Francisco Espinosa
“Se resiste la pluma a dar por terminado este sucinto relato sin dejar de consignar los nombres gloriosos del entonces Tte. Coronel Bartomeu y Gral. Soláns, que anticipándose en Melilla a los designios marxistas que patrocinaba desde su sitial de primera autoridad militar de esta Plaza, el desgraciado Gral. Romerales, dieron valientemente el 17 de julio de 1936 el primer grito de Viva España iniciando con oportunísimo adelanto nuestra Santa Rebeldía”.
Tte. Cor. Emiliano Fernández Cordón[1]
RESUMEN Para dar la imagen de que se seguían los cauces legales y con carácter claramente ejemplarizante, los sublevados decidieron desde el primer momento montar unas farsas a modo de consejos de guerra mediante las que trataron de darle un barniz seudojudicial a su plan de eliminar a aquellos de sus compañeros opuestos al golpe, tanto por su republicanismo como por su legalismo. La sublevación se inició la tarde del 17 de julio en el norte de África y uno de los primeros detenidos fue el general Manuel Romerales Quintero, jefe de la circunscripción oriental del Protectorado Español en Marruecos con sede en Melilla. Su proceso nos permite ver el modo en que los golpistas actuaron desde primera hora.
La instrucción
Es sabido que el general Romerales, máxima autoridad militar de la Circunscripción Oriental de Marruecos con sede en Melilla, fue detenido y apartado del mando en la tarde del 17 de julio por aquellos de sus compañeros que habían decidido tomar parte en el golpe militar que se venía tramando contra la República. Su despacho lo ocupó el coronel Solans, elevado así sin más trámite a jefe de la Circunscripción. El presente trabajo da por sabido los hechos ocurridos en el norte de África en relación con el inicio de la sublevación de julio de 1936, sobre los que ya existe cierta bibliografía.[2] De lo que se trata aquí es de analizar la farsa judicial militar que se montó para dar barniz seudolegal a su asesinato.[3] Fue breve, ya que las actuaciones dieron comienzo el 12 de agosto y el 28 de ese mismo se puso fin a su vida cuando contaba con sesenta años de edad.
Instruyó el procedimiento el teniente coronel Maximino Bartomeu, uno de los organizadores de la sublevación en Melilla y que fue quien declaró el bando de guerra en la tarde del 17 de julio. Su protagonismo, como veremos, marcó todo el proceso guiado obsesivamente por la que creyó su misión: esclarecer la “actuación antipatriótica del general (…) por los supuestos delitos de traición y sedición”. De entrada se aportaron varios documentos entre los que cabe destacar uno por la importancia que se le dio después: el testimonio del alférez Francisco Gutiérrez Lanzas, extraído del consejo de guerra del sargento Manuel Sánchez Pujalte, que acabó con su asesinato el 30 de julio. La cuestión era simple. Ya desde abril de 1936 este estaba indagando en la conspiración antirrepublicana y participando en reuniones en las que se ponía de manifiesto la gravedad de la trama, razón por la que había decidido comunicarlo al delegado gubernativo y al general Romerales. Contactó con Gutiérrez Lanzas creyendo que podía confiar en él, pero lo que hizo este fue denunciarlo a sus superiores, implicados en la conspiración.
El día 13 de agosto comenzaron las comparecencias de los testigos y del encausado, que en un total de treinta declararon entre el 13 y el 24 de agosto.[4] Todas las cuestiones planteadas por el instructor Bartomeu fueron orientadas para un mismo fin: poner en evidencia el mal concepto que los militares convocados tenían del general Romerales, señalar su connivencia cuando no su actitud servil para con los dirigentes del Frente Popular, resaltar su falta de decisión ante supuestas maniobras de carácter revolucionario y, sobre todo, poner en evidencia su traición al Ejército y a la Patria. Naturalmente nada de esto se pudo probar por la sencilla razón de que no eran sino una serie de pretextos para acabar con un militar moderado y fiel al gobierno legalmente constituido con el que nunca pudieron contar para la conspiración. Todo se basó en una serie de opiniones y prejuicios carentes de valor probatorio alguno en un espectáculo dirigido y protagonizado precisamente por quienes realmente deberían haber sido juzgados por delito de rebelión militar. Salvo los casos que se indicarán, entre los que hay algunos de militares y civiles que tuvieron el mismo fin que Romerales, carece de sentido exponer las respuestas de los militares a las preguntas de Bartomeu por la sencilla razón de que apenas se diferencian unas de otras y lo que es peor: las respuestas estaban ya contenidas en las preguntas.
Bastará con dos ejemplos. He aquí una de las preguntas del instructor realizada a uno de los militares: “Preguntado si en las reuniones tanto particulares como oficiales con el general Romerales pudo apreciar que su gestión como tal no era lo clara y patriótica que debía de ser…”, el militar de turno responde por supuesto que “no era clara ni patriótica”. Obsérvese, por ejemplo, la pregunta que Bartomeu hizo al coronel Darío Gazapo Valdés, otro de los organizadores de la trama golpista: que si el general sabría que el movimiento que se tramaba por Jefes y Oficiales del Ejército no era guiado por partidismo alguno y sí únicamente por la salvación de la Patria que se hundía y que no obstante saberlo se unió más al Frente Marxista para atacarlo de lleno en su actuación llegando en su deslealtad a llamar Jefes que consideraba adictos a su persona en la tarde del 17 para hacer frente al mismo.
