Reseña de libros
¿Al servicio de una causa o construyendo verdades parciales? Respuesta a José Luis Martín Ramos*
Fernando del Rey Reguillo
Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos (Universidad Complutense de Madrid). Sus dos últimos libros: «Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española», Madrid, Biblioteca Nueva, 2008 y «Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española», Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.
Resumen
En mi réplica al profesor José Luis Martín Ramos valoro que reconoce y no refuta el corpus central de mi investigación e interpretación. Sin embargo, en su largo pespunteo de frases en las más de 600 páginas del libro barrunta ciertas interpretaciones que lo llevan a acusaciones de parcialidad que, a mi entender, pienso que de ningún modo demuestra. Por eso considero necesario plantear como preámbulo la norma teórica y metodológica que enunció un maestro que leíamos con avidez en los años setenta y ochenta, Pierre Vilar, cuando precisó que la historia es “una ciencia en construcción”. Como soy consciente de que estamos construyendo verdades parciales sobre un pasado complejo, me conformo con objetivos modestos. De ningún modo enarbolo las ortodoxias analíticas ni esos pretendidos objetivismos de acero inoxidable que el profesor Martín Ramos exhibe como referencias teóricas.
1. Aclaraciones previas
Con una franqueza que le honra, José Luis Martín Ramos se define a sí mismo como un historiador “beligerante”. Semejante confesión ya sitúa el debate en el terreno no tanto de construir una ciencia social sino sobre todo de ponerse al servicio de una causa. Por eso, como legítimo militante de una causa discrepa de las interpretaciones que, según él, no coinciden con su meta y afán de ofrecer “una interpretación beligerante, que defiende el valor histórico, político y ético de la Segunda República”. Una meta de difícil concreción puesto que todos sabemos que la República tuvo al menos tres fases muy distintas entre sí, que no hubo una sola visión o propuesta para desarrollar el gobierno republicano, pero precisamente puntualiza que su “interpretación [es la] que defiende el proyecto general del Frente Popular, tal y como se configuró de manera concreta en el caso español, como el más completo y coherente de democracia de masas”.[1] Reducir la República a un concepto tan polisémico como la “democracia de masas” nos llevaría a un debate que no es el tema de estas páginas.
Expongo esta aclaración previa para corroborar que, en efecto, no me sitúo en el nivel de beligerancia del profesor Martín Ramos. Me planteo objetivos más modestos: intentar conocer, comprender y explicar el pasado con una metodología crítica, sin apriorismos, con una templanza interpretativa que recoja las muchas voces que protagonizaron cada pasado, máxime cuando se trata de un pasado tan dramático. Eso sí, a sabiendas de que todo análisis e interpretación de ese pasado albergará limitaciones porque el conocimiento social nunca es definitivo pues las fuentes no cesan de permitir nuevos interrogantes y mejores herramientas críticas. También porque se desarrolla desde los condicionantes de cada visión del mundo, con los consiguientes valores desde los que se pregunta cada uno por el tiempo pretérito.
Precisamente por esto, mi primera tentación fue eludir la respuesta a la crítica del profesor Martín Ramos. Podía quedarme con su valoración global de considerar mi trabajo “una aportación empírica sobresaliente”; de hecho, cualquiera que lea el libro comprobará que en modo alguno cuestiona el corpus central de mi interpretación. Sin embargo, considero que no debo callar ante las valoraciones que emite a partir de su axioma metodológico, el de la beligerancia en defensa de la causa política del Frente Popular como modelo de “democracia de masas”. En su crítica, siempre legítima, lanza acusaciones de realizar análisis que cataloga como “juicios de intenciones”, “vicios de método”, “tomas de partido explícitas”, junto con términos inaceptables como “sesgado”, “subjetivo”, “parcial”, “ideológico”, “morboso”, “falacias”, “correveidile”, “utilización impropia”, “tergiversa”, “invierte la realidad”, “casi una insidia”, etc.
Reitero que, por mi parte, me enorgullezco de no hacer alarde en ningún momento de estar en posesión de la verdad ni pienso que mi modesta aproximación a aquel pasado sea infalible, ni mucho menos pretendo dar lecciones a nadie sobre falacias, juicios ideológicos, sesgos y códigos deontológicos. En ningún texto lo he realizado y me remito de nuevo a la pauta metodológica de Pierre Vilar, marxista, por si parece necesario recordarlo.
Por eso, sólo comentaré las cuestiones más importantes que critica el prof. Martín Ramos a ver si logro que serene su empeño en adoctrinar a quien no analiza la realidad desde su compromiso político con el Frente Popular. En este sentido, vaya por delante una aclaración sobre el título del libro. El original llevaba por título La Mancha de sangre, parafraseando a Timothy Snyder,[2] pero por indicación de la Editorial al final optamos por un rótulo quizás más atractivo pero que no acababa de convencerme por las connotaciones peyorativas que dio el franquismo al término “rojo”. Ahora bien, si repasamos la prensa de la época, comprobaremos que los propios protagonistas que investigo asumieron con orgullo ese término cargado de contenido revolucionario. Porque, al fin y al cabo, tal color —el rojo— era el de la revolución y sus símbolos, blandidos sin complejos y con orgullo por sus artífices, muy conscientes de la trascendencia del momento histórico que estaban viviendo. Esto lo sabe muy bien el profesor Martín Ramos, por más que ahora, en 2020, se empeñe en calificar como “victoria de la democracia” la experiencia del Frente Popular antes y después del 18 de julio. ¿Dónde queda entonces la historia —y la memoria— de la revolución y las muchas ilusiones que despertó a su paso en millones de ciudadanos?
