Francisco Espinosa Maestre
Historiador
RESUMEN. En ocasiones la historiografía ha presentado estos consejos de guerra de manera crítica aunque sin quitarles el carácter de actos judiciales. Su análisis demuestra que la justicia militar no fue otra cosa que un instrumento al servicio del terror que se impuso desde el momento en que las tropas sublevadas y las fuerzas paramilitares salieron a la calle. Aquellas pantomimas en que los militares rebeldes y traidores juzgaron y condenaron por rebelión y traición a los compañeros que se mantuvieron del lado de la ley no fueron sino simples crímenes y debe llegar el momento en que esas sentencias se declaren ilegales, sus víctimas inocentes y sus responsables individuos situados al margen de la ley desde que se sublevaron.
Un análisis del proceso desde el punto de vista militar
Una exposición detallada del consejo de guerra a que fue sometido el general Manuel Romerales Quintero, realizada en 2002, se la debemos al historiador militar Joaquín Gil Honduvilla[9], autor de diversos trabajos sobre la sublevación en Andalucía y norte de África. Más que la relación que hace lo que aquí interesa es el enfoque que aplica y los motivos que expone para comprender por qué el general fue “fusilado”, ya que para él, por más irregular que fuera, se trató de un acto judicial y como tal lo analiza. Gil reconoce que el instructor Bartomeu no solo no reunía las condiciones para actuar como tal sino que, una vez en su papel, más que interesarse por lo ocurrido, si es que algo había ocurrido, su objetivo no fue otro que justificar con sus preguntas la sublevación en la que él mismo había intervenido, tarea en la que encontró plena colaboración por parte de casi todos los llamados a declarar. Tampoco encuentra justificación jurídica alguna para que le dieran carácter sumarísimo al procedimiento excepto las prisas para acabar cuanto antes. Incluso razona sobre el vacío legal en que se desarrolló y las irregularidades en que se incurrió de principio a fin, incluyendo aquí la propia formación del tribunal.
Para Gil los primeros considerandos de la sentencia constituyen simplemente “un alegato al espíritu que movió a la oficialidad al alzamiento”. No hay hechos probados sino solamente justificación de la sublevación, lo que le lleva a observar “lo mediatizado y politizado de la voluntad del Tribunal”. El artículo dedica numerosas páginas a exponer y analizar las acusaciones que aparecen en la sentencia. Frente a lo que parece extraerse del procedimiento, Gil plantea que la existencia de la trama golpista era más conocida que las actividades de los grupos de resistencia de ideología republicana, idea que le confirma la supuesta falta de unidad que existía en el Ejército y cómo fueron extremándose las posiciones a uno y otro lado. Y esto por más que los hechos muestren que no cabe comparación alguna entre la trama, mayoritaria y favorable al golpe militar, y la otra, minoritaria y carente de plan alguno salvo el de convencer al Gobierno y a las autoridades de que debían actuar antes de que fuera demasiado tarde. Desde esa óptica no se concede importancia a los detalles expuestos en el sumario que indican que al general no solo se le ocultó información sobre la conspiración antirrepublicana por parte de quienes tenían el deber de dársela sino que se le indujo a actuar contra una supuesta trama subversiva de izquierdas, lo cual solo sirvió para desviar la atención de la otra.
El general Romerales no actuó contra sus compañeros, contra el Ejército o contra la Patria, ni cometió delito de traición ni de sedición. Aquel “escenario pseudojurídico” solo conducía a la ejecución. El artículo insiste en lo irregular del proceso en todas sus fases, pero para su autor esto no explica las causas que llevaron a la ejecución del militar. Así, expone que en el territorio de Queipo los generales corrieron diversa suerte: mientras que Miguel Campins fue asesinado, Villa-Abrille y López Viota salvaron la vida. Claro que estos dos últimos recibieron trato de favor por los servicios prestados a los golpistas. Al entrar en estas disquisiciones se suele olvidar que el terror es arbitrario y que carece de sentido buscarle lógica alguna. Lo contrario conlleva entrar en un teatro de falsas bondades que conduce a olvidar la terrible realidad del golpe militar. ¿Qué más da que Franco intercediera por Campins y Queipo por Batet? Es posible que si se indaga lo suficiente se encontrará que Bartomeu, Seguí, Tella, Asensio, Yagüe, Castejón o Varela también intercedieron por alguno. ¿Qué situación mejor que aquella salvaje carnicería para realizar una buena acción? Al fin y al cabo la rebelión había puesto en sus manos la vida y la muerte de los demás.