Respuesta: “Contestó categóricamente que sí…”. Este fue el nivel del instructor.
Los convocados tuvieron que definirse tanto sobre el concepto que les merecía el general como sobre sus relaciones y su gestión. Entre las respuestas encontramos: “malo”, “jugaba con dos caras”, no ejerció el cargo “con lealtad y honor al Ejército y a la Patria”, hizo “traición al sagrado depósito que España le entregaba…”, “no era ajeno a las maquinaciones del Frente Popular”, trataba “con elementos extremistas e indeseables de la guarnición”, andaba siempre con el delegado gubernativo “apoyando y aun pidiendo destituciones injustificadas de Jefes y Oficiales de la Guarnición”, “quería dejar la Plaza al servicio de los revoltosos”, al comentarle que “el camino de la Nación llevaba al comunismo… nunca reaccionaba en el sentido de hacer algo para terminar con este estado de cosas”, “contrario al Movimiento Nacional” o que sus ideas “eran francamente izquierdistas” y él “altamente indeseable”.
Fueron varios los que destacaron que el general no tenía confianza en ellos por considerarlos reaccionarios o simplemente fascistas. Cuando se les pidió nombres de las personas cercanas al general mencionaron entre otros a los comandantes Ferrer, Rodrigo, Izquierdo, Seco y Villegas, y a los capitanes Rotger, Gálvez, Torrecillas y Pardo; y entre el personal civil los delegados de Gobierno, tanto Diego Jiménez Castellano como Jaime Fernández Gil; el alcalde Antonio Díez Martín, el juez Joaquín María Polonio Calvente, o el presidente del Frente Popular Cándido López Castillejos. Ni que decir tiene que la mayor parte de ellos fueron asesinados.
La “revolución” de los cabos
Uno de los asuntos que atravesó todo el proceso fue un supuesto movimiento subversivo de los cabos protegido por algunos oficiales y que habría sido puesto al descubierto a fines de mayo, momento en que el general encargó la investigación al comandante Mizzian entre otros, y más tarde durante una noche de junio de 1936, en que algunos militares implicados en el golpe, empezando por teniente coronel Aymat, habrían pasado revista a las compañías en las que los cabos preparaban algo en reuniones clandestinas. La acusación inicial fue que cabos y soldados se reunían en una cantina para escuchar Radio Moscú y hablar de la situación política española, lo que llevó al cambio de unidad de unos y al cese de los que estaban en oficinas. Fue tan evidente la maniobra de despiste que ni el mismo Romerales se lo creyó, ordenando abrir una información sobre la actuación de Aymat. El problema es que, si en el primer caso el encargado fue un conjurado como Mizzian, el que la realizó ahora fue Solans, que por supuesto justificó la intervención del otro.
El objeto de este asunto de los cabos no fue otro que demostrar que el general Romerales se mantuvo pasivo ante un hecho como este. El resultado fue que finalmente se tomaron medidas y la represión acabó cayendo sobre los cabos y sobre sus supuestos contactos: el capitán Luis Casado Escudero, el brigada Pedro del Pozo Soto y los alféreces Armando González Corral y Luis Calvo Calavia, asesinados a los pocos días del golpe. El encargado de la vigilancia de los cabos y sus contactos, y de la trama golpista, el capitán Buenaventura Cano Portal, declaró tranquilamente al instructor que informó al general sobre el capitán Fernández Gálvez, el comandante Márquez Bravo y el coronel Delgado Toro, pero que de las vigilancias realizadas al capitán Valiente, el coronel Tella Cantos y el teniente coronel Bartomeu “no dio cuenta”.
En contraste con lo anterior destaca el testimonio del comandante Ferrer Madariaga, quien contó que el teniente coronel que se presentó a las 12 de la noche del 14 de junio en el cuartel para realizar la inspección de locales, armamento, papeles, taquillas, bolsillos, etc. interrogó más tarde a dos cabos y reconoció a Ferrer que no había encontrado nada. Otros rumores que le llegaron sobre intrigas anteriores de los cabos los consideró inverosímiles, pese a lo cual informó a quien correspondía, que era precisamente Solans.
El cierre del Casino Militar y el “manifiesto comunista” del 1º de mayo
La otra decisión del general que los golpistas consideraron agravio insuperable fue el cierre del Casino Militar de Melilla. Muchos consideraban indignante la insistencia del general en que no se respondiese de manera contundente a las actividades de los grupos de izquierdas y su idea de que “el Ejército debía acatar lo que dijese el Gobierno”. El general decidió el cierre del Casino por la actitud provocadora de algunos militares que realizaron allí un acto de fuerza vestidos de civil y armados y para evitar incidentes con los manifestantes de izquierdas, pero los militares golpistas lo entendieron de la siguiente manera: que “si en la calle eran vejados hasta llegar a los sentimientos más sagrados no reaccionaran y se limitaran a tomar el nombre del individuo y el número del vehículo…”. Cuando el general decía que el Ejército se debía al Gobierno los militares antirrepublicanos interpretaban que daba “como cosa natural que los elementos que lo componían echaran por el suelo todos los valores morales y que si el Ejército que quería el Gobierno era rojo este tenía que aceptarlo sin reaccionar en defensa de la Patria”.