También quisiera aclarar que, efectivamente, como se me señala, la relación de víctimas no se publicó en el libro por razones editoriales. Es más, dado el elevado número de páginas que presentaba el primer original opté por amputar dos capítulos a los efectos de aligerar un poco el centón: un capítulo sobre cárceles, malos tratos y torturas, y otro sobre la destrucción de los espacios del culto católico y la iconoclastia, el segundo de los cuales ya ha sido evaluado y admitido para su publicación en la revista Hispania. Por el contrario, el primero seguramente se quedará en el baúl de los recuerdos porque, aunque fue una realidad horrible que estuvo ahí y no debiera hurtarse al lector, no creo que aportara nada sustancial a lo ya espigado con algunos ejemplos en Retaguardia roja. Mi base de datos sobre las víctimas de aquella violencia (cerca de 2.500 entre vecinos de la provincia y forasteros) sí creo, por el contrario, que debiera publicarse porque, sin duda, ha sido uno de los soportes más sólidos de mi investigación. Este recuento me ha permitido elaborar una relación de nombres más depurada que la que ya conocíamos a partir de los excelentes trabajos de Francisco Alía.[3] En la mayor parte de los casos, además de la localidad de origen de las víctimas, ha sido posible fijar la vecindad, la profesión, la edad, los cargos políticos, la adscripción ideológica, la fecha de la captura, la fecha de la muerte, el lugar, si los autores o inductores fueron ajenos a la localidad de la víctima o no, las circunstancias que rodearon el desgraciado hecho, etc.
A partir de este ejercicio cuantitativo, sumamente laborioso y agotador, he podido dar consistencia estadística a las principales tesis del libro, permitiéndome fijar las causas, las lógicas, los tiempos y los espacios de la violencia, las redes que la canalizaron a escala local y provincial, los nexos con Madrid y el frente, el perfil socio-profesional y político de las víctimas, el mapa de la no violencia, etc. Como es lógico, una editorial comercial a priori no se muestra receptiva ante trabajos de estas características. Por otro lado, siempre queda la vía de obtener financiación institucional, como la lograda por el equipo de investigación que de manera admirable ha contado las víctimas de posguerra en la demarcación, compiladas en un libro enorme —y sumamente útil en su parte cuantitativa— publicado a medias por la UNED y la Diputación Provincial.[4]
2. Una violencia de guerra y revolucionaria
La primera premisa que mi comentarista cuestiona es la de calificar como “revolucionaria” la violencia de la retaguardia republicana. Considera que eso constituye una posición ideológica que me lleva a interpretar los hechos inadecuadamente. De pasada, y como quien no quiere la cosa, afirma que tal enfoque está muy presente en la historiografía y también en el discurso político “desde el renacimiento de la extrema derecha en España”. No me negará mi crítico que esa pirueta en su razonamiento es, cuando menos, bastante capciosa y si se me apura malintencionada. Sabe perfectamente que no existe en mis análisis ninguna cercanía a esa conjetura ideológica y sabe perfectamente que en mi libro reitero por activa y por pasiva la tesis de que el pronunciamiento militar y las tramas golpistas previas —a las que recientemente yo mismo he contribuido algo a desentrañar— fueron los factores claves en el estallido de aquella tragedia.[5] Semejante maledicencia ¿no sería motivo suficiente para negarse a un debate que se plantea desde la inquina?
No debe realizarse un debate con tal planteamiento que personaliza las intenciones del autor. Pero el profesor Martín Ramos persiste en exhibir animosidad o quizás pura ortodoxia ideológica cuando lanza acusaciones de que realizo una “formulación subjetivista” a la que pretendo “acomodar la realidad”. Su obsesión por desmontar el calificativo de revolucionaria para la violencia desarrollada en 1936 en Ciudad Real, tras el pronunciamiento militar, se fundamenta en dos puntos. Primero, que no existió esa revolución, por un lado, y, por otro, en que “para discriminar el alcance de la ‘violencia revolucionaria’, no en términos subjetivistas sino objetivos, habría sido imprescindible correlacionar ese proceso de expropiación y colectivización con las acciones de violencia.”
En efecto, en este libro, una monografía sobre la violencia política desarrollada en la retaguardia, estudio las fuerzas que protagonizaron aquel proceso, que, insisto, se calificaban a sí mismas como “revolucionarias” y que durante unos meses, con las armas en la mano y secuestrando cuando menos a la mitad de la ciudadanía, construyeron un aparato de poder por la base, a escala local, provincial y regional, a partir del cual alentaron políticas que cambiaron radicalmente el orden social previo en lo referido al control de la propiedad y la economía, en un proceso de colectivización muy destacable, en los métodos abastecimiento, en la destrucción del poder de la Iglesia, en la creación de una nueva idea de orden público, con la organización de columnas militares frente a los golpistas, etc. Todo esto se ha contado en gran parte en el libro citado de Francisco Alía o en el de Natividad Rodrigo sobre las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha, entre otros estudios a los que me remito en el libro. ¿Qué sentido tenía repetir lo que otros habían contado cuando el objeto de mi monografía era complementar tales aportaciones con una mirada profunda a la dimensión de la violencia?[6]
Por otra parte, no creo haber hablado de revolución “proletaria” en ningún momento. Como sabe de sobra el profesor Martín Ramos, los contenidos y enfoques del término revolución varían mucho según las distintas militancias y escuelas. Creo que una de las más sugestivas, y que ayuda mucho a entender el caso español, es la de Theda Skocpol, que focaliza su análisis en la crisis del Estado y el contexto bélico para entender la apertura de un proceso revolucionario. Ello sin obviar otros elementos, como el peso de las estructuras o el factor del liderazgo y la ideología en el marco de una historia comparada. A mi entender, desde mi oficio de historiador, mirando la guerra civil española, me siento endeudado con las tesis desarrolladas por un maestro como Santos Juliá y un máximo especialista como Julián Casanova. Creo que no sobra en un debate historiográfico recordar dos citas bien sustanciosas de ambos. Así, Santos Juliá, tan dolorosamente ausente y de cuya amistad me enorgullezco, escribió lo siguiente:
