios que parecían actuar movidos por su afán de derribar al Gobierno de izquierdas y preservar de este modo su concepción excluyente de España. No es cuestión de hacer un repaso exhaustivo. Un ejemplo suficientemente elocuente es el de las reacciones a la Ley de amnistía aprobada por las Cortes. Fue alarmante que los jueces, vestidos con sus togas, se manifestaran a las puertas de los juzgados en protesta por una decisión del legislativo. Por mucho que les repugne la amnistía, no pueden manifestarse en contra en su condición de jueces (por supuesto, cuando se quitan la toga pueden pensar lo que les dé la gana).
De la misma manera, es muy preocupante la rebeldía institucional del Tribunal Supremo, que, acogiéndose a una interpretación creativa, original y peculiar de lo que significa “enriquecimiento”, se resiste a aplicar la Ley a unas personas concretas, entre las que destaca Carles Puigdemont. Al actuar de esta manera, el Supremo rompe toda apariencia de imparcialidad. A esto debe sumarse la figura del juez “francotirador” que, en los últimos años de su carrera, se lía la manta a la cabeza y obra, ya sin disimulo alguno, al margen de cualquier neutralidad a fin de lograr sus objetivos políticos (García-Castellón, ya jubilado, Peinado y Hurtado, a punto de jubilarse, etc.). Aunque obtengan el apoyo de muchos de sus colegas y de los medios rabiosamente antisanchistas, arruinan la reputación de la Justicia.
Con las fuerzas de seguridad está pasando algo similar. Se han constituido grupos “patrióticos” que abusan de su poder. Si bien ha habido siempre en España tramas policiales con oscuros intereses políticos, todo parece indicar que el asunto se descontroló con la llamada policía patriótica en la etapa de Mariano Rajoy. Saltándose los principios más elementales del Estado de derecho, consiguieron interferir en el proceso democrático mediante campañas de juego sucio contra políticos independentistas y de Podemos. No se olvide que en fecha tan tardía como 2022 saltó el escándalo Pegasus del espionaje a políticos, que provocó la destitución de la directora del CNI. Hay indicios de que dichas tramas han continuado y ahora suponen una amenaza para el propio Gobierno.
El PSOE, como socio mayoritario del Gobierno de coalición y responsable de los asuntos de interior, no ha querido hacerse cargo de la situación durante todo este tiempo. Aun siendo tarea complicada, correspondía al Ministerio del Interior haber acabado con cualquier deriva política del personal perteneciente a las fuerzas de seguridad. Con un sentido —a mi juicio erróneo— de lo que significa respetar el Estado, ha preferido mirar para otro lado. Y, en lugar de reestructurar el servicio y someter a los funcionarios policiales al Estado de derecho, da la impresión de que el PSOE ha optado por hacer una incursión en las cloacas a ver qué averiguaba y ha salido salpicado por la grabación de la tal Leire Díaz.
El escándalo provocado por la grabación de las conversaciones en las que intervenía Leire Díaz han servido para mostrar cómo operan los “bajos fondos” del PSOE, desprestigiando al partido y al Gobierno, aunque, por pura carambola, ha servido al menos para que se empiece a hablar del problema de fondo. El PSOE se está jugando su autoridad y credibilidad cuando más las necesita para poder abordar con un mínimo de seriedad un asunto tan grave como este, que tendría que haber resuelto hace ya unos cuantos años.
Sumidos en la incertidumbre
Ignacio-Sánchez-Cuenca
No es la primera vez que la política española empieza a hervir, pasando de su condición líquida (nunca fue sólida) a otra gaseosa. La transición de fase se produce dentro de una olla a presión, cuya única salida de vapor son las elecciones de 2027. Algunos quieren recalentar tanto la olla que no aguante hasta entonces y explote prematuramente.