Gil, que menciona la “falta de vocación africanista” de Romerales, destaca sus choques con los militares, considerando como tales desde lo ya comentado del casino, lo del manifiesto comunista o la destitución de Tella, a las declaraciones prestadas ante el instructor descalificadas anteriormente. Añade además su condición de masón, lo cual no se ajusta a la realidad. Utiliza el consejo de guerra al golpista Goded, fusilado el 12 de agosto en Barcelona, para insinuar que este caso, del que destaca sus irregularidades, influyera en el final del general Romerales. Sin embargo, contamos con información suficiente como para saber que en el caso de Goded, cuyo consejo de guerra nada tiene que ver con este, se respetaron las ordenanzas militares vigentes.[10]
Igualmente menciona la matanza de la Cárcel Modelo de Madrid de 22 de agosto, que según él alejaba “aún más cualquier posibilidad de clemencia entre los bandos enfrentados”. Claro que en la de Madrid también influyeron las matanzas que los fascistas venían realizando desde Cádiz a Badajoz… ¿Además qué bandos eran esos si a un lado estaban los sublevados y al otro el Estado republicano inerme ante la barbarie militarista? Digamos que bando, en el sentido de facción, solo hubo uno. Parece percibirse la intención de mostrar que la República, en lo que respecta a la administración de Justicia, cometió las mismas arbitrariedades que los sublevados. Afirma Gil: “Lo peculiar de la guerra civil es que los dos bandos se consideraron detentadores de esta legalidad [vigente], aunque ninguno de ellos la respetara y cumpliera”.[11] Esto, según él, vino a reforzar la actuación de los sublevados.
Como es lógico tiene que reconocer que la responsabilidad inmediata recae en los golpistas, tanto en los que formaron el tribunal militar como en los que aprobaron aquella farsa, pero en un curioso ejercicio de reparto de responsabilidades añade:
Responsable final de su muerte fueron todos, tanto de uno como de otro bando que pusieron las condiciones necesarias para que la Guerra Civil no fuera una guerra más, fomentando el odio contra el enemigo hasta límites insospechados, desde este punto de vista culpables de la muerte de Romerales fueron todos los que no intentaron buscar cauce de entendimiento y mediación entre esas dos Españas que cada vez se alejaban más y más.[12]
Para Joaquín Gil el 28 de agosto “murió un militar que no quiso o no supo comprender la realidad de una época crispada que se volvía hacia él”, o sea que, aunque lo condenaran sus compañeros, “lo mató una España dividida donde primaba el odio y la venganza”. Estas son las causas que, según él, influyeron en el final de Romerales: los problemas internos de los sublevados y el retraso en poner en marcha un sistema jurisdiccional; el republicanismo del general, amigo de Azaña; las irregularidades cometidas por “el bando gubernamental” en los juicios a los militares sublevados, y la descomposición del estado republicano que abrió la puerta a los incontrolados. Observemos que casi más responsabilidad cabe adjudicar a la República que a los que rompieron la legalidad a sangre y fuego el 17 de julio de 1936, ya que lo que se viene a decir es que si el general Romerales hubiera sido partidario o cómplice pasivo de la conspiración; la República respetuosa con las leyes como para no provocar a los golpistas y fuerte para controlar los desmanes, y los sublevados más organizados desde el principio, el general no hubiera acabado sus días ante un piquete.[13]
Pero la realidad sin duda es más simple: el general Romerales fue una víctima más dentro de la vorágine de la sublevación militar que se inició precisamente en el norte de África causando desde el primer momento decenas de víctimas entre militares y civiles demócratas, firmes en el juramento de fidelidad que habían prestado a la República y opuestos a cualquier tipo de intervención militar.