Para los militantes obreros, revolución era pueblo trabajador en armas, destrucción del viejo orden social y de sus símbolos, muerte de sus representantes, proclamación del comienzo de una nueva sociedad y creación de comités revolucionarios que se hacían cargo de todo el poder local. Revolución era abolición de la grande y mediana propiedad y hundimiento del Estado con la proclamación de un nuevo orden social colectivista pero sin creación de ningún tipo de poder político central por encima de los comités sindicales.[7]
Por su parte, Julián Casanova puntualizó de forma rotunda el concepto:
Antes de construir, había que eliminar de raíz ‘el mal social’ y a sus principales causantes. En eso consistía la revolución para muchos dirigentes y militantes anarcosindicalistas, pero también para otros muchos socialistas o sindicalistas de la UGT: en la eliminación radical de los símbolos de poder; en el derrumbe del orden existente; en propagar por doquier una retórica agresiva que hablaba de sociedad sin clases, sin partidos, sin Estado. Revolución era limpiar el ambiente, aplicar el bisturí a los órganos enfermos […] la limpieza de gente ‘malsana’ […] Para los revolucionarios, era una cuestión de ‘salud pública’, de despejar de una vez por todas el camino hacia la felicidad.[8]
Por el contrario, según nuestro crítico, “los comités no hicieron ninguna revolución […] lo que hicieron fue ocupar los vacíos generados por la sublevación militar y civil y por las erróneas decisiones del gobierno Giral”. La primera parte de tal afirmación produce perplejidad, porque la constitución de tales comités y de las milicias armadas fue el elemento esencial sin el cual la revolución no habría salido adelante, porque sólo tras la sustitución o arrinconamiento de los poderes antes vigentes (ayuntamientos, gobiernos civiles, fuerzas de orden público, el propio gobierno nacional…) por la fuerza de las armas y la coerción se pudo emprender la colectivización, la construcción de un nuevo poder local, liquidar la presencia pública y el poder de la Iglesia y, por supuesto, efectuar la limpieza ideológica y política inherente a las matanzas de gentes indefensas. Es literalmente falso que yo afirme en Retaguardia roja que la revolución fuera sólo la violencia. ¿Por qué se inventa tal simpleza el profesor Martín Ramos? Una cosa es que monográficamente me ciña a estudiar la violencia revolucionaria y otra muy distinta es que niegue la existencia de otras dimensiones, igual o incluso más importantes, del proceso revolucionario, que en ningún momento considero irrelevantes y así lo sostengo en bastantes momentos del libro.
Es cierto que los ejecutores de esa violencia no fueron sólo los militantes de las formaciones revolucionarias, porque tuvieron compañeros de viaje procedentes del republicanismo, pero el papel de estos, al menos en la provincia que estudio, fue absolutamente marginal, implicándose en la mayor parte de los casos en frenar la violencia —como también no pocos socialistas, anarquistas y comunistas— más que en fomentarla. Por lo demás, el hecho de que hubiera republicanos inmersos en la violencia revolucionaria simplemente significaba que ellos también asumían en ese momento tal práctica. Un aspecto que ni siquiera menciona mi crítico es mi insistencia en la pluralidad interna de los poderes revolucionarios, sus contradicciones y debates ante el tema que nos ocupa, lejos de las visiones simplistas y maniqueas que meten en el mismo molde a todos los socialistas, anarquistas y demás actores, a la hora de buscar los responsables de la represión. Una propensión monolítica a la que, por cierto, es muy dado el profesor Martín Ramos siempre que habla de “la derecha”, en singular, algo que no se entiende siendo, como es, un especialista en las complejidades del movimiento obrero, sus corrientes y discrepancias, etc. Sabe de sobra que no hubo una derecha única ni homogénea en la República.
¿Y por qué se empeña en enseñarnos a todos que “la violencia fue poliédrica, un objeto con muchas caras”? En esto estamos de acuerdo prácticamente todos los historiadores y yo mismo lo ratifico persistentemente a lo largo de todo el libro y lo explicito claramente en las conclusiones. Es más, jerarquizo las causas de esa violencia, sitúo en primer lugar y a gran distancia el golpe, la guerra y la revolución, pero sin pasar por alto las fuentes culturales e ideológicas de la misma y las experiencias previas, durante la República en paz, en particular para la fijación de los objetivos humanos durante el período de la guerra. ¿O es que la ideología y la cultura política no tuvieron importancia alguna como fuentes de la violencia en el caso de los actores políticos que la alentaron? ¿Acaso tampoco tuvieron importancia los hechos de confrontación previa donde también cupo una enorme responsabilidad a los adversarios de la izquierda obrera? Todas esas dimensiones se entrecruzaron en el impulso de la violencia, no funcionaron como realidades desgajadas unas de otras. En el libro se demuestra de forma contundente lo contrario sin demonizar a ninguno de los actores implicados en esos procesos.
Causas diversas y violencia de perfiles y raíces dispares, sin duda, pero sus impulsores siempre fueron los mismos, actores con ideas, experiencias y convicciones muy bien interiorizadas, minorías activistas que decidieron que había que tirar al basurero de la historia, y eliminarlos en su caso, a sus adversarios políticos. Sin el golpe y la guerra es difícil que hubiera ocurrido algo así, porque fueron las circunstancias excepcionales sin las cuales no se hubiera impuesto la ley de la selva, pero no por casualidad las matanzas se produjeron en el momento álgido del proceso revolucionario, porque la limpieza política e ideológica fue consustancial al mismo.