Pasó algo muy similar en la última legislatura de Felipe González, entre 1993 y 1996. Fueron años de gran intensidad política en los que la actividad de las cloacas saltaba a la superficie recurrentemente. El escándalo del director de la Guardia Civil, Luis Roldán, los juicios a los GAL, el chantaje de Mario Conde al Gobierno, las escuchas ilegales del Cesid (hoy CNI) que provocaron la dimisión del presidente de la agencia (Emilio Alonso Manglano) y del vicepresidente y el ministro de defensa (Narcís Serra y Julián García Vargas), todo esto y mucho más alimentaba el ruido ensordecedor de un frente mediático derechista que trató de crear la máxima alarma social.
Y pasó también algo parecido durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque entonces no hubo acusaciones de corrupción, se utilizaron diversas leyes e iniciativas (la de matrimonio homosexual, la de memoria histórica, la reforma del Estatut, el proceso de paz con ETA) para crear la impresión de que se estaba tambaleando el orden constitucional y la unidad de España. Se acusaba a Zapatero de guerracivilista, de anteponer la II República a los consensos de la Transición. La oposición recurrió al tremendismo y los medios conservadores volvieron a dar el do de pecho.
Y está pasando ahora, en la actual legislatura de Pedro Sánchez, por tercera vez. En esta ocasión, parecía que no había tanto combustible con el que alimentar la hoguera. La economía va razonablemente bien y se ha avanzado considerablemente en protección social (a pesar de la crisis de la vivienda). Sin embargo, se ha producido una barahúnda formidable en la que se mezcla el activismo judicial y policial motivado políticamente (lawfare) con el afloramiento de tramas de corrupción en la organización interna del PSOE (caso Ábalos y ahora caso Cerdán). De todos los intentos realizados hasta el momento, han descubierto una veta rica en corrupción en la secretaría de organización del Partido Socialista que puede llevarse por delante la legislatura y la honorabilidad de la organización. En este sentido, parece que la estrategia de la derecha ha funcionado. A base de disparar la derecha acusaciones en todas direcciones, da la impresión de que en el PSOE han pensado que todas eran falsas y ahora resulta que había un par que han dado en el blanco. No se entiende que habiendo una conexión tan estrecha entre Koldo García y Santos Cerdán los socialistas no hayan investigado más a fondo.
En los tres casos históricos señalados, el estado gaseoso se alcanzó por una mala digestión de la derrota electoral en la derecha. En 1993 se creyeron que ganaban las elecciones y las perdieron. En 2004 pensaba que sacaban mayoría absoluta y pasaron a la oposición por su mala gestión del atentado del 11-M. En 2023, la mayoría de las encuestas les daban ganadores con Vox, pero se quedaron por debajo de los 175 diputados. Esto es lo que explica en los tres casos la furia desatada. Hay prisa por volver al poder, desde luego, pero sobre todo rabia por haberlo perdido cuando lo creían tan próximo.
Aunque se extienda la sensación de vértigo y de que el Gobierno pierde el control de la agenda, por debajo, en la opinión pública, los cambios son lentos. El electorado es menos voluble de lo que muchos creen. En 1996, a pesar de toda la escandalera, el PP aventajó al PSOE por menos de 300.000 votos. En 2008, después de una legislatura de oposición infernal, el PSOE sacó más votos que en 2004. Entre 2019 y 2023 se fue endureciendo la campaña “anti-sanchista”, lo que no impidió que, a pesar de un cierto desgaste, se reeditara la coalición de izquierdas, para desesperación de Núñez Feijóo y los suyos, que no podían creer el resultado.
Ahora no sabemos qué sucederá. Hasta el momento, las encuestas más fiables detectaban una fuerte estabilidad en el voto al PSOE a pesar del ruido circundante. Mucho dependerá de la reacción del Gobierno. Es un avance que el presidente haya pedido perdón, pero probablemente el desánimo cunda en buena parte del electorado progresista. Si no había suficiente incertidumbre en el mundo, ahora tenemos una nueva dosis.
Fuente: El País 11 de junio de 2025 ARA, 13 de junio de 2025
Para saber más: Javier Pérez Royo, Protesta de los jueces: la reacción de un cuerpo privilegiado
Portada: ilustración de La boca del logo/ctxt
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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