Insultado, difamado y demandado

Insultado, difamado y demandado

Juan A. Ríos Carratalá
Universidad de Alicante

En la primavera de 2020, uno de los hijos del alférez Baena Tocón, secretario del Juzgado Militar de Prensa (1939-1940), publicó la web antonioluisbaenatocon.com dedicada a la memoria de su padre. A pesar de incluir fotografías de víctimas como Miguel Hernández y Diego San José en contra de la voluntad de sus herederos, la iniciativa es legítima. También resultan disculpables los errores, algunos de calado, porque no me consta que el responsable cuente con titulación académica como historiador.

El problema radica en que, además de recordar a quien participó en la instrucción de los sumarísimos de urgencia de periodistas y escritores republicanos, dos de ellos ejecutados (Javier Bueno y Manuel Navarro Ballesteros), la web descalifica a quienes disienten de esa memoria del oficial.

Mi protagonismo es notorio en la web. Su responsable bromea sobre el acceso a la cátedra y me presenta como un “trilero, inquisidor y bohemio”, que aparte de ser “ignorante, cínico y siniestro”, como “verdugo” de su padre ejerce de “mercader de cadáveres” porque es “un curioso personaje y un supuesto intelectual”.

El resto va en la misma dirección. Sin duda la web está amparada por la libertad de expresión, pero sobrepasa los límites de la crítica respetuosa y, sobre todo, resulta incoherente con quien aparenta ser el depositario de un estricto sentido del honor familiar.

El lenguaje faltón se agrava en Facebook, donde aparezco como un «trilero sinvergüenza creador de bulos», un «imbécil» y otras lindezas de quien, como catedrático, es «peligrosito» por «descerebrado». Mi supuesta relación con el cine pornográfico cultivado en la UA la obvio para evitar lo risible, pero me indigna que el hijo del alférez divulgue el bulo de que mi hijo, que en 2012 tenía quince años, fue el protagonista de esas películas pornográficas. Ahora es doctor en ingeniería multimedia.

Este lenguaje faltón al servicio de las más disparatadas afirmaciones es habitual en numerosos medios. La falta de educación está normalizada. Lo insólito es que lo cultive quien demanda a decenas de periodistas por la supuesta intromisión en el honor de su padre a causa de algunas imprecisiones en las noticias donde aparece. La paradoja aumenta cuando el único medio que ha apoyado al demandante, OK Diario, difundió una información del mismo que me presenta como acusado en un juicio donde no estuve personado. Es decir, para imprecisión digna de una demanda, la suya.

Mi abogado planteó la posibilidad de demandar al responsable de la web. Al margen del respeto a la libertad de expresión, incluso cuando resulta ofensiva, la rechacé. Entonces creía que las descalificaciones, graves para la reputación por aparecer cuando se busca por mi nombre, solo durarían unas semanas.

Cuatro años después todavía no se ha celebrado el juicio. La web sigue colgada y, además, los insultos aumentaron hasta que mi defensa lo probó en la vista previa. Un detalle: la obsesión por buscar con que incriminarme llevó al demandante, entre otras iniciativas, a ser «amigo» de más de un centenar de personas vinculadas conmigo. Así, quien vive en Andalucía, aparece interesado en saber de la asociación de vecinos de mi barrio alicantino. Su «amistad» en Facebook con colegas mías también es sorprendente.

Nunca he obviado una crítica negativa. Incluso enlacé la web desde mi blog por si alguien quería conocer una valoración contrapuesta del alférez. Asimismo, en Las armas contra las letras (2023) incluí la referencia para que los lectores dispongan de todas las versiones publicadas acerca de los temas abordados. Sinceramente, no conozco a catedráticos dispuestos a facilitar la localización de una web donde son objeto de un ataque personal.

Tampoco parece frecuente que alguien ofrezca en reiteradas ocasiones la información precisa a quien le difama. Menos habitual es analizar la documentación remitida por un demandante y, sin mediar un imperativo legal, publicar una nota con las modificaciones que de la misma se derivan para sus trabajos.

Así me he comportado, pero nada ha bastado para establecer un diálogo con quien protagoniza una cruzada judicial desde hace cinco años. El balance es contundente: cuatro sentencias en contra, incluida la del Tribunal Supremo que ratifica la dictada por la Audiencia Nacional.

Lo insólito llega al extremo de callar durante más de cuatro años, a pesar de ser consciente de los errores cometidos en la web. La lista de los mismos, con sus pruebas, será presentada en el juicio oral a partir de un extenso estudio ya redactado. No tanto porque sean graves, pues su responsable escribe en calidad de hijo, sino porque constituyen la base de una demanda fundada en interpretaciones erróneas de la documentación y tergiversaciones de mis trabajos. Todo al servicio de una voluntad, heredada, de abrir una nueva «causa general», en esta ocasión contra «los catedráticos progres» que escribimos acerca del franquismo.