Me permito en este punto recordar que he realizado otra investigación minuciosa sobre los años previos a 1936, consta en el libro Paisanos en lucha,[9] que sin duda complementa al de Retaguardia roja. En aquel libro ya desentrañé y analicé muchas de las claves explicativas de lo que luego ocurriría en la guerra y que, por supuesto, en temáticas como las referidas a la propiedad o el clericalismo habría que retrotraerse más atrás de 1931. Todo eso son obviedades en las que estamos de acuerdo. ¿Por qué Martín Ramos no aborda el debate historiográfico y se empeña en conjeturar intenciones personales y atribuirme prejuicios contra la Segunda República? Parece que no le cuadra que insista en la importancia de la conflictividad como condicionante limitativo de la construcción de aquella democracia. Por supuesto que la conflictividad tenía raíces profundas en el tiempo, eso nadie lo discute. Pero que la conflictividad fue muy intensa entre 1931 y 1936 resulta incontestable y no sólo por razones estructurales. En la conflictividad hubo otras muchas mediaciones: de coyuntura, ideológicas, políticas, de liderazgo… Lo que yo no podía en Retaguardia roja era repetir información, hechos y argumentos contados por extenso en Paisanos en lucha (un libro que supera en 100.000 palabras al otro).
De igual modo se permite afirmar sin datos que no tengo en cuenta la intransigencia de los propietarios y patronos. Literalmente falsea la investigación, no termino de entender si ese es el método para debatir o más bien para expresar aversión a quien no suavice la tragedia de los asesinatos cometidos por las milicias revolucionarias, porque eran revolucionarias, sin duda. No es el momento de exhibir ni méritos ni publicaciones en las que algo he aportado sobre las relaciones entre el mundo empresarial y la política, sin maniqueísmos ni beligerancias, pero también sin afán de blanqueo o reivindicativo alguno. Pero en concreto, en este libro de Retaguardia roja he dedicado nada menos que un capítulo en exclusiva a lo ocurrido en Castellar de Santiago en 1932. Es el modo de enfatizar la violenta lucha de clases que ocurrió en aquel pueblo cuando unos propietarios lincharon a varios socialistas. Es la prueba palpable que permite entender esa violencia revolucionaria desplegada en julio de 1936. Y lo mismo hago en muchos otros momentos a lo largo de Retaguardia.
Creo que si por algo se caracteriza este libro es porque he buscado siempre la templanza en el análisis del pasado y me ha movido, sin duda, la empatía con víctimas de todo significado político. A la vez también he tratado de entender —que no justificar— a los victimarios. Por eso, por ejemplo, doy tanta importancia a los hechos de octubre de 1934 en La Solana a la hora de explicar la saca efectuada allí el 24 de agosto de 1936. Me parece que Martín Ramos ve mucha ideología y muchos sesgos en el ojo ajeno y no se percata ni poco ni mucho de los propios (quizás no sea casualidad que eluda toda referencia al último capítulo de Retaguardia, donde de forma muy condensada, pero sin ninguna condescendencia, trato de la sangrienta represión franquista).
Yo no rechazo el término de violencia “defensiva”, lo que digo es que me resulta problemático desde la óptica particular de una provincia y unos pueblos donde la sublevación brilló prácticamente por su ausencia y, sin embargo, las matanzas fueron copiosas en una treintena de ellos, la mayoría muy alejados del frente. Por eso el profesor Martín Ramos falsea o ha leído de forma precipitada el libro. En ningún momento aíslo la guerra en Ciudad Real del contexto nacional. En la página 227 afirmo literalmente que los grupos implicados en la represión de la retaguardia manchega tuvieron “muy presente lo que sucedía en Madrid, Barcelona, Sevilla u otros lugares […] Desde esta perspectiva, es evidente que la represión revolucionaria respondió a un impulso que se quiso presentar como preventivo, de ahí la limpieza y depuración del territorio a las que continuamente se apeló”.
En conclusión, para no ser más prolijo, su rechazo del calificativo de la violencia como revolucionaria lo argumenta de modo simple y de nuevo avieso cuando escribe que “la etiqueta única se convierte en un acto ideológico”. Así, porque sí. Ya es un acto ideológico. Lo afirma desde la posesión de la verdad conceptual e historiográfica. No se puede usar el concepto de revolución ni el calificativo de revolucionario sin permiso del administrador de la verdad, el profesor Martín Ramos. Su alternativa conceptual es enormemente jugosa, enriquecedora y creará escuela, sin duda. A partir de ahora, la “violencia poliédrica” dejará de ser una obviedad para convertirse en el canon teórico, y la idea de “violencia partidaria ilegal” de igual modo nos valdrá para catalogar cualquier acto que incumpla violentamente las normas legales de un régimen. Confiemos en el éxito teórico de tan sólidas aportaciones. Son de agradecer.
Eso sí, entre tanto, agrupémonos todos los historiadores en la tarea que nos marca el profesor Martín Ramos, la de apuntalar “la evolución propositiva” “del Frente Popular que pasó de política de defensa de la democracia existente a la construcción de una democracia no sólo representativa, política, sino también social”[10]. En fin, esta propuesta historiográfica sería muy provechosa si estas páginas lo permitieran. Solo me permitiré esbozar, con ánimo de enriquecer el afán del profesor Martín Ramos, que si pensamos en los famosos dirigentes de la FAI, en el muy estalinista PCE (más allá de su giro táctico circunstancial hacia la moderación de la guerra), en el leninista POUM y por supuesto en el socialismo de Largo Caballero de aquellos años, seguro que nos darán todos ellos lecciones imprescindibles para avanzar en el año 2020 en el descubrimiento del sustrato democrático de esa “dimensión propositiva”. Evidentemente, en los citados protagonistas del Frente Popular encontraremos cómo abordar las tensiones propias del pluralismo ideológico que caracterizan una democracia, o un modo eficaz de resolver los contrapesos y la división de poderes, también los mecanismos para respetar libertades y reglas de tolerancia, la salvaguarda de las minorías, faltaría más, y, por supuesto, encontraremos en todos ellos las fórmulas para convivir democráticamente con los adversarios. No cabe duda, los citados agentes del Frente Popular fueron todos ellos avanzados y pacíficos defensores de los contenidos, libertades y derechos de lo que hoy vivimos como sistema democrático.[11] No creo que el profesor Martín Ramos esté pensado en que fueron precursores de las llamadas “democracias populares” tímidamente ensayadas en la postguerra durante dos o tres años en la Europa del Este, bajo la atenta mirada del Ejército Rojo y los agentes de Stalin.