El juez y delegado suplente Joaquín María Polonio, que había llegado a Melilla el 8 de julio como delegado de Gobierno, declaró que él mismo habló con los dirigentes de izquierdas para que se moderaran con sus slogans y cánticos a su paso por la Avenida de la República, a lo cual accedieron. Pero poco después dos de ellos, Cándido López Castillejos, abogado y militar de Izquierda Republicana, y Manuel Gaitán González, asesinados respectivamente el 14 de agosto y el 30 de julio de 1936, se presentaron en su despacho a decirle que un grupo de oficiales se había metido en el Casino “con propósitos subversivos”, hecho que debía ser comunicado a Madrid. El general decidió enviar policía de Seguridad por si se producían agresiones por parte de la izquierda, tras lo cual ordenó su clausura por unos días. Después enviaron el telegrama al Gobierno. Su llegada reciente a Melilla permitió a Polonio Calvente en el juicio suavizar su responsabilidad y decir que era el general quien decidía.
Otro hecho que Gazapo sacó a relucir en su declaración fue que el día 1 de mayo, al saludar al general en un lugar público, se le oyó decir en voz alta que “el manifiesto comunista que se había publicado ese día era un documento soberbio y que no tendría el más ligero inconveniente en firmarlo”. Para él este hecho bastaba “para dibujar la silueta moral del general Romerales”. Supuestamente dijo tal cosa ante Gazapo y Urzáiz, el cual sin embargo, como destacó el defensor, no oyó nada. En su declaración el general recordó haber saludado a ambos pero no haber hecho tales comentarios. Admitió sin embargo que, días después, cuando le llevaron el manifiesto a su despacho, “lo encontró redactado en términos templados, aconsejaba el amor al Ejército”.
Los sucesos del 17 de julio
Según el comandante José Márquez Bravo la tarde del 17 de julio lo llamaron de parte del general y, “previa la venia del coronel Solans”, fue a verle. Romerales le contó la noticia que había recibido de Madrid sobre la inminencia de una sublevación militar y le dijo que le aumentara la guardia, ya que solo contaba con cuatro hombres. Después fue al cuartel y antes de enviar a los hombres pidió permiso a Solans. Por su parte el alférez Alejandro Cazón Gómez recibió la orden de tomar el mando de su sección y ponerse a las órdenes del general, pero él, “como no le dieron ninguna [orden] particular, se limitó a obedecer las órdenes del capitán Bonaplata transmitidas por el comandante Zanón”, ambos implicados en la conspiración.
La declaración del teniente Manuel Navas Moreno desvela algunos hecho de esa tarde clave. A las 5 de la tarde recibió la orden de coger 16 hombres, 4 cabos y 2 sargentos y marcharan a defender la Comandancia y al general, “al que querían matar en un movimiento que iba a estallar”, sin que le dijeran qué tipo de movimiento era. Al llegar allí, el capitán José Rotger Canals, asesinado en diciembre, le ordenó montar el servicio cerca del general. Pero en ese momento ocurrió algo: al llegar al zaguán un capitán “lo puso en antecedente de la naturaleza del movimiento, lo mismo que el capitán Bonaplata, corroborando así las pocas observaciones que por la rapidez de la salida del cuartel le pudo hacer el teniente Pla”, tras lo cual metió a sus hombres en el interior de la comandancia saltándose las órdenes recibidas.
La visión desde el otro lado nos la ofrece el comandante Edmundo Seco Sánchez. Acudió a las 16.30 a la llamada del general. En su despacho ya estaban el capitán Rotger y el comandante Márquez. Se acababan de recibir las noticias del Ministerio de la Guerra sobre un golpe militar inminente realizado por fuerzas de la guarnición. El ministro había ordenado detener a Gazapo, Zanón y Rodrigo. Por su parte ordenó a Márquez que enviase una sección a la comandancia y acuartelara fuerzas en espera de órdenes y que fuesen convocados todos los oficiales. Luego, por orden del general, dispuso que se enviase a la comandancia una sección de ametralladoras, tras lo cual volvió con el general. Pero era demasiado tarde.
Algunas comparecencias destacables
Entre los comparecientes que se salieron del guión cabe destacar varios casos. El mencionado comandante Edmundo Seco declaró el día 17 de agosto que supo por el general que el delegado gubernativo y miembros del Frente Popular lo presionaban para que diese de baja a ciertos militares por sus antecedentes e ideas políticas, pero que él no era partidario, ya que pensaba que solo cabía solicitar la baja por hechos concretos. También le constaba que en alguna ocasión evitó que el delegado gubernativo se quejase al Gobierno de algún militar. Seco fue asesinado el 15 de junio de 1937. El mismo día 17 prestó declaración el comandante Pablo Ferrer Madariaga, quien ante las preguntas habituales del instructor sobre el general respondió que lo conocía de los actos oficiales ignorando sus ideas políticas y lo que pensara del movimiento actual. Lo que sí le constaba es que era “una persona muy sencilla” cuya actuación como militar le parecía “muy complaciente”. Ferrer fue asesinado el 3 de diciembre de 1936.