La farsa judicial militar
El caso del general Romerales debe ser analizado en el contexto de los momentos iniciales del golpe militar y dentro del plan de terror que buscaba un efecto paralizador inmediato. En Andalucía y norte de África hubo otro general también asesinado: Miguel Campins, trasladado de Granada a Sevilla para ser juzgado en otro espectáculo con formato de consejo de guerra. Se ha aludido antes a lo ocurrido a los otros dos generales de Sevilla, Villa-Abrille y López Viota, como ejemplo de la benevolencia de los golpistas y para mostrar que no había un plan para acabar con los jefes militares contrarios a la sublevación, abriendo así la puerta a la idea de que, si no se fue igual con todos, debieron existir motivos para que algunos de ellos fueran “fusilados”. Pero la investigación demuestra que no fue así, sino que si los dos generales antes mencionados no fueron eliminados fue por colaborar con los conspiradores, no activamente pero sí dejando hacer y con su silencio cómplice. A los generales opuestos al golpe se les eliminó, pero Villa-Abrille y López Viota entran dentro de la categoría de militares pasivos detenidos en un primer momento y expulsados del Ejército pero a los que se mantuvo ciertos derechos, paga incluida, en agradecimiento sin duda a no haber denunciado las intrigas y maniobras de los meses previos a la sublevación.[14]
El consejo de guerra contra el general Romerales constituyó un montaje de principio a fin. Los cargos carecían de sentido alguno y no tuvieron más recorrido que el que les dieron el instructor, los militares que se prestaron a formar parte del tribunal y los testigos que accedieron a seguirle la corriente a Bartomeu. En todas las guarniciones implicadas en la trama, los Servicios de Información ocultaron lo que consideraron oportuno a sus superiores e inflaron lo relativo a los movimientos subversivos dentro de los cuarteles. En este caso tenemos el “complot de los cabos”, cuya finalidad no fue otra que mover iniciativas y acciones hacia algo que carecía de importancia alguna mientras se desviaba la atención y se ocultaba la verdadera conspiración, llegando al extremo de tener preparado un plan contra un movimiento de izquierdas.
¿Y qué decir del cierre del Casino Militar y del manifiesto del 1 de mayo? Solo muestran la imposibilidad de encontrar algo de mayor fuste más allá de meras excusas para montar un juicio. No resulta fácil imaginarse a Romerales Quintero echado en brazos del marxismo y parece lo más creíble que en el cierre del Casino, aparte del deseo de evitar enfrentamientos, pesara en mayor grado el temor a una agresión exterior que al acto de fuerza celebrado allí por un grupo de militares. Los demás cargos, entre ellos varios incidentes sin importancia real, no merecen ni comentario. Si de algo pecó el general fue de credulidad y de una absoluta ignorancia del avispero en que se encontraba. Entre los engaños y la desinformación a que fue sometido y la fe ciega que tenía en sus hombres este militar, legalista y republicano hasta el final, fue perdiendo el sentido de la realidad, de la que no fue consciente hasta la noche anterior a la sublevación pese a las advertencias que se le hicieron. Tampoco cabe obviar la grave responsabilidad del gobierno en no haber actuado con firmeza ante la profunda reforma que necesitaban las fuerzas militares del norte de África, sin las cuales los sublevados nada hubieran podido hacer.
Todo el juicio constituyó una representación cuyo final todos sabían. ¿Qué importan las leyes y códigos que se manejaron? Nada representan salvo un mero artilugio para dar apariencia de legalidad a lo que no era sino un asesinato. ¿Cometió delitos de sedición y traición el general Romerales? Evidentemente no, como bien sabían todos los militares implicados en la trama. Decir que fue un modelo de aquella “justicia al revés” de la que más tarde habló uno de sus inventores, aquel Serrano Suñer que en 1939 promovió el Dictamen sobre la ilegalidad de los poderes actuantes en 18 de julio, sería quedarse corto: fue una burla cruel que culminó con la condena por traición y sedición y con la humillación de la degradación previa a la muerte (despojo de armas, insignias y condecoraciones). ¿Tiene sentido alguno aquí traer a colación el Código de Justicia Militar de 1890 o el artículo tal en relación con el apartado no sé cuál? En aquella situación crítica las leyes no valían nada y la realidad la dictaban individuos situados al margen de toda legalidad.