3. Tergiversaciones sobre las fuentes y su utilización
Pienso que debo aclarar la otra crítica que pretende realizar el profesor Ramos con mucho alarde metodológico. Se trata de sus objeciones a que utilice exclusivamente la Causa General, la documentación policial y de Falange existente en ella y otros archivos. Una simple mirada a la relación de fuentes primarias o al aparato crítico demuestra lo contrario. Aparte de la consulta de abundante prensa de la época, censos y anuarios estadísticos, he utilizado la documentación procedente de un total de diez archivos (once, en realidad, si tengo en cuenta el fondo personal del general José Sanjurjo), y no toda, ni siquiera la mayoría, ha sido documentación “policial o de Falange”, pues también he manejado incontables documentos administrativos, judiciales, políticos o municipales. Amén de unas sesenta entrevistas a testigos de la época, jugosas, sin duda, en la trasmisión de ambientes, percepciones y escenas concretas. Pero sólo parcialmente salvables como fuente histórica fiable, porque la mayoría de los entrevistados tendían a contar lo que les interesaba y a eludir los aspectos del pasado que les resultaban incómodos.
Aunque utilicé con profusión la Causa General, como han hecho todos, absolutamente todos, los que tocan con seriedad el estudio de las violencias de los dos bandos (Ledesma, Preston, Espinosa, Ruiz, Salgado, Cervera y un largo etcétera), lo que más me sirvió de ese fondo fueron las declaraciones de los familiares de las víctimas, que de acuerdo a una plantilla de preguntas fijas contestaban lo que sabían sobre la detención y muerte de sus familiares. Esto resultó decisivo para la elaboración minuciosa posterior de la relación de muertos, los tiempos y los espacios de la violencia. De los informes de las autoridades locales también obtuve muchos datos, pero tal ejercicio sólo resultó de utilidad parcialmente, aunque en absoluto considero irrelevante la información extraída.
El propio lenguaje muchas veces denigratorio vertido sobre el adversario en las fuentes de posguerra constituye en sí mismo un objeto de estudio a tener en cuenta, porque más que retratar al denigrado a quien retrata es al responsable de tal pintura. Por eso, entre otros, cité el caso de Josefa Aurea de la Calle. Pero también porque ante tan controvertidos personajes —ella y su marido—, acusados de ser los responsables o cómplices indirectos de muchas muertes de vecinos de Pedro Muñoz y Almodóvar del Campo, consideré que había que escuchar y dar cabida a todas las voces, incluidas las de los familiares de las víctimas, aunque a tales testimonios no se les pueda conceder ni mucho menos un cheque en blanco. ¿O es que hay que aplicar una suerte de sectarismo ideológico y epistemológico según el cual unos testimonios los tenemos en cuenta y otros no? Yo no digo que lo que se refleja en tales declaraciones fuera la verdad absoluta, que a saber. Sólo recojo que tales relatos, respaldados por muchos vecinos y no sólo de derechas, circularon en la guerra y la posguerra.
Por lo demás, eso de que la vida privada de los protagonistas no viene al caso para un historiador me parece muy cuestionable. El historiador no es un cotilla —aunque cotillas los hay también en nuestra profesión—, pero las historias relacionadas con la vida privada (incluida los usos amatorios y devaneos sentimentales o sexuales) pueden decir a veces muchas cosas sobre determinados comportamientos públicos de los individuos analizados. El Holocausto de Paul Preston, sin ir más lejos, está lleno de ejemplos y alusiones costumbristas de ese tipo, por no hablar de las referencias sobre las muchas violaciones que habrían cometido a su paso los sublevados (de las violaciones del otro bando no recuerdo que hable mucho). Pero claro, como buen historiador británico hijo de su escuela, Preston no le hace ascos al individualismo metodológico, a la intrahistoria sexual de la guerra civil o a las anécdotas psicologistas para desentrañar la personalidad de sus protagonistas. El ejemplo más emblemático entre los que trata quizás sea el de Gonzalo de Aguilera Munro, el terrateniente salmantino que supuestamente se jactó de haber fusilado a seis de sus trabajadores nada más empezar la guerra y que acabó loco al final de sus días, hasta el punto de asesinar a dos de sus hijos en un arrebato de perturbación.[12] Ni que decir tiene que esta perspectiva metodológica le chirría sobremanera a un historiador social como Martín Ramos, empeñado contra viento y marea en la búsqueda de los protagonismos colectivos —“de clase”— y las “realidades objetivas”.
Continuando con las fuentes, he de subrayar que, pese a advertirlo yo en la introducción a Retaguardia roja, mi interlocutor no se ha percatado de que uno de los soportes principales de este estudio han sido los consejos de guerra sumarísimos abiertos por las autoridades franquistas contra los ciudadanos objeto de denuncias a manos de particulares. Creo que José Luis Martín Ramos no está familiarizado con esta documentación, también de carácter punitivo, como la Causa, pero mucho más rica tanto en volumen como por el múltiple origen de las voces que en ella se recogen: denuncias, atestados de la Guardia Civil, informes de las autoridades locales, testimonios de cargo, testimonios de descargo, pliegos de autodefensa escritos por los encausados —a veces muy prolijos—, informes del fiscal y del juez instructor, sentencias del tribunal, informes forenses, etc. Por supuesto que también hay que tomar con precaución esta fuente. Yo he manejado más de 500 consejos, cuyo número de páginas oscila mucho de unos a otros, pudiéndose dar el caso de algunos con varios centenares de folios e incluso superiores al millar.