El día 18 de agosto declaró Joaquín María Polonio Calvente, juez instructor y delegado gubernativo en ausencia de Diego Jiménez Castellano. Sin duda para agradar el oído a los golpistas expuso al ser preguntado por el general que su primera impresión fue buena, pero que después percibió que la oficialidad se encontraba disgustada con él porque creían que debía de ser la justicia militar la que se encargarse de ciertos asuntos que recaían en la civil. Luego recordó un acto de homenaje al general en el que escuchó “discursos chabacanos” y críticas a los militares; también presenció otro día cómo los obreros lo vitoreaban “como General del Pueblo”. En resumen, le agradecía la atención que le prestó para los asuntos que surgieron y carecía de conocimiento para valorarlo como militar. Polonio fue asesinado el 23 de julio de 1937.
En ese final sin duda influyó el telegrama que envió el 19 de abril en relación con el cierre del Casino Militar, ya que en él se comentaba que dicho día medio centenar de militares armados y con ropa civil se concentraron en dicho lugar con el pretexto de que las Juventudes socialistas y comunistas pensaban asaltarlo, lo cual se comprobó que era falso, por lo que en unión del general decidieron enviar allí fuerzas de Seguridad. Para este, además, se trataba de “una intencionada alarma provocada por elementos simpatizantes del fascismo pertenecientes a diversos Cuerpos”, razón por la que al día siguiente decidió el cierre del Casino. El telegrama matizaba que aunque no existían pruebas de afiliación al fascismo era evidente que “se extienden por días las simpatías y actitudes de tipo fascista”, por lo que se pedía que se le dieran al general facilidades para la crítica y modificación del mando. Concluía alertando sobre el peligro que representaba la extensión de la propaganda fascista entre los oficiales, controlable aún para el mando superior responsable por tratarse de “esporádicas muestras [de] elementos aislados…”.
Otra declaración a tener en cuenta fue la del comandante Luis Izquierdo Carvajal, ayudante del general. Habló de sus relaciones sociales y en vez de repetir que los de Frente Popular influían en él mantuvo que era él quien lo hacía ante el delegado y el alcalde en defensa del prestigio y dignidad del Ejército. Mencionó varios ejemplos, como el interés que mostró en que se estrenase la película “La Legión” con la asistencia de la oficialidad pese al rechazo que mostraron personas relacionadas con el Frente Popular; el desfile del 14 de abril, en el que ordenó que desfilaran la Bandera de la Legión y los Regulares que estuvieron en Asturias pese a los deseos contrarios de sectores de izquierdas, o su respuesta ante la relación que le fue presentada de jefes y oficiales que debían ser dados de baja en la Circunscripción por sus ideas y actitudes, ante la que se reafirmó en que él solo admitía las faltas establecidas en leyes y reglamentos. Cuando se le preguntó qué hacía el general que no reaccionaba “ante la pendiente en que se deslizaba España…” respondió que siempre que supo que se hacía algo que pudiera molestar al Ejército acudió a las autoridades civiles para asegurarse que no se repetiría. Concluyó diciendo que en su vida militar el general, que rechazó cargos como subsecretario de Guerra o el de gobernador civil, “no ha tenido otro desvelo ni otro cariño más fuerte que su amor a España y al Ejército, al que ha consagrado toda una vida de estudio y sacrificio”. Esta declaración, una de las más leales al general Romerales, no trajo consecuencia alguna ni para el general ni para el propio comandante Izquierdo, al que podemos ver más tarde en diversos escenarios de la guerra civil.[5]
En relación con la situación en que se encontraba el general Romerales puede ser interesante recordar algunos puntos de la declaración del comandante Salvador Lambea López, responsable del Servicio de Información. Este, que tenía al día al general de “las denuncias de extremismo” sobre Fernández Gálvez, Aguilar Benítez, Arrabal Ruiz o el alférez Collado, cuando supo por el mismo general que en Melilla se tramaba una sublevación militar con apoyo del Tercio y otros “elementos indeseables”, trató de convencerlo de que lo que en realidad había en marcha era un movimiento de izquierdas dirigido por el capitán Fernández Gálvez, consiguiendo que se ordenara su vigilancia. El delegado gubernativo Fernández Gil trató de sustituir la guardia oficial por fuerzas de la Guardia Civil, pero Romerales, que tenía confianza en sus hombres, se negó, por lo que solo pudo enviarlas a los alrededores de la Circunscripción.