Citar el caso de Goded como ejemplo de que en ambas zonas se cometieron excesos sirve no solo para situar al mismo nivel los casos de los dos generales sino para equiparar la justicia republicana con la barbarie pseudojudicial de los sublevados. Manuel Goded se levantó contra la República, fracasó y, en un momento de gran tensión, fue juzgado por rebelión y fusilado por un gobierno legal, que era el único que podía hacer tal cosa en aquella situación. Por el contrario unos militares sublevados y al margen de la ley, por más que montaran pantomimas seudojudiciales, solo podían asesinar. El mismo Gil acepta que el consejo de guerra al general Romerales fue “un puro ejemplo de conversión de leyes en un instrumento de injusticia y muerte”.[15] Por lo demás no cabe comparación alguna entre ambos consejos de guerra, ni en la forma ni en el fondo. En el de Goded cada parte cumplió su función y pudo actuar en consecuencia, de modo que la sentencia fue ajustada a la gravedad de los hechos. El estilo del texto, claro y directo, está en las antípodas del procedimiento abierto por los golpistas en Melilla, ideologizado, farragoso y apelmazado.[16]
Este caso muestra algo más. El control del proceso no solo viene dado por el instructor y su forma de enfocar y dirigir el asunto sino por el secretario –en este caso dos: José María Calvo y Federico Ferreiros Guinea–, que es quien transcribe de manera apropiada todo lo que allí se dice. Esto significa que, aunque se respete el sentido de las declaraciones, no sabemos las palabras que realmente dijeron los testigos favorables al general Romerales, ya que es el propio secretario quien interpreta sus palabras y decide lo que debe constar o no en el procedimiento. Digamos que no pasan de ser meras aproximaciones. Me refiero sobre todo a militares y civiles que podían intuir el final que les esperaba y expresarse con claridad llamando a las cosas por su nombre. Si a esto unimos que el defensor, incluso aunque hubiera querido, no podía cumplir su función porque se expondría a tener problemas con los demás implicados en la trama judicial, podremos hacernos una idea del nivel de justicia de aquellas representaciones. Todo ello, además, en el estrecho margen de un juicio sumarísimo al que ya de por sí no se sabe si catalogar como juicio.
A esto hay que añadir algo que la investigación ya ha probado: dadas sus características, lo que muestra cada uno de estos procedimientos no es más que la punta del iceberg. La mayor parte de la realidad que envolvía estos actos, tanto por parte de quienes los perpetraban como por la del procesado y su círculo de familiares y amistades, queda fuera. Simplemente no existe. Solo a través de testimonios posteriores es posible completar un cuadro más amplio que ofrezca los detalles sórdidos y en ocasiones destacables de estas historias.
Los consejos de guerra sumarísimos deben ser analizados con sumo cuidado, ya que se corre el riesgo de considerarlos como actos judiciales. Hay que filtrarlos y presentarlos como lo que fueron: la pantalla que cubrió uno de los mayores procesos represivos de nuestra historia contemporánea. Esto no significa que no contengan información o materiales de interés sino que hay que evitar en todo momento ser absorbido por su estilo y contenido, y muy especialmente por sus términos y conceptos. En la década pasada se planteó desde diversas instancias sociales la anulación de las sentencias de carácter político dictadas por los tribunales franquistas. De haberse optado por tal medida, como en Alemania a partir de 1998, dicha documentación hubiera pasado desde ese momento a tener otra consideración muy diferente. Constituiría simplemente el resultado de una desviación ajena al mundo de la justicia y los que la consultaran sabrían a qué atenerse. Al final todo quedó en nada, ya que la “ley de memoria” de 2007 consideró que las sentencias de la represión judicial militar no eran nulas e ilegales sino injustas e ilegítimas.