No todas las confesiones ahí recogidas, ni siquiera la mayoría, parece que se obtuvieran mediante torturas. De todas formas, resulta imposible saberlo con total certeza. Pero cuando así se intuye, se constata que ello ocurría en los primeros compases de la causa abierta, en el momento de declarar ante la Guardia Civil o en los cuarteles de Falange. A veces es la firma del afectado la que sugiere el maltrato, pero no está claro que fuera la norma. No hacía falta. Bastaba la presencia coactiva del interrogador. Y en cualquier caso lo que sí es constatable es que los que pudieron o quisieron se desdijeron en posteriores declaraciones, las que se realizaban delante del juez instructor. Otros, por el contrario, y era lo más habitual, tendían a ratificarse ante la autoridad judicial de lo dicho en el primer interrogatorio.
Mi técnica, como la de otros investigadores, ha consistido en cruzar muchos testimonios ante los hechos objeto de interés, extraídos de múltiples referencias y distintos consejos elaborados en fechas dispares. Por otra parte, siempre he tendido a dar prioridad a los testigos que presumía más fiables, a los terceros no vinculados ni con las víctimas ni con los victimarios, a aquellas personas que asistían a los acontecimientos desde fuera, incluidos con mucha frecuencia ciudadanos izquierdistas. A lo largo del libro se aprecia. Ello me ha llevado a tener la sensación de que al final yo sabía más que el propio juez instructor, o jueces, implicados en la trama. Pero es sólo una sensación. Si se me pregunta sobre el grado de fiabilidad alcanzado, siempre contestaré que nunca será total y que, en último término, depende mucho de cada situación, protagonistas o hechos concretos analizados. Ciertamente, la verdad absoluta no está al alcance de nadie.
Se queja mi comentarista del dispar trato que doy a los dos gobernadores civiles que se sucedieron en el cargo en la provincia de Ciudad Real durante el primer año de la guerra, el republicano Germán Vidal Barreiro y el socialista José Serrano Romero. Ante tal queja, replico que no se trata de que yo exima al primero, lo hicieron las propias autoridades franquistas exonerándolo de toda responsabilidad en la violencia, pese a lo cual y con buen tino decidió exiliarse porque seguramente lo hubieran colocado ante un paredón de fusilamiento. Por mi parte, no he encontrado pruebas de su implicación directa en la toma de decisiones que impulsó la represión, más allá de alguna acusación parcial sin mucho fundamento de algún miembro del Comité de Cárcel de la capital. Otra cosa es que aquel gobernador hiciera la vista gorda ante la deriva sangrienta del verano, o que incluso intentara transmitir normalidad, como si allí no estuviera ocurriendo nada, al objeto de atenuar la alarma de los ciudadanos causada por los hechos luctuosos que sucedían a la vista de todo el mundo.
Respecto al segundo gobernador, José Serrano Romero, si me permito cuestionar la auto-exculpación que vertió en los años ochenta ante Francisco Alía, como explico en el libro, no fue sólo porque no erradicase la violencia en varios meses. Aunque de por sí resulta significativo que se recogieran cerca de 600 víctimas más durante su mandato. Lo más revelador es que eso ocurrió delante de sus narices, como quien dice, en la propia capital provincial —que entonces contaba con alrededor de 24.000 habitantes apenas—. En esa pequeña ciudad todo el mundo se conocía y todo se hallaba al alcance de la mano. Pues bien, en octubre de 1936 se contaron al menos 17 vecinos fusilados, 14 en noviembre y 23 en diciembre, amén de los que —a menudo partiendo de sacas efectuadas en la capital— se contabilizaron en los pueblos de alrededor, dentro de un radio máximo de unos 40 kilómetros en el peor de los casos, porque la mayoría se encontraban bastante más cerca: 5 en Almagro, 29 en Almodóvar del Campo, 3 en Bolaños, 6 en Carrión, 26 en Daimiel, 5 en Miguelturra, 11 en Torralba, 9 en Villarrubia de los Ojos, o, entre otros, los 48 de Pedro Muñoz que, llevados desde su pueblo entre finales de noviembre y principios de diciembre, fueron liquidados en las cercanías de la “capitaleja” prácticamente nada más llegar, la mayoría en Carrión y cuatro en Fernán Caballero.
Aun con ser elocuentes estos datos, hay que añadir que José Serrano Romero no sólo era correligionario de los autores de esas matanzas —socialistas la mayoría—, es que era amigo personal de los máximos responsables del organigrama de donde partían las decisiones para efectuar las mismas, entre otros, individuos como Antonio Cano Murillo o Francisco Gil Pozo. Al primero de estos apuntó directamente, por ejemplo, un personaje tan próximo al primer gobernador como el republicano Francisco Maeso Taravilla, que había sido gobernador interino en varias ocasiones y fue miembro del Sub-Comité de Gobernación. Y a todos ellos (Serrano Romero, Gil Pozo y Cano Murillo) miró igualmente el socialista Carlos García Benito, nombrado delegado de Hacienda en Ciudad Real en enero de 1937 y encargado, en la práctica, de pacificar la ciudad manchega. Por añadidura, otro dato fundamental es que la Policía Política que se movía en la ciudad y sus alrededores, que hasta entonces había actuado a las órdenes de los comités, pasó a depender directamente del Gobierno Civil cuando su nuevo responsable se posesionó del cargo. Sus integrantes eran los mismos individuos que durante los meses previos participaron o dirigieron personalmente la limpieza de la retaguardia. En todo esto no hay “prejuicios ideológicos”, como asegura Martín Ramos, sino datos y preguntas razonables que se desprenden de los mismos.
