James Simpson y Juan Carmona
Universidad Carlos III
Agradecemos el extenso comentario aquí de Ricardo Robledo a nuestra entrada y la posibilidad de publicar esta respuesta en torno a nuestro libro Why Democracy Failed. The Agrarian Origins of the Spanish Civil War» Cambridge Studies in Economic History – Para mayor claridad, contestamos en orden los aspectos discutidos.
Con respecto a la escasa presencia de los factores redistributivos para explicar la conflictividad rural, es cierto que no creemos que los grandes latifundios jueguen el papel casi exclusivo que le suelen atribuir las visiones más tradicionales. Subrayamos, en efecto, que con los datos disponible el limitado papel de los latifundios en la economía (un 3,3 % del PIB)[1] no explica su centralidad en los debates tanto antes como durante el periodo republicano. Resulta especialmente llamativo si lo comparamos con el escaso interés mostrado por la literatura hacia la agricultura familiar, a pesar de producir la mayor parte del producto agrario y suponer nada menos que un tercio del electorado. Además, incluso si la desigualdad hubiese sido el único elemento a tener a cuenta, tampoco serviría para explicar por si sola el incremento de la conflictividad durante el periodo republicano. Los cambios legales que afectaron a la organización laboral (por ejemplo, el controvertido Decreto de Términos Municipales) también modificaron las expectativas y los incentivos para la acción colectiva.
Robledo no comparte nuestra insistencia en la ausencia de buenas estadísticas y tiene razón en que éstas mejoraron en España a lo largo de las décadas anteriores a 1931. Pero este no es nuestro argumento, sino que lo hicieron mucho más despacio que en otros países. El caso italiano es especialmente llamativo ya que con una renta per cápita similar a la española, sus estadísticas ofrecían una información mucho más completa. Para ciertas variables claves la carencia de datos en España es pasmosa, en particular todas las variables relacionadas con las formas de explotación (arrendamientos, aparcerías) o la estructura de la población activa agraria. Sin duda esto permite explicar por qué los debates han tendido a centrarse en los que permitían el uso de variables mejor conocidas, tal como la distribución de la propiedad, y siempre que correspondieran a áreas catastradas. Los contemporáneos tampoco contaban con información sobre los precios de mercado de numerosos productos, incluido los cereales, lo que dificultaba los debates en torno a la intensificación de cultivos de los latifundios, o la simple viabilidad de las explotaciones de los nuevos ocupantes de tierras en una agricultura muy comercializada y en un periodo, conviene recordarlo, de bajos precios.
También Robledo duda del posible impacto de la debilidad del estado en la polarización. Nuestro argumento es que la aplicación de la nueva legislación agraria (salarios, ocupación de tierras, laboreo forzoso) requería cierta capacidad administrativa, y no podía dejarse en manos de la propia población local organizada en forma de sindicatos u otro tipo de organizaciones y en un contexto de recursos escasos (y bajos precios agrícolas). La tradición caciquil de la Restauración es parte de este argumento, precisamente porque impidió el desarrollo de este tipo de instituciones autónomas que hubiesen podido facilitar una aplicación menos conflictiva de la nueva legislación.
Finalmente, nuestro argumento con respecto al papel que juega la cuestión agraria en la Guerra Civil es que dudamos de que la hostilidad de los grandes latifundistas hubiera sido suficiente para poner en marcha el golpe de estado. El Frente Popular, por ejemplo, no logró atraer el apoyo de los pequeños propietarios, pero tampoco el de los arrendatarios o colonos sin tierra. La notable excepción de los rabassaires, como nos recuerda precisamente Robledo, muestra que el alineamiento de la pequeña explotación familiar con las élites propietarias en contra de las políticas laborales reformistas, estaba lejos de ser inevitable.
En cualquier caso, agradecemos estos comentarios, basados en un resumen, pero estamos seguros de que una lectura más reposada del propio libro estimulará un debate aún más interesante.
Nota
[1] Esta estimación es el resultado de ponderar el peso relativo de las grandes propiedades (superiores a 5.000 pesetas) en el producto agrario de las 13 provincias latifundistas, teniendo en cuenta que la agricultura ya solo suponía un cuarto del PIB de 1931. Y suponiendo una explotación a gran escala con mano de obra asalariada, lo que sin duda sesga hacia arriba estos números.
Portada: Adolfo Vázquez Humasqué, director de la reforma agraria, entre los yunteros de Fernán Caballero que iban a asentarse en la finca de Navalrosal (Foto de Cortés, Mundo gráfico, 8 de abril de 1936).
Ilustraciones: Conversación sobre la Historia
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Buen trabajo buenos artículos para conocer el origen de nuestro atraso en el mundo.