La mayor parte de la documentación con que contamos sobre la destrucción de la República y el gran ciclo represivo que va de julio de 1936 hasta mediados de la década de los cincuenta con el fin de la resistencia guerrillera son documentos generados por los golpistas, es decir, documentación de parte, cuyo principal objetivo es ocultar o disimular la realidad de lo ocurrido y mostrar otra acorde con el orden que se pretendía imponer. De ahí la obligación de ir más allá de esa capa y de poner al descubierto que los medios debían adaptarse siempre al objetivo primordial, que no era otro que hacer tabula rasa del tejido social surgido desde la Restauración y de la experiencia democrática republicana. Ese fue el papel de la justicia militar en aquel gran proyecto involucionista.
Final
El 25 de marzo de 1958 el diario ABC, que viene a ser nuestro “almanaque Gotha” del franquismo, informó del fallecimiento del para entonces teniente general Maximino Bartomeu en Madrid. A su entierro asistió la flor y nata del poder militar franquista, incluidos algunos compañeros del 36: Muñoz Grandes, Díaz de Lecea, Alonso Vega, Solís Ruiz (jurídico militar), el vicario castrense Muñoyerro, Rodrigo Martínez, Esteban Infantes, Sáenz de Buruaga, Asensio, García Valiño, el conde de Mayalde (José Finat, alcalde de Madrid, también militar), Franco Salgado o Delgado Serrano. Al final no podía faltar una breve biografía del fallecido con su etapa africanista, su participación en Asturias en 1934, su implicación en la trama golpista en 1936 y su intervención en diversas operaciones del golpe y de la guerra, tras la cual pasó como otros de sus compañeros a dirigir divisiones, regiones y gobiernos militares.
Sirva de broche final a esta historia un detalle de la semblanza biográfica firmada por el coronel Jesús Albert Salueña que sobre el general Romerales aparece en el proyecto “El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida” (2016), en el que participaron numerosos historiadores españoles y marroquíes:
Años más tarde, cuando era comandante general de Melilla, Bartomeu, uno de los principales responsables de su ejecución, en una visita al cementerio de la ciudad, se paró ante la tumba de Romerales y, tras rezar, manifestó: “Era una buena persona”.[17]
[9] Ver nota 1.
[10] Merino, Sánchez, Jacint, Los militares se sublevan en Barcelona. El general Goded y el 19 de julio de 1936, Editorial Base, Barcelona, 2013, p. 252 y ss.
[11] Gil Honduvilla, “La sublevación de julio…, p. 110.
[12] Idem, “Anatomía de un procedimiento…”, p. 251.
[13] Estas “causas” no aparecen en la versión reducida de 2004, en la que sin embargo sí se afirma, sin nada que lo justifique, que los cabos y oficiales del supuesto complot estaban vinculados con la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) o que entre los militares que pudieron estar implicados en acciones conspirativas de izquierdas pueden citarse a Ferrer Madariaga, Márquez Bravo, López García, Fernández Gálvez, Aguilar Benítez, Arrabal Ruiz, Alonso, González Corral, Muñiz Pérez, etc. El autor no indica el final de varios de ellos, que como hemos visto fueron asesinados.
[14] Sobre las vicisitudes de los generales Villa-Abrille y López Viota véase Espinosa Maestre, F., La justicia de Queipo, Crítica, 2005, pp. 29-33 (Ed. del Autor, 2000).
[15] Idem, “La sublevación de julio…”, p. 111.
[16] La obra ya aludida en nota 10 de Jacint Merino reproduce diversas partes del proceso.
[17] www.lahistoriatrascendida.es/documentos/personajespoliticos/RomeralesQuintero.pdf.
Portada: el coronel Luis Solans Labedán (1879-1951), que proclamó el estado de guerra en Melilla (foto del blog Búscame en el ciclo de la vida)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
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