Por lo demás, yo no voy a dar lecciones sobre cómo utilizar la bibliografía. Si se coteja todo lo que dice con el libro que publicó el propio profesor Martín Ramos sobre el Frente Popular, se observarán diferencias notables. Ante todo, no dejo de citar a nadie en virtud de preferencias “ideológicas” de un signo u otro. Practico con orgullo el eclecticismo porque de casi todos los libros se puede aprender algo: libro que me brinda una información interesante, probada y creíble, libro que cito. Pese a lo cual, a veces no queda otra que ser selectivo, por razones editoriales de nuevo. En este sentido, lamento de veras no haber citado a Pere Gabriel, autor de una excelente historia de la UGT durante la guerra. Bien es verdad que pasó de puntillas sobre el tema de la violencia, sin apenas prestarle atención, razón por la que seguramente se me fue de la cabeza.[13]
Estoy de acuerdo con mi crítico en que no deben meterse todas las corrientes del movimiento obrero en el mismo saco, pues sus discursos no fueron equiparables ni siquiera en los primeros meses de la guerra, menos aún con respecto al asunto de la identificación con “la República”. Asumo que debería haberlo precisado mejor en Retaguardia roja. Con todo, creo que conozco el discurso socialista entre 1931 y 1936. No debo citar de nuevo mis investigaciones. No procede. Lo cierto es que no desarrollo esta temática en el libro. En cualquier caso, en los años previos a la guerra y hasta 1933, por encima de sus diferentes corrientes y momentos, los socialistas alimentaron una retórica de instrumentación de la democracia republicana que luego, en los años más radicales del caballerismo, llegó hasta casi el repudio de lo que pasaron a denominar “democracia burguesa”. Todo esto y la evolución posterior a octubre de 1934 es muy conocido.[14]
Pere Gabriel, mirando al conjunto de la izquierda sindical en esos años, sostiene que “el movimiento obrero y sus dirigentes y mayores militancias se movían en el contexto de una cultura de afirmación revolucionaria”, aun cuando una parte de la dirigencia apostaba por participar en el gobierno y en la alta política, mientras que otros tendían a practicar un discurso “de reivindicación más nítidamente obrerista y revolucionaria. Pero unos y otros […] asumían la hipótesis de la violencia y el control de la calle como una de las formas legítimas de la vida política. La defensa del régimen y la constitución republicana o, en todo caso, la defensa de la situación postdictatorial y postmonárquica, podía ser y quizás debiera inevitablemente ser, una defensa armada.” No puedo estar más de acuerdo. Una vez que estalló la guerra, bajo “un claro tinte obrero” la defensa de la República se planteó como “una batalla a muerte” contra “el fascismo”. Poco tenía que ver esta movilización con las celebraciones jubilosas e interclasistas del 14 de abril de cinco años atrás.[15]
¿Dónde quedó la República parlamentaria de 1931 en esas lides, aquella “República democrática de trabajadores de toda clase”? Son cuestiones que no se pueden desarrollar aquí, constituyen otro debate sobre los significados que le dieron al término “República” las diversas fuerzas que alentaron la revolución en el primer año de la guerra, a cubierto de la común lucha antifascista.[16] ¿”Democracia de masas” y “propositiva”? Asunto, sin duda, para un rico debate.
4. Ni descalificación ni blanqueo de “la izquierda”. Sólo hechos documentados…
Como ni dispongo de más espacio ni es legítimo cansar al lector, me permitiré refutar algunas críticas de modo escueto:
A. ¿Por qué me atribuye el deseo de que a mí me hubiera gustado el triunfo del “proyecto supuestamente centrista” en la República? ¿Es que no acepta que trate con ecuanimidad a víctimas y victimarios, que reconozca que tan dura tragedia política se llevó por delante la vida de miles de inocentes de uno y otro bando?
B. Es muy parcial su análisis de las derechas. Ni todas estaban al mismo nivel de antagonismo sociopolítico, más allá de la coalición electoral, ni antes de 1936 y ni siquiera a lo largo de aquella primavera la CEDA fue equiparable a Renovación Española y a los tradicionalistas en principios, actitudes y estrategia. La extrema derecha y los falangistas odiaban cordialmente a Gil Robles. Se ve muy bien en los papeles de Sanjurjo. ¿Sería de recibo aplicar esta visión bloquista de cartón piedra a las izquierdas obreras? ¿Por qué no mostramos la misma sensibilidad analítica con todos los actores?
C. A mi entender, puede resultar obsesivo subrayar ese supuesto “hilo de continuidad” entre el octubre de 1934 y el verano de 1936. En toda secuencia histórica hay un antes y un después. No comparto la teleología. Me permito exhibir que insisto en todos mis trabajos en la importancia de las experiencias traumáticas de la izquierda obrera en 1935, el acoso sufrido y la intrahistoria de esa represión. También comparto la tesis sostenida por importantes historiadores de que el golpe del 18 de julio crea un escenario radicalmente nuevo sin el cual no se entiende el salto a la violencia revolucionaria en los primeros meses de la guerra. Por último, también insisto y repito que el desenlace de la guerra no fue obligado por las agitadas circunstancias de la primavera de aquel año. Pero todo esto, en lo que creo que coincidimos, no me lleva a aceptar en su globalidad la interpretación del profesor Martín Ramos sobre esos meses, de la que discrepo en aspectos de distinto calibre, aun respetando totalmente sus aportaciones al respecto.
D. En efecto, suscribo que fueron problemáticas las elecciones del 16 de febrero de 1936. Podremos poner ciertas objeciones de detalles concretos a la excelente investigación de Álvarez Tardío y Villa, como se podría hacer con cualquier otra investigación (incluidos los trabajos de mi comentarista y los de Eduardo González Calleja), pero demuestran que hubo fraude electoral en 5 o 6 provincias, como mínimo, y este dato, junto con la movilización coactiva, y por momentos violenta, que acompañó en muchos lugares al recuento del voto no son inventos. Están en los documentos y no se pueden suavizar en sus consecuencias políticas. Es cierto que no podemos conjeturar si los resultados de esas provincias podrían haber sido otros y alterar, por tanto, el panorama político, pero Álvarez Tardío y Villa nunca plantearon su investigación en tales términos.
