La ley de memoria democrática, con sus virtudes y defectos, es una firme candidata, entre otras, a desaparecer en el agujero negro de los gobiernos municipales y regionales de PP/VOX que se están formando desde hoy en España. Nos ha parecido oportuno dar a conocer, también desde el blog, el artículo de González Ruibal para mostrar en la historia comparativa con Polonia los déficits de las exhumaciones de Cuelgamuros, un signo más de la inferioridad española para afrontar la impunidad del franquismo. Conversación sobre la historia
A la izquierda, Complejo monumental del Valle de Cuelgamuros, a 6 de diciembre de 2022, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España) (EUROPA PRESS) / A la derecha, el arqueólogo Dawid Kobiałka enseña un objeto encontrado en la fosa bajo la mirada del fiscal Tomasz Jankowski, al fondo. Fotografía de Daniel Frymark.
El pasado mes de mayo tuve la ocasión de excavar una fosa común de 1939 bajo supervisión de la fiscalía. Pero no se preocupen (o no se entusiasmen). No fue en España. Fue en Polonia.
El 8 de octubre de 1939, solo una semana después de la invasión alemana, las milicias nazis de Pomerania, bajo supervisión de las SS, se dispusieron a aniquilar a las elites polacas de la región. Mediante listas que habían sido confeccionadas meses antes, los alemanes étnicos fueron casa por casa llevándose a maestros y maestras, abogados, profesores de universidad, oficiales del Ejército y la Policía, sacerdotes y políticos. Para enero de 1940 habían asesinado a unas 30.000 personas solo en esta provincia.
De ellas, a un mínimo de 4.000 las mataron en el bosque de Szpęgawsk, no lejos de la ciudad de Gdansk (Danzig, en alemán). En mayo de este año el equipo de Dawid Kobiałka, con el que he tenido ocasión de colaborar, ha exhumado una de las cerca de 30 fosas que existen en este bosque. En Szpęgawsk además de la intelligentsia fueron enterrados en fosas unos 1.800 internos de un hospital psiquiátrico, incluidos muchos niños.
Los nazis ordenaron destruir las fosas en 1944 para borrar las huellas de su crimen. Trabajadores judíos exhumaron los cadáveres, trituraron los huesos y los quemaron, antes de ser asesinados ellos mismos e incinerados en la misma pira. Al abrir la fosa común nos encontramos una gruesa capa de carbón. En ella había miles de astillas de hueso. También objetos personales: crucifijos, gafas, gemelos, hebillas de cinturón, anillos. En el fondo de la zanja los trabajadores se dejaron algunos huesos sin recoger. Ahí encontramos una mano, con la alianza de matrimonio todavía en el dedo anular.
Durante una semana ayudé a cribar los restos de la fosa común para evitar que se nos escapara el más mínimo fragmento. Muchas falanges y metacarpianos, alguna bala, algún casquillo, un crucifijo, monedas, botones. Los dedos de los niños, minúsculos.
La exhumación formaba parte del proyecto arqueológico que lidera Kobiałka sobre el crimen de Pomerania. Pero era más que una investigación arqueológica. Un cartel, a pie de fosa, lo dejaba claro: «Área bajo supervisión de la Policía y la Fiscalía del Instituto Nacional de la Memoria». El trabajo de los arqueólogos estaba bajo la jurisdicción de la Fiscalía. El fiscal, Tomasz Jankowski, llegaba cada día por la mañana y se iba al acabar la jornada. Con su presencia garantizaba la cadena de custodia, es decir, el proceso que va desde la extracción de pruebas de un crimen hasta su depósito en las dependencias del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de la Memoria.
Porque lo excavábamos en Szpęgawsk era un crimen de lesa humanidad. Como lo que excavamos en España cada vez que abrimos una fosa de la Guerra Civil o de la dictadura. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Da igual quién lo cometa y dónde lo cometa. Por eso en Polonia hay un fiscal en la excavación. La anomalía no es que haya un fiscal a pie de fosa en Polonia. La anomalía es que no lo haya en España.
En España la justicia no está al servicio de esclarecer los crímenes de lesa humanidad. La ley de amnistía de 1977 se lo impide. Pero no solo eso: hay jueces que van más allá y lo que hacen es poner trabas a cualquier intento de modificar el statu quo franquista. El caso del Valle de los Caídos es significativo.
En 2016, una sentencia judicial firme autorizó la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, asesinados en Calatayud en 1936 y trasladados a Cuelgamuros sin consentimiento en 1959. Estamos en 2023 y se acaba de abrir la cripta para cumplir con la sentencia. Para exhumar a los hermanos Lapeña y los restos de otras 126 personas. En estos siete años, los familiares han visto cómo un sinfín de querellas y recursos frustraban su derecho a enterrar a su gente donde consideren oportuno, no dónde decidió un dictador –corresponsable, además, de su muerte. Cuando la justicia admite a trámite recursos delirantes de la extrema derecha, se hace partícipe de la impunidad posfranquista. Dificulta la investigación. Obstaculiza el trabajo de las instituciones. Desperdicia recursos económicos y humanos. Arruina las esperanzas de familiares que no esperan otra cosa que recuperar los restos de los suyos.
A pesar de todo, se han abierto las criptas de Cuelgamuros. En la exhumación hay seis forenses y cuatro miembros de la Policía Científica, además de arqueólogos, odontólogos y genetistas. Lo que no hay, en cambio, es un fiscal. Y no será por falta de crímenes.
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El proyecto ‘El crimen pomerano de 1939’ está financiado por el Centro Nacional de Ciencia, Polonia (UMO-2021/43/D/HS3/00033).
*El autor publicó el mes pasado Tierra arrasada. Un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI, Editorial Crítica (CSH)
Fuente: Público 12 de junio de 2023
Ilustraciones: Público y Conversación sobre la historia
Portada: Foto aérea tomada en 2020 de la zona conocida como el Valle de la Muerte, cerca de Chojnice
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Como puede verse en el enlace que se acompaña, se da el caso de que en el cementerio de Las Casas, pedanía de Soria, se han empezado las labores de exhumación e identificación de varias víctimas de la Guerra civil con presencia de la Policía judicial. La Asociación «Recuerdo y dignidad» se ha hecho cargo de esas tareas, a petición de varios familiares.
Hasta ahora los jueces se inhibían en este tipo de casos e incluso podemos recordar que el Juzgado de guardia de Salamanca se negó a registrar el escrito de notificación de hallazgo de restos humanos en el monte de La Orbada. Sin embargo, hubo algunas excepciones en las que los juzgados empezaban unas diligencias que finalmente se archivaban.
Cabe esperar que ahora el proceso tendrá más recorrido. La nueva Ley de Memoria histórica está vigente y. de acuerdo con ella, ha sido nombrada una fiscal especializada para este tipo de casos. Así mismo, hay apoyo legal y económico de algunas instituciones, como se viene exigiendo desde el movimiento memorialista hace mucho tiempo.
Esperemos que con todo ello España no sea una excepción internacional en lo que se refiere al reconocimiento de las víctimas de crímenes contra la humanidad.
Enlace de referencia:
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