En ese mismo encuentro el teniente coronel Peñuelas sacó a colación las reuniones de Gálvez con los cabos, ante lo cual el general les preguntó qué pensaban de los dos complots. Lambea respondió que el comunicado de Gobernación no podía tomarse en consideración dada “la brillante Oficialidad que tenía el Tercio”, que no podía ignorar lo que estuviera ocurriendo. Peñuelas tampoco lo creía posible añadiendo que “si se producía un movimiento de derechas todo quedaría reducido a un cambio de gobierno, mientras que si tenía lugar el de izquierdas España habría terminado”. De este modo convencieron al general de la necesidad de proceder contra Gálvez y los cabos, tras lo cual se ordenó convocar a los jefes de Cuerpo para informarles de lo tratado y extremar la vigilancia. Cuando el instructor le pidió que dijera lo que supiera de “los manejos que se estaban llevando a cabo por Jefes y Oficiales de la Guarnición para efectuar un movimiento salvador de España apartándola del estado vergonzoso y caótico en que se encontraba, detallando todas las relaciones que como Jefe de Información tuvo con el General sobre este asunto” Lambea fue claro: “Que de este asunto no ha hablado con el General más que lo sucedido la noche del 16…”.
El general Romerales prestó declaración el día 24 de agosto. Lo primero que se le preguntó fue si antes de decidir el cierre del Casino Militar comprobó la denuncia realizada por los dirigentes de izquierdas Cándido López Castillejos y Manuel Gaitán González. El general negó la existencia de dicha denuncia y expuso que fue el delegado gubernativo Polonio Calvente quien le dijo personalmente que en el Casino había militares en actitud provocadora y en “actitud fascistizante”, lo cual le pareció excesivo. Mantuvo que ordenó el cierre del centro militar para evitar agresiones externas. Cuando se le planteó qué hizo ante el complot de los cabos dirigido por el capitán Fernández Gálvez dijo que, además de comunicarlo a Ceuta, ordenó vigilancia y un servicio para sorprender las posibles reuniones. Sobre el telegrama del 17 de julio mantuvo que lo redactó el delegado y que a él le pareció tan extremado en sus conceptos que comunicó al Jefe Superior que no estaba de acuerdo en la forma en que se hizo.
Tuvo también que recordar ante las acusaciones del instructor que él no ordenó a los oficiales que no repelieran los insultos sino que estos procuraran eludir todo choque limitándose a dar cuenta del hecho. Igualmente, cuando se le preguntó sobre las medidas que tomó ante las reuniones de los marxistas con militares, dijo que siguió el trámite normal y recordó que existía ya un plan para frenar la posibilidad de una conspiración revolucionaria. Sobre el manifiesto comunista del 1 de mayo afirmó que asistió al acto público y vio a Gazapo y Urzáiz, pero que no se habló de tal manifiesto. Añadió que “ni piensa en comunista ni puede sentir como los que no aman al Ejército ni a la Patria”. Finalmente sobre el homenaje popular que se le hizo en el que se oyeron discursos denigrantes declaró que lo redujo a la aceptación de un álbum de firmas y que hubo pocos discursos y ninguno fue ofensivo para el Ejército o la Patria. Recordó distintos momentos de su vida militar en que mostró su firme actitud de no permitir actos contra dichos conceptos.
Otros testimonios de interés
El libro ya mencionado de Vicente Moga Romero contiene dos “memorias” de gran interés escritas en 1937, la de Jaime Fernández Gil –delegado gubernativo que sustituyó a Diego Jiménez Castellanos, asesinado en Huelva el 4 de agosto junto con las máximas autoridades militares pocos días después de su llegada, y a su sustituto interino el juez Joaquín María Polonio Calvente–, y la de José María Burgos Nicolás, interventor regional de Nador. Ambos consiguieron huir y salvar así la vida.[6]
Según el primero ya el día 14 de julio recibió un telegrama de Gobernación que advertía de una sublevación en marcha y le pedía que asegurase la fidelidad de las fuerzas a sus órdenes, especialmente de la Guardia Civil. Al día siguiente vio al general cuando este regresó de las maniobras de Llano Amarillo, momento aprovechado por los golpistas para ultimar detalles. Según Fernández Gil, que le comentó lo del telegrama y que no tenía confianza alguna ni en la Guardia Civil ni en la Policía, el general no veía peligro alguno. Sabía que otro militar, el coronel José Delgado Toro, posteriormente condenado a doce años de prisión, había comunicado tanto a Romerales como a Gobernación y a otros responsables políticos la urgencia de cambio de mandos en el Tercio y los Regulares para asegurar el control de dichas fuerzas.
La noche del 16 tuvo noticia de movimientos extraños de algunos militares retirados, como Juan Seguí Almuzara, jefe de Falange en aquella zona, y de elementos fascistas. Se hablaba ya de reparto de armas. Este mismo Seguí, nombrado jefe de Estado Mayor de Melilla el 2 de agosto, formaba parte del núcleo duro de la rebelión en marcha junto con Bartomeu, Gazapo, Rodrigo y Zanón.[7] Junto con ellos, en la “sección de justicia” de la Comandancia Militar, especializada en tareas represivas, destacaron de inmediato Peñuelas y Bonaplata. Fernández Gil dio orden de que se les detuviera y habló con el general, que a su vez y ante la gravedad de la situación llamó a su gente de confianza. No volvió a saber de él hasta las 5 de la tarde del 17, cuando este lo llamó para decirle que había entregado el mando a Solans. Fernández Gil se rodeó de varios guardias y policías, y de algunos políticos melillenses. Así estuvo hasta que pudo, lo mismo que el alcalde y concejales, que permanecieron en el Ayuntamiento, y que Joaquín María Polonio, que se constituyó en juzgado permanente. Este, cuando supo de la proclamación del bando de guerra, telefoneó a Solans pidiéndose explicaciones sobre la razón por la que se había declarado el estado de guerra sin haber reunido a la Junta de Autoridades, a lo que el otro respondió que lo habían decidido ellos, ante lo cual Polonio se negó a colaborar y fue detenido.