E. Cuando el profesor Martín Ramos cataloga como “pintura moral de brocha gorda” mi versión de la primavera de 1936, desconoce o no considera mis investigaciones anteriores, de las que he citado «Paisanos en lucha», pero no es momento ni de exhibir curriculum ni de rebatir insidias.
F. Asumo la tesis de los protagonismos múltiples en la escalada violenta de aquella primavera: falangistas, carlistas, monárquicos, conspiradores militares… pero también de la izquierda obrera más radical en un plano muy destacado. No estoy de acuerdo con que la violencia fuera “unidireccional”, como defiende Martín Ramos. Y sí, la izquierda obrera más extrema —que no era toda la izquierda obrera— llevó la iniciativa principal en muchos momentos desde el recuento electoral. No debo ser prolijo en datos, todos los que hemos estudiado esos meses sabemos que abundaron los hechos que minaron la confianza de los ciudadanos en la ley y en el Estado de Derecho. Entre unos extremistas y otros crearon un estado de zozobra y temores que aprovecharon muy bien los golpistas.
G. Por último, sólo un ejemplo de cómo el profesor Martín Ramos yerra sin ajustarse a los documentos, primera tarea de un científico social. Se trata de recordarle que a José Calvo Sotelo, el muy incendiario líder de la extrema derecha, no lo asesinó “un grupo de guardias” sin más, en represalia por el asesinato del teniente izquierdista José del Castillo.[17] Si corta ahí la explicación hurta buena parte de la verdad al lector, la más significativa. Entre los 18 o 20 integrantes de la camioneta nº 17 que salió del Cuartel de Pontejos en la madrugada del 13 de julio de 1936, tras recibir el visto bueno de sus superiores, iban varios guardias, cierto, pero guardias de asalto vestidos de uniforme, otros que no lo llevaban y varios paisanos que no tenían ninguna atribución legal para estar ahí y que en realidad eran destacados militantes socialistas, miembros de la escolta personal de Indalecio Prieto y de La Motorizada. Entre esos paisanos iba un pistolero profesional, Luis (que no Victoriano) Cuenca Estevas. La expedición la encabezaba un capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés (que no Francisco, como se apunta a veces). Este, como el guardia José del Rey Hernández, fue apartado del servicio y condenado por su implicación en el golpe de Octubre de 1934, siendo luego amnistiados ambos después de febrero de 1936.[18] La penetración partidista en las fuerzas de seguridad y su politización en aquella primavera —también por parte de la extrema derecha— no fueron un cuento chino. Constituyen un aspecto más, ciertamente alarmante, en el océano de problemas que tuvo que encarar aquel gobierno republicano, hasta que los militares facciosos, que habían decidido desde mucho antes erigirse en salvadores de la patria, se levantaron en armas contra la legalidad y, para desgracia de este país, todo saltó por los aires…
En fin, valga el relato de ese acto de violencia política para demostrar con un ejemplo tan dramático que la precisión en las fuentes, el rigor en la aplicación de una metodología crítica y serena a tales fuentes, sin omitir ningún dato ni suavizar ningún hecho, es norma imprescindible de todo conocimiento que se pretende científico y, por tanto, progresista.
(*) Las cursivas corresponden a la redacción del autor.
Notas
[1] Martín Ramos, J. L.: El Frente Popular, Barcelona, Pasado y Presente, 2015, pp. 7-8.
[2] Snyder, T.: Tierras de sangre, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011.
[3] Alía, F.: La Guerra Civil en Ciudad Real, 1936-1939, Ciudad Real, Diputación, 2017.
[4] López García, J. y otros: Para hacerte saber mil cosas nuevas. Ciudad Real 1939, Madrid, UNED, 2018.
[5] Del Rey, F.: “Los papeles de un conspirador. Documentos para la historia de las tramas golpistas de 1936”, Dimensioni e problema della ricerca storica, Roma, nº 2, pp. 129-159..
[6] Rodrigo González, N.: Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades, 1985.
[7] Juliá (1997), Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, pp. 241-242.
[8] Casanova, J.: “Rebelión y revolución”, en S. Juliá (coord.): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de hoy, 1999, p. 119 ss., que expresamente califica esa violencia como “revolucionaria” (p. 125).
[9] F. del Rey: Paisanos en lucha, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.
[10] Martín Ramos, op. cit., p. 211.
[11] Para estas cuestiones yo siempre recomiendo al clásico: Sartori, G.: ¿Qué es la democracia?, Madrid, Taurus, 2003.
[12] Preston, P.: El holocausto español, Madrid, Debate, 2011). Esa versión sobre Aguilera la rebatió después, L. Arias González: Gonzalo de Aguilera Munro, Salamanca, Universidad, 2013.
[13] Gabriel, P.: Un sindicalismo en guerra, 1936-1939, Madrid, Siglo XXI, 2011.
[14] Del Rey, F. (dir.): Palabras como puños, Madrid, Tecnos, 2011.
[15] Gabriel, P.: op. cit., pp. 11-13, 24-26 ss.
[16] Seidman, M.: Antifascismos, 1936-1945, Madrid, Alianza, 2017.
[17] Martín Ramos: op. cit., p. 204.
[18] Cf. AHN, FC, CG, Caja 1500; Gibson, I.: La noche que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Argos Vergara, 1982; Bullón de Mendoza, A.: José Calvo Sotelo, Barcelona, Ariel, 2004.
Portada:
Campesinos de Membrilla (Ciudad Real). Foto del artículo de Víctor Manuel Arias «Membrilla, la pequeña Rusia», incluido en acolosfaranduleros.blogspot.com)
Ilustraciones:
Conversación sobre Historia y Fernando del Rey Reguillo
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