Según el demandante, Ángel Viñas, también demandado, es un «palmero» al que debe dar una gratuita lección de historia como al resto de los demandados, que incluye a María del Olmo, responsable del AHPA. Le acusa de declarar en la prensa que la firma del alférez consta en el sumario 21001 de Miguel Hernández. El documento está editado y es de acceso libre. Cualquiera puede constatar las firmas del secretario instructor, pero si lo admite en público se expone a ser demandado con una petición de doscientos mil euros. Mi supuesta intromisión en el honor del fallecido está valorada en cuatrocientos mil, una cifra que me convierte en un émulo de los comendadores más cafres que aparecen en los dramas del Siglo de Oro.

Tras las cuatro sentencias en contra del demandante, que habrán reforzado la jurisprudencia para futuros embates de los empeñados en negar la represión, confío en una quinta acorde con lo establecido por el TS el pasado mes de marzo. A lo largo de estos años, he hablado con colegas de Derecho Civil y nadie entiende esta cruzada judicial. Primero, por el olvido digital, mientras aparece una web dedicada a quien se pretende mantener al margen de internet. Y ahora por una intromisión en el honor de un fallecido que, según la legislación vigente, participó en actos jurídicos declarados ilegales e ilegítimos.

La posibilidad de esa intromisión es remota en un libro, Nos vemos en Chicote (2015), que superó los filtros de las publicaciones universitarias y fue evaluado por la ANECA en el correspondiente sexenio, aparte de contar con el aprecio de los colegas y figurar en las más prestigiosas bibliotecas.

Estos datos bastarían para impedir que la respetable opinión de un lector lo invalide como “un libelo difamatorio”, valga la redundancia, que me ha proporcionado un pingüe negocio. La sonrisa resulta inevitable para quienes sabemos de las «ganancias» con la publicación de un ensayo universitario.

La acusación es coherente con una demanda donde las páginas 150-6, las dedicadas al alférez como «colaborador» en la represión, pasan a ser la totalidad de la referida obra, de cuyo contenido nada se dice porque la pretensión del demandante es presentar el 2% del libro como si fuera el total del mismo.

Tampoco le importa que haya publicado Los consejos de guerra de Miguel Hernández (2022) y Las armas contra las letras (2023), donde su padre es un protagonista. Solo le interesan esas páginas porque me habría comportado como “un mercader de cadáveres” gracias a mis habilidades de “trilero”. En el resto, a tenor de lo obviado en la demanda, debo haberme comportado como un catedrático.

Las citadas páginas incluyen «puntos controvertidos» que serán aclarados mediante un aluvión de pruebas documentales en el juicio de octubre, donde podré defenderme de la acusación genérica de ser «un catedrático peligrosito» por mi condición de «progre». Antes, en mi blog, explicaré cuestiones ajenas a esos puntos que revelan las lagunas historiográficas del demandante, pero por respeto a quienes intervienen en el proceso me reservaré el resto hasta la celebración de la vista oral. Entonces, el demandante tendrá cumplida, respetuosa y documentada respuesta, que terminaré publicando cuando esta lamentable situación haya terminado.

Mientras tanto, solo cabe añadir una reflexión. Los cinco años de insultos, difamaciones y juicios agotarían a cualquiera. Los he afrontado con la ayuda familiar y de mi abogado porque los servicios jurídicos de la UA no tienen prevista la defensa de un profesor en un proceso de estas características. Los consiguientes gastos ascienden a una cantidad tan onerosa como capaz de quebrar la economía de un joven investigador.

La conclusión es obvia. Si la demanda, en vez de ir dirigida contra quien está a punto de jubilarse como catedrático emérito, hubiera afectado a un docente en precario, la mayoría, el resultado habría sido catastrófico. Poco o nada vale ganar un juicio si, para defenderte, debes endeudarte por encima de tus posibilidades con la remota esperanza de que te devuelvan el dinero en pago de las costas.

Las universidades están ante un reto para mantener la libertad de expresión, investigación y cátedra: amparar a su profesorado con la defensa jurídica en el caso de recibir unas demandas cuyo único objetivo, conviene recordarlo, es obviar la memoria democrática de las víctimas de la represión franquista.

Y, claro está, a la espera del próximo juicio, alguno pensará acerca del sentido de aprobar una Ley de Memoria Democrática si, en sede judicial, cabe ofender la de gente como Miguel Hernández y otras muchas víctimas del Tribunal Militar de Prensa, que nunca han tenido quien repare su honor en un juzgado. Yo les recordaré con mis libros sin necesidad de insultar. La verdad se abre paso a partir de la documentación y los testimonios.

Fuente: Conversación sobre la historia

Portada: Miguel Hernández y Antonio Luis Baena Tocón (montaje del blog antonioluisbaena)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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