Tanto Fernández Gil como Polonio Calvente, que declararon como testigos, fueron obligados a asistir al consejo de guerra del general Romerales. El primero, ante las preguntas de Bartomeu sobre los insultos a los militares, admitió que no comprendía “cómo se había tolerado aquel estado de cosas”, que le extrañó tener que enviarle guardias civiles para protegerlo teniendo a su disposición toda una guarnición y que le llamó la atención que aceptase un homenaje popular en el que había incluso comunistas. Lo catalogó de “pobre de espíritu”. Sin embargo, ya en libertad, en su memoria narró que el juicio se basó en acusaciones de actitudes de pensamiento, no en hechos concretos, y que la defensa fue hecha “sin calor, sin argumentos, para que saliese del paso el pobre Arce [el defensor], obligado a llenar tal papel en aquella farsa trágica”. Fue el general el que, en medio de una sala llena de militares y falangistas, realizó su propia defensa en tono “valiente, seguro y digno” revolviéndose ante el calificativo injusto de traidor que recibió de los verdaderos traidores. Para el delegado gubernativo el general Romerales pecó de “exceso de confianza, imprevisión e indecisión”. Mientras todos eran conscientes de lo que se venía tramando tras las elecciones de febrero de 1936, él se mantuvo hasta el último momento en que no creía posible tal cosa. Fue así, en su total indefensión, como Seguí, salvando todos los controles y seguido por un grupo de regulares, pudo detenerlo en su despacho pistola en mano.
El testimonio de José María Burgos Nicolás apunta en el mismo sentido que el anterior:
El tiempo que pasaba sin que el Gobierno acometiera la obra depuradora en los cargos fue haciéndoles perder el miedo, se notaba claramente en su trato y con esto empezaron de nuevo sus conspiraciones, en los cuarteles los militares y en el Casino Militar ellos y los civiles fascistas.
El 21 de abril supo que se preparaba un golpe militar por un guardia civil retirado que le informó de los detalles, tanto en Melilla como en Ceuta, con Yagüe en el papel de Seguí y el general Gómez Morato en el de su colega Romerales. Un importante grupo de militares estaban implicados, mientras otros participaban de esa “solidaridad militarista” que, según Burgos, les hacía copar todo y desplazar a los civiles. Además ya estaban preparados para el traslado de moros y legionarios a la península. En la reunión también estaba un diputado, que trasladó la información a Martínez Barrio. Frente a esta realidad, eran los propios golpistas los que, como ya hemos visto, alertaban constantemente de la posibilidad de un movimiento comunista y de las medidas que había que adoptar. Con ello trataban de justificar su propio movimiento fascista.
Un simple observador percibía que cualquier excusa era buena para que estos militares arremetieran contra el Gobierno y la República. El modelo era Heliodoro Tella Cantos, apartado de su mando en el Tercio y al que se dejó libre por Melilla para seguir conspirando hasta que poco antes del golpe se ocultó. A comienzos de mayo el Gobierno envió al comisario Antonio Lozano Cano para que investigara la trama fascista, de la que llegó a contar con bastante información. Pero pese a todo, nada se hacía y los nuevos nombramientos recaían sobre gente afecta a la trama. Incluso alguna operación contra enlaces y fascistas no se completó, generando gran decepción dentro de la izquierda, que cada vez veía el peligro más cerca.
En su memoria José María Burgos denunció un intento de apartarle del cargo para que dejara de crear problemas con los informes continuos que enviaba a Madrid sobre la situación en Melilla. Esto coincidió con la última visita que realizó al general Romerales el 12 de julio, que seguía confiando en sus hombres y estaba convencido de que no pasaría nada. Ese mismo día, en unión de Jaime Fernández Gil, hablaron con Madrid para denunciar la situación. Unos días después, el 16, supieron por confidentes que todo estaba ya preparado y llamaron de nuevo al general, que aceptó no de muy buen grado pensar en tomar ciertas medidas. El 17 de julio supo a las 3 de la tarde que se estaban repartiendo armas a los fascistas en las oficinas de la Comisión Geográfica bajo la supervisión de Gazapo, con el que también se encontraban entre otros Bartomeu y Seguí. Según le dijeron, a las 5 de la tarde se pondría el golpe en marcha. El general Romerales no asumió hasta media hora antes que había que tomar medidas urgentes para evitarlo. Poco después de las 5 Burgos recibió una llamada del general comunicándole su detención. Entonces huyó.
La circular de Solans de 23 de julio dirigida a todas las divisiones orgánicas, siguiendo la consigna ideada para crear la máxima confusión, concluía así: “¡Viva España! ¡Viva la República!”.[8] Al hacer esto no hacía sino seguir el plan trazado, como ya habían hecho antes Franco en el bando de guerra de 18 de julio en Tetuán, en el que afirmaba que “se trata de mantener el imperio del ORDEN dentro de la REPÚBLICA”, o Queipo en Sevilla desde Unión Radio.
Pena de muerte
El auto de 25 de julio acordó su procesamiento y prisión en base a la declaración del alférez Gutiérrez Lanzas sobre la supuesta trama conspirativa revolucionaria orientada a “provocar un alzamiento contra el régimen republicano”; a que no adoptó medida alguna ante un “enemigo tan contrario a la civilización como es el comunismo”, a su apoyo verbal al manifiesto comunista del 1 de mayo y a que los dos primeros puntos constituyen un delito definido en el artículo 255 del Código de Justicia Militar. Ese mismo día el general Romerales eligió como defensor entre los nombres que se le ofrecieron al coronel Andrés Arce Llevada.
Para el instructor Bartomeu, con desfachatez y cinismo rayano en el esperpento, resultaba probado que el general Romerales había “consentido sedición de tropas para un alzamiento contra el Régimen Republicano y haber realizado actos contra la Patria y favoreciendo propósitos de enemigos así como otro delito de sedición”, por lo que teniendo en cuenta el artículo aludido del Código Militar, decretaba la continuación de la causa por el procedimiento sumarísimo, autorizado por la autoridad golpista el día 23 de agosto. Tras la lectura de los cargos al procesado, este se limitó a decir que las acusaciones no pasaban de ser meras conjeturas, por lo que no se conformaba con los cargos. Solicitó también que se ratificasen los testigos para que su defensa los pudiera interrogar y que se aportasen una serie de documentos que demostraban su preocupación por el orden público y por la seguridad de la Guarnición en los meses que estuvo allí (de marzo a julio), además de una copia del telegrama que informó al Jefe Superior del cierre del Casino Militar y otra del oficio que envió al alcalde sobre los nombres de militares en el callejero de Melilla. Con ello ponía en evidencia ante los golpistas su interés en frenar tanto una posible deriva revolucionaria como los excesos que pudieran venir de los propios militares. Mostraba además el conocimiento tan descompensado que tuvo de lo que ocurría a su alrededor: todo lo que supo del supuesto movimiento subversivo de los cabos y otros militares le faltó sobre la verdadera trama que se extendía a su alrededor.
La farsa judicial, denominada “consejo de guerra sumarísimo”, estuvo presidida por el general Manuel de la Gándara Sierra y tuvo por vocales a los militares Luis Ariel Ladrón de Guevara, Andrés Fernández Mulero, José Torres Navarrete, Eusebio Apat Andonegui y Alberto Lagarde Aramburu. El papel de fiscal le correspondió al brigada Federico Socasau Pons. Con su intervención consiguió uno de los momentos más absurdos y surrealistas del proceso al realizar “un canto sobre la disciplina, tan necesaria en el Ejército, que sin esa virtud dejaría de existir”. Su conclusión también estuvo a la altura, ya que “en brillantes párrafos hace un canto a la Patria y al Ejército, haciendo ver la concatenación de estos conceptos a los cuales ha traicionado el procesado”. A continuación se puso a comentar la palabra Justicia y “en Nombre de la Ley” pidió la pena de muerte para el general Romerales.
Todos los testigos llamados a declarar se ratificaron en lo dicho en medio de la apatía del defensor Arce, cuya actuación, como era previsible, no pudo ser más gris. Su papel consistió en solicitar que se le rebajase la pena en caso de que no se le absolviera. Por su parte el general, en su última intervención y consciente ya de su final, además de criticar alguna de las declaraciones de los testigos por falsas y asegurar que nunca cursó las peticiones de bajas que se le hicieron desde el Frente Popular, manifestó que “por consideraciones familiares se tenga en cuenta la gravedad del delito que se le imputa, pidiendo que si es preciso se le aplique la pena que el ministerio fiscal pide, más no por el motivo por el cual se le acusa”.
La sentencia, de 26 de agosto, se abre de la manera siguiente:
Resultando probado que con motivo del desorden jurídico existente en la Nación española, fruto de una intensa propaganda marxista y comunista amparada y protegida por la mayor parte de sus autoridades se produjo un estado continuo de anarquía, viéndose obligado el Ejército a acometer la empresa salvadora de terminar con tal estado de cosas para restablecer el orden jurídico y social que violado en todas partes conducía a la Nación española a la ruina.
Resultando probado que ante tal revolución y solo guiados por el más acendrado patriotismo y amor a la civilización, el 17 de julio último, ya de acuerdo con otros del Ejército Nacional, se lanzaron a salvar a la patria los mandos civiles y militares de la mayor parte de las poblaciones siendo detenidas sus principales autoridades por tener ideas extremistas y contrarias al orden social y jurídico cuya defensa a todo trance debía sostener el Ejército para dar fin a la anarquía reinante.
Tras lo cual daba igualmente por probado que el general Romerales, de acuerdo con las autoridades civiles y con el Frente Popular, “no solo se opuso a tan puros ideales sino que rebajó su autoridad llegando a compartir esta con los directivos políticos marxistas y comunistas” y sometiendo a la oficialidad a “constantes vejaciones inaceptables en el honor y en la dignidad de quien pertenece a los institutos armados”; que no se comportó como debía frente a la supuesta conspiración denunciada por Gutiérrez Lanzas, o que era “un instrumento servil de la política que imponían los marxistas en Melilla considerándolo traidor a la colectividad de la que era jefe…” y protector de los militares implicados en las reuniones de los cabos. Por tanto, los componentes del supuesto tribunal daban por probados los cargos, constitutivos de los delitos de traición y sedición. Por lo que, “debiendo estimarse su labor disolvente antipatriótica y delictiva a los efectos de penalidad…” pensaban que debían ser condenado a muerte.
El día siguiente 27 quedó aprobada la sentencia y se le comunicó al general Romerales advirtiéndole que era firme, ya que contaba con la aprobación del general golpista Luis Orgaz y de la Junta Militar que se autodenominaba “gobierno legal de España”. Al final, las firmas de Bartomeu, Arce y la letra firme del general. El día 28 a las 8 de la mañana el general fue asesinado en el campo de Rostrogordo previa degradación. Certificó la defunción el capitán médico Manuel Berenguer Terraza. Según Fernández Gil “murió con entereza, con sereno valor”.
[1] Texto extraído de la documentación reunida por Fernández Cordón sobre “la preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional” (Servicio Histórico Militar, leg. 4, carp. 8 y arm. 31, p. 20).
[2] Sobre el general Romerales cabe destacar Gil Honduvilla, Joaquín, “Anatomía de un procedimiento, sumarísimo instruido al general Romerales con ocasión de los hechos acaecidos el 17 de julio de 1936”, en rev. Humanística, IES Santa Isabel de Hungría, Jerez de la Frontera, nº 13, 2002-2003, pp. 213-253 (una versión reducida en “La sublevación de julio del 36: proceso militar al general Romerales”, en Historia Actual Online (HAOL), nº 4, 2004, pp. 99-113); y sobre la sublevación en el norte de África Mohammad Ibn Azzuz Hakim, La actitud de los moros ante el alzamiento. Marruecos, 1936, Ed. Algazara, Málaga, 1997; Moga Romero, Vicente, Las heridas de la historia. Testimonios de la guerra civil en Melilla, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2004; Sánchez Montoya, Francisco, Ceuta y el norte de África: república, guerra y represión, Natívola, Granada, 2004, y María Elena Fernández Díaz, “Violencia política y represión. Melilla después del alzamiento: el campo de concentración de Zeluán”, Tesis doctoral, UNED-Madrid, 2015 (consultable en Internet).
[3] Archivo Intermedio Militar de Ceuta, causa 1936/sin número.
[4] Intervinieron en este orden: Manuel Gavilán Pelegrí, cap., José Mourille López, com., Antonio Aymat Jordá, tte.cor., Luis Solans Lavedán, cor., José Rodrigo Martínez, archivero, Francisco Gutiérrez Lanzas, alf., Adrián Campos Martín, com., Fernando Gamarra Lega, secretario delegación de Gobierno, Francisco Benet Enrich, secretario particular delegado de Gobierno, Emilio Peñuelas Beamud, tte.cor., Edmundo Seco Sánchez, com., Pablo Ferrer Madariaga, com., Luis Sicre Marassi, com., Agustín Rius Batista, tte.cor., Mariano del Pozo, tte.cor., Francisco Sánchez del Pozo, com., Fernando Barrón Ortiz, tte.cor., Joaquín María Polonio Calvente, juez y delegado suplente, Fausto Cañavate Sande, com., Lorenzo Lobón Lázaro, com., Manuel Navas Moreno, tte., Darío Gazapo Valdés, cor., León Urzáiz Guzmán, com., José Márquez Bravo, com., Alejandro Cazón Gómez, alf., Luis Izquierdo Carvajal, com., Salvador Lambea López, com., Jaime Fernández Gil, delegado gubernativo, Buenaventura Cano Portal, cap. y Manuel Romerales Quintero, gen.
[5] No obstante, Luis Izquierdo Carvajal quedó en situación de disponible gubernativo por orden de Franco de 1 de agosto (Diario Oficial de Ministerio de Guerra, Tetuán, 3 de agosto de 1936).
[6] Moga Romero, V., Las heridas…, pp. 255-276 y 237-254.
[7] Juan Seguí Almuzara y otros dos militares fueron enviados por Queipo para organizar en Badajoz las milicias de voluntarios al estilo de la creada por él mismo en Sevilla, la llamada “Policía Montada”, un grupo paramilitar formado por miembros de los sectores más reaccionarios de la burguesía agraria. A mediados de agosto de 1936, cuando viajaban en misión militar al servicio de la sublevación de Badajoz a Sevilla, eligieron por error una ruta que aún no estaba controlada por los golpistas encontrando la muerte en choque con izquierdistas en término de Feria (Badajoz).
[8] Moga Romero, V., Las heridas…, p. 102.
[9] Ver nota 1.
Portada: el general Romerales (en el centro), en el Parque Hernández (foto: El Alminar de Melilla).
Imágenes: Conversación sobre